El Gobierno nacional avanzó este viernes en el proceso de privatización de centrales hidroeléctricas del Comahue al preadjudicar el paquete accionario de cuatro complejos estratégicos por un monto superior a los 700 millones de dólares. La medida se formalizó a través de la Resolución 2059/2025 del Ministerio de Economía, firmada por el ministro Luis Caputo.

Según se informó oficialmente, la resolución aprobó lo actuado en la segunda etapa del concurso público para la venta del 100% del capital accionario de las sociedades que operan las centrales Alicurá, El Chocón, Cerros Colorados y Piedra del Águila, actualmente bajo la órbita de las empresas estatales ENARSA y NASA.

En el detalle de las preadjudicaciones, la central Piedra del Águila fue asignada a Central Puerto S.A., que presentó una oferta de 245 millones de dólares.

Por su parte, el complejo El Chocón quedó en manos del consorcio encabezado por BML Inversora S.A.U. y MSU Energy, junto a otros socios, con una propuesta económica de 235.671.294 dólares.

En tanto, las centrales Alicurá y Cerros Colorados fueron preadjudicadas al grupo conformado por Edison Inversiones S.A.U. y el Consorcio de Empresas Mendocinas para Potrerillos, con ofertas de 162.040.002 dólares y 64.174.002 dólares, respectivamente. En este último caso, el proceso incluyó instancias de mejora de precios antes de definir la adjudicación.

La resolución también dejó fuera de competencia a las ofertas presentadas por el grupo integrado por Hidroeléctrica Futaleufú, Genneia y Aluar, que había participado en tres de los renglones del concurso. La Comisión Evaluadora consideró que las propuestas, que ascendían a un dólar, constituían un “precio vil o no serio, de manera palmaria y manifiesta”, por lo que fueron desestimadas.

El Ministerio de Economía fijó para el 22 de diciembre el acto de firma de los contratos de concesión y transferencia, que se realizará en la ciudad de Cipolletti, provincia de Río Negro. Los acuerdos comenzarán a regir una vez que se publique la resolución de adjudicación definitiva en el Boletín Oficial.

Con este paso, el Gobierno consolida uno de los procesos de privatización más relevantes del sector energético, con impacto directo en la región del Comahue y en el esquema de generación eléctrica a nivel nacional.

El Gobierno nacional informó que lanza una licitación pública para privatizar nuevos tramos de rutas nacionales, que superan los 1.800 kilómetros, en el marco de la a segunda Etapa de la Red Federal de Concesiones.

El anuncio fue realizado por el ministro de Economía, Luis Caputo, mediante su cuenta oficial de X en la que precisó que el Ejecutivo “lanza la licitación pública nacional e internacional para dos nuevos tramos”. Entre los mismos están las autopistas Riccheri, Newbery y Ezeiza-Cañuelas.

X Luis Caputo

En este marco, destacó que “en total, más de 1.800 km pasarán a ser gestionados por el sector privado” y remarcó que “de esta manera, estamos reemplazando un modelo deficitario por uno transparente, competitivo y sin subsidios del Tesoro”.

Asimismo, el funcionario resaltó que “estamos trabajando para tener una infraestructura vial más moderna, alentando a la inversión privada y cuidando al mismo tiempo los recursos de los argentinos”.

Tramo Sur – Atlántico – Acceso Sur de 1.325 km (RN 3, 205, 206 y autopistas Riccheri, Newbery y Ezeiza-Cañuelas).

Tramo Pampa de 547 km sobre la RN 5 (Luján – Santa Rosa).  

La segunda fase de la RFC está constituida por más de 4.400 kilómetros de rutas nacionales, divididos en 8 tramos ubicados en el sector centro del país, abarcando las provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, San Luis y La Pampa.

En los mencionados tramos se incluyen las autopistas Ricchieri, Ezeiza-Cañuelas, y Newbery, así como las rutas nacionales 3, 5 y 7, y los trazados que dan acceso a los puertos del Paraná, en torno a la ciudad de Rosario y sus alrededores.

En esta oportunidad saldrán a licitación sólo dos tramos de los ocho que integran la segunda etapa de la Red Federal de Concesiones. En junio pasado se realizaron las audiencias públicas de todos los tramos, para cumplimentar con la instancia de participación ciudadana que permitió avanzar en el proceso privatizador. 

