El  juez federal de La Plata, Alejo Ramos Padilla, procesó al piloto de Turismo Carretera Gastón Mazzacane, a su padre Hugo Héctor Mazzacane —presidente de la Asociación Corredores de Turismo Carretera— y a otros empresarios en una causa por evasión tributaria e insolvencia fiscal fraudulenta.

Según la investigación, los imputados habrían desarrollado un esquema destinado a ocultar ingresos y evitar el pago de impuestos mediante la utilización de sociedades vinculadas, operaciones en efectivo y una contabilidad paralela. El objetivo, de acuerdo al expediente, habría sido generar una aparente insolvencia para frustrar el cobro de las obligaciones por parte del Estado.

La causa involucra a varios integrantes del grupo económico, entre ellos Liliana Mónica Videla, Juan Manuel Mazzacane y Eduardo David Gómez, además de firmas como Quilmes Tolosa S.A., CEAGA S.A., Maverick S.A. y MDNAJMM S.A..

El monto investigado supera los 5.500 millones de pesos correspondientes al período 2021–2023, y asciende a más de 8.000 millones si se incluye 2024. Según estimaciones oficiales, el perjuicio al fisco rondaría los $3.965 millones.

La causa se inició a partir de una denuncia de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero, que detectó presuntas irregularidades en el cumplimiento de obligaciones tributarias y movimientos patrimoniales sospechosos.

Cómo operaba el presunto esquema

La investigación, encabezada por la fiscal federal María Laura Roteta, permitió reconstruir el funcionamiento del grupo empresario. Según el Ministerio Público Fiscal, se detectaron circuitos de ventas no registradas, desvío de fondos y transferencia de activos hacia otras sociedades del mismo entramado.

Entre las maniobras señaladas figuran el uso de estructuras paralelas para continuar la actividad comercial, el traspaso de bienes para evitar embargos y el vaciamiento progresivo de la empresa principal.

Allanamientos y pruebas

Durante la pesquisa se realizaron allanamientos en domicilios particulares y sedes comerciales, donde se secuestró documentación contable y financiera, además de dinero en efectivo. Los procedimientos contaron con la participación de la Policía Federal Argentina, a través de su división especializada en lavado de activos.

De acuerdo con la acusación, las maniobras se habrían desarrollado durante al menos una década, entre 2014 y 2024, con el objetivo de evadir tributos y obstaculizar la acción del Estado para cobrar la deuda fiscal.

Nicolás Payarola, abogado conocido por representar a los famosos, fue procesado por estafa luego de que el futbolista Gonzalo Montiel lo acusara de haberle robado aproximadamente 700 mil dólares.

Carlos Bignone, el juez a cargo del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 39 de la Capital Federal, procesó a Payarola como el autor responsable del delito de defraudación por la mala administración del patrimonio del futbolista. Además, trabó un embargo en el dinero y bienes del letrado, hasta cubrir una suma de 810 millones de pesos.

Todo salió a la luz a raíz de una denuncia formal realizada por Montiel y su familia, en donde detallan nueve hechos de estafa y tres falsedades materiales, según la información divulgada por el medio Infobae. Entre las pruebas presentadas ante la Justicia hay: mensajes de WhatsApp, documentación de transferencias, declaraciones notariales y contratos que sostienen los cargos de estafa y falsificación.

En Sálvese quien pueda, Yanina Latorre informó sobre que es lo que el entorno de la empresaria opina sobre el reciente escándalo que rodea a su abogado y advierten malas intenciones de parte del letrado-

“El entorno cercano está convencido que lo que buscó Payarola, todo el tiempo, es representarla. Según ellos, desde que apareció él, empezó el quilombo. Ana nunca hubiese entrado en el lío de denunciarlo a Mauro por violento con ella y los chicos”, sostuvo la conductora. 

"Lo que creen es que él quería manejarle las financias y los negocios a Wanda", reveló sobre lo que comenta el entorno de Wanda.

Y sumó: “Alguien muy cercano a ella me dijo que el día que Wanda estaba por cerrar la casa (nueva), él la convenció de que, como era mucho dinero y no estaba divorciada, le convenía ponerlo todo en un fideicomiso que estaba a nombre de su mejor amigo”.

Noticias Argentinas

El ex comisario Walter Maciel tuvo un revés inesperado en el caso por la desaparición de Loan y ahora fue procesado por ser partícipe necesario del delito de sustracción de un menor de 10 años, según supo la Agencia Noticias Argentinas. La Cámara Federal de Corrientes confirmó además las prisiones preventivas de todos los imputados.

Conforme al documento de 58 años al que accedió este medio, la Cámara Federal de Corrientes hizo lugar a los recursos interpuestos por las defensas de María Victoria Caillava y Walter Maciel en el “auto de procesamiento dictado en su contra con relación al hecho calificado por el delito de amenazas”.

