La disputa entre Mauro Icardi y su exabogada Ana Rosenfeld escaló hasta la Justicia luego de que la letrada solicitara el embargo de una camioneta Toyota SW4 del delantero argentino, tras considerar incumplido el pago de honorarios profesionales. El conflicto judicial se vincula con los servicios prestados durante la separación del futbolista con Wanda Nara, en el marco de su representación legal en diversos procesos familiares.

Rosenfeld explicó que la medida no solo responde a un pago retrasado, sino al incumplimiento de la orden judicial que requería información detallada sobre la ubicación y el seguro del vehículo: “La multa es por no cumplir con la manda judicial… Icardi indicó que el auto estaba en una isla del Tigre, y el juez cuestionó la precisión de esa información”, sostuvo.

Por su parte, Lara Piro, actual abogada de Icardi, defendió al futbolista y cuestionó la acción de Rosenfeld: “Los honorarios se acreditan 48 horas más tarde y, aun así, se realiza este embargo. Yo jamás hubiera actuado así; todo vuelve en la vida”, declaró en medios.

El caso revela un entramado de reclamos patrimoniales que podría continuar, ya que la camioneta embargada fue adquirida por Icardi tras la separación de Wanda Nara, convirtiéndose en un bien sujeto a futuras medidas legales por distintos actores vinculados a la familia.

El embargo, además de su impacto económico, genera repercusiones mediáticas sobre la imagen del futbolista, que atraviesa un momento de alta visibilidad tras sus logros deportivos y la exposición mediática junto a la cantante China Suárez y sus hijos.

La Cámara Federal confirmó este jueves el procesamiento del ex ministro de Salud Ginés González García y otros ex funcionarios por el escándalo del “Vacunatorio VIP”, pero ordenó a la jueza María Eugenia Capuchetti a profundizar en la responsabilidad de los que recibieron esas dosis de manera privilegiada. Entre ellos se encuentra el ex Procurador del Tesoro Carlos Zannini, el diputado Eduardo Valdés, el ex ministro Jorge Taiana, el ex gobernador bonaerense Eduardo Duhalde y su familia o el periodista Horacio Verbitsky, entre otros, según revelaron a Infobae fuentes judiciales.

“Reservada para unos pocos, según criterios de utilidad y necesidad, la vacuna fue puesta al alcance de un grupo selecto que, por parentesco o por amistad, burló los esquemas impuestos a toda la generalidad”, dijeron los jueces Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Mariano Llorens en el fallo al que accedió Infobae. Los imputados redireccionaron la voluntad estatal hacia un fin privado, nominalizando el espacio en el que debía regir un anonimato solo guiado por la necesidad de proteger a los más vulnerables. La amistad o la familia imperó por sobre quienes más necesitaban la protección frente a una de las mayores pandemias sufridas por la humanidad en los últimos años. De ahí, su responsabilidad penal.

Los jueces subrayaron que algunos de los imputados intentaron deslindar la responsabilidad. “Pese a que se han invocado distintos porcentajes para demostrar que se había superado ya el primer estrato de prelación para avanzar en la vacunación de los demás ciudadanos, lo cierto es que el procedimiento, a la época de los hechos, seguía siendo riguroso. No sólo aún existía un orden jerarquizado que seguir, sino que además debía observarse un estricto protocolo para acceder a la cobertura. No cualquiera, ni en cualquier momento, podía vacunarse”.

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“Ciertos segmentos de la población debían aguardar su llamado, y quienes sí podían hacerlo no la recibían a su discreción, sino previo turno de rigor en el cual se habilitaban centros y horarios disponibles. En ese marco, el que unos pocos hayan recibido el tratamiento exclusivo que obtuvieron, según el relato de hechos, cristaliza una inadmisible torsión de la senda que la ley imponía. Aun cuando por edad hubiesen tenido derecho a la vacunación a ese tiempo, la desviación de recursos humanos y materiales para ser vacunados en la comodidad de su hogar, o en un vacunatorio instalado para la ocasión, es la más clara demostración de que lo actuado no estuvo amparado por la legalidad”, sostuvo el fallo al que accedió Infobae.

El fallo confirmó así los procesamientos de Ginés González García; Alejandro Salvador Costa, subsecretario de estrategias sanitarias de la Secretaría de Salud del Ministerio de Salud de la Nación; Marcelo Ariel Guille, secretario privado de González García; y Alberto Alejandro Maceira, director nacional ejecutivo del Hospital Posadas. En cambio, María Elena Borda, jefa de medicina preventiva del Hospital Posadas, fue desprocesada. El tribunal redujo los montos de los embargos. De 130 millones que pesaban sobre el ex ministro, ahora son 20 mil millones.

La Cámara Federal además le volvió a encomendar a Capuchetti profundizar la investigación ya no sobre “los funcionarios involucrados, sino también de quienes se beneficiaron de ese espurio obrar” “Sobre estos últimos deberá enfocarse la investigación”, se advirtió. El fallo señaló que sobre esas personas no se había avanzado: “Hemos de encomendar a la a quo (jueza) que asuma la misión indicada, integrando plenamente el escenario procesal a fin de aventar el peligro de que se exima de respuesta punitiva a quienes deben afrontar las consecuencias de haber disfrutado de provechos ilegales”.

El escándalo del vacunatorio

La causa se inició cuando el periodista Horacio Verbitsky contó en un programa de radio cómo había ido a vacunarse el 18 de febrero de 2021 al ministerio de Salud después de un llamado de González García. Quería adelantarse a una publicación del diario Clarín que ya tenía el dato. Para ese momento, la vacuna no estaba destinada a la población común. El Ministerio había armado un cronograma de personas con “prioridad epidemiológica” para recibir su dosis: el personal médico, los mayores y el “personal estratégico”, una terminología gris en la que se encuadró a varios funcionarios.

En el listado de vacunados VIP aparecieron además de Verbitsky, el presidente Alberto Fernández y sus colaboradores más cercanos hasta el Procurador del Tesoro Carlos Zannini y su esposa, el ex presidente Eduardo Duhalde, su esposa Hilda “Chiche” González y las hijas de ambos, el ministro de Economía Martín Guzmán, el entonces canciller Felipe Solá, el ex embajador en Brasil, Daniel Scioli, el ex ministro de Defensa Jorge Taiana (cuando era senador) y el diputado Eduardo Valdés. También el ex ministro de Salud Ginés González García y varios empresarios amigos suyos. Buena parte de los vacunados Vip -el presidente incluido- fueron registrados como personal de salud, en los listados del Posadas.

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