La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) prohibió el uso, venta y distribución de un producto de depilación definitiva por graves irregularidades sanitarias. La medida fue publicada este 16 de octubre de 2026 en el Boletín Oficial.

La restricción alcanza al cabezal 810nm 2cm Speed de Soprano ICE original, marca ALMA LASERS, con número de serie ICE122001380. El dispositivo, fabricado en febrero de 2016, es un producto médico de clase de riesgo III.

La investigación inició tras una denuncia de Sirex Médica S.A., importadora habilitada de la marca. La empresa confirmó que el equipo no figuraba en sus registros y que fue vendido originalmente a Estados Unidos.

La ANMAT advirtió que, al desconocerse el estado y manipulación del equipo, su uso podría causar daños a pacientes y operadores. Se ordenó la intervención de la Coordinación de Asuntos Judiciales para localizar el dispositivo.

En una resolución paralela, el organismo prohibió a la firma Body Aling SRL distribuir productos médicos interjurisdiccionalmente. La empresa no cuenta con las habilitaciones nacionales correspondientes para dicha actividad.

Inspectores del Departamento de Control de Mercado intentaron visitar los domicilios de la firma en Villa Tesei, partido de Hurlingham, sin éxito. La medida fue firmada por el administrador nacional Luis Eduardo Fontana.

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) prohibió este 7 de octubre de 2026 el uso, la comercialización y la distribución en todo el país de tres productos que se promocionaban para tratar diversas afecciones de salud. La medida, publicada en el Boletín Oficial, abarca todos los canales de venta debido a la falta de registro sanitario y de información verificable sobre su composición y fabricación.

La disposición se originó tras dos denuncias recibidas por el Departamento de Control de Mercado de la Dirección de Evaluación y Gestión de Monitoreo de Productos para la Salud. Las presentaciones alertaron sobre la oferta de dos de estos artículos en un comercio de Virrey del Pino, en el partido bonaerense de La Matanza, y sobre la venta callejera de un ungüento en la estación de tren de Quilmes.

Según el organismo, ninguno de los productos estaba inscripto ante la ANMAT ni se pudo identificar a un establecimiento habilitado responsable de su elaboración. Esta falta de trazabilidad impide conocer las condiciones de manufactura, lo que representa un riesgo para los consumidores.

Uno de los artículos es el “Super calcio cubano”, que se presentaba como una “vitamina para calcificar los huesos”. Su rótulo enumeraba ingredientes como calcio, magnesio, zinc, fósforo, hierro, vitamina E, guanábana, levadura de cerveza y cartílago de tiburón, atribuyéndole efectos contra el Parkinson, artritis, artrosis, lumbago, osteoporosis, reumatismo, caída del cabello, agotamiento físico y dolores musculares.

El segundo producto, denominado “Suplemento nutritivo 0.44”, también aseguraba tener aplicaciones terapéuticas para tratar gota, reumatismo, fracturas, parálisis facial, calambres, mareos, dolor de huesos, hinchazón y deterioro visual. Además, afirmaba que “regenera los tejidos” y ayuda contra la “vejez prematura”.

La tercera prohibición recayó sobre el “Ungüento de árnica + coca”, vendido en la vía pública. El envase indicaba que se trataba de una “nueva fórmula con aceite de cannabidol”, de industria uruguaya. La ANMAT advirtió que, aunque los rótulos mencionan industrias de otros países, esto no sustituye la inscripción ni la fiscalización obligatoria para su comercialización en territorio nacional.

La resolución fue firmada por el administrador nacional de la ANMAT, Luis Eduardo Fontana. Los responsables cuentan con plazos legales para presentar recursos de reconsideración o de alzada, o bien recurrir a la Justicia dentro de los 180 días hábiles judiciales desde la notificación.

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) dispuso la prohibición de uso, distribución y comercialización de diversos productos médicos. La medida surge tras detectar irregularidades durante procedimientos de fiscalización que afectaron a una punta de Shaver de la marca Smith&Nephew y a insumos vinculados con la firma Biosimil S.R.L.

El caso de la punta de Shaver, utilizada en intervenciones artroscópicas, se originó en un establecimiento de la firma Promedik S.R.L. en la ciudad de Corrientes. El producto carecía de datos sobre el importador responsable y no contaba con registro sanitario. Ante la consulta, el responsable del lugar admitió haberlo adquirido por Mercado Libre sin documentación respaldatoria. Tras verificar el lote 51054817, la empresa Valmi S.R.L., titular del registro, confirmó que no había importado dichas unidades, por lo que el dispositivo ingresó al país sin autorización.

Por otro lado, la ANMAT inició actuaciones contra Biosimil S.R.L. luego de una denuncia sobre el funcionamiento de un depósito. Los inspectores de la Dirección de Evaluación y Gestión de Monitoreo de Productos para la Salud hallaron mercadería en un domicilio no habilitado en la calle Nicaragua al 5900, en la Ciudad de Buenos Aires. Según se informó, el traslado se realizó por obras en la sede habilitada de la avenida Santa Fe, pero el cambio no fue comunicado al organismo.

Durante la inspección se encontraron 30 unidades de un dispositivo de aspiración de VR Medical, 19 unidades de una variante del mismo producto, insumos Simex y 14 implantes de la firma Medicon. Sobre estos últimos, las empresas Grupo MG S.R.L. y Medical Implant's SA negaron haber importado los productos encontrados.

Ante este escenario, la ANMAT inició un sumario sanitario contra la empresa y su director técnico, además de suspender el certificado de Buenas Prácticas de Fabricación N.º 394-2022-R. Asimismo, se dio intervención a la Dirección de Asuntos Jurídicos para avanzar con la denuncia correspondiente, reafirmando el compromiso del organismo con la seguridad y trazabilidad de los insumos médicos en todo el territorio nacional.

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) dispuso la prohibición de uso, comercialización, publicidad y distribución de todos los productos domisanitarios de la marca B&T Química que no cuenten con registro. La medida, oficializada mediante la Disposición 6173/2026, alcanza a limpiadores, desinfectantes y aromatizantes en todo el país y en plataformas de venta electrónica.

El organismo advirtió que no puede garantizar la seguridad, calidad ni eficacia de estos artículos. Además, se ordenó iniciar un sumario sanitario contra B&T Química S.R.L., firma con domicilio en la calle Machado de Asís 860, en la localidad de Lavallol. La investigación comenzó tras una denuncia que alertó sobre la falta de inscripción de los productos, los cuales no figuraban en los registros oficiales.

Si bien la empresa se inscribió posteriormente bajo la Disposición 7939/2025 con el legajo DM-0229, la ANMAT precisó que solo se regularizaron ciertos artículos de riesgo 1. Por lo tanto, la restricción se mantiene vigente para el resto de los productos de la marca hasta que completen el proceso formal.

En una resolución paralela, la Disposición 6171/2026 prohibió la comercialización de productos médicos fabricados o importados por MW Distribuciones. La medida surgió tras una inspección en un comercio de la ciudad de Corrientes, donde se detectaron 12 unidades de Aritos de silicona MW Distribuciones sin información de lote, vencimiento o registros sanitarios.

Los dispositivos, identificados como pesarios, carecían de trazabilidad, lo que representa un riesgo para los pacientes. La Dirección de Gestión de Información Técnica confirmó que no existe inscripción en el Registro Nacional de Productores y Productos de Tecnología Médica para esta firma. Como resultado, se inhibieron 11 unidades en el local comercial y se extendió la restricción a todos los productos de la empresa en el territorio nacional.

La Municipalidad de Rafaela recordó que continúa vigente la prohibición de estacionar sobre el anillo interno que rodea la Plaza 25 de Mayo, en el marco de los cambios implementados por la renovación del Centro Histórico.

