La Policía de Investigaciones (PDI), dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad de la provincia de Santa Fe, llevó adelante cuatro allanamientos en la ciudad de Córdoba que permitieron la detención de un hombre con pedido de captura vigente y el secuestro de elementos de interés para la causa.

Los operativos fueron realizados por personal del Departamento Operativo Región I – Distrito Garay en el marco de una investigación por robo y asociación ilícita, bajo la intervención de la fiscal María Rosario Haeffeli. La causa se originó a partir de un hecho ocurrido el 9 de diciembre de 2025 en una estación de servicio de la localidad de Cayastá, donde delincuentes sustrajeron aproximadamente 50 millones de pesos, además de un teléfono celular y otros objetos.

A partir de tareas investigativas, los agentes lograron identificar a los presuntos autores, quienes integrarían una banda compuesta por personas de Santa Fe y Córdoba. Entre ellos se encuentra un individuo de iniciales G.A.F., vinculado a la causa mediante una huella papilar y sobre quien pesa un pedido de detención vigente.

En este contexto, y mediante exhorto judicial, se concretaron los allanamientos en distintos domicilios de la ciudad de Córdoba, en un trabajo coordinado con la Dirección General de Investigaciones Criminales de esa provincia. Como resultado de los procedimientos, fue detenido un hombre de iniciales J.A.D., de 50 años, quien tenía un pedido de captura activo desde 2023.

Durante los operativos también se secuestraron tres teléfonos celulares, entre ellos dos iPhone —modelos 15 Pro y 16 Pro— y un equipo Motorola, que serán peritados en el marco de la investigación.

Los resultados fueron informados a la fiscal interviniente, quien dispuso la continuidad de las tareas en territorio cordobés con el objetivo de dar con el principal sospechoso que aún permanece prófugo.

El Gobierno nacional formalizó este martes una recompensa de 20 millones de pesos para quienes aporten información que permita dar con el paradero de Galvarino Sergio Apablaza Guerra, un ciudadano chileno sobre quien pesa una orden de captura nacional e internacional.

La medida fue publicada en el Boletín Oficial y responde a un pedido de la Justicia Federal en el marco de un proceso de extradición impulsado por Chile.

La decisión quedó establecida mediante la Resolución 302/2026 del Ministerio de Seguridad Nacional, donde se detalla que la suma de $20.000.000 será destinada a aquellas personas que, sin haber participado en los hechos investigados, brinden datos útiles que permitan concretar la detención del prófugo.

Según se desprende del documento oficial, Apablaza Guerra, de 75 años, tiene una orden de captura vigente desde el 31 de marzo de 2026, dictada por el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 11. La medida apunta a hacer efectiva su extradición a Chile, país que lo reclama por su presunta participación en delitos vinculados al terrorismo.

El texto oficial aclara que la recompensa se enmarca en el Programa Nacional de Recompensas, establecido por la Ley 26.538, que habilita al Estado a ofrecer compensaciones económicas para obtener información clave en investigaciones complejas o de gravedad institucional.

En este caso particular, las autoridades consideraron que se trata de un expediente de alta relevancia, tanto por la naturaleza de los delitos investigados como por el contexto internacional en el que se inscribe el pedido de extradición.

La causa que involucra a Apablaza Guerra tiene un largo recorrido judicial. De acuerdo con lo consignado en la resolución, el proceso de extradición permaneció suspendido durante años debido a distintas instancias de apelación e impugnaciones presentadas por la defensa del acusado.

Además, el expediente atravesó instancias administrativas y judiciales vinculadas a su condición de refugiado, en el marco de la normativa internacional sobre protección de personas perseguidas.

Sin embargo, la situación cambió recientemente cuando la Justicia determinó que el acusado dejó de cumplir con las condiciones impuestas en el proceso, lo que derivó en la orden de detención inmediata.

Este incumplimiento, definido como “inconducta procesal” en el documento oficial, fue clave para reactivar las medidas judiciales y avanzar en la búsqueda del imputado.

El Ministerio de Seguridad detalló que las personas que cuenten con información relevante pueden comunicarse de forma gratuita a la línea telefónica 134, correspondiente al Programa Nacional de Recompensas.

Uno de los puntos centrales del sistema es la confidencialidad: las autoridades garantizaron que la identidad de quienes aporten datos será preservada durante todo el proceso.

Asimismo, el pago de la recompensa estará sujeto a la evaluación de la información brindada. Es decir, solo se abonará el monto en caso de que los datos aportados resulten útiles y determinantes para concretar la detención del prófugo, previo informe de la autoridad judicial interviniente.

La resolución también instruye a las fuerzas de seguridad federales a difundir ampliamente la búsqueda, incluyendo la publicación de afiches y la difusión en medios de comunicación de todo el país.

El pedido de captura de Apablaza Guerra tiene implicancias que trascienden las fronteras argentinas. La solicitud de extradición fue impulsada por la República de Chile, que lo acusa formalmente de delitos considerados de extrema gravedad.

