La Sociedad Rural de Vera protagonizó una reunión clave para analizar la crítica situación generada por los excesos hídricos que afectan al departamento Vera. El encuentro, realizado en el predio de la entidad, reunió a funcionarios provinciales, legisladores y autoridades locales, en un ámbito marcado por el fuerte reclamo del sector productivo.

Participaron del debate el secretario de Agricultura y Ganadería, Ignacio Mántaras; el director de Ganadería y Sanidad Animal, Facundo Méndez; el secretario de Asuntos Hídricos, Nicolás Mijich; el secretario de Protección Civil, Marcos Escajadillo; junto a representantes de Vialidad Provincial, el senador Osvaldo Sosa y el diputado Sergio Rojas.

También estuvieron presentes la intendente de Vera, Paula Mitre, el intendente de Calchaquí, Rubén Cuello, y presidentes comunales de la región.

Durante la jornada, los productores plantearon con firmeza que la actual coyuntura no responde a un evento excepcional, sino a una problemática histórica.

En un documento elaborado en el encuentro se remarcó que las inundaciones y excesos hídricos son consecuencia de la falta de mantenimiento de canales, el deterioro de la red vial rural y la insuficiente infraestructura.

En ese sentido, exigieron información concreta sobre las acciones en marcha y cuestionaron la falta de intervenciones durante períodos de sequía, lo que —según señalaron— agrava el impacto de las lluvias intensas.

Entre los principales pedidos, la entidad solicitó medidas urgentes para garantizar la transitabilidad y conectividad en zonas rurales. También reclamó una evaluación integral del sistema eléctrico, al considerar que el servicio es deficiente y afecta directamente la calidad de vida de los habitantes rurales.

Asimismo, se planteó la necesidad de avanzar en obras estratégicas, como la conexión de infraestructura energética, y se solicitó la exención de pagos para productores afectados ante la falta de servicios efectivos en el contexto de emergencia.

El sector advirtió que la situación del productor ganadero es crítica, con traslados forzados de hacienda, aumento de costos y pérdidas económicas que derivan en descapitalización. En este marco, se reclamó agilizar los trámites para acceder a certificados de emergencia y gestionar su homologación a nivel nacional, con el objetivo de obtener alivio fiscal.

También se solicitó información sobre líneas de financiamiento adaptadas a la coyuntura y medidas de corto plazo, como la flexibilización de requisitos sanitarios, facilidades para el traslado de animales y la implementación de corrales temporarios.

Además, se alertó sobre el aislamiento de comunidades rurales, lo que compromete el acceso a servicios esenciales como salud y educación.

Con más de 22.300 km², el departamento Vera enfrenta una problemática de larga data que, según coincidieron los participantes, requiere decisiones políticas firmes, acciones inmediatas y una planificación sostenida. Como conclusión, se destacó la necesidad de trabajar de manera coordinada con los gobiernos locales, actores clave por su conocimiento directo del territorio.

Manuel Mudry - Campolitoral

El senador provincial Alcides Calvo mantuvo una reunión clave con varios ministros de la provincia de Santa Fe para tratar la situación crítica de Lácteos Verónica y la situación laboral de los 700 trabajadores afectados por los recientes cierres y dificultades en la industria láctea.

“Hoy, a las 17:30 horas, tenemos una reunión con el ministro de Trabajo, el ministro de la Producción, y la ministra de Desarrollo Humano, y también estará presente el ministro de Gobierno”, detalló Calvo, quien aseguró que el objetivo del encuentro es buscar soluciones a una problemática que afecta a una gran cantidad de trabajadores en la región.

El senador resaltó la importancia de que el Estado se haga presente para apoyar a los trabajadores y tratar de dar respuesta a la crisis. “Sabemos que la solución definitiva pasa por otro lado, en un emprendimiento y una empresa privada, pero el Estado tiene que estar presente”, explicó.

En relación con la situación actual de la planta Lácteos Verónica, que emplea a 700 trabajadores, destacó que alrededor de 400 de estos empleados son de la provincia de Santa Fe, lo que representa un golpe fuerte para la economía regional. “Son 700 trabajadores los que están en los Estados principalmente, y cerca de 400 son de Santa Fe. Sabemos que la actividad tiene una matriz productiva láctea totalmente distinta”, agregó.

Calvo también habló sobre los cambios en la estructura de la producción láctea, que hoy enfrenta una gran concentración y un modelo distinto al que se conocía anteriormente. “No estamos hablando solo de la concentración de la producción primaria, hay mucho menos tambo, pero se está ordeñando muchísimo más litros”, explicó.