A su vez, detallan en el escrito que el ex comisario de 9 de Julio queda procesado con prisión preventiva “por encontrarlo penalmente responsable del delito de sustracción de un menor de 10 años (art. 146 CP), en carácter de partícipe necesario”.

Maciel había sido imputado por el delito de “encubrimiento agravado” respecto a la desaparición del pequeño, pero ahora la Justicia provincial sostiene que el ex comisario tuvo un rol esencial en la causa.

Respecto a los demás acusados Carlos Guido Pérez, Laudelina Peña, Bernardino Antonio Benítez, Daniel Oscar Ramírez y Mónica Millapi, también se confirman los procesamientos. Esta última continuará con prisión domiciliaria en la provincia de Neuquén.

La Resolución fue firmada por los tres jueces de la Cámara Federal: Selva Angélica Spessot, Ramón Luis González y Mirta Gladis Sotelo.

Fuente: NA

Además, acusó al Gobierno de “estar detrás de todo esto”, que hay "una intencionalidad política" y que la Justicia "es funcional al poder".

El dirigente del Polo Obrero (PO) Eduardo Belliboni aseguró que “la Justicia es funcional al poder”, a la vez que consideró que hay “una campaña de criminalización de las organizaciones sociales" y acusó al Gobierno de “estar detrás de todo esto”.

Belliboni salió al cruce tras conocerse el fallo del juez Sebastián Casanello que lo procesó por administración fraudulenta del dinero entregado por el Estado para el programa Potenciar Trabajo y que, según el fallo, los fondos fueron desviados para fines partidarios.

"Es absolutamente falso. El Polo Obrero puso mucha más de esa plata, que fue parte del Estado para proyectos productivos y capacitación. El dinero está rendido en su totalidad y estuvo absolutamente aprobado. Vamos a apelar, porque no se tuvo en cuenta nada de lo que se presentó y hay prueba que no fue periciada”, dijo en diálogo con radio Splendid.

Además, expresó: "No hay división de poderes en Argentina, la Justicia es funcional al poder y el Gobierno de Javier Milei está detrás de todo esto. Estamos frente a una campaña de criminalización de las organizaciones sociales. Hay una intencionalidad política. Hace tres meses que estamos en una etapa de allanamientos a organizaciones sociales".

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“En Argentina hubo 100 allanamientos a todas las organizaciones sociales, de 3 jueces federales, (Ariel) Lijo, Casanello y (Luis) Armella. Parece que el delito en Argentina pasa por los comedores populares y no por los bunker de narcos o la trata. Hace dos meses que hay un secuestro y no hay una sola pista ni allanamiento por el caso Loan, hay una desesperación de todo un pueblo. No pasa absolutamente nada con la Justicia", añadió

El dirigente del Polo Obrero (PO) Eduardo Belliboni fue indagado el pasado 25 de junio en los tribunales federales de Comodoro Py por la causa donde se lo investiga por presunto desvío de fondos del programa Potenciar Trabajo para financiar a su fuerza política.

El ex defensor del Barcelona fue citado para este jueves 3 de agosto para la declaración indagatoria por un caso de violación ocurrido a fines de 2022. La jueza considera que "existen numerosos indicios contra el brasileño", quien sigue en prisión provisional.

La jueza que investiga el 'caso Dani Alves' decidió procesar al jugador por supuesto delito de agresión sexual a una joven la madrugada del 31 de diciembre de 2022 en la discoteca Sutton.

La magistrada fijó, para este jueves 3 de agosto, la declaración indagatoria del futbolista de 40 años que es el trámite previo tras el procesamiento.

El Juzgado de Instrucción número 15 de Barcelona cerró la investigación contra Alves y concluye que “existen indicios de que agredió sexualmente a una mujer de 23 años en el baño del boliche de Barcelona anteriormente mencionado en la madrugada del pasado 30 de diciembre”.

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Por eso, se citó a Alves para el próximo jueves al mediodía (hora de España) a una declaración indagatoria antes de concluir el sumario judicial que se debe elevar a la Audiencia de Barcelona para fijar la fecha de juicio, siempre y cuando las partes no pidan nueva prueba, como es poco probable.

A partir de aquí, el tribunal instará a la Fiscalía y a la acusación particular, que representa a la víctima, a presentar sus escritos de petición de pena, que podrían suponer entre 8 y 10 años de prisión para Alves según algunas fuentes, y una vez entregado hará lo mismo el abogado del procesado, Cristóbal Martell, con su escrito de defensa en el que pedirá la absolución al considerar que las relaciones fueron consentidas, como el propio jugador manifestó en sus dos declaraciones judiciales.

Con estos escritos, la Audiencia de Barcelona fijará el juicio contra el defensor que será a finales de este año o principios del próximo, ya que al estar el acusado en prisión provisional los trámites avanzan más rápido.

*Información de Doble Amarilla y Mundo Deportivo