En ese contexto, la decisión del Gobierno argentino de ofrecer una recompensa busca acelerar su localización y detención, en línea con compromisos de cooperación judicial internacional.

Desde el Ministerio de Seguridad señalaron que la medida responde a la necesidad de dar una respuesta urgente ante un caso complejo, que involucra tanto aspectos judiciales como diplomáticos.

Con esta resolución, el Ejecutivo refuerza el uso de herramientas previstas por la ley para colaborar con la Justicia y promover la participación ciudadana en la resolución de delitos de alto impacto.

EL

La Justicia provincial dispuso este martes medidas cautelares diferenciadas para integrantes de un clan familiar acusado de comercializar estupefacientes en la ciudad de San Javier.

La resolución fue adoptada por el juez Leandro Lazzarini, en el marco de una investigación que forma parte de una causa mayor que incluyó allanamientos y 17 detenidos.

Tras la audiencia realizada en los Tribunales de Santa Fe, se resolvió que tres de los principales acusados continúen detenidos.

En el caso de Julieta Agustina Eusebi, señalada como jefa del grupo, el juez dispuso prisión domiciliaria con monitoreo electrónico.

En tanto, su hermano Sergio Alfredo Eusebi y otro de los imputados, Antonio Ramón Pérez, continuarán con prisión preventiva efectiva.

Por otra parte, Mauricio José Kopp y Lucas Martín Forestier recuperaron la libertad, aunque deberán cumplir estrictas condiciones.

Entre ellas, se destaca la prohibición de regresar a la ciudad de San Javier, además de fijar residencia en otras localidades y respetar normas de conducta.

En paralelo, se informó que dos imputados permanecen prófugos, mientras que otras dos mujeres vinculadas a la causa habían recuperado la libertad la semana pasada.

La investigación permitió reconstruir el funcionamiento de la organización, que operaba principalmente en el barrio Los Reubicados, también conocido como barrio Central.

Según la acusación, Julieta Eusebi encabezaba la actividad desde su domicilio, donde se secuestró marihuana durante los allanamientos.

Su hermano cumplía funciones logísticas y de seguridad, mientras que otros integrantes del grupo colaboraban en la venta de drogas y el traslado de sustancias.

El pasado 6 de marzo, la Policía de Investigaciones (PDI) realizó once allanamientos simultáneos en distintos puntos de la ciudad.

Durante los procedimientos se incautaron drogas, armas y elementos vinculados a la comercialización, lo que permitió confirmar la existencia de al menos tres estructuras familiares dedicadas al narcomenudeo.

La investigación se inició a mediados de 2025, a partir de un episodio con disparos en cercanías al domicilio de la principal acusada.

Ese hecho derivó en un operativo en el que se secuestraron estupefacientes y permitió avanzar en la identificación de la organización.

El fiscal Arturo Haidar imputó a los involucrados por el delito de comercialización de estupefacientes agravada, al considerar que actuaban de manera organizada.

El Gobierno nacional dispuso el pago de una recompensa de cinco millones de pesos para quienes aporten información que permita localizar y detener a Maximiliano Ariel Liquitay, un hombre acusado del delito de lavado de activos agravado y vinculado a una investigación por narcocriminalidad.

La decisión fue oficializada a través de la Resolución 87/2026, firmada por la ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Susana Monteoliva, y publicada en el Boletín Oficial de la República Argentina. La norma se enmarca en la Ley N° 26.538, que regula el sistema de recompensas para incentivar la colaboración ciudadana en causas judiciales de especial gravedad.

Según el texto oficial, la recompensa fue solicitada por la Procuraduría de Narcocriminalidad Regional NOA, en el marco de la causa “LL s/ infracción Ley 23.737”, donde Liquitay es señalado como coautor penalmente responsable del delito de lavado de activos agravado, previsto en el artículo 303 del Código Penal.

El Ministerio de Seguridad Nacional evaluó el pedido y fijó el monto en función de la gravedad del delito y la complejidad de la investigación, conforme a los criterios establecidos en la normativa vigente.

Maximiliano Ariel Liquitay, DNI N° 38.976.415, nació el 10 de julio de 1995 y registra como último domicilio conocido una vivienda ubicada en avenida Colón 737, piso primero, departamento D, barrio Alberdi, en la ciudad de Córdoba.

Sobre el acusado pesa una orden de captura nacional e internacional desde el 12 de enero de 2024, lo que refuerza la hipótesis de que podría encontrarse fuera del país y da cuenta de las dificultades para avanzar en su localización.

La resolución establece que cualquier persona que cuente con datos relevantes puede comunicarse de manera gratuita y confidencial con el Programa Nacional de Recompensas, llamando a la línea 134, habilitada en todo el territorio argentino.

El pago de la recompensa quedará sujeto a que la información brindada sea útil y determinante para concretar la captura del prófugo, previa evaluación de la autoridad judicial interviniente. Además, se garantiza la preservación de la identidad de quienes colaboren.