La nueva configuración del sector fue diseñada para favorecer una circulación más ordenada y segura, con velocidades reducidas y mayor protagonismo para peatones y ciclistas.

Según se informó, la medida forma parte de una estrategia orientada a promover una movilidad más sustentable y generar un espacio público con mejores condiciones de accesibilidad y convivencia.

Desde el Municipio señalaron que la cartelería correspondiente ya se encuentra instalada en todo el sector y solicitaron a los conductores respetar las indicaciones.

Quienes necesiten estacionar deberán hacerlo en los espacios habilitados sobre las calles cercanas a la plaza.

La prohibición se inscribe dentro de las modificaciones impulsadas en el Centro Histórico, que buscan reorganizar el uso del espacio público y reducir los conflictos entre vehículos, bicicletas y peatones.

Desde el Gobierno local remarcaron además que el cumplimiento de las nuevas disposiciones resulta clave para consolidar el funcionamiento previsto para el sector.

La Premier League inició una nueva etapa en su relación con la industria del juego. A partir de la temporada 2026-27, los clubes de la máxima categoría del fútbol inglés ya no podrán utilizar casas de apuestas como patrocinador principal en el frente de sus camisetas, una medida que apunta a reducir la exposición de los aficionados a este tipo de empresas.

La decisión había sido acordada en 2023, cuando la presencia de compañías vinculadas al juego alcanzaba a 11 de los 20 equipos que disputaban la liga inglesa. Sin embargo, la necesidad de respetar contratos comerciales vigentes demoró la aplicación definitiva de la normativa hasta este nuevo campeonato.

Con esta modificación, ningún club podrá mostrar en el sector central de su indumentaria una publicidad asociada a apuestas deportivas o casinos online, en una iniciativa impulsada para combatir los problemas vinculados con la ludopatía y el impacto del juego en los hinchas.

Nuevos negocios toman protagonismo en las camisetas

La salida de las casas de apuestas del lugar más visible de las camisetas abrió espacio para otros sectores comerciales. En la nueva temporada, las empresas financieras serán las que tendrán mayor presencia, con cinco clubes patrocinados por compañías de ese rubro.

También ganarán terreno las aerolíneas, con tres equipos asociados, mientras que las áreas de tecnología y alimentación tendrán presencia en dos instituciones cada una.

Además, habrá acuerdos con empresas de recursos humanos, seguros, software, telecomunicaciones y turismo. En tanto, algunos equipos comenzarán la temporada sin patrocinador principal en su camiseta: Chelsea, Nottingham Forest y Sunderland.

Las apuestas seguirán presentes, pero en otros espacios

La nueva reglamentación no elimina completamente la relación entre los clubes y las empresas de apuestas. La prohibición alcanza únicamente al sponsor principal de la camiseta, por lo que estas compañías todavía podrán aparecer en otros sectores comerciales.

Las casas de apuestas podrán mantener presencia en lugares como las mangas, los pantalones, cartelería dentro de los estadios u otros acuerdos de patrocinio, aunque con una exposición mucho menor que la que tenían al ocupar el pecho de las camisetas.

De esta manera, la Premier League avanza hacia un cambio histórico en su imagen comercial, dejando atrás una etapa en la que el juego online tuvo un protagonismo central dentro de una de las ligas más importantes del mundo.

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) dispuso la prohibición del uso, la comercialización, la distribución y la publicidad de una serie de cremas corporales, geles y bases cosméticas que eran ofrecidos a través de plataformas de comercio electrónico.

La decisión fue publicada en el Boletín Oficial luego de comprobar que los productos no contaban con la inscripción sanitaria obligatoria, una condición indispensable para garantizar que un cosmético pueda venderse legalmente en Argentina.

La medida alcanza a distintos geles neutros y cremas base de las marcas Quifam, Vepo, Ecotidy, Activa Lab y Nameco, entre otras, comercializados para uso cosmético y en algunos casos destinados a tratamientos de aparatología estética.

Según explicó la ANMAT, la investigación comenzó luego de que el área de Cosmetovigilancia recibiera denuncias sobre la venta de estos productos por internet. A partir de esas presentaciones, el organismo inició una serie de verificaciones para determinar si los artículos estaban registrados en la base oficial de cosméticos habilitados.

Durante ese procedimiento se comprobó que los productos denunciados no figuraban inscriptos en los registros correspondientes, pese a que eran promocionados y comercializados en plataformas de venta online. Además, sus rótulos carecían de la información sanitaria exigida por la normativa vigente.

Gel Neutro para todo tipo de aparatología, marca Quifam.

Crema Base Neutra Hidrosoluble, marca Quifam.

Gel Neutro Multifunción, marca Ecotidy.

Gel Neutro Multifunción, marca Vepo.

Crema Base sin acción terapéutica, marca Vepo.

Gel Neutro, marca Activa Lab.

Gel Neutro, marca Nameco.

Crema Base Neutra, marca Nameco.

La prohibición comprende todas las presentaciones, lotes, contenidos netos y fechas de vencimiento de estos productos.

El organismo sanitario remarcó que la ausencia de inscripción impide conocer dónde fueron elaborados, bajo qué condiciones se fabricaron y cuáles son los controles de calidad aplicados durante el proceso productivo. Por ese motivo, sostuvo que no existen garantías sobre su seguridad, eficacia o composición.

Además, la ANMAT aclaró que, al desconocerse el origen de los productos, tampoco es posible determinar si cumplen con los estándares exigidos para los cosméticos que se comercializan en el país. Esa situación representa un potencial riesgo para los consumidores y justifica la prohibición preventiva.

Como parte de la disposición, el organismo también ordenó que se retiren las publicaciones de estos productos de los sitios de comercio electrónico, con el objetivo de evitar que continúen ofreciéndose al público.

La medida forma parte de las acciones de fiscalización que realiza habitualmente la autoridad sanitaria para detectar productos ilegales que se comercializan fuera de los canales autorizados o sin cumplir con las exigencias regulatorias.

Desde la ANMAT recordaron que todos los cosméticos deben contar con un número de inscripción sanitaria visible en su envase. Ese registro permite identificar al fabricante, verificar el establecimiento donde fue elaborado el producto y asegurar que cumple con los controles previstos por la legislación argentina.

La recomendación para los consumidores es evitar la compra de cosméticos que no informen claramente sus datos de registro, especialmente cuando son ofrecidos exclusivamente por redes sociales o plataformas digitales sin información verificable sobre su origen.

También aconsejó desconfiar de aquellos productos que prometen múltiples beneficios pero no identifican al elaborador, no poseen datos de inscripción sanitaria o presentan etiquetas incompletas.

El organismo recordó que la compra de productos sin registro puede implicar riesgos para la salud, ya que no existe certeza sobre los ingredientes utilizados, las condiciones de fabricación ni el cumplimiento de las normas de calidad.

En los últimos meses, la ANMAT intensificó los controles sobre productos comercializados por internet. Las inspecciones alcanzaron alimentos, suplementos dietarios, medicamentos, cosméticos y artículos de higiene personal que eran ofrecidos sin autorización sanitaria o con registros falsificados.

Estas medidas buscan reducir la circulación de productos ilegales y brindar mayores garantías a los consumidores.

En este caso, la decisión tiene carácter preventivo y se mantendrá vigente mientras los productos no regularicen su situación administrativa. Hasta tanto eso ocurra, queda prohibido su uso, distribución, publicidad y comercialización en todo el territorio nacional.

La ANMAT recordó que cualquier persona puede consultar si un cosmético se encuentra habilitado a través de los registros oficiales y realizar denuncias cuando detecte productos de origen dudoso o sin la identificación correspondiente.