El Gobierno nacional oficializó, mediante el Decreto 695/2025, el inicio del proceso de privatización parcial de Nucleoeléctrica Argentina Sociedad Anónima (NASA), la empresa estatal encargada de la generación de energía nuclear en el país. La medida combina la venta de acciones a inversores privados y un Programa de Propiedad Participada, aunque el Estado mantendrá la mayoría accionaria.

Actualmente, Nucleoeléctrica está controlada en un 79 % por el Estado nacional, un 20 % por la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) y un 1 % por Energía Argentina S.A. (ENARSA). Con el nuevo esquema:

Se venderá el 44 % de las acciones mediante licitación pública nacional e internacional.

Se implementará un Programa de Propiedad Participada del 5 %, destinado a trabajadores.

El Estado nacional y la CNEA conservarán el 51 %, asegurando control mayoritario.

Además, se dispuso que ENARSA transfiera el 1 % de sus acciones en NASA al Estado, y que la propia Nucleoeléctrica ceda 0,01 % de su participación en ENARSA.

El Ejecutivo sostiene que la intervención estatal no ha garantizado eficiencia económica y que la incorporación de capital privado permitirá:

Financiar proyectos estratégicos, como la extensión de vida útil de Atucha I (prevista para 2027).

Completar el proyecto de almacenamiento en seco de elementos combustibles para Atucha II.

Reducir el déficit fiscal y diversificar riesgos en la gestión de la empresa.

En 2023, la compañía recibió transferencias de capital del Estado por 700 millones de pesos para sostener inversiones. Pese a ello, el Gobierno insiste en que es necesario sumar socios privados para fortalecer la competitividad.

En 2024, Nucleoeléctrica alcanzó un récord histórico de 10,4 millones de MWh generados, con un factor de carga del 73,3 %. El decreto reconoce la capacidad técnica de la empresa, pero sostiene que para sostener esa performance y encarar nuevas inversiones resulta clave abrir la puerta al capital privado.

El Ministerio de Economía, junto con la Agencia de Transformación de Empresas Públicas, será el encargado de ejecutar el proceso de privatización. La licitación será pública, con alcance nacional e internacional, bajo los lineamientos de la Ley 23.696.

El decreto también prevé la intervención de la Secretaría de Trabajo para evaluar la factibilidad del Programa de Propiedad Participada y el envío de un informe a la Comisión Bicameral del Congreso, cumpliendo con los requisitos legales.

El Gobierno nacional confirmó este martes que iniciará el proceso de privatización de la empresa Nucleoeléctrica Argentina S.A., (NASA) que es la compañía encargada de operar las centrales nucleares del país. Nucleoeléctrica Argentina lleva adelante la operación y mantenimiento de las centrales nucleares Atucha I, Atucha II y Embalse.

El anuncio fue realizado por el vocero presidencial, Manuel Adorni, durante una conferencia de prensa que ofreció en la Casa de Gobierno.

“Durante 2023, NASA recibió transferencias de capital no reintegrables por parte del Estado Nacional por un valor de $700 millones (aproximadamente USD 2 millones a noviembre de ese año). En 2024, en cambio, no recibió ninguna transferencia, lo que marca un cambio en la política de financiamiento hacia un modelo de mayor participación privada”, señaló el gobierno en un comunicado. 

El portavoz adelantó que el decreto para formalizar el proceso se publicará en los próximos días y afirmó que la decisión está contemplada en la Ley Bases. Por medio de esa ley se autorizó el pase de la compañía a manos privadas pero manteniendo el control mayoritario del Estado.

Según explicó Adorni, el plan consiste en vender el 44% de las acciones de la empresa en un solo bloque a través de una licitación pública que será tanto nacional como internacional. Adicionalmente, se implementará un Programa de Propiedad Participada que reservará hasta un 5% del capital accionario para los trabajadores de la compañía.

Desde la Secretaría de Energía, comunicaron que esta iniciativa busca “la inclusión de los trabajadores en el esquema accionario” de la empresa.

Nucleoeléctrica Argentina es una pieza clave del sector energético nacional, responsable de la operación y mantenimiento de las centrales nucleares Atucha I, Atucha II y Embalse.

NA

El Gobierno formalizó hoy una nueva herramienta digital para manejar las licitaciones y concursos vinculados a las privatizaciones de empresas públicas que figuran en la Ley Bases.