Finalmente, la disposición encomienda la difusión del ofrecimiento en medios de alcance nacional, con el objetivo de reforzar la búsqueda y promover la participación ciudadana en una causa considerada de alta relevancia judicial.

Un episodio de extrema violencia conmociona a Carmen de Areco luego de que el profesor y boxeador profesional Ale Acuña fuera brutalmente atacado por la espalda mientras trabajaba en un gimnasio de la ciudad. El hecho ocurrió el miércoles y toda la secuencia quedó registrada por las cámaras de seguridad del establecimiento.

Según reconstruyeron los medios locales, Acuña realizaba actividades habituales cuando el agresor —identificado con las siglas P.P., vecino de la zona— se acercó por detrás y le aplicó un golpe directo en el rostro.Las imágenes muestran cómo el profesor cae sobre las máquinas, aturdido, casi inconsciente, mientras el atacante lo empuja hacia el piso y vuelve a golpearlo, incluso cuando ya estaba inmóvil.

Carmen de Areco: Lo atacó por la espalda tras una discusión fracturándole pómulo y maxilar derecho. Una vez en el piso continuó pegándole. Permanece en libertad. pic.twitter.com/bmk5xyJ0lB

Un allegado del profesor describió el impacto del ataque:

“Ale es peleador profesional, él pelea solo en un ring o jaula. Le arruinó su carrera, su trabajo”.

A raíz de los golpes, Acuña sufrió una fractura en el pómulo derecho y otra en el maxilar derecho, heridas que lo dejaron imposibilitado de trabajar y que requieren una cirugía urgente, programada para este martes en San Nicolás.

Los familiares de la víctima iniciaron una campaña de ayuda para cubrir los gastos de traslado y la intervención quirúrgica, mientras crece la preocupación por su pronóstico y su futuro deportivo.

La violenta escena —viralizada en redes— ya está en manos de la Justicia. Acuña radicó la denuncia y ahora se aguarda la detención del agresor, que escapó del lugar tras el ataque.Hasta el momento, se desconocen los motivos que desencadenaron la agresión.

Un violento intento de femicidio ocurrido en la localidad bonaerense de Francisco Solano mantiene en alerta a toda la comunidad. Agustín Ramos, de 24 años, continúa prófugo luego de atacar con un cuchillo a su pareja, Kiara Maqueira, de 22, y de herir también a la hija de ambos, una beba de 17 meses, que sufrió cortes en el rostro.

El episodio ocurrió el sábado por la noche, cuando Ramos utilizó un cuchillo de cocina para agredir a Kiara, provocándole múltiples cortes en el labio y en el rostro. En medio de la brutal escena, la beba también resultó lastimada: recibió un tajo en la mejilla izquierda.

La mamá de la joven, Mónica, relató en Telenoche los momentos de horror vividos dentro de la vivienda familiar.

“Me encontré con el monstruo arriba de mi hija, agarrándola del cuello con una mano y con la otra dándole puñaladas por todos lados”, contó.“Me tiré encima de él porque vi a la nena ensangrentada. A mi hija también. Todo fue muy rápido”.

En medio del caos, la mujer comenzó a pedir ayuda a los gritos.

“Él logró soltar a Kiara, gracias a Dios. Pero me pegó una piña en el pómulo y ahí mi hija pudo agarrar a la nena”, describió.

El esposo de Mónica ingresó al cuarto en ese momento.

“Caí hacia atrás entre los muebles, rompí todo. Tengo el pómulo quebrado en tres partes, me tengo que operar y poner una prótesis”, explicó.“Pero esa piña hizo que soltara a mi hija y no la matara”.

La beba también sufrió cortes profundos.

“Tiene un tajo de siete puntos de un lado y dos del otro”, detalló Mónica.

Madre e hija permanecieron internadas dos días y continúan recuperándose.

Ya más repuesta, Kiara explicó lo que ocurrió minutos antes del ataque.

“Estábamos los tres acostados mirando una película. De repente, sin ningún motivo, él se subió arriba mío. Me empezó a ahorcar, me pegó piñas en la cara y agarró un cuchillo que estaba en la mesa de luz”, escribió en redes.“Me tiró apuñaladas en la cara. En ese momento, mi bebé se acercó y él le rozó la carita con el cuchillo. A mi hija le hicieron 7 puntos; a mí, 2 puntos en la boca. No sé cómo seguimos vivas”.

Según la familia, nunca había habido un hecho de violencia física de esta magnitud, aunque sí discusiones previas.

Vecinos, familiares y amigos aseguran haber visto a Ramos aún en la zona, por lo que exigen su inmediata detención. La Policía tiene orden judicial para apresarlo pero todavía no logró dar con su paradero.

Kiara cerró su mensaje con un pedido desesperado:

“Mientras él está libre, yo no puedo dormir ni respirar tranquila. Necesito que la Justicia actúe. Necesito que lo encuentren”.