En su intervención, mencionó la situación de los productores locales que enfrentan serias dificultades económicas. “Anoche estuve en Angélica, y algunos productores me comentaban que si no hay mejoras en las salidas permanentes, en la salida de los caminos, muchos tambos se van a cerrar”, señaló Calvo.

El senador destacó que la crisis no solo afecta a los pequeños productores, sino también a las empresas lácteas de la región, muchas de las cuales han sido compradas o cerradas en los últimos tiempos. Mencionó casos como Lácteos Verónica y otras empresas que han cerrado o han sido adquiridas por grandes corporaciones.

“Estamos viendo la venta y cierre de muchas empresas lácteas, como la que está en Berrano de Yigoyen con 80 empleados o la Suipachense, con casi 80 empleados en la provincia de Buenos Aires”, comentó.

Calvo subrayó la necesidad de repensar y rediseñar la matriz productiva de la región para darle un impulso a la actividad y generar nuevas oportunidades laborales.

“Necesitamos obras, conectividad y un nuevo emprendedurismo que revierta la situación. Rafaela fue un puntal en el pasado y ojalá lo sigamos siendo en el futuro”, concluyó el senador.

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Según información oficial de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca (MAGyP), durante la vigencia de las “retenciones cero”, se informaron ventas al exterior por 19,6 millones de toneladas, valuadas en poco más de 7.012,6 millones de dólares. De este total, 71% del volumen y 80% del valor correspondió a productos del complejo soja.

Dreyfus, Cargill, Bunge, Aceitera General Deheza, Cofco, Molinos y Viterra fueron las principales beneficiarias de la “ventana”. La situación se prestó para enojos y críticas con mayor o menor argumento, en medio de una campaña electoral. ¿Hubieran podido los productores acceder al beneficio de las multinacionales?

Para obtener el beneficio de la suspensión de retenciones, fue condición liquidar el 90% del valor de la venta al exterior tres días después de presentada la correspondiente declaración jurada. Son las multinacionales las que exportan -no los productores- y ellas cuentan con los recursos; la crítica vino por el lado del “traslado del beneficio” a los que invierten, siembran, cosechan y corren el riesgo.

“Si el objetivo era incentivar a los productores, la ejecución fue equivocada porque se generó un beneficio concentrado en muy pocos actores. El campo siempre responde cuando hay señales claras, pero este tipo de disposiciones fugaces no resuelven nada de fondo”, dijo Nicolás Pino, titular de la SRA.

Sabe, sin embargo, que la medida no fue para hacer crecer una campaña estancada en 130 millones de toneladas desde hace 14 años, sino por las mismas urgencias fiscales por las que Luis Caputo rebajó temporalmente al 20% las retenciones en la primera mitad del año, sin haber acumulado reservas.

La Bolsa de Comercio de Rosario reportó que del total de toneladas vendidas de poroto de soja en el jubileo fiscal, un tercio corresponde a mercadería de la próxima cosecha (a embarcar a partir de abril del año próximo), en tanto que la mitad (2,5 Mt) tiene como fecha de inicio de embarque noviembre de este año. Además, 762.000 toneladas están declaradas para despachar entre lo que resta de septiembre y octubre del año en curso.

Por el lado de derivados, el 16% corresponde a mercadería de la próxima campaña (1,1 millones de toneladas de harina y 318.000 toneladas de aceite de soja), en tanto que el 84% corresponde a mercadería de la campaña actual. En particular, 45% se embarcaría a partir de octubre o noviembre; ello es, 3,4 Mt de harina de soja y cerca de medio millón de toneladas de aceite.

El diputado nacional cordobés Rodrigo De Loredo sostuvo que la vigente ley 26351 obliga a los exportadores a demostrar que realmente tienen los granos antes de declararlos. Recordó que en 2018 hubo empresas exportadoras que no acreditaron la tenencia de la mercancía y se les aplicaron alícuotas mayores de retención por ello.

El informe de Aníbal Contardi, Emilce Terré y Julio Calzada de la BCR, estimó que el total entre el lunes y el jueves se le puso precio en el mercado físico de granos a 5,6 Mt, sumando ventas con precio en firme, y fijaciones de precio para contratos hechos con anterioridad (sin incluir, por lo tanto, ventas nuevas pendientes de fijación).

“El miércoles, además, se registra el récord histórico de pricing diario, con más de 2 Mt operadas en un solo día. Del total operado durante estas cuatro jornadas, el 76% fueron de soja”, reveló la Bolsa rosarina, en contraste con un promedio 141.100 toneladas de soja al día. “entre el 22 y el 25, sin embargo, la media diaria alcanzó 1 millón de toneladas; es decir, 7 veces más”.