Se trata de una plataforma incorporada al sistema CONTRAT.AR por la Oficina Nacional de Contrataciones (ONC), la cual quedó oficializada hoy en el Boletín Oficial (BO), con el objetivo de agilizar los trámites y asegurar que se realicen con transparencia, competencia y amplia participación, según se indicó.

Permitirá concretar de forma completamente online la venta de activos, acciones o cuotas de capital, la transferencia de establecimientos productivos y el otorgamiento de concesiones, licencias y permisos.

Quienes ya estén inscriptos como concesionarios bajo la Ley 17.520 podrán participar en los nuevos procesos sin volver a registrarse, mientras que el resto de los interesados deberá crear un usuario en la plataforma y validar su identidad.

También tendrán que presentar modelos estandarizados de documentación, como actas y declaraciones juradas, para acreditar que están habilitados a contratar con el Estado y que cumplen con los requisitos legales.

El nuevo sistema aplicará las mismas reglas que ya rigen para otros procesos dentro de CONTRAT.AR. En el caso de licitaciones para obras de infraestructura o servicios públicos, se seguirá usando el procedimiento vigente desde 2024, que queda integrado a esta herramienta.

Por la Ley Bases, quedaron habilitadas a privatizarse de manera total:

Para privatización parcial, Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT) y Nucleoeléctrica Argentina Sociedad Anónima (NASA).

La Agencia de Transformación de Empresas Públicas, a cargo de Diego Chaher, tiene planificado que durante este semestre queden listos los pasos administrativos para concretar distintas privatizaciones y publicó una serie de avances administrativos para pasar a manos privadas firmas como Intercargo, Corredores Viales, Aysa y las acciones de Enarsa.

El Gobierno nacional inició el proceso de privatización de la empresa Energía Argentina Sociedad Anónima (ENARSA) con la venta de acciones de la Compañía Inversora en Transmisión Eléctrica (CITELEC S.A.).

La operación se formalizó a través de la Resolución 1050/2025 del Ministerio de Economía publicada hoy en el Boletín Oficial.

Con el 52,4% de las acciones, Citelec es la sociedad controlante de Transener S.A., la empresa responsable del transporte de energía eléctrica en alta tensión (sistema extra alta tensión, 500 kV) en la Argentina.

Citelec también es accionista minoritaria en Transener y de la Empresa de Transporte de Energía Eléctrica por Distribución Troncal de la Provincia de Buenos Aires (TRANSBA S.A.).

La propuesta no contempla el otorgamiento de preferencias, ni la aplicación de un programa de propiedad participada.

La venta de las acciones de CITELEC se realizará a través de un concurso público con base, de alcance nacional e internacional, y debe concretarse dentro de un plazo ocho meses.

La Unidad Ejecutora Especial Temporaria será la Agencia de Transformación de Empresas Públicas”.

El Gobierno Nacional continúa avanzando en el proceso de privatización de la empresa Belgrano Cargas y Logística S.A., según establece la Resolución 1049/2025 publicada hoy en el Boletín Oficial.

Dicho proceso se inició el 10 de febrero del corriente año, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley de Bases, que incluye a la empresa estatal Belgrano Cargas y Logística S.A. entre aquellas sujetas a privatización, en el marco de la decisión del presidente Javier Milei de reducir la participación del Estado en actividades de carácter empresarial.

De esta manera, el Ministerio de Economía de la Nación instruyó a los diversos organismos involucrados en el proceso privatizador para llevar adelante acciones necesarias para la profundización de este proceso.

Por un lado, se instruyó a la Secretaría de Transporte a elaborar y gestionar la documentación licitatoria, técnica y contractual, con la previa intervención de la Agencia de Transformación de Empresas Públicas.

Además, deberá ejecutar acciones para:

Para el cumplimiento de las tareas previstas, la Secretaría de Transporte podrá contar con la colaboración de Belgrano Cargas y Logística S.A. y de la Administración de Infraestructuras Ferroviarias S.A., ambas bajo su órbita.

Por su parte, la Agencia de Transformación de Empresas Públicas será la encargada de coordinar el cumplimiento del cronograma que establece un plazo de 12 meses para completar el proceso de privatización desde la fecha.

Asimismo, solicitará a una entidad bancaria del sector público nacional la realización de las evaluaciones necesarias para llevar adelante dicho proceso.