Héctor “Patrón” Gallardo, uno de los prófugos más buscados de Santa Fe, fue detenido en las últimas horas en Puerto Madryn, provincia de Chubut. El operativo fue concretado por personal de Drogas Peligrosas e Investigaciones de la policía local, luego de que la Fiscalía de Rafaela emitiera un pedido de captura y el Ministerio de Seguridad santafesino ofreciera una recompensa de 25 millones de pesos para dar con su paradero.

Gallardo era buscado por su presunta participación en un homicidio relacionado a una organización narco-criminal, y formaba parte del histórico “Clan Gallardo”, investigado desde hace más de una década por narcotráfico, lavado de activos y hechos violentos en la región de Frontera (Santa Fe) y San Francisco (Córdoba).

El Ministerio Público Fiscal de Chubut confirmó que el alerta provenía de autoridades judiciales y policiales de Santa Fe, quienes advertían que el fugitivo podía estar oculto en Puerto Madryn. Desde la semana pasada, la División Policial de Investigaciones trabajó sobre esa información junto con Drogas Peligrosas.

Aproximadamente a las 19hs, en Calle Salta 57, los agentes detectaron a un hombre con rasgos coincidentes. Hicieron un seguimiento discreto y se organizó un operativo a pie hacia la zona costera. Minutos más tarde, antes de las 20hs, lograron la intercepción. El sujeto fue detenido en Salta y Rawson. Presentó un DNI a nombre de “Walter Gallardo”, pero los tatuajes coincidían plenamente con los del prófugo.

A requerimiento de la fiscal de turno, Angélica Cárcano, el hombre fue trasladado a la Comisaría Segunda. Allí, la Policía Científica realizó la identificación dactilar, confirmando que se trataba efectivamente de Héctor Argentino Gallardo. Tras ello, se comenzó a coordinar su alojamiento y posterior traslado con autoridades de Santa Fe.

Gallardo figura en investigaciones de PROCUNAR (Procuraduría de Narcocriminalidad ) y del Tribunal Oral Federal de Santa Fe como integrante histórico del Clan Gallardo, estructura narco que operaba con logística propia, financiamiento, puntos de venta distribuidos en distintos barrios, roles jerarquizados, vínculos con hechos violentos y homicidios.

El cabecilla de la organización fue Peregrino “Tito” Gallardo, acompañado por familiares —entre ellos Héctor— y colaboradores. Desde 2014, las causas federales acumulan evidencia de allanamientos, secuestro de drogas, dinero, vehículos y lavado de activos, con condenas de hasta 12 años de prisión para distintos miembros del clan.

La Fiscalía Regional 5 informó oficialmente que hoy miércoles a las 11 horas se realizará una conferencia de prensa en el SUM de la sede regional para ampliar detalles de la detención. Participará el Fiscal Regional Carlos María Vottero, acompañado por personal del Ministerio de Seguridad y Justicia de la Provincia.

Un violento episodio conmocionó a la localidad bonaerense de Mariano Acosta, donde un hombre identificado como Alex “Pipi” Funes utilizó a su hijo de cuatro años para herir gravemente a un vecino. La víctima, Nahuel Alexis Míguez, lucha por su vida en terapia intensiva.

El ataque ocurrió en una vivienda ubicada sobre la calle Aguaribay, a pocos metros del cruce con Luis María Campos. Funes se encontraba bebiendo junto a dos vecinos cuando, en medio del encuentro y bajo los efectos del alcohol, desató una escena de extrema violencia.

Según el testimonio de los presentes, el acusado extrajo un arma de fuego y, delante de todos, pronunció una frase escalofriante: “Vamos a matar a este gato”. Luego colocó la mano de su pequeño sobre la pistola y lo incitó a disparar.

Ante la inacción del niño, Funes mantuvo el arma sostenida y apretó el gatillo él mismo, provocando una herida devastadora en el rostro de Míguez.

El proyectil ingresó por el pómulo, atravesó el cuello, perforó un pulmón y se alojó en el pecho del joven, quien fue trasladado de urgencia al hospital Héroes de Malvinas de Merlo. Según el último parte médico, su estado es “muy grave” y continúa en terapia intensiva.

Un amigo de la víctima logró dar aviso al 911, lo que permitió la rápida llegada de una ambulancia. Sin embargo, el agresor aprovechó la confusión para huir de la escena y continúa prófugo.

El fiscal Mario Ferrario, de la UFI N° 3 de Morón, ordenó la detención inmediata de Funes, pedido que fue avalado por el juez Ricardo Fraga, a cargo del Juzgado de Garantías N° 2.

El acusado enfrenta cargos por homicidio agravado por la participación de un menor en grado de tentativa y portación ilegal de arma de fuego.

Mientras continúa la búsqueda, el caso genera profunda conmoción en la comunidad por la crueldad del hecho y el uso de un niño en un acto de violencia extrema.