La entidad advirtió que el volumen negociado en el mercado de futuros A3 también anotó un récord de operaciones diarias en la semana, con saltos de US$ 304 a US$ 360 la tonelada a noviembre de 2025.

“El contrato con vencimiento mayo 2026, reflejo ya de la nueva campaña 2025/56, pasó de promediar USD 297/t previo a la medida a USD 323/t el lunes, apenas conocido el decreto. Al cierre del día jueves, sin embargo, ajustaron en US$ 332 y US$ 308,5 por tonelada, abajo del máximo relativo del lunes, pero aún por encima del cierre de la semana pasada”.

Los datos revelan que parte de las “retenciones cero” se reflejaron así en los precios de compra en el mercado físico como en el de futuros, a productores que comprometieron allí sus cosechas.

Sin embargo, los analistas también advirtieron que “el costo financiero de la prefinanciación de exportaciones genera una presión negativa sobre los precios futuros”.

A su vez cabe observar que la mayor oferta argentina hizo bajar los precios en la pizarra y los futuros de Chicago. Hace dos meses atrás, los precios de exportación de la harina de soja argentina habían alcanzado mínimos en 15 años y hoy (por el jueves) volvieron a quebrar esta marca, tocando el valor más bajo desde marzo de 2010, en US$ 279/t.

“El aceite, por su parte, ajustó desde US$ 1.110/t a US$ 1.037/t (-7%). Finalmente, el precio FOB de poroto de soja para la posición spot (entrega y pago inmediatos) pasó de promediar por arriba de los US$ 420/t la semana pasada hasta llegar a negociarse en US$ 402/t en estas álgidas jornadas, un 4% menos”.

“Si iban a vender los granos después de las elecciones y que adelantaron la liquidación un mes, el Gobierno pagó una tasa de 26% en dólares por 30 días. Esto, anualizado, es 700% en dólares”, dijo el economista y senador nacional Martín Lousteau. “Esa es la tasa anual que pagaste para hacerte de los 7.000 millones de dólares 30 días antes. Repito: 700% en dólares”, disparó.Ignacio Hintermeister

Desde su banca, el senador por el departamento San Martín de la provincia de Santa Fe, Esteban Motta, reprodujo en la Cámara alta de la Legislatura santafesina la decepción que sufrieron los productores con el anuncio de "Retenciones 0" formulado por el gobierno del presidente Javier Milei.

En el momento de las manifestaciones, el radical dijo que "desde la provincia de Santa Fe y desde el interior del país hemos asistido a una de las estafas más grandes para el sector productivo en los últimos años, en términos políticos y de políticas públicas", aclaró.

"Es una estafa en términos económicos a los productores, al Estado y, por supuesto, en términos de confianza. Tres días atrás nos desayunábamos con que por fin después de 20 años iba a haber retenciones cero por un mes en la República Argentina… Pero todo respondía, sin dudas, a una necesidad en materia financiera del gobierno nacional, para obtener dólares, nada más", comentó.

"Nos generaba un montón de dudas la medida… pero no dejaba de ser una señal positiva, un mes para observar qué sucedía y había cierto optimismo en parte del sector, pero la trampa era que en el mismo boletín oficial que puso en vigencia esa medida" se limitaba a un cupo de 7.000 millones de dólares, que en tres días completaron las cerealeras.

El legislador subrayó que en la letra del anuncio se habla de "declarar ventas" y no de "efectivizar ventas" por hasta esa cantidad. En un caso son papeles y en el otro granos. Motta recordó de inmediato que, en tiempos de Raúl Alfonsín, en la década del '80, se regulaban las ventas de los exportadores sin existencias. Hoy en cambio "incluso se les da tiempo" a las cerealeras para que puedan hacerse de esos granos (con las ventajas de haber logrado cero retenciones para ir a comprar cereales y oleaginosas).

"En definitiva esto no ha sido más que un crédito muy caro de los exportadores al erario nacional. El anuncio nada ha tenido que ver con el sector productivo, pero en términos fiscales le va a costar al país, el equivalente a 1.500 kilómetros de rutas nuevas o a 30.000 viviendas sociales…", graficó.

"Esto ratifica nuestra posición de fortalecer, como establece nuestra Constitución, el federalismo de concertación. Lo mismo nuestra alianza con las demás provincias para luchar por la previsibilidad de los sectores productivos. Sinceramente, no podemos imaginarnos una baja de retenciones que no sea previsible, que no se haga antes de la siembra de una nueva campaña, que carezca de pautas claras en materia fiscal y comercial. Todo eso hemos perdido en la Argentina y en algún momento esperemos que las provincias recuperarlo", destacó.