A su vez, el Banco de la Nación Argentina será responsable de administrar los fondos provenientes del remate público del material rodante, los cuales se destinarán al financiamiento de obras ferroviarias.

Todos los procedimientos se desarrollarán a través de las plataformas oficiales SUBAST.AR y CONTRAT.AR.

Con estas medidas el Estado dejará de ser operador ferroviario del transporte de carga y de toda la infraestructura como el material rodante, las vías, talleres e inmuebles aledaños.

Los terrenos y las vías continuarán siendo propiedad del Estado, ya que volverán al mismo al finalizar la concesión.

Noticias Argentinas

Mediante el Decreto 464/2025, firmado por el presidente Javier Milei y el ministro de Economía Luis Caputo, publicado el jueves 10 de julio en el Boletín Oficial, se decidió extender la intervención sobre Corredores Viales S.A. 

La orden, vigente desde el 8 de julio de 2025, amplía hasta nuevo aviso la intervención iniciada el 1° de abril con el Decreto 244/2025, y continuará hasta concretarse la disolución de la sociedad

Según el decreto, la intervención busca asegurar una “transición ordenada hacia la privatización”, en línea con la Ley 27.742, que declaró a la empresa “sujeta a privatización” 

El plan estableció concesiones por peaje bajo modalidad de obra pública, en cumplimiento de la Ley 17.520, en búsqueda de transparencia, competencia y eficiencia en la próxima etapa

Durante los meses de intervención, se detectaron “falencias estructurales” en la gestión, finanzas, compras, coordinación legal y recursos humanos. En respuesta, se implementó:

Un nuevo organigrama.

Reglamentos de compras y contrataciones.

Pliegos para concesión de obras.

Un Comité de Inversiones y regulación del área legal 

A pesar de los avances, el Gobierno consideró necesario extender el plazo, citando la complejidad del proceso y la necesidad de una salida cuidadosa

La intervención recaerá nuevamente en Anastasia María de los Ángeles Adem, quien conservará las atribuciones del directorio y presidente de la empresa, junto con las facultades otorgadas por decretos anteriores 

El Ministerio de Economía queda habilitado a emitir normas complementarias que faciliten la ejecución de la medida.

La medida forma parte del ambicioso plan de reforma estructural del Gobierno de Milei, que busca privatizar o disolver múltiples empresas públicas a través de la Agencia de Transformación de Empresas Públicas 

En esta línea, Corredores Viales, compañía creada en 2017 para gestionar más de 6.000 km de rutas nacionales, seguirá bajo control estatal hasta su eventual cesión total al sector privado

El gobierno nacional dispuso avanzar con la  privatización total de Intercargo, mediante una licitación pública nacional e internacional donde venderá el 100% de sus acciones y anunció la rescisión del contrato de concesión exclusivo para la explotación del servicio de rampas en los aeropuertos del país.

La decisión fue formalizada este martes a través del Decreto 198/2025 publicado en el Boletín Oficial al autorizar “el procedimiento para la privatización total de Intercargo S.A.U. bajo la modalidad de venta de acciones”.

El Ministerio de Economía estará a cargo de cumplimentar el proceso, junto con la intervención de la Unidad Ejecutora Especial Temporaria “Agencia de Transformación de Empresas Públicas”, y deberá adoptar las medidas necesarias para garantizar que el curso de la privatización “no afecte la continuidad de la prestación del servicio aeroportuario o de rampa, asegurando la conectividad nacional e internacional”.

La normativa determinó que la privatización de la empresa se llevará a cabo con la venta del 100% de las acciones “mediante el procedimiento de licitación pública de alcance nacional e internacional, en los términos de la Ley N° 23.696 y sus modificatorias”.

Además, estableció “la rescisión por mutuo acuerdo del contrato de concesión vigente celebrado entre el Estado Nacional e Intercargo S.A.U. para la explotación con carácter exclusivo del Servicio Único de Atención en tierra a aeronaves (RAMPA), previo al perfeccionamiento de la venta de las acciones”.

La quita de la exclusividad en la operatoria ya se había instrumentado en la práctica, con la desregulación del sector aéreo que implementó el Ejecutivo, tras los sucesivos paros que tuvieron lugar el año pasado. Desde la apertura dispuesta, se autorizaron a las empresas Air Class Cargo y Fly Seg a brindar los mismos servicios que prestaba únicamente Intercargo.