La investigación por el triple femicidio narco de Florencio Varela, en el que fueron asesinadas Brenda del Castillo (20), Morena Verdi (20) y Lara Gutiérrez (15), continúa con tres sospechosos prófugos y la hipótesis de que al menos 15 personas habrían participado en el crimen, de manera directa o indirecta.

Así lo confirmaron fuentes judiciales y policiales a medios nacionales, quienes además detallaron que Matías Ozorio “ya estaba en la casa del horror cuando llegaron las chicas”.

De acuerdo con los voceros, aún faltan detener a tres sospechosos:

“Dos que iban en la Chevrolet Tracker con las víctimas y uno más que iba con Víctor Sotacuro y su sobrina Florencia Benítez en el Volkswagen Golf”, precisaron.

El acompañante del Golf fue identificado por Benítez como un hombre llamado Diego, aunque los investigadores evitaron brindar más datos y lo vinculan a un entramado narco que operaba en la zona sur del conurbano bonaerense.

También se investiga el rol de Tony Janzen Valverde Victoriano, alias “Pequeño J”, actualmente detenido en Perú con fines de extradición, quien se habría trasladado en otro vehículo y estado presente en la vivienda donde ocurrió el crimen.

Según la reconstrucción, además del Volkswagen Golf y la Chevrolet Tracker, habrían llegado otros dos o tres autos a la vivienda de Florencio Varela donde se perpetraron los asesinatos.

“Ozorio estuvo en esa casa y llegó antes que las chicas, pero en otro vehículo. Por ahora tenemos nueve detenidos, hay tres más por atrapar, pero acá van a caer en total al menos quince personas”, indicó una fuente judicial citada por Noticias Argentinas.

Los investigadores mantienen firme la hipótesis de una “venganza narco”, aunque aclararon que la víctima directamente involucrada no sería Lara Gutiérrez, sino una de las otras dos jóvenes asesinadas.

“Al parecer, una de las víctimas, presionada por alguien, pasó el dato de la cocaína y una banda ‘mexicaneó’ al grupo de Valverde Victoriano”, explicó un vocero del caso.

Con nueve detenidos, tres prófugos y nuevas líneas de investigación, la Justicia busca desentrañar la red completa detrás del triple crimen, considerado uno de los hechos más graves de violencia narco en lo que va del año.

Luciano Maidana, de 25 años, fue golpeado salvajemente por dos hermanos en la localidad de Libertad, partido de Merlo. El ataque ocurrió mientras había salido a comprar el desayuno con su pequeño hijo. La víctima permanece internada con múltiples lesiones.

Un joven de 25 años se encuentra internado en grave estado tras ser brutalmente golpeado en la puerta de un almacén del partido bonaerense de Merlo, frente a su hijo de 7 años. El violento hecho ocurrió el fin de semana, en la calle Bolivia al 900, en la localidad de Libertad.

La víctima, Luciano Ezequiel Maidana, había salido a comprar alimentos para el desayuno acompañado por su pequeño, cuando fue abordado por dos hermanos que le pidieron dinero. “¿No tenés para un vino?”, le dijeron. Como respondió que no, comenzaron a golpearlo salvajemente hasta dejarlo inconsciente.

“Uno le dio un golpe en la espalda y lo desmayó. Cuando cayó desvanecido, siguieron pegándole mientras le decían que era una rata”, relató su pareja Rocío, en diálogo con Primer Plano Online.

El niño corrió a su casa para pedir ayuda a su madre. “Están matando a papá”, gritó desesperado. Rocío salió corriendo y encontró a su esposo ensangrentado y desfigurado, tirado en el suelo. Sufrió lesiones en el cráneo, perdió gran parte de la dentadura y presenta hematomas en todo el cuerpo.

“Tiene para varios días más de internación”, lamentó Rocío, quien agregó que también presenta dolor persistente en la cabeza y complicaciones en los testículos.

El hecho fue denunciado y la causa está caratulada como “lesiones graves” por la fiscalía interviniente. Rocío ya declaró ante el fiscal y aportó información clave. Según relató, los agresores ya eran conocidos por la víctima por otros hechos en el barrio. “Andan por la calle, no tienen una dirección fija. Por eso sé que la Policía los está buscando en distintos lugares”, indicó.

En sus redes sociales, Rocío compartió el impacto emocional que vivió la familia. “No saben el daño psicológico que le causaron a mi hijo. Mi marido está grave, y ustedes, prófugos”, escribió en Facebook.

La mujer reclamó justicia: “Esto no puede quedar impune. Así como lastimaron a mi marido, pueden atacar a cualquier otra persona”.

La medida fue dispuesta por la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, a través de la Resolución 975/2025, publicada en el Boletín Oficial.

El aumento responde al pedido de la Unidad Fiscal de Santa Fe, a cargo del fiscal Walter Rodríguez, que solicitó incrementar el incentivo económico ante la falta de datos útiles que permitan concretar la captura del fugitivo.