El objetivo, señaló el organismo, es fortalecer los controles y evitar que lleguen al mercado artículos cuya calidad y seguridad no pueden ser comprobadas.

El Litoral

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) prohibió este lunes el uso, la comercialización, la publicidad y la distribución de distintos dispositivos de acondicionamiento de agua de red domiciliaria y filtros de repuesto que se vendían en plataformas digitales sin contar con el correspondiente registro sanitario.

La disposición fue publicada en el Boletín Oficial y alcanza a productos de las marcas Vyse, Pideweb y Watercom, además de artículos comercializados por distribuidores identificados como Haru, Crafty Solution y Ecoaquas.

La decisión fue oficializada a través de la Disposición 2920/2026, firmada por el administrador nacional del organismo, Luis Eduardo Fontana, luego de una investigación iniciada a partir de tareas de monitoreo y fiscalización sobre publicaciones de venta online.

Según detalló ANMAT, durante los controles realizados por el Servicio de Domisanitarios y el Departamento de Domisanitarios, Cosméticos y Productos de Higiene Personal, se detectó la comercialización de filtros y dispositivos para acondicionar agua de red que no estaban inscriptos ante el organismo sanitario nacional, requisito obligatorio para garantizar la trazabilidad, seguridad y eficacia de este tipo de productos.

De acuerdo con la disposición publicada en el Boletín Oficial, los productos eran ofrecidos principalmente a través de plataformas digitales y redes de comercialización electrónica. En ese contexto, ANMAT detectó que varios de los artículos no tenían datos identificatorios claros ni información sobre establecimientos habilitados responsables de su fabricación o importación.

El organismo explicó que los productos involucrados pertenecían a las marcas Vyse, Pideweb y Watercom. Además, también se identificaron dispositivos vendidos sin marca comercial por distribuidores denominados Haru, Crafty Solution y Ecoaquas.

La investigación avanzó luego de que la Agencia de Recaudación y Control Aduanero realizara una consulta vinculada con la importación de productos que podrían encuadrarse dentro de la categoría de domisanitarios. A partir de allí, se logró identificar al titular de publicaciones asociadas a la marca Watercom en plataformas de comercio electrónico.

Según consta en la disposición oficial, la persona señalada es Matías Sebas Laura, con domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, quien quedó alcanzado por un sumario sanitario debido a presuntos incumplimientos de la normativa vigente.

ANMAT indicó además que la información sobre la identidad del titular de la tienda virtual fue aportada por la plataforma Mercado Libre, en función de los datos declarados por el propio usuario en su cuenta.

El organismo nacional remarcó que los productos prohibidos no cuentan con registros oficiales ni con empresas responsables habilitadas, situación que impide verificar aspectos esenciales relacionados con la calidad y seguridad sanitaria.

En ese sentido, ANMAT explicó que no es posible garantizar “la eficacia, seguridad y/o formulación con ingredientes permitidos” de los dispositivos comercializados, ya que se desconocen las condiciones de fabricación, importación y almacenamiento.

La disposición sostiene que estas medidas buscan proteger a potenciales compradores y usuarios frente a productos cuya procedencia y condiciones sanitarias no pueden ser verificadas por las autoridades.

Por ese motivo, el organismo resolvió prohibir en todo el territorio nacional el uso, la comercialización, la publicidad y la distribución de todos los lotes de los productos identificados como dispositivos de acondicionamiento de agua de red domiciliaria y filtros de repuesto de las marcas involucradas.

La prohibición también alcanza a cualquier dispositivo de acondicionamiento de agua que se comercialice sin marca identificatoria y sin el correspondiente rótulo.

Además de la prohibición, ANMAT ordenó iniciar un sumario sanitario contra el responsable vinculado a la comercialización de productos Watercom por presuntas infracciones a las resoluciones y disposiciones sanitarias vigentes.

Los dispositivos de acondicionamiento de agua domiciliaria forman parte de la categoría de productos domisanitarios, es decir, artículos destinados a la limpieza, desinfección o tratamiento dentro del ámbito doméstico.

En Argentina, estos productos deben estar registrados ante ANMAT para poder comercializarse legalmente. El registro permite verificar la composición, condiciones de elaboración, etiquetado, seguridad y funcionamiento de los dispositivos antes de que lleguen al mercado.

La normativa también exige que los productos incluyan información clara sobre el fabricante o importador, instrucciones de uso y datos de trazabilidad.

Desde el organismo nacional remarcaron que adquirir productos sin registro sanitario puede representar riesgos para la salud, especialmente cuando se trata de dispositivos destinados al tratamiento del agua de consumo.

El Litoral

El viernes, durante tareas de recorrida preventiva en Tacural, personal de la Subcomisaría N°3 observó a un hombre que, al percatarse de la presencia del móvil policial, intentó darse a la fuga. El individuo, de 29 años, fue rápidamente reconocido por los efectivos actuantes y detenido en el lugar. Las autoridades confirmaron que el sujeto poseía una prohibición de ingreso vigente a la localidad, motivo por el cual la fiscalía interviniente dispuso que pasara a revestir carácter de detenido mientras se instruyen las actuaciones correspondientes. La acción policial se enmarca dentro de los controles rutinarios para garantizar el cumplimiento de medidas judiciales y la seguridad en la comunidad.

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) ordenó la prohibición del uso, comercialización y distribución de una serie de productos de limpieza tras detectar irregularidades en su registro y control. La disposición fue publicada en el Boletín Oficial y alcanza a todo el territorio nacional.

La medida fue adoptada por el organismo luego de tareas de fiscalización que evidenciaron que los productos involucrados carecían de inscripción sanitaria, un requisito indispensable para garantizar su calidad, seguridad y eficacia.

Según se detalló en la Disposición 2406/2026, la prohibición alcanza a distintos artículos de limpieza de la marca LOMIR, entre ellos soluciones de hipoclorito de sodio, limpiavidrios multiuso y desinfectantes de superficies.

La ANMAT también dispuso la instrucción de sumarios sanitarios a las firmas involucradas y la comunicación de la medida a autoridades sanitarias y organismos de defensa del consumidor, con el objetivo de evitar la circulación de estos productos en el mercado.

El eje de la decisión radica en la falta de registro sanitario de los productos, lo que implica que no fueron evaluados por el organismo en términos de composición, eficacia ni seguridad.

Desde el organismo se advierte que este tipo de situaciones representa un riesgo potencial para los usuarios, ya que no se puede garantizar que los productos cumplan con los estándares mínimos exigidos. Además, la ausencia de información confiable sobre su origen o elaboración impide verificar su trazabilidad.

En este caso, los artículos alcanzados incluían productos de uso cotidiano, como desinfectantes y limpiadores para superficies o piscinas, lo que amplifica el impacto de la medida debido a su uso extendido en hogares y espacios públicos.

Las autoridades remarcaron que la comercialización de productos sin autorización constituye una infracción a la normativa vigente y puede derivar en sanciones para las empresas responsables.

El Litoral

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica dispuso la prohibición del uso, comercialización y distribución de una serie de productos de limpieza en todo el país. La medida, publicada en el Boletín Oficial, responde a irregularidades detectadas durante tareas de fiscalización, principalmente vinculadas a la falta de registro sanitario.

La decisión del organismo sanitario nacional vuelve a poner en foco los controles sobre los productos de uso cotidiano que circulan en el mercado. En este caso, se trata de artículos de limpieza —como desinfectantes, limpiavidrios y productos para piscinas— que no contaban con la debida autorización para su comercialización.

Según se detalla en la disposición oficial, las irregularidades fueron detectadas a partir de inspecciones realizadas en establecimientos donde se elaboraban o distribuían estos productos. Como consecuencia, la ANMAT no solo ordenó su retiro inmediato del mercado, sino que además inició sumarios sanitarios contra las firmas responsables.