"Sería bueno -sostuvo- que alguna vez en lugar de la limosna de los países del norte tengamos para nosotros sus políticas internas, copiarlas para la Argentina, con una ley agrícola que como en los Estados Unidos regule en materia ambiental, fiscal, comercial las condiciones de producción agropecuaria por un plazo mínimos de cinco años".

Luis Rodrigo - Campolitoral

Tras la finalización de la eliminación de las retenciones para los granos, luego de haber alcanzado el cupo de US$7.000 millones, el sector agropecuario mostró su malestar y alertó que la medida solamente alcanzó a las cerealeras.

Tras haber alcanzado la registración completa de los US$7.000 millones, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) informó que el cumplimiento del cupo implicó el cierre de la etapa de registración establecido por el Decreto 682/2025, y que el sector exportador deberá adecuarse nuevamente al esquema habitual de las Declaraciones Juradas de Ventas al Exterior (DJVE).

Andrea Sarnari, presidenta de la Federación Agraria Argentina (FAA), señaló que la medida del gobierno de Javier Milei “no fue pensada” para el sector productivo y “tampoco incentiva a la producción agropecuaria”.

“Es de corte netamente económico y por las necesidades del país, que además perjudica al sector porque sigue generando imprevisibilidad. No nos dan a los productores la potestad de decidir y planificar mejor”, advirtió en el inicio del Congreso Anual Ordinario de la FAA.

Sarnari afirmó que los productores pequeños y medianos “claramente no fuimos los beneficiarios” porque “ya no teníamos la cosecha del año pasado”.

“Y alguno que podía tener algún grano todavía reservado, tampoco pudo ser beneficiario en tan corto plazo. La medida ni siquiera pasó cerca de la tranquera”, manifestó.

La presidenta de la FAA indicó que “no se trata de una disputa entre sectores de la cadena”, sino que “se trata de exigirle al Estado que determine medidas y políticas públicas que sean previsibles para todos”.

“Lo que necesitamos es que haya claridad, para que la cadena también tenga claridad intracadena”, concluyó.

A su vez, el expresidente de la filial cordobesa de la Confederación Intercooperativa Agropecuaria (CONINAGRO), Marco Giraudo, apuntó contra los exportadores y aseguró que ellos fijaron los Derechos de Exportación (DEX).

“En tres días fijaron los DEX por U$S7.000 millones. No fuimos los productores agropecuarios. Que este negocio, que hoy es solo de exportadores y del Estado, se traslade y se derrame en las zonas productivas”, declaró.

Desde la Sociedad Rural de Rosario también cargaron contra los exportadores, ya que el cupo total “se concentró en manos de un grupo reducido”.

“Si bien públicamente se presentó como una herramienta destinada a incentivar la liquidación del sector agropecuario en su conjunto, la realidad fue distinta. En lugar de ser un ‘guiño al campo’, la medida generó desequilibrios, exclusión y malestar en quienes sostienen la producción día a día”, detallaron.

Más temprano, la Sociedad Rural nacional expresó su descontento por la finalización de la quita de retenciones a los granos.

X Sociedad Rural Argentina

“Nos llamó la atención que en 48 o 72 horas se cubriera todo el total y que vuelva a la situación anterior. Desde anoche en La Rural comenzamos a evaluar cómo se dio esto, si el beneficio realmente llegó al productor genuino, si pudo aprovecharlo o no”, dijo el Presidente de la Rural, Nicolás Pinp

Y confirmó que se comunicaron con el Gobierno para solicitarles que la medida siga vigente hasta el 31 de octubre sin tener en cuenta que el cupo se haya agotado.

“Quiero pensar que la intención era otra porque sino la frustración va a ser grande”, consolidó Pino.

Ante esta inquietud, aseguró que “es importante manejar información concreta y ver cómo se generó esto” y pidió confirmación oficial sobre “si los derechos de exportación regresan a los niveles previos”, al indicar que “los productores necesitamos certezas sobre el valor que tendrá nuestro producto de ahora en adelante”.

Por otro lado, trascendió en el mercado de granos que una de las empresas agroexportadoras más grandes habría inscripto ventas por unos US$4.200 millones, equivalentes al 60% del total del cupo determinado por el Gobierno, obteniendo un claro beneficio.

Matías Longoni, periodista especializado en el sector agropecuario, explicó en sus redes que desde el Ministerio de Economía permitieron que se anotaran DJVE “a diestra y siniestra, sin ningún límite ni condición”.

“Las exportadoras vieron la posibilidad que les habilitaron, y se aprovecharon de la necesidad de los ‘cráneos’ del Palacio de Hacienda”.

X Matías Longoni

De esta forma, las cerealeras nunca trasladarían la baja de las retenciones a los productores.