Vicente Matías Pignata, de 41 años, nacido en la ciudad de Santa Fe, fue condenado en 2017 como autor responsable del delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización. El Tribunal Oral Federal de Santa Fe le impuso en aquel entonces una pena de cuatro años de prisión.

Sin embargo, Pignata nunca cumplió la condena. En marzo de 2019 se dictó una orden de captura nacional y, poco después, en mayo de ese mismo año, se amplió la búsqueda a nivel internacional. Desde entonces, se encuentra prófugo y su paradero sigue siendo un misterio.

Sus últimos domicilios conocidos fueron en la ciudad de Santa Fe y en la localidad de Bowen, provincia de Mendoza. Está casado con Elizabet Yanina Campos, y es hijo de Vicente Antonio Pignata y Adriana María Amarillo.

La primera recompensa para dar con Pignata había sido establecida en 2023 en dos millones de pesos. Ahora, el Ministerio de Seguridad resolvió aumentarla a cinco millones de pesos, una cifra que busca incentivar a cualquier persona que pueda aportar datos concretos que conduzcan a su captura.

El programa establece que quienes posean información útil podrán comunicarse de manera confidencial y gratuita con el Programa Nacional de Recompensas a través de la línea telefónica 134, disponible en todo el país.

El pago de la recompensa, en caso de que la información resulte efectiva, se realizará en el Ministerio de Seguridad o en el lugar que la cartera designe, siempre garantizando la preservación de la identidad de la persona que colabore.

Además, la resolución instruye a las Fuerzas Policiales y de Seguridad Federales a difundir y publicar el afiche oficial con los datos del prófugo en medios gráficos, radiales y televisivos de alcance nacional.

La Justicia federal investiga a Pignata desde hace más de una década. El expediente en el que fue condenado se originó en 2017 bajo la carátula “Pignata, Vicente Matías y otros s/Infracción Art. 303 inc. 1 CP”, y estuvo a cargo de la Unidad Fiscal de Santa Fe.

El fiscal Walter Rodríguez remarcó recientemente que, a pesar de los mecanismos de búsqueda activados y la recompensa vigente, no se recibieron datos útiles sobre su paradero en estos años.

Por ello, solicitó al Ministerio de Seguridad el incremento económico, considerando que la visibilidad pública y el monto de la recompensa son herramientas fundamentales para avanzar en la detención de prófugos de alta peligrosidad.

Quienes tengan información sobre Pignata pueden comunicarse al 134, la línea gratuita del Ministerio de Seguridad de la Nación, que funciona de manera permanente. La identidad de quienes colaboren será preservada y protegida por el programa oficial.

Vicente Matías Pignata by El Litoral

EL

La Policía de Investigaciones de Santa Fe, dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad, concretó este lunes la extradición de un hombre acusado de un delito contra la integridad sexual, que era buscado por la Justicia santafesina.

El procedimiento se llevó a cabo en la localidad de Los Frontones, provincia de Chaco, desde donde el detenido fue trasladado a la ciudad de Reconquista.

El hombre fue identificado como C. M. L. G., de 30 años, quien tenía una orden de detención vigente requerida por la Unidad Fiscal de San Justo, a cargo del fiscal Carlos Zoppegni.

Cumplidos los trámites legales correspondientes, el acusado fue trasladado a la provincia de Santa Fe, donde se continuará con el proceso judicial.

El operativo se enmarcó en el trabajo conjunto entre fuerzas provinciales y reafirmó el compromiso de la PDI en la localización y detención de personas requeridas por la Justicia en causas de alta sensibilidad social.

La Policía de Investigaciones (PDI), dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad de Santa Fe, detuvo a un hombre que permanecía prófugo desde 2013 por un delito contra la integridad sexual. La aprehensión se concretó en las últimas horas en un sector rural de El Sombrerito, localidad ubicada en el departamento General Obligado, en el norte santafesino.

El acusado, identificado como G.E., de 42 años y oriundo de Villa Ocampo, estaba sindicado como presunto autor de un delito de índole sexual y contaba con un pedido de captura vigente desde hace más de una década.

El procedimiento fue ordenado por el doctor Roberto Apullán, a cargo del Sistema Conclusional de Causas, quien solicitó la colaboración de la Policía de Investigaciones para localizar y detener al sospechoso.

Gracias a un trabajo coordinado entre agentes de la Región I de Santa Fe y personal de PDI Distrito Las Toscas de la Región IV, se logró establecer el paradero de G.E. y montar un operativo que derivó en su detención.

El hombre fue trasladado a la ciudad de Santa Fe por orden del fiscal interviniente, donde quedó a disposición de la justicia para la realización de los trámites procesales de rigor.