El eje de la medida radica en la falta de inscripción sanitaria de los productos involucrados. Esto implica que no habían sido evaluados por la autoridad competente en aspectos clave como su composición, seguridad o eficacia.

Entre los artículos alcanzados por la disposición 2406/2026, figuran: “Solución de hipoclorito de sodio 85 gr cl/l. Desinfectante de superficies y agua de piscinas. LOMIR”, “Líquido multiuso limpiavidrios. LOMIR” y “Desinfectante para superficies. Alcohol 70°. LOMIR. Listo para usar”.

De acuerdo con lo informado, estos productos eran elaborados y comercializados por Química El Regreso S.R.L., ubicada en la localidad bonaerense de Lomas del Mirador, donde se constató la existencia de mercadería sin registro durante un procedimiento de inspección.

El hecho de que un producto domisanitario no esté registrado implica que no cumple con las normativas vigentes, lo que representa un potencial riesgo para la salud pública. En este sentido, desde el organismo remarcan que la ausencia de control impide garantizar condiciones básicas de calidad y seguridad.

Además, la ANMAT dispuso comunicar la medida a autoridades sanitarias de todo el país y a organismos de defensa del consumidor, con el objetivo de reforzar los controles y evitar la comercialización de estos productos en distintos puntos del territorio.

La prohibición de estos productos de limpieza se inscribe en una serie de medidas recientes adoptadas por la ANMAT frente a irregularidades detectadas en distintos rubros, desde cosméticos hasta insumos médicos.

En los últimos meses, el organismo avanzó con múltiples disposiciones que ordenaron el retiro de productos sin registro o con fallas en su trazabilidad. En todos los casos, el denominador común fue la falta de cumplimiento de las normativas sanitarias vigentes.

Este tipo de controles se intensificó especialmente en el comercio digital, donde muchas veces se detecta la venta de productos sin autorización. La ANMAT advierte que la comercialización en plataformas online sin verificación oficial amplifica el riesgo para los consumidores.

En ese contexto, la autoridad sanitaria insiste en la importancia de que los usuarios verifiquen que los productos cuenten con la correspondiente inscripción antes de adquirirlos. Esto se puede corroborar a través de etiquetas, rótulos y registros oficiales.

Por otra parte, las sanciones no solo alcanzan a los productos, sino también a las empresas responsables. Los sumarios sanitarios pueden derivar en multas, clausuras o inhabilitaciones, dependiendo de la gravedad de las irregularidades detectadas.

El Litoral

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica dispuso la prohibición, uso y comercialización de determinados lotes de una emulsión a base de óleo calcáreo destinada al cuidado de la piel infantil.

La medida, publicada en el Boletin Oficial, alcanza a productos de la marca Promarc (Fresh Club) y responde a la detección de un ingrediente restringido y a un caso concreto de irritación dérmica.

La investigación se inició a partir de la notificación de un evento adverso en una niña de dos meses y medio. Según se informó, la lactante presentó síntomas compatibles con una irritación dérmica en la zona donde se le había aplicado la emulsión limpiadora a base de óleo calcáreo.

Este tipo de productos suele utilizarse en la higiene diaria de los bebés, especialmente en el cambio de pañales, por lo que su seguridad resulta clave. La reacción observada generó la intervención inmediata de las autoridades sanitarias, que avanzaron con una inspección técnica en la planta elaboradora.

Durante las tareas de fiscalización, se constató la presencia de propilparabeno en la formulación del producto. Se trata de un conservante cuyo uso está restringido y no está autorizado para este tipo de cosméticos infantiles, de acuerdo con la normativa vigente.

La prohibición alcanza específicamente a la “Emulsión limpiadora a base de óleo calcáreo, marca Promarc, Fresh Club” en tres lotes determinados: 438, 552 y 162, con fechas de vencimiento en 2027 y 2026.

El principal motivo de la medida es el incumplimiento de las normas de seguridad. La utilización de propilparabeno en estos productos representa una infracción a las disposiciones sanitarias que regulan los ingredientes permitidos en cosmética infantil.

En este sentido, la normativa vigente —que incluye regulaciones nacionales y acuerdos regionales— establecía un plazo de adecuación para que los fabricantes reformularan sus productos. Ese plazo, fijado en 36 meses desde 2022, ya había vencido al momento de elaboración de al menos uno de los lotes observados.

La autoridad sanitaria determinó que el producto no cumplía con los estándares necesarios para garantizar un bajo nivel de riesgo, lo que motivó su retiro inmediato del mercado en todo el territorio nacional.

El propilparabeno es un conservante utilizado en distintos productos cosméticos por su capacidad para evitar el crecimiento de microorganismos. Sin embargo, su uso en productos destinados a bebés está limitado debido a los posibles efectos adversos.

Entre los principales riesgos se encuentra la irritación dérmica, tal como ocurrió en el caso que dio origen a la investigación. La piel de los lactantes es más delgada y permeable que la de los adultos, lo que aumenta la posibilidad de reacciones frente a ciertos compuestos químicos.

Además, el uso de ingredientes no autorizados vulnera el principio de seguridad que rige en la industria cosmética, donde se busca minimizar cualquier impacto negativo sobre la salud de los usuarios.

Por este motivo, las autoridades sanitarias refuerzan los controles sobre este tipo de productos y actúan con rapidez ante cualquier señal de alerta.

Como parte de la disposición oficial —identificada como Disposición 2194/2026—, la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica ordenó el retiro inmediato de los lotes afectados.

Asimismo, se instruyó un sumario sanitario tanto a la empresa titular del producto, PROMARC S.A., como al laboratorio elaborador, Laboratorios Inava S.A. Este procedimiento busca determinar responsabilidades y eventuales sanciones por el incumplimiento de la normativa vigente.

El retiro implica que las unidades no deben ser comercializadas ni utilizadas, y que deben ser retiradas de los puntos de venta para evitar su circulación.

A partir del 15 de abril, comenzará a aplicarse en Rafaela la normativa que prohíbe la actividad de los llamados “trapitos” o lavacoches en el microcentro. Así lo explicó el concejal oficialista Juan Scavino, quien defendió la medida, remarcó que responde a una decisión política del Ejecutivo local y aseguró que habrá un despliegue articulado para garantizar su cumplimiento.

“La verdad es que soy optimista. El intendente siempre tuvo claro que había que ordenar el microcentro fundamentalmente, y la ciudad en general”, señaló.

Según explicó, ya el año pasado se había intentado avanzar en ese sentido, aunque entonces faltaban herramientas normativas y consenso institucional. “Con el tema lavacoches hubo una iniciativa el año pasado, pero no había un marco legal ni la consistencia de todas las partes que sí hay ahora”, sostuvo.

Scavino detalló que la medida ya tiene respaldo formal desde febrero, a través de un decreto firmado por el intendente, que fijó un plazo de 60 días para informar la disposición antes de su aplicación efectiva.

“El dato es que desde el 15 de febrero hay un decreto, que tiene valor de norma, no es una ordenanza, pero sí un decreto del intendente, donde se prohíbe y se restringe la actividad del lavacoche a partir del 15 de abril”, explicó.

Consultado sobre ese plazo de espera, agregó: “¿Por qué sesenta días? Porque hubo un proceso de información que se produjo”.

En esa etapa, según indicó, no solo se comunicó la nueva disposición, sino también el modo en que se controlará su cumplimiento.

Uno de los puntos que subrayó el edil es que la normativa no apunta únicamente a quienes ofrezcan el servicio, sino también a quienes decidan contratarlos dentro de la zona restringida.