En paralelo, la Cámara Argentina de Supermercados (CAS) y la Federación Argentina de Supermercados y Autoservicios (FASA) recomendó “extrema prudencia a los proveedores” y aconsejó a los asociados supermercadistas “actuar de manera decidida en defensa de sus clientes, rechazando aumentos de precios especulativos”, en medio de las “actuales condiciones de volatilidad de los mercados”.

“A nuestros proveedores les sugerimos que observen atentamente lo que está sucediendo en el mercado y procedan en consecuencia, a aquellos que aumentaron sus precios para cubrirse de las fluctuaciones cambiarias de las últimas semanas, les pedimos que los retrotraigan, porque el mercado no reconocerá aumentos injustificados”, señalaron las entidades.

A los productores les inquieta “que la demanda se ampare en un cierto descreimiento de lo que el organismo de contralor por excelencia hace”, aseguró Marcos Delfabro.

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El martes 28 de febrero tendrá lugar la Audiencia Pública con el análisis de la ordenanza local que regula la aplicación de agroquímicos. De la misma pueden participar todos los ciudadanos y fueron citados concejales y representantes del Ejecutivo. La misma es en el marco de la causa "ADAPA y otros, contra municipalidad de Rafaela sobre recurso contencioso administrativo de la Ley 10.000".

Previo a ese encuentro, Marcos Delfabro, secretario de la Asociación de Productores Unidos de Rafaela, dialogó con RADIO RAFAELA. En la charla, aseguró que “la ordenanza 5331 está en plena vigencia, excepto el artículo 4 que es el que está siendo amparado”.

En ese marco, “estamos dando información a la comunidad sobre aspectos erróneos sobre los que se acoge el amparo del ambientalismo. Ellos aducen cierto desconocimiento, y por eso repetidas veces mencionamos la palabra clave que es 'ninguneo', a la institución aval de toda nuestra actividad en cuanto a insumos”.

“Desde la producción de Rafaela estamos pensando en lo que la nueva tecnología puede hacer hacia adelante y, a nivel nacional, pensando en todo lo que retrocedemos día a día con las políticas”, sostuvo Delfabro, también refiriéndose a la asamblea que mantendrá el campo a nivel nacional.

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Cuestionamiento a Senasa

Delfabro explicó que las tecnologías blandas apuntan al desarrollo a futuro en “lo que llamamos como recambio paulatino. La misma Senasa, como organismo de contralor, así también lo reconoce”.

“Preocupa al sector que la demanda se ampare en un cierto descreimiento de lo que el organismo de contralor por excelencia hace”.

“Hablaba de un cierto ninguneo que se ejerce a partir de este amparo sobre Senasa como institución de contralor. Recordemos que es una institución que está desde el siglo XIX con diferentes cambios. A partir de entonces, fue trabajando cada vez más desde la técnica y la ciencia. Lo hace para asegurar que los bienes e insumos que el campo trabaja son sustentables y amigables con la comunidad, así como productivamente a tono con lo que el campo necesita, y también es garante de que los alimentos que se exporten al mundo también lo van a ser”.

Para solucionar esas diferencias, “tenemos una relación de puertas abiertas, no tenemos ningún inconveniente en profundizar los conceptos”.

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El gobierno de la Provincia a través del Ministerio de Producción, trabaja fuertemente aportando ayuda financiera y económica a pequeños y medianos productores agropecuarios

El territorio provincial se encuentra afrontando una intensa sequía. En particular, Santa Fe es el distrito nacional más afectado, con sus 19 departamentos comprometidos y sus distintas actividades productivas. En ese marco, la gestión del gobernador Omar Perotti, a través del Ministerio de Producción, Ciencia y Tecnología, trabaja fuertemente desde el inicio del fenómeno climático, diseñando una serie de instrumentos que están aportando ayuda financiera y económica a pequeños y medianos productores agropecuarios.

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Al mismo tiempo, se gestionaron y se gestionan fondos nacionales que se vuelcan en el territorio como créditos o aportes no reintegrables. “Nuestro objetivo es que la producción santafesina no se detenga y que, a la salida de esta situación, nuestros productores puedan seguir produciendo, invirtiendo y generando trabajo. Como provincia lideramos índices de crecimiento, de generación de empleo, de producción de maquinaria agrícola, eso es posible en gran parte a lo que genera el nuestro sector agropecuario”, aseveró el titular de la mencionada cartera, Daniel Costamagna.