El Ministerio de Justicia y Seguridad brindó hoy detalles sobre la aprehensión,  que realizó esta madrugada el Comando Radioeléctrico del prófugo Alejandro Victoriano C. quien tenía pedido de captura por uno de los homicidios cometidos en marzo del 2024 contra trabajadores en Rosario.El procedimiento de identificación policial se realizó este martes a las 3 de la madrugada en la zona de Patagones y Presidente Quintana de la ciudad de Rosario. Allí fue identificado Alejandro C. y ante la consulta de los efectivos del Comando Radioeléctrico sobre sus datos filiatorios se estableció que tenía pedido de captura por la Unidad de Homicidios Dolosos del MPA.Se trasladaba junto a otra persona, que también quedó detenida. Ante esto, el secretario de Análisis y Gestión de Información, Esteban Santantino, destacó “el trabajo del Ministerio Público de la Acusación, porque si bien la aprehensión de este sospechoso, ahora imputado, fue en un procedimiento de calle, el MPA tenía todo preparado y los fiscales que venían instruyendo la causa para que, a horas de haber sido aprehendido, esta persona haya sido imputada en audiencia”.

También, el funcionario del Ministerio de Justicia y Seguridad resaltó “que la policía esté en la calle de manera masiva realizando este tipo de controles, es lo que nos permite ir obteniendo resultados. Quiero reforzar la idea de que la identificación de las personas en la vía pública es una medida necesaria y fundamental para seguir construyendo este camino de una sociedad en paz”. 

Asimismo, el fiscal Adrián Spelta detalló que “este hecho tiene lugar a raíz de las declaraciones del testigo de identidad reservada. En virtud de esa prueba que ya se produjo, pudimos obtener nombres de personas que participaron concretamente en lo que hace al asesinato Bruno Bussanich. Pudimos individualizar quién era la persona que manejaba el vehículo, que trasladó al menor hasta la estación de servicio para luego sacarlo después de cometer el hecho. También pudimos determinar quién fue el interno que dio la orden mediante videollamadas a las personas que estaban afuera y concretamente al menor al les dio las indicaciones para realizar el homicidio”. 

El fiscal Spelta remarcó que con esta detención “todas las personas que estaban relacionadas -a los cuatro hechos de homicidio ocurridos en marzo de 2024- o tuvieron algún grado de participación en cualquiera de los homicidios que fueron investigados desde el mes de marzo del año pasado, están detenidas”. 

Por último, el fiscal Patricio Saldutti, respecto a los detenidos, indicó que “hoy el juez resolvió prisión preventiva por el término de ley, por supuesto que esto es revisable, incluso la audiencia de hoy es apelable pero esto nos permite agotar la investigación y presentar la acusación en un plazo razonable”.

La Policía Federal Argentina detuvo en el barrio porteño de Constitución al décimo de los 17 presos que se fugaron de la Alcaidía 9 de Liniers el pasado 23 de diciembre. Con esta captura, ya son diez los reclusos que han sido recapturados.

Efectivos de la División Búsqueda de Prófugos de la Superintendencia de Investigaciones Federales lograron detener al individuo en la calle Lima al 1300, en Constitución, barrio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

El detenido, imputado por el delito de robo, frecuentaba la zona de Monte Grande y se desplazaba hacia Constitución para cometer nuevos delitos. Tras tareas de vigilancia y análisis de información, los agentes lograron identificarlo y proceder a su arresto.

Finalmente, el hombre quedó a disposición del magistrado interventor por infracción al artículo 280 del Código Penal que sanciona el delito de “Evasión”.

El 23 de diciembre, 17 internos escaparon de la Alcaidía 9, ubicada en el barrio de Liniers, tras realizar un boquete de aproximadamente 30 centímetros en una pared que separa los calabozos de un patio interno.

Las cámaras de seguridad registraron a los reclusos saliendo en grupos pequeños y caminando por las inmediaciones, algunos mirando sus celulares. La fuga fue descubierta casi tres horas después.

Desde la fuga, las autoridades han intensificado los operativos para localizar a los prófugos. Con esta última detención, ya son diez los recapturados, mientras que siete continúan evadidos.

La Fiscalía Especializada en Violencia Institucional e Integridad Policial, a cargo de la Dra. Lorena San Marco, coordina las acciones para dar con el paradero de los restantes.

El caso provocó el despido del jefe y subjefe de la comisaría ubicada en la calle Gana al 400, en el barrio porteño de Liniers. Además, el personal que estaba presente en la dependencia en el momento del incidente fue acusado de "favorecer la evasión de un detenido o condenado".

Fuente: El Litoral

El juez Ariel Lijo ordenó la detención del hombre de 51 años luego de que se dieran conocer videos del momento de la agresión al mandatario

Sigue la búsqueda de Gastón Ariel Mercanzini, el hombre y ex funcionario que le tiró un botellazo a Javier Milei durante su traslado del Congreso a Casa Rosada en la ceremonia de asunción presidencial.

Tras ser identificado, el juez Ariel Lijo ordenó la inmediata detención del hombre de 51 años que hasta 2013 se desempeñó como director de Cultura en Concepción del Uruguay, Entre Ríos, y que actualmente se encontraría en situación de calle.