“Si quieren lavar el auto con un lavacoches en la zona ZEC, va a venir un inspector, de los muchos que van a estar circulando junto con la Policía y junto con la GUR, y les va a decir: esta multa la van a tener que pagar”, afirmó.

En esa línea, remarcó: “Van a ser infraccionados también quienes hagan lavar el auto”.

Para Scavino, esa decisión busca proteger a quienes muchas veces accedían al servicio por presión o temor. “El punto es darle al vecino una herramienta para decir: no te lo puedo dar porque, si no, me sancionan”, explicó.

El concejal aseguró que el esquema de aplicación de la norma contará con respaldo operativo en la calle para evitar conflictos y garantizar que la restricción se cumpla con rapidez.

“Vos me decís: sí, pero igual me da miedo. Va a estar la Policía”, afirmó.

Y añadió: “Hay un compromiso para que esto, en definitiva, sea controlado rápidamente. Por eso va a estar la Policía, va a estar Protección Vial y Comunitaria, va a estar la GUR ”.

Scavino sostuvo que, durante los 60 días previos a la entrada en vigencia de la norma, hubo distintas posturas en torno al tema, aunque aseguró que la mayoría de las personas abordadas por el Municipio reclamó una solución.

“Yo me imaginé que en estos sesenta días iba a aparecer un equilibrio entre aquellos que seguían reclamando orden y que desaparezcan los trapitos a cualquier precio, y otros que entendían que era una problemática social”, expresó.

Sin embargo, aseguró que la demanda más extendida fue otra. “Sinceramente, el grueso de la gente que fue abordada por el personal municipal en estos sesenta días quería orden, quería el acomodamiento de la ZEC por infinidad de motivos”, afirmó.

Entre esos motivos, enumeró: “Había situaciones de consumo, situaciones violentas, enfrentamientos entre los propios lavacoches y una reducción notable en la facturación de los comercios”.

También señaló que hubo un trabajo específico con los usuarios y comerciantes del sistema de estacionamiento controlado. “Hubo mucha concientización al comerciante y al usuario de la ZEC, que ya paga para estar tranquilo. Ahí también hay una coherencia que se busca”, indicó.

Más allá del aspecto vinculado al control del espacio público, Scavino explicó que desde el Estado local también se avanzó en un relevamiento de las personas que realizaban esta actividad, con el objetivo de distinguir situaciones y diseñar respuestas diferentes.

“En el trabajo articulado del Estado también se abordó a los lavacoches. Se sabía que había algo más de ochenta, se sabía su nivel de escolaridad, si eran titulares o no de un inmueble, si tenían hijos y demás”, señaló.

A partir de ese diagnóstico, dijo, se establecieron cuatro grupos. “Ahora hubo una segmentación donde se determinaron cuatro grupos”, explicó.

Sobre los dos primeros, precisó: “El primer grupo tiene una autonomía laboral consolidada, es decir, gente que efectivamente trabajaba de lavacoches, hasta te diría de forma exclusiva. Después hay un segundo grupo donde esa autonomía laboral estaba en proceso de consolidación: el lavacoche era una actividad real, pero tal vez part time o complementada con otra tarea”.

En cambio, describió a los otros dos grupos como los más complejos. “El tercero tiene niveles de vulnerabilidad en muchos aspectos, y el cuarto niveles extremos de vulnerabilidad y prácticamente una negación a la aceptación de límites y pautas de armonía social”, sostuvo.

En cuanto a las respuestas previstas, Scavino señaló que algunos casos tienen posibilidades concretas de inserción laboral, mientras que otros requieren un abordaje más asistencial y de acompañamiento.

“Tengo que decir que la Oficina de Empleo ha recibido diez o doce casos donde efectivamente se puede hablar de una empleabilidad razonable, posible”, afirmó.

Según explicó, algunos podrían acceder a un empleo con herramientas básicas de inserción. “Algunos tendrán la chance del armado de un buen currículum y alguna vinculación con el sector privado”, dijo.

Otros, en cambio, serían orientados hacia oficios concretos. “Otros recibirán el kit de jardinería, de gastronomía, de albañilería o de pintura”, detalló.

Por último, indicó que en los casos de mayor vulnerabilidad el abordaje será de contención. “El resto, fundamentalmente los grupos tres y cuatro, que son los mayoritarios, allí el Estado contiene. Allí el Estado provee herramientas para que vayan, por ejemplo, al DIAT o al centro de día”, concluyó.

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica dispuso la prohibición total de uso, comercialización y distribución de un perfume tras detectar serias irregularidades en su elaboración y dudas sobre su seguridad. La decisión impacta en todo el territorio nacional y ordena además el retiro inmediato del lote involucrado del mercado.

A través de la Disposición 1859/2026 publicada en el Boletín Oficial, el organismo nacional resolvió prohibir el producto “Extracto de Perfume Thone”, de la marca Leduft, correspondiente al lote 1469 con vencimiento en junio de 2027.

La medida se originó tras tareas de cosmetovigilancia que detectaron un desvío de calidad: la presencia de partículas extrañas en el producto. Este hallazgo encendió las alarmas sanitarias y dio inicio a una investigación más profunda sobre el origen y las condiciones de elaboración del perfume.

Según se detalla en la disposición, el producto estaba registrado ante la ANMAT y vinculado a un laboratorio habilitado. Sin embargo, al avanzar con las averiguaciones, se comprobó que ese establecimiento no participó en la elaboración del lote cuestionado.

Este dato clave llevó a las autoridades a sospechar de una posible usurpación de identidad sanitaria, ya que el número de legajo del laboratorio figuraba en el etiquetado del producto, pero sin haber intervenido en su fabricación.

Otro elemento central del caso es la declaración de la propia empresa titular del producto, Grupo Leduft S.A. La firma reconoció que el lote en cuestión fue elaborado en una instancia inicial y experimental, en instalaciones que no estaban habilitadas oficialmente para esa actividad.

Además, admitió que algunas unidades de ese lote salieron del circuito de control interno antes de cumplir con los requisitos regulatorios exigidos para este tipo de productos.

Este punto resulta especialmente crítico desde el punto de vista sanitario: al no haberse producido bajo condiciones controladas ni en establecimientos autorizados, no existe certeza sobre la composición del perfume ni sobre los ingredientes utilizados.

En ese marco, la ANMAT advirtió que no es posible garantizar la seguridad, eficacia ni calidad del producto, lo que representa un riesgo potencial para los consumidores.

Frente a este escenario, el organismo resolvió avanzar con una serie de medidas. En primer lugar, prohibió el uso, la comercialización, la publicidad y la distribución del lote afectado en todo el país.

Además, ordenó a la empresa el recupero inmediato del producto del mercado, es decir, su retiro de los puntos de venta y canales de distribución, incluyendo plataformas online.

En paralelo, se dispuso la instrucción de un sumario sanitario contra la firma, por presuntas infracciones a la normativa vigente, entre ellas la Ley de Medicamentos N° 16.463, que prohíbe la circulación de productos ilegítimos o impuros.

La medida también fue comunicada a las autoridades sanitarias de todas las provincias y a organismos vinculados a la defensa del consumidor, con el objetivo de reforzar los controles y evitar que el producto siga circulando.

El Litoral

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) dispuso este lunes una medida que afecta la comercialización de una serie de productos destinados al cuidado del cabello en todo el territorio argentino.

La decisión, formalizada mediante la Disposición 886/2026 publicada en el Boletín Oficial de la República Argentina, prohíbe su uso, venta, distribución e incluso su exposición en plataformas de comercio electrónico. La medida responde a la detección de irregularidades que implican potenciales riesgos para la salud de los usuarios.