En total, desde la Casa Gris, se llevan invertidos más de 4.000 millones de pesos que y se estima que ya alcanzaron a más de 5.000 productores de las diferentes actividades agropecuarias en el territorio provincial[Ingrese autor (opcional)]

Brindando detalles de esa asistencia, Costamagna le dio marco a las herramientas:

“Desde un inicio convocamos a la Comisión Provincial de Emergencia Agropecuaria y posteriormente se declaró la emergencia, que fue homologada a nivel nacional. Esto posibilita que se activen beneficios impositivos provinciales y nacionales para los productores que obtengan el certificado de emergencia o desastre agropecuario. Pero al mismo tiempo trabajamos a largo plazo, presentando un proyecto de Ley denominado Sistema Provincial de Gestión Integral de Riesgos de Emergencias y Desastres Agropecuarios, un reclamo histórico del sector que hoy cuenta con media sensación y, necesitamos, tenga sanción definitiva en diputados”.[Daniel Costamagna]

El gobernador Perotti junto al secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Juan José Bahillo y el ministro Daniel Costamagna en el encuentro con productores en la Estancia Las Gamas.

A la fecha, las herramientas ya ejecutadas asistieron a la ganadería santafesina con más de $260 millones en créditos sin interés que se otorgaron a más de 500 productores de carne de hasta 300 cabezas.

Al mismo tiempo, se otorgaron $84,4 millones en aportes no reintegrables de $100 mil a 844 de la agricultura familiar. Se dispusieron $12 millones en créditos sin interés a 80 productores apícolas de hasta 50 colmenas y $87 millones para comprar 29 tanques cisterna para acarreo de agua.

En ese sentido también se dispusieron $90 millones en los departamentos Vera y 9 de Julio para acarreo de agua y acondicionamiento de tomas de agua y limpieza de represas y $7,5 para la compra de un generador, bomba de agua y una cisterna de 5.000 litros y compra de 50 cubas de 1.000 litros para entrega en comodato a productores.

En cuanto a las líneas generadas a partir de la articulación con el Gobierno Nacional, se alcanzaron a 1200 productores: $200 millones contempló la línea de recomposición productiva y $800 millones la Línea Prevención y Fomento de la plantación de árboles. A estas herramientas se suman $400 millones del Plan GanAr para productores de carne y leche de hasta 600 cabezas y $400 millones para aportes no reintegrables a productores ganaderos de la Agricultura Familiar.

En los últimos días se abrió una convocatoria con un fondo provincial de $700 millones para créditos sin interés con 12 meses de gracia para recomposición productiva, la cual tuvo una alta adhesión por parte de los productores; y una segunda línea de recomposición productiva específica para productores que dispongan certificado de emergencia o desastre agropecuario con un fondo de $500 millones para otorgar créditos sin interés con 12 de meses de gracia", explicó Costamagna.

En cuanto al sector tambero, la Provincia dispuso una herramienta específica con un fondo de $500 millones para créditos a través del Nuevo Banco de Santa Fe, con bonificación de 15% de tasa de interés. Animismo se implementó una asistiencia al sector legumbrero y hortícola, con más de $200 millones a través de créditos y aportes no reintegrables para la adquisición de capital de trabajo.

“Estas herramientas de acompañamiento al sector fueron delineadas luego de reuniones de trabajo con productores e instituciones, lo que permitió confeccionar mejores y mayores políticas públicas para el sector agropecuario. Además se establecieron reuniones en distintas localidades de la provincia para la difusión de las herramientas, como así también el abordaje de las necesidades de cada sistema productivo. Esta es nuestra forma de gestionar y lo que nos encomienda el gobernador Omar Perotti, estar cerca de los productores y acompañándolos como lo merecen en este contexto extraordinario”, concluyó Costamagna.

Nuevo encuentro con entidades del agro

En el marco del acompañamiento al sector, este viernes el gobernador Omar Perotti. junto al secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Juan José Bahillo y el ministro Costamagna, mantuvo un encuentro de trabajo con entidades agropecuarias y legisladores nacionales. Allí se abordaron las mencionadas herramientas y se analizó la situación que atraviesa la producción santafesina. “Como provincia es muy positivo poder reunir en una mesa a todas las entidades de la producción con el gobierno provincial, y los legisladores nacionales. El objetivo fue generar un nivel de información sobre lo actuado en la sequía, lo que significa en la provincia y las consecuencias que se van a trasladar en los próximos tiempos”, destacó Perotti.

“Esto no se arregla con una lluvia, una lluvia ayuda a mejorar una coyuntura, pero hay mucho daño hecho, un daño realmente importante en el sector agropecuario. En ese marco, el gobernador destacó que “esto habla a las claras del impacto en la actividad, en lo que no se va a poder producir y consecuentemente lo que no se va a poder vender porque no está.[Omar Perotti]

"Sin dudas eso es difícil de recuperar, pero sí tenemos que hacer los esfuerzos, como bien se dijo y se coincidió en la reunión, de que no tenemos que perder ni producción ni productores. Ese es el esfuerzo con recursos propios y recursos de Nación”.