Al respecto, el Gobierno recordó en el texto oficial que “desde el inicio de la gestión, esta Administración ha impulsado la desregulación del sector aerocomercial mediante la reducción de requerimientos operativos, la habilitación a aerolíneas y terceros a prestar el servicio de rampa y la adopción de estándares internacionales en las operaciones aeroportuarias en general”.

Al fundamentar la medida, expuso que “la participación en el mercado de Intercargo S.A.U., durante el período 2020-2023 ha requerido la asistencia del Estado Nacional por aproximadamente el valor nominal de $6.700.000.000 con el fin de cubrir las necesidades financieras y operar en cumplimiento de los estándares de calidad y seguridad exigibles”.

Sobre dicho aspecto, precisó que “en el marco de la política de reducción del sobredimensionamiento estatal y reducción del déficit, con el objetivo de mantener el equilibrio de las cuentas públicas, en sintonía con lo dispuesto en el artículo 2° de la Ley de Bases, el Estado Nacional ha dejado de brindar asistencia financiera a Intercargo S.A.U. desde el inicio del año 2024”.

Continuando en esa línea, puntualizó que “el contexto de desregulación, apertura del mercado y modernización impone la necesidad de realizar importantes inversiones”, que la empresa en cuestión “no se encuentra en condiciones de llevar adelante con recursos propios y sin la asistencia financiera del Estado Nacional”.

Asimismo, el Ejecutivo argumentó que “resulta indispensable fortalecer las condiciones del proceso de libre mercado para contribuir a que los operadores privados, libres de interferencias estatales innecesarias y en un marco de genuina competencia, lleven adelante las inversiones que se requieren para mejorar los servicios de transporte y depósito de bienes y mercadería en los espacios aeroportuarios del país, resultando inviable realizar dichas mejoras con el aporte de fondos públicos del Estado Nacional”.

Ante este marco, consideró que “resulta necesario proceder a la privatización total de Intercargo S.A.U. con el fin de contribuir directamente a la modernización del transporte y depósito de bienes y mercaderías en los aeropuertos que integran el Sistema Nacional de Aeropuertos, con la consiguiente mejora de los precios, la calidad del servicio, en beneficio de los usuarios y pasajeros, y a la consolidación del sector aerocomercial como un pilar fundamental para impulsar el crecimiento económico de la República Argentina”.

Habrá un aporte de capital de US$ 27 millones.miércoles 8 de enero de 2025 09:50Se concreta la venta de las acciones del Estado a una empresa privada.

El Gobierno nacional autorizó la venta de las acciones de la empresa siderúrgica IMPSA S.A a la compañía de capitales estadounidenses ARC Energy.

“La Comisión Evaluadora de las ofertas para la venta de Impsa - integrada por el Fondep del Ministerio de Economía, la Agencia de Transformación de Empresas Públicas y la provincia de Mendoza - resolvió recomendar la preadjudicación de las acciones de la compañía en poder del Estado nacional y provincial al consorcio IAF cuyo socio principal es Arc Energy”, indicó la Secretaría de Comercio en un comunicado de prensa.

El parte oficial señala que “IAF ofertó US$ 27 millones en concepto de aporte de capital sujeto a un cronograma de integración de acuerdo a las necesidades de la empresa y solicitó un plazo hasta el 31 de enero para obtener el refinanciamiento de la deuda que guarda con los acreedores de Impsa, que alcanza la cifra de US$ 576 millones”.

La oferta aprobada fue la única presentada luego de un largo proceso para lograr la privatización de la empresa.

“En su análisis, la Comisión concluyó que se acreditaron las condiciones de idoneidad, capacidad económica y financiera de los principales accionistas de IAF para cumplir con la capitalización que requiere Impsa y su gerenciación; que se mantuvo la vigencia del seguro de caución para garantizar la oferta que se realizó; y que la misma se adecua a las necesidades que presenta la empresa para que esté en marcha y operativa”, añadió Comercio.

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Además indicó que “IAF deberá obtener la conformidad de los acreedores para la renegociación de la deuda y en caso de que se cumpla con la condición, se procederá a la redacción del contrato de compra venta de acciones y su posterior transferencia”.

Comercio detalló que “el capital de IMPSA, empresa fundada en 1907, se integra con tres tipos de acciones: las clase A, en manos de la familia Pescarmona con un 5,3%; las clase B, en manos de los acreedores con un 9,8%; a través de sendos fideicomisos de garantía, y las acciones clase C, que pertenecen al FONDEP en un 63,7% y el 21,2% restante a la provincia de Mendoza”.