Según la normativa oficial, la prohibición rige para todos los lotes, fechas de vencimiento y presentaciones de los productos de la marca “CIENCIA COSMÉTICA” que se detallan en el texto de la disposición. Entre ellos figuran tratamientos de alisado, shampoos y mascarillas que se encontraban en el mercado sin los requisitos de inscripción sanitaria exigidos por la autoridad regulatoria.

Los artículos afectados son:

Alisado Cereza 100% orgánico (sin datos de inscripción sanitaria en el rótulo)

Alisado Blond Glow liss y shampoo Blond Glow liss

Tratamiento laminador Blond Glow liss Paso 3

Alisado Bio nanoplastía

Polvo decolorante platinum lifting powder

Máscaras matizadoras (silver black, ice pink para rubios y black silver)

Shampoo shock Oro Supreme 24K

Protector térmico Blond Glow liss

Bálsamo Bio plasma con células madre

Máscara capilar Bio plasma

Shampoo Bio plasma con células madre

La ANMAT determinó que estos productos no solo carecen de la debida inscripción sanitaria en sus rótulos, sino que tampoco figuran en los registros oficiales del organismo. Esto significa que su fabricación, importación y comercialización se encontraban fuera del marco legal que protege la seguridad y calidad de los cosméticos comercializados en el país.

La inscripción sanitaria es un requisito que, según las normas vigentes, debe demostrar que los ingredientes y la elaboración de un producto cumplen con estándares que garantizan que no representen un riesgo para la salud. La ausencia de esa información impide su trazabilidad y control, además de dejar sin respaldo técnico su composición y seguridad.

La medida abarca, además, la prohibición de promocionar o publicar estos artículos en plataformas de venta online. Esto implica que los sitios de comercio electrónico deberán retirar inmediatamente las publicaciones relacionadas con dichos productos, para evitar que continúen siendo ofrecidos a consumidores sin las garantías sanitarias mínimas exigidas por la ley.

Las acciones de la ANMAT buscan resguardar a la población frente al consumo de productos que no han sido evaluados y que, por lo tanto, podrían contener sustancias o formulaciones que impliquen efectos adversos sobre la salud.

La normativa vigente en Argentina exige que todos los productos cosméticos y de higiene personal contengan la inscripción sanitaria correspondiente antes de ser comercializados legalmente en el país.

Este tipo de medidas no es aislado: en otras oportunidades, el organismo ha intervenido para retirar del mercado artículos cos- métricos, domisanitarios o de higiene que no cumplían con los requisitos regulatorios, advirtiendo sobre los riesgos que ello conlleva para los usuarios si se utilizan productos sin control oficial.

Para los consumidores, las autoridades sanitarias recomiendan verificar siempre la existencia de número de registro en los envases de productos cosméticos o de cuidado personal antes de adquirirlos. Si un artículo no exhibe la inscripción sanitaria o esta resulta inexistente en las bases oficiales de la ANMAT, su uso puede representar un peligro potencial.

Además, la difusión de estos productos a través de redes sociales o plataformas de comercio electrónico suele dificultar el seguimiento del cumplimiento de las normas sanitarias. Por ello, la prohibición también alcanza la publicidad en línea, con el objetivo de disminuir la circulación de artículos no autorizados.

En caso de dudas o sospechas sobre la legalidad de un producto, los usuarios pueden consultar la página oficial de la ANMAT, donde se encuentra disponible un registro actualizado de los productos cosméticos y de higiene personal habilitados para la venta en Argentina. Las cámaras empresariales del sector y distribuidores también pueden asesorar sobre la documentación que respalda la comercialización de estos artículos.

La prohibición publicada en el Boletín Oficial representa una intervención directa para proteger a los consumidores y confirma la vigilancia constante de la autoridad sanitaria sobre productos que, por su uso frecuente en la población, deben estar sujetos a controles estrictos

El Litoral

El viernes 13 de febrero el intendente de la ciudad de Rafaela Leonardo Viotti, firmó un decreto mediante el cual se prohíbe totalmente la actividad de lavado de autos en la zona de estacionamiento controlado. El área comprende el sector céntrico, principalmente alrededor de la Plaza 25 de Mayo, el bulevar Santa Fe hasta la Jefatura de Policía, y se extiende a los primeros tramos de los bulevares Lehmann, Roca e Yrigoyen. 

La situación con los lavacoches no tenía conformes a los vecinos de la ciudad de Rafaela, ya que muchos se mostraban insistentes e incluso insultaban a quienes no aceptaban el servicio, llegando en algunos casos a provocar daños materiales en los vehículos. La problemática lleva años y ninguna gestión había logrado darle una solución efectiva.

Además, estos trabajadores informales amedrentaban a comerciantes para que les entregaran cambio u otros elementos para realizar la actividad. Existen varios grupos de “trapitos” que trabajan desde hace tiempo —los más conocidos se ubican alrededor de la plaza y suelen ser los más conflictivos—, aunque también hay quienes realizan su tarea con respeto y sin molestar. Pero, la medida alcanza a todos. 

Otra parte importante de los vecinos también manifestó su disconformidad con la medida, al señalar que muchos de los trapitos y sus familias dependen de ese ingreso para subsistir diariamente. En ese sentido, advirtieron que la problemática es social y económica, y que una prohibición por sí sola no resolvería el trasfondo de la situación. Además, expresaron desconfianza frente a las supuestas soluciones planteadas, al considerar que en otras oportunidades solo quedaron en promesas sin políticas de acompañamiento ni alternativas laborales concretas.

La medida comenzará a aplicarse formalmente el 15 de abril, una vez cumplidos los 60 días de información y notificación previstos en el decreto. En este sentido, Germán Bottero, secretario de Gobierno y Modernización, comentó cómo será la campaña de concientización y la logística para poner en marcha el decreto “antitrapitos”.

“Lo único que nosotros podemos hacer es prohibir la actividad como una contravención. Hasta ahí llega la facultad del municipio”, se explicó. La herramienta legal disponible es la multa, tanto para quien realice la actividad como para quien la contrate.

La normativa no solo alcanzará a los llamados “trapitos”, sino también a los propietarios de vehículos que permitan el lavado en la vía pública y a los comercios que colaboren con la práctica.

“Al prohibir la actividad vos prohibís a quien la realiza, el trapito, pero también a quien se deja hacer ese trabajo y hay una extensión hacia los comercios para que tampoco colaboren”, señalaron.

En ese sentido, se apuntó a desalentar cualquier forma de apoyo logístico: “Sabemos que muchos prestan agua, guardan los baldes, guardan los trapos. Tratamos de involucrar a todos porque estas situaciones deben abordarse integralmente”.

Desde el Ejecutivo aclararon que la intención no es recaudatoria. “No queremos cobrar plata, queremos desalentar una actividad en un radio limitado”, remarcaron.

Durante los 60 días previos a la entrada en vigencia, se desarrollará una fuerte campaña informativa.

Voluntarios de Defensa Civil recorrerán la zona de estacionamiento controlado para informar a quienes estacionen vehículos que a partir del 15 de abril la actividad no estará permitida.

“Se les va a decir que por favor no se dejen lavar el auto y si sufren alguna amenaza vamos a entregar un QR para hacer una denuncia anónima”, explicaron.

También se visitará a los comercios del área para pedirles que no colaboren con la práctica y que ante cualquier situación informen rápidamente a la policía, la GUR o fuerzas de seguridad que patrullen el sector.

En paralelo, el Municipio buscará ofrecer alternativas a quienes desarrollan esta actividad. Las áreas de Desarrollo Humano y Desarrollo Económico trabajarán en encuentros individuales para proponer capacitaciones y oficios.

“Estamos pensando en cuestiones que tienen que ver con jardinería, pintura, albañilería, bloqueras para hacer bloques de cemento, distintas cuestiones como para ofrecer una respuesta”, detallaron.