“Hay acciones de urgencia y acciones en las que hay que coordinar los esfuerzos como para tener en la provincia una ley de emergencia que deje de lado el concepto tradicional de la ley de emergencia vigente, para incorporar acciones preventivas frente a los fenómenos de inundaciones o de sequías producto de los cambios climáticos. También que se generen los incentivos para que se realicen obras e incorporación de tecnología previo a cualquier fenómeno y, de producirse, poder estar asistiéndolos de la mejor manera con un fondo propio, con recursos propios en la provincia”, culminó Perotti.

Se hizo un balance de la situación tras las medidas dispuestas por Provincia y Nación. También se analizó la posibilidad de llegar a más productores afectados y de mayor celeridad en los trámites para acceder a las ayudas económicas y financieras.

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El gobernador Omar Perotti mantuvo este martes un encuentro con representantes de entidades agropecuarias con los que analizó la situación en el marco de la Emergencia Agropecuaria por la sequía, y las herramientas dispuestas por la Provincia y Nación destinadas a los productores.

La reunión se desarrolló en el salón Protocolar de Casa de Gobierno, en la ciudad de Santa Fe, y de la misma participaron también los secretarios de Agroalimentos, María Eugenia Carrizo; de Desarrollo Territorial y Arraigo, Fabricio Medina; y de Administración del Ministerio de la Producción, Melina Gavatorta; y el director provincial de Producción Pecuaria y Avícola, Pablo Fiore.

En representación de las entidades agropecuaria estuvieron Sara Gardiol e Ignacio Mántaras, de la Confederación de Asociaciones Rurales de Santa Fe (Carsfe); Mauricio Zanutigh, de la Sociedad Rural de San Justo; Marcelo Banchi, de Federación Agraria Argentina (FAA); y Adalberto Saperdi, de la Confederación Intercooperativa Agropecuaria Limitada (Coninagro).

Al término del encuentro, María Eugenia Carrizo manifestó que “participamos de una reunión convocada por el gobernador con las entidades que nuclean al sector productivo de la provincia. Hemos tenido una mesa de trabajo muy positiva donde nosotros pudimos expresar toda la asistencia que está llevando adelante el Ministerio de la Producción en este contexto de sequía y de altas temperaturas que está atravesando el sector productivo”.

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La secretaria de Agroalimentos agregó que “hoy con las entidades elaboramos y definimos cómo vamos a gestionar de ahora en mas todas las asistencias financieras y económicas para poder alcanzar a la mayor cantidad posible de productores, y diagramar con ellos cómo generar este esquema de asistencia”.

Asimismo, Carrizo instó a la “aprobación de la nueva ley de Emergencia Agropecuaria que el Poder Ejecutivo elevó a la Cámara de Senadores y que ya tiene media sanción. Es muy importante contar con esta nueva ley que nos permitiría tener un abordaje distinto en esta situación, poder trabajar en la prevención de los riesgos, pensando a largo plazo, y para poder acompañar a los productores afectados con herramientas rápidas y con un fondo propio”.

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LLEGAR A MAS PRODUCTORES AFECTADOS

Ignacio Mántaras manifestó tras la reunión que “analizamos la situación de la sequía en las últimas semanas y sobre todo después de las últimas gestiones que se hicieron ante Nación y el paquete de ayuda que anunció el Ministro (de Economía de la Nación) Sergio Massa, y evaluamos a nivel provincial lo que se ha implementado y lo que se puede implementar”. Asimismo, el dirigente de Carsfe adelantó que “vamos a volver a reunirnos para ajustar ayudas complementarias, que sean eficientes y que lleguen a los productores mas necesitados”.

En ese sentido se manifestó Adalberto Saperdi (Coninagro), quien remarcó que “se trabajó en el avance de las solicitudes de emergencia y de desastre para los productores, y darle mayor impulso para que llegue a toda la zona, sobre todo en algunos sectores en los que, por resistencia o descreimiento, no hicieron las presentaciones para acceder a estas ayudas”.

Mientras, Marcelo Banchi (FAA) agregó que en el encuentro “transmitimos que las soluciones debemos encontrarlas en profundidad. Hay una gran necesidad de los productores, sobre todo en los mas pequeños y los medianos, que tienen una urgencia por cuestiones económicas por la sequía. Estas ayudas tienen que ser rápidas, en un corto plazo, y con menos burocracia”.