“La decisión de desprenderse de las acciones en poder del sector público se encuentra alineada con el objetivo de déficit cero del Gobierno nacional y la no asignación de recursos federales a empresas privadas, abriendo así la posibilidad de que la empresa continúe la actividad de forma saneada en un marco de economía de mercado. La provincia de Mendoza, manifestó su voluntad explícita de acompañar la decisión del gobierno federal”, aseguró el parte oficial.

IMPSA se dedica a la fabricación de equipos tales como turbinas, grúas, reactores abasteciendo a los sectores de metalurgia, de generación de energía y tecnología.

Aseguró que hay conversaciones con al menos cinco líneas aéreas para el traspaso

El presidente, Javier Milei, afirmó que si no consigue avanzar en la privatización de Aerolíneas Argentinas continuará con la propuesta de entregar la línea aérea estatal a los empleados de la misma.

El jefe de Estado señaló que el Gobierno nacional mantiene conversaciones con al menos cinco líneas aéreas que tienen intenciones de quedarse con la compañía.

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“Tomamos un proyecto de Juntos por el Cambio y adherimos y propusimos la privatización y si no se puede se la vamos a ofrecer a los empleados”, señaló el presidente en una entrevista en La Nación+.

En esa línea, enfatizó que la propuesta de entrega de la compañía a los trabajadores “ya fue rechazada”.

“Cuando nosotros llegamos sólo el 10% quería que se privatice, después de la salvajada que hizo (Pablo) Biró ahora es 50/50", sostuvo Milei.

El presidente indicó que en su gestión hubo una reducción de personal de 1500 empleados y que además se equilibraron las cuentas.

Milei dijo que pese a que se logró esta estabilización avanzará con su plan de desprenderse de la compañía para ponerle a salvaguarda de un próximo gobierno que “haga populismo”.

Apoyan La Libertad Avanza, el PRO, la Coalición Cívica y la mayor parte del radicalismo y de Encuentro Federal.

En plena escalada del conflicto con los gremios de la aeronáutica comercial, el Poder Ejecutivo activó el botón privatizador y en principio contaría con los votos para la media sanción en la Cámara de Diputados.

La intención del Gobierno es terminar con la metodología de los “paros salvajes” que dejan a miles de pasajeros varados, con todos los problemas derivados de la reprogramación de los vuelos.

Con la amenaza de privatización, se busca disciplinar a los sindicatos para que moderen sus formas de protesta y también poner coto a sus pretensiones de mejora salarial.

Más allá de si logran ese primer objetivo en lo inmediato, la apuesta de fondo es vender los activos de la empresa a operadores privados, en un proceso de adecuación administrativa que demandará al menos varios meses.

El primer paso será este miércoles en la Cámara de Diputados, a través de un plenario de las comisiones de Transporte y Presupuesto, con la presentación de altos funcionarios del Poder Ejecutivo.

Si se firman los dictámenes, la idea es llevar la votación al recinto el próximo miércoles 2 de octubre, junto al tratamiento de los proyectos de Ficha Limpia y Boleta Única de Papel.

La decisión de apurar este plenario se tomó anoche en una reunión que mantuvo el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, con diputados de la La Libertad Avanza y sus socios del PRO y el MID de Oscar Zago.

Lo ideal para el Gobierno sería avanzar con el proyecto del macrista Hernán Lombardi, que no establece demasiadas exigencias de control en el proceso de privatización.

El plan B es el proyecto de Juan Manuel López (Coalición Cívica), que apoya buena parte del radicalismo y Encuentro Federal.

Esta iniciativa exige que se respeten las disposiciones incluidas en la ley de Bases para proceder a la privatización, que contempla la participación de la

Comisión Bicameral de Privatizaciones del Congreso, de la Sindicatura General de la Nación y la Auditoria General de la Nación (AGN).

En La Libertad Avanza son 39 integrantes y 38 votos dado que el presidente de la Cámara baja, Martín Menem, no vota salvo desempate.

Después se suman otros 38 del PRO y tres del MID. A esta aritmética hay que incorporar al bloque Independencia de Tucumán, de tres miembros, Paula Omodeo de Creo y Lourdes Arrieta de FE.