Se reconoce que la transición no será sencilla. “Sabemos que no va a ser fácil y que no todos lo van a tomar. Salir de la informalidad, que te da dinero todos los días en el centro, no va a ser bien recibido por todos”, admitieron.

También se señaló que existen situaciones complejas vinculadas a consumos problemáticos u otras dificultades sociales. “Desde lo social tenemos que estar atentos y prestar especial atención a quienes manifiesten voluntad, acompañarlos, asistirlos y ayudarlos”.

La implementación comenzará el 15 de abril, en un esquema que busca combinar prohibición, control y contención social en un abordaje integral de la problemática.

Este viernes 13 de febrero, alrededor de las 10 de la mañana, en el despacho municipal, el intendente Leonardo Viotti firmó un decreto que prohíbe el lavado y cuidado de vehículos en la vía pública dentro del área delimitada como Zona de Estacionamiento Controlado en la ciudad de Rafaela.

La norma deroga el Decreto N° 48.180, que había intentado regular la actividad mediante un registro de personas, y establece directamente la prohibición de las tareas de cuidado, lavado o limpieza de automotores y motocicletas en la vía pública, ya sea de forma gratuita u onerosa.

El decreto no solo alcanza a quienes realizan la actividad, sino también a conductores y propietarios de vehículos que acepten el servicio, así como a quienes faciliten o incentiven la práctica. Se considerará como conducta que promueve la actividad la provisión de agua, elementos o productos de limpieza.

Las infracciones serán sancionadas con multas de entre 3 y 100 Unidades de Multa (U.M.) -alcanzando asi la multa máxima los 160.000 pesos aproximadamente- y el juzgamiento estará a cargo de los Juzgados de Faltas Municipales.

En los considerandos, el Ejecutivo señala que la actividad de lavado de vehículos en la vía pública generó en los últimos años numerosos reclamos de vecinos y comerciantes, además de inconvenientes en la fluidez del tránsito y situaciones que podrían encuadrarse en el Código de Faltas Provincial o incluso en el Código Penal.

También se menciona que si bien para algunas personas representa una fuente de ingreso en contextos de vulnerabilidad, la normativa anterior no logró regular de manera eficiente la actividad y actualmente no existen lavacoches registrados.

El decreto destaca además episodios de actitudes agresivas hacia conductores, personal municipal y efectivos policiales, así como problemas vinculados al uso del espacio público, el agua, la seguridad y la salubridad.

La Secretaría de Gobierno y Modernización y la Secretaría de Prevención y Seguridad serán autoridad de aplicación de la medida, con intervención del Departamento de Protección Vial y Comunitaria y la Guardia Urbana Rafaelina.

Además, se coordinarán acciones con la Unidad Regional V de Policía de la Provincia de Santa Fe y se ordenó al Centro de Monitoreo Urbano realizar un relevamiento de cámaras en la zona para reforzar los controles.

En caso de que las conductas detectadas encuadren en el Código de Faltas Provincial o en el Código Penal, se deberán formular las denuncias correspondientes ante la autoridad competente.

El decreto autoriza la implementación de una campaña de difusión y la colocación de cartelería informativa en la Zona de Estacionamiento Controlado.

Asimismo, se establece un plazo de tolerancia de 60 días desde la firma de la norma, período durante el cual deberá realizarse una campaña de concientización dirigida a la ciudadanía sobre los alcances de la nueva disposición.

En paralelo, se ordenó a las Secretarías de Desarrollo Humano y Salud y de Desarrollo Económico, Innovación y Empleo el acompañamiento y seguimiento de las personas que actualmente desarrollan estas tareas, con el objetivo de promover procesos de inserción laboral progresiva y abordaje social.

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) dispuso la prohibición del uso, comercialización y distribución de una serie de cosméticos infantiles que se encontraban a la venta sin contar con el correspondiente registro sanitario.

La medida, que rige en todo el territorio nacional, fue publicada en el Boletín Oficial y apunta a proteger la salud de la población infantil frente a productos cuya composición, origen y condiciones de elaboración no pudieron ser verificadas por la autoridad competente.

La disposición se inscribe en el marco de las tareas de fiscalización y control que el organismo lleva adelante de manera permanente sobre productos para la salud, especialmente aquellos destinados a niños, un grupo considerado de mayor vulnerabilidad.

Según se detalla en la Disposición 221/2026, la decisión se originó a partir de diversas inspecciones de control de mercado realizadas de oficio por personal del Servicio de Productos Cosméticos e Higiene Personal de la ANMAT en locales comerciales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Durante esos procedimientos, efectuados entre noviembre y diciembre de 2025, se constató la comercialización de cosméticos infantiles que carecían de datos obligatorios de inscripción sanitaria en su rotulado.

Entre los productos detectados se encuentran kits de maquillaje, sets de belleza, bases líquidas y perfumes dirigidos al público infantil, comercializados bajo marcas y denominaciones llamativas, muchas de ellas asociadas a personajes conocidos o diseños atractivos para niños y niñas.

Sin embargo, ninguno de estos artículos contaba con información que permitiera acreditar su autorización ante la ANMAT.

Al consultar la base de datos oficial de cosméticos inscriptos, el organismo confirmó que no existían registros que se correspondieran con los datos identificatorios presentes en los envases de los productos relevados, lo que los convierte en cosméticos ilegítimos desde el punto de vista sanitario.

La medida prohíbe expresamente el uso, la comercialización, la publicidad, la distribución y también la oferta en plataformas de venta online de los siguientes productos, en todas sus presentaciones, lotes, vencimientos y contenidos netos:

Se incluyen, entre otros, el kit de belleza “Pequeña Pupina” de la marca “Bebés Llorones”, sets de maquillaje sin marca identificada como “Labubus”, juegos de maquillaje artístico “Lilo & Stitch” de la marca “Pequeña Diseñadora”, sets de belleza “Disney Princesses”, “Piku” y “My Little Pony”, una base líquida con color marca “Bicgerbowe” y un set de maquillaje en estuche plegable “Hello Kitty” de la marca “Iman of Noble”. También se prohibió un perfume infantil con vaporizador denominado “Sunshine”, marca “Victorious Final”

En todos los casos, la ANMAT constató la ausencia de datos esenciales en el rotulado, como número de registro sanitario, lote, establecimiento elaborador habilitado o información del importador responsable.

Desde el organismo explicaron que la falta de inscripción sanitaria impide conocer si estos productos fueron elaborados bajo condiciones higiénico-sanitarias adecuadas y si su formulación incluye ingredientes permitidos por la normativa vigente.

Esta situación representa un riesgo potencial para la salud, especialmente en niños, cuya piel es más sensible y propensa a reacciones adversas.

La disposición recuerda que la Ley Nacional N° 16.463 prohíbe expresamente la elaboración, tenencia y comercialización de productos impuros o ilegítimos, mientras que la Resolución ex Ministerio de Salud y Acción Social N° 155/98 establece que solo pueden comercializarse cosméticos registrados ante la ANMAT y producidos por establecimientos habilitados, bajo la dirección técnica de un profesional universitario matriculado

En este contexto, la ANMAT consideró necesario adoptar una medida preventiva de alcance nacional para resguardar a los consumidores y evitar la exposición a productos que no cumplen con los estándares de seguridad exigidos.

El Litoral

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) adoptó en los últimos días una serie de medidas de fuerte impacto sanitario que apuntan a reforzar los controles sobre productos que pueden afectar directamente la salud de la población.

Por un lado, prohibió el uso, comercialización y distribución de un destapacañerías por graves incumplimientos a la normativa vigente. Por otro, actualizó el marco regulatorio para la importación de productos médicos usados, con el objetivo de facilitar el acceso a equipamiento sin descuidar la seguridad de pacientes y usuarios.