Finalmente, Mauricio Zanutigh (Sociedad Rural de San Justo) expresó que, tras analizar la situación, se volverá a “trasladar a los productores las herramientas que hoy tienen disponibles”, y destacó que “el trabajo conjunto con provincia es importante, tenemos que seguir haciéndolo, tenemos recursos, pero por la magnitud de la sequía que tenemos estamos trabajando para ampliar esos beneficios”.

Consideran que "atenta" contra la actividad agropecuaria y el "desarrollo del país".Por Noticias ArgentinasLas entidades que integran la denominada mesa de enlace manifestaron su "preocupación generalizada" por Ley de humedales.Twitter: Comunidad Islera Asoc CivilTamaño de texto Compartir

Un grupo de productores isleños junto a entidades rurales de la mesa de enlace se manifestaban hoy en la cabecera del Puente Rosario-Victoria contra la Ley de Humedales.

Las entidades que integran la denominada mesa de enlace manifestaron su "preocupación generalizada" por Ley de Humedales al considerar que "atenta" contra la actividad agropecuaria y el "desarrollo del país".

En declaraciones radiales, Roberto Sotomayor, que vive y trabaja como productor agropecuario con su familia en las islas del delta entrerriano, dijo que "ninguna ley nueva va a terminar con los incendios intencionales", que hace falta más control y señaló que "detrás de las quemas parecen perseguirse objetivos políticos".

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Para los productores que cortaban simbólicamente el puente, hay “otro estofado”: la generación de recursos por medio de la ley para repartir políticamente.

Sotomayor señaló además, que hay una “intención de poner a la ciudadanía en contra” del campo. “Hoy parece ser que ser productor es una mala palabra. No les interesa escuchar nuestra verdad”, sostuvo, y advirtió que justamente son los productores “los primeros cuidadores del humedal”.

“Estuve en el Congreso el jueves pasado y ahí vi los estofados que se cocinan, a la «ley Grosso» solo le importan el dinero para repartir. La ley es una caja política del oficialismo”, acusó sobre la iniciativa del diputado del Frente de Todos Leandro Grosso.

Según un comunicado del Banco Central, desde este martes las compañías que comercialicen soja a través del Programa de Incremento Exportador no podrán acceder a la compra de dólar bursátil ni al llamado dólar ahorro, pero cerealeras pueden acceder a cuentas "dólar linked".

El Banco Central (BCRA) remarcó este martes que las cuentas ajustadas por dólar, denominadas dólar linked, siguen vigentes para las empresas del sector agropecuario, y subrayó que la norma que impide acceder a la compra de divisas a quienes comercialicen soja a través del Programa de Incremento Exportador “no incluye a los productores que sean personas humanas”.

"Las empresas que vendieron soja en el marco del Programa de Incremento Exportador, y que fueron alcanzadas por la Comunicación A 7609, conservan los instrumentos que les permiten dejar sus ventas en las cuentas dólar linked", indicó el BCRA en un comunicado.

Esta clase de instrumentos son títulos emitidos en pesos que se van ajustando según el alza del tipo de cambio oficial.

"La norma que dispuso el lunes el Directorio del Banco Central no incluye a los productores que sean personas humanas

Las empresas que comercialicen soja a través del Programa de Incremento Exportador, a partir de hoy no pueden acceder a la compra de dólar bursátil -CCL o MEP- ni al llamado dólar ahorro, según lo estableció el Banco Central.

La medida no incluye a los productores que comercializan soja sino a las empresas que lo hacen.

"Quiero aclarar que la resolución del Banco Central no incluye a los productores y las productoras que con tanto esfuerzo vienen acompañando el Programa de Incremento Exportador", precisó el secretario de Agricultura, Juan José Bahillo.

La Comunicación A 7609 del BCRA comprende a "los clientes residentes en el país dedicados a la actividad agrícola que vendan mercaderías en el marco del Decreto N° 576/22", que estableció el Programa de Incremento Exportador, que permite acceder a un tipo de cambio preferencial de $ 200 por dólar para la exportación de granos de soja o derivados.

El organismo monetario asimismo precisó que "los agentes económicos que hayan vendido soja en el marco del Programa de Incremento Exportador no podrán acceder al mercado de cambios para compras de moneda extranjera ni tampoco realizar operaciones con títulos y valores con liquidación en moneda extranjera".

Se vendieron 9 millones de toneladas

Las ventas soja por parte de los productores ya acumularon así casi 9 millones de toneladas en diez jornadas.

Desde que comenzó el mes, la autoridad monetaria ya lleva adquiridos alrededor de unos US$ 2.350 millones.

El Programa de Incremento Exportador se acordó con los principales complejos exportadores, que se comprometieron a liquidar soja y derivados por, al menos, US$ 5.000 millones durante el corriente mes.