Hasta el momento no se dio a conocer que delito se le impuso en su contra, aunque los posibles son intimidación pública o atentado a la autoridad. Asimismo se le sumará el de lesiones leves que sufrió el efectivo de la PFA que era parte de la custodia presidencial.

Mercanzini posee antecedentes penales por daño agravado en julio de este año cuando “rompió una camioneta Citroen Berlingo mediante golpes con una varilla metálica provocando la rotura del parabrisas y la ventanilla del lado del conductor”.

Ante este escenario, estuvo privado de su libertad en la Comisaria vecinal 7B y en el marco de dicho delito se lo condenó tras un juicio abreviado al uso de una tobillera electrónica de la cual ya quedó sin efecto.

LEE: Así intentaron agredir con una botella a Javier Milei

En la misma resolución le impidieron que ingrese a la Ciudad de Buenos Aires ya que anterior a este episodio había registrado antecedentes violentos con otros asistentes.

Ahora, según cuentan allegados, el ex funcionario se encontraría en situación de calle luego de atravesar problemas de adicciones con el alcohol y las drogas.

Esto último pudo verse en uno de los videos donde se lo observa agresivo y sin poder hablar de forma clara tras ser increpado por simpatizantes de Milei luego de arrojar la botella de vidrio.

Ordenan prisión preventiva de un hombre condenado por homicidio que se fugó y cometió varios ilícitos.

En una audiencia de medidas cautelares celebrada esta mañana en los tribunales de Santa Fe, se dispuso la prisión preventiva de un hombre de 28 años. Este individuo está siendo investigado por haber intentado matar al padre de la víctima de un homicidio por el cual fue condenado como autor en 2014. Además, se le atribuyen otros delitos, entre ellos, el intento de homicidio a otra persona y agresiones y amenazas contra su expareja, a quien también robó un automóvil.

La medida fue ordenada por el juez de la Investigación Penal Preparatoria (IPP), Lisandro Aguirre, en una audiencia realizada en los tribunales de la ciudad de Santa Fe.

La investigación está a cargo de la Unidad Fiscal Especial de Homicidios y la Unidad Fiscal Coronda, ambas pertenecientes a la Fiscalía Regional 1. Ambas unidades fiscales solicitaron conjuntamente que el imputado, cuyas iniciales son CJB, sea privado de su libertad durante el transcurso del proceso judicial.

La Fiscalía resaltó que el imputado cometió los delitos mientras estaba prófugo por no regresar a la cárcel después de una salida transitoria. Además, afirmaron que hay una sólida evidencia que respalda su teoría del caso y que existían riesgos procesales latentes.

Por su parte, el Ministerio Público de la Acusación (MPA) señaló que, aunque la defensa argumentó que la prisión preventiva era innecesaria debido a que el imputado ya estaba privado de su libertad, no hay ninguna norma procesal que impida tomar medidas cautelares en casos como este. Explicaron que el objetivo de la medida es evitar que el investigado obtenga algún beneficio en el marco de otra causa y se dé a la fuga. En relación a este tema, la Fiscalía mencionó un precedente del año pasado en el que la Justicia provincial resolvió de manera similar.

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Los intentos de homicidio tuvieron lugar el miércoles 27 de octubre de 2021, en el pasaje Barreto al 2.500 de la capital provincial. Según el MPA, el padre de Sebastián Nero, a quien el imputado mató en 2013, y otro hombre se encontraban en la vereda cuando el agresor les disparó desde una motocicleta conducida por una mujer aún no identificada. Afortunadamente, las víctimas sobrevivieron gracias a la ayuda de vecinos y agentes policiales.

La Fiscalía también mencionó que el hombre de 28 años cometió delitos en el contexto de violencia de género contra su expareja en la ciudad de Gálvez, en el departamento de San Jerónimo. Según se expuso en la audiencia, el agresor golpeó a la mujer en varias partes del cuerpo, provocándole lesiones leves. Además, la amenazó con un arma de fuego y la obligó a entrar en un automóvil que le pertenecía, un Chevrolet Agile. Luego, la trasladó por la ruta nacional número 11 y la dejó en Sauce Viejo, llevándose el vehículo.

Además de estos delitos, al imputado se le atribuye la portación ilegítima de un arma de fuego en el barrio Villa del Parque de la ciudad de Santa Fe. Según el MPA, llevaba consigo una pistola calibre 22 cargada con ocho cartuchos, y en uno de los bolsillos de su pantalón se encontraron otros 15 cartuchos calibre 22. Durante su detención, el imputado se resistió y apuntó la pistola hacia dos agentes policiales.

El imputado está siendo investigado por dos tentativas de homicidio calificado, por el empleo de arma de fuego, así como por otros delitos relacionados con la violencia de género, como lesiones leves dolosas calificadas, amenazas coactivas, privación ilegítima de la libertad calificada y robo. Además, se le atribuyen los delitos de amenazas agravadas, portación indebida de arma de fuego de uso civil y resistencia a la autoridad.