Ambas decisiones fueron oficializadas a través de disposiciones publicadas en el Boletín Oficial y se enmarcan en una estrategia más amplia de fiscalización, control y adecuación normativa frente a los cambios introducidos recientemente en el comercio exterior.

Mediante la Disposición 193/2026, la ANMAT prohibió en todo el territorio nacional el uso, la comercialización y la distribución del producto destapacañerías marca “Clinsy”, luego de constatar múltiples irregularidades vinculadas a su elaboración, composición y rotulado

Las actuaciones se iniciaron a partir de una consulta recibida por el Servicio de Domisanitarios del organismo, que alertó sobre posibles incumplimientos normativos.

Al analizar el producto, los inspectores detectaron que la información consignada en la etiqueta no coincidía con ningún registro vigente en la base de datos oficial de la ANMAT, lo que generó dudas sobre su legitimidad.

Si bien la firma Villard y Louis S.A. figura como titular del registro del destapacañerías Clinsy, se comprobó que la composición declarada en el rótulo del producto en circulación difería sustancialmente de la aprobada oficialmente.

Mientras que el registro habilitado contempla concentraciones mucho menores de principios activos, el producto investigado indicaba niveles significativamente más altos de hidróxido de sodio e hipoclorito de sodio, sustancias corrosivas que pueden resultar peligrosas si no se utilizan bajo estrictos estándares de seguridad.

Durante el proceso, la empresa reconoció que se trataba de un lote identificado como L1S23, que habría sido reprocesado a partir de productos devueltos por un cliente debido a envases dañados y faltantes de etiquetas. Esa maniobra incluyó la asignación de una nueva fecha de vencimiento, una práctica expresamente prohibida por las Buenas Prácticas de Fabricación y Control de Productos Domisanitarios

Además, se verificó que el reprocesamiento se habría realizado en un establecimiento no habilitado, perteneciente a la firma Grido S.A., cuya autorización había sido dada de baja previamente por la propia ANMAT. Los análisis efectuados sobre las muestras confirmaron que la concentración del principio activo no coincidía con la aprobada, lo que motivó el retiro inmediato del producto del mercado.

Frente a este escenario, el organismo no solo dispuso la prohibición del destapacañerías, sino que también ordenó la instrucción de sumarios sanitarios contra ambas empresas y sus directores técnicos, por presuntas infracciones a la normativa vigente en materia de productos domisanitarios

En paralelo, la ANMAT avanzó en la actualización del régimen aplicable a la importación de productos médicos usados, a través de la Disposición 224/2026, que deroga la normativa anterior y se adecua a los cambios introducidos por el Decreto Nacional 273/2025

La nueva regulación responde a la necesidad de armonizar los controles sanitarios con un esquema de mayor apertura comercial, que permita a hospitales, clínicas y centros de salud acceder a equipamiento médico a menor costo, sin comprometer la seguridad ni la eficacia de los dispositivos utilizados en la atención de pacientes.

Entre los principales cambios, se establece que podrán importarse productos médicos usados o reacondicionados, siempre que no se trate de dispositivos de “uso único” ni de bienes cuya importación esté expresamente prohibida por razones sanitarias.

La norma distingue entre productos reacondicionados en el exterior, equipos usados que no requieren reacondicionamiento y aquellos que serán reacondicionados en la Argentina por establecimientos habilitados.

Para los productos de riesgo bajo y moderado (clases I y II), se implementa un sistema de Aviso de Importación, que debe presentarse ante la ANMAT dentro de las 48 horas de nacionalizado el producto, junto con la documentación que acredite su correcto funcionamiento y condiciones de seguridad.

En el caso de los dispositivos de mayor riesgo (clases III y IV), se mantiene la exigencia de una autorización previa de importación, acompañada de certificados y verificaciones más estrictas

La disposición también detalla quiénes están habilitados para importar estos productos: los propios usuarios, como hospitales o clínicas, y las empresas que cuenten con autorización para importar, fabricar o reacondicionar productos médicos, de acuerdo con la normativa vigente.

Desde la ANMAT remarcaron que ambas medidas persiguen un mismo objetivo: proteger la salud pública, fortaleciendo los controles sobre productos que, por su naturaleza, pueden generar riesgos si no cumplen con los estándares exigidos.

En el caso del destapacañerías, se trata de un producto de uso doméstico que, ante una formulación incorrecta o un rotulado engañoso, puede provocar quemaduras, intoxicaciones o accidentes graves.

En cuanto a los productos médicos usados, la actualización normativa busca ampliar el acceso al equipamiento sin resignar seguridad, especialmente en un contexto donde muchos efectores de salud enfrentan restricciones presupuestarias.

Las disposiciones ya fueron comunicadas a las autoridades sanitarias provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y su cumplimiento será fiscalizado mediante controles en comercios, establecimientos industriales y operaciones de importación. Toda infracción a lo dispuesto será pasible de sanciones, conforme a lo establecido por la Ley 16.463 y su normativa complementaria .

El Litoral

La Unión Europea puso en marcha una normativa ambiental más estricta que obliga a las aerolíneas a eliminar progresivamente los plásticos descartables en los vuelos, en un nuevo paso para reducir la contaminación y el impacto ambiental del transporte aéreo.

Además de los elementos utilizados durante el servicio a bordo, la iniciativa también alcanza a los aeropuertos y a las empresas que operan en tierra, ya que busca modificar prácticas extendidas en toda la cadena del transporte aéreo.

La medida se inscribe dentro de la estrategia climática del bloque europeo, que apunta a disminuir los residuos generados por actividades de alto movimiento de pasajeros y a promover un modelo más sustentable para el sector turístico y comercial.

A través de una legislación ambiental recientemente aprobada, el bloque europeo busca erradicar los plásticos de un solo uso dentro de la industria aeronáutica, una de las más cuestionadas por su huella ecológica.

La norma alcanza a elementos habituales en los servicios de abordo, como vasos, cubiertos, envoltorios y envases descartables que se utilizan durante los vuelos comerciales.

Las autoridades europeas sostienen que la aviación genera una gran cantidad de residuos plásticos que terminan en rellenos sanitarios o en el ambiente.

El objetivo es que las aerolíneas adopten materiales reutilizables, biodegradables o reciclables, en línea con el Pacto Verde Europeo.

La medida no se limita a lo que ocurre dentro del avión. También apunta al uso de film plástico para envolver equipaje en los aeropuertos, una práctica extendida en terminales aéreas y considerada altamente contaminante por su carácter descartable.

Según el cronograma establecido por las autoridades comunitarias, la normativa comenzará a aplicarse de manera progresiva a partir de 2026 en los 27 países que integran la Unión Europea.

La implementación será escalonada, con plazos diferenciados para aerolíneas y operadores aeroportuarios, con el fin de permitir la adaptación de los servicios y la incorporación de materiales reutilizables o biodegradables en reemplazo de los productos plásticos de un solo uso.

Los viajeros notarán cambios en el servicio:

Menos envases descartables.

Uso de materiales alternativos en comidas y bebidas.

Reducción de productos plásticos en cabina.

Desde la industria aérea advierten que la adaptación será progresiva y que implicará una reorganización logística y de costos.

La iniciativa europea podría convertirse en modelo para otros países y regiones, en momentos en que crece la presión internacional para que el sector aeronáutico reduzca su impacto ambiental.

La nueva ley marca un giro en la relación entre aviación y medio ambiente: Europa no solo busca volar más, sino hacerlo con menos plástico y menor daño ecológico, trasladando el compromiso ambiental también a los cielos.

El Litoral