De la oposición dialoguista habría que sumar a 12 o 13 de los 16 de Encuentro Federal (en duda está Margarita Stolbizer), y cerca de 25 radicales.

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"Hay dudas, sobre todo por el tema de garantizar los vuelos al interior. El chaqueño Gerardo Cipolini, por ejemplo, que es de Sáenz Peña, planteó la preocupación. Los que son de lugares menos rentables son los que más van a estar atentos", admitieron fuentes del radicalismo, que de todas maneras garantizaron que la mayor parte del bloque acompañará la privatización de Aerolíneas Argentinas.

En Innovación Federal, que son ocho miembros, están mayormente en contra de la iniciativa, pero al menos los cuatro misioneros se abstendrán, supo Noticias Argentinas, para no abrir una fuente de tensión con el Gobierno en medio de la negociación del Presupuesto.

Los votos en contra del proyecto vendrán mayoritariamente de Unión por la Patria, que tiene 99 representantes. Tampoco el Frente de Izquierda, de cinco integrantes, avala la venta o cesión de la aerolínea de bandera a manos privadas.

En Encuentro Federal los dos socialistas Esteban Paulón y Mónica Fein no van a acompañar la privatización. "El debate no pasa por si queremos una Aerolínea privada o estatal. Sino por la eficiencia, que hoy garantiza conectividad. Aerolíneas Argentinas es la única que llega a 21 destinos del país, donde no llega otra compañía", argumentaron los dos santafesinos en una declaración de prensa conjunta.

Natalia de la Sota también está por el rechazo. “Ella está en contra de la privatización y a favor de la aerolínea de bandera que cubra las rutas con un carácter federal que ningún privado va a tomar por falta de rentabilidad”, señalaron a Noticias Argentinas desde el entorno de la cordobesa.

Con estos guarismos, el oficialismo estaría juntando más votos que la oposición dura.

Sebastian Hadida - Noticias Argentinas

Los titulares de Radio Nacional, TV Pública, RTA, Télam y de la gerencia Contenidos Públicos resaltaron que "los medios públicos son esenciales para el fortalecimiento de la vida democrática, la libre expresión, la diversidad de voces y la construcción ciudadana".

La titular de Radio y Televisión Argentina (RTA), Rosario Lufrano; la titular de la agencia Télam, Bernarda Llorente, y la gerenta general de Contenidos Públicos, Jésica Tritten, señalaron este lunes que la intención de privatizar los medios públicos "demuestra un gran desconocimiento del rol que cumplen en la construcción democrática".

En respuesta a declaraciones realizadas esta mañana por el presidente electo Javier Milei, las autoridades de los medios públicos sostuvieron que la posición en este tema del ganador del balotaje y dirigente de La Libertad Avanza (LLA) genera "preocupación" y "rechazo".

En un comunicado suscrito también por los directores ejecutivos de Radio Nacional, Alejandro Pont Lezica, y de la TV Pública, Claudio Martínez, los firmantes resaltaron que "los medios públicos son esenciales para el fortalecimiento de la vida democrática, la libre expresión, la diversidad de voces y la construcción ciudadana".

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Además, destacaron que los medios del Estado entienden a "la información como un derecho y no como mercancía", dado que parten de una premisa que promueve "el diálogo con ciudadanos y no con consumidores".

En el pronunciamiento, firmado también por el vicepresidente de RTA Osvaldo Santoro, se resaltó la impronta federal de los medios públicos ya que garantizan "cobertura en todo el territorio" de la Argentina.

También se recordó que la producción de los medios públicos alcanza "al territorio digital", a partir del desarrollo de redes y plataformas, con contenidos en los que confluyen "pluralidad, diversidad e inclusión".

En el documento, los titulares de los medios públicos del Estado Nacional recordaron que "el mandato de servicio público" para medios como TV Pública, Radio Nacional o Télam está "establecido por las leyes vigentes".

En cuanto a la gestión de los medios, los firmantes remarcaron el cumplimiento de prácticas establecidas como "la rendición de cuentas a la ciudadanía y a órganos de control".

Otro atributo valorado fue que los "contenidos formativos e informativos" de los medios públicos se rigen "por el interés público y no por estándares comerciales".

Asimismo, se resaltó la capacidad de las empresas públicas que actúan en el ámbito de la comunicación y el periodismo para visibilizar "contenidos y agendas ausentes o de poca presencia en la lógica comercial".