La Fiscalía Federal de Rafaela autorizó la incineración de un importante cargamento de drogas, un procedimiento histórico por la cantidad de material involucrado, estimado en aproximadamente 14 millones de dólares. La operación se realiza mediante un crematorio privado contratado específicamente para garantizar la correcta destrucción de los estupefacientes.

“Lo natural y lo que corresponde es que la incineración se produzca por disposición de la Fiscalía Federal de Rafaela”, explicó la fuente judicial. El lugar exacto de la quema puede variar según la ubicación del material, pudiendo realizarse en Rafaela, Santa Fe o en otra jurisdicción, dependiendo de la logística y el tipo de droga involucrada.

En total, ocho imputados forman parte del expediente, incluidos dos condenados de nacionalidad boliviana y seis argentinos provenientes de distintas provincias, como Formosa, Chaco, Jujuy y Córdoba.

Según indicó la Fiscalía, estas personas no habrían tenido capacidad económica para adquirir el estupefaciente, y la investigación apunta a que bandas narco de Bolivia contrataban a ciudadanos locales para la logística y transporte del material. “La hipótesis con la que trabajamos es que bandas narco criminales de otros países, puntualmente de Bolivia, contratan los servicios de estas personas para hacer la logística local del transporte de estupefaciente, que puede entrar por frontera terrestre o aérea, y luego se deposita en campos en el norte del país, desde donde se lleva a puerto”, señaló la fuente.

El operativo también se enmarca dentro de un contexto regional de producción y tráfico de drogas. Bolivia es uno de los principales productores de cocaína de la región, y se estima que genera entre 300 y 380 toneladas anuales, según datos de Naciones Unidas. La ruta 34 se consolidó como un corredor clave para trasladar estupefacientes hacia puertos en Santa Fe, Buenos Aires y Montevideo, aunque también se considera que parte del cargamento se destina al mercado local.

El alcance de las investigaciones en Rafaela también abarca procedimientos de microtráfico. La Fiscalía mantiene en curso investigaciones y trabaja de manera coordinada con distintos organismos, incluidos el Ministerio Público de la Acusación y autoridades municipales. “Tenemos en curso investigaciones a lo que hay que sumar procedimientos de prevención, como estos tres casos de los que estamos hablando hoy”, explicó la fuente.

La colaboración con el secretario de seguridad local y el fiscal regional de Carlos Pellegrini garantiza el intercambio de información y fortalece el control de las operaciones en la región. La autoridad aclaró que no existe un umbral legal específico que diferencie microtráfico de narcotráfico: depende de cada caso y las circunstancias de la actividad detectada.

El área de intervención en la provincia de Santa Fe abarca departamentos como 9 de Julio, San Martín, San Cristóbal y gran parte de Castellanos, incluyendo además la mitad del departamento de Las Colonias, en coordinación con la fiscalía de Santa Fe. Este territorio coincide con rutas estratégicas, como la Ruta 34, utilizada para el traslado de estupefacientes.

La quema histórica de drogas representa un hito en la jurisdicción federal de Rafaela, asegurando tanto la destrucción del material como la trazabilidad de la operación y la seguridad del procedimiento.

Por: Joaquín Fidalgo.-

564 kilogramos de clorhidrato de cocaína fueron incinerados este jueves en el Crematorio Eco Parque de la ciudad de Rafaela, cabecera del departamento Castellanos. El predio está ubicado sobre la ruta nacional 34, la misma en la que se secuestró casi toda esa droga en distintos operativos de la Gendarmería Nacional.

El estupefaciente que fue destruido fue valuado en casi 14 millones de dólares, según cálculos de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero. Todo se concretó en medio de un estricto operativo de seguridad.

La quema se llevó a cabo por disposición de la Fiscalía Federal que encabeza el doctor Jorge Gustavo Onel, quien previamente dispuso las medidas necesarias para asegurar la trazabilidad de los narcóticos (con tomas de muestras y contramuestras de cada caso).

La más de media tonelada de cocaína había sido secuestrada en tres operativos preventivos que ejecutaron uniformados de la Gendarmería Nacional.

En la camioneta

El primero sucedió el 30 de noviembre del año pasado, sobre la ruta nacional 34, en jurisdicción de la ciudad de Ceres.

Allí, los gendarmes hicieron detener a una camioneta que tenía algún tipo de desperfecto mecánico. El conductor era un albañil cordobés que se puso nervioso al ser entrevistado y entró en contradicciones.

Por orden de la fiscalía, el vehículo fue requisado y en distintos compartimientos ocultos había 106 kilos de cocaína en panes compactos, con la imagen de un delfín en cada uno de ellos.

La perrita especialmente adiestrada Sasha prestó valiosa colaboración.

Después de distintas tareas de inteligencia, también fue arrestada una mujer que había participado de la maniobra como “puntera”, en otro auto, haciendo apoyo logístico al detenido. Ella cayó cuando trataba de abordar un avión hacia Bolivia, su país, con 33 mil dólares escondidos entre sus pertenencias. Ambas personas ua fueron imputadas y permanecen en prisión preventiva.

Los investigadores presumen que hay más personas involucradas, por lo que las tareas de inteligencia continúan.

Pasajeros

El segundo de los decomisos tuvo lugar muy cerca del anterior, también sobre la ruta nacional 34.

En un puesto de control preventivo, y también con el apoyo de Sasha, los gendarmes bajaron de un micro a dos hombres de nacionalidad boliviana.

La perrita los marcó y no se equivocó. Se trataba de “mulas”. Al ser sometido a estudios de rayos X, se pudo comprobar que habían tragado cápsulas con droga.

Luego de un acuerdo pleno con la fiscalía, ambos fueron condenados a cuatro años de prisión de cumplimiento efectivo en el país. Su defensa había solicitado la expulsión hacia Bolivia, pero no tuvo éxito el pedido.

Toro

El resto de la cocaína se incautó el 28 de febrero de este año en el cruce de rutas provinciales 4 y 60,  jurisdicción de la localidad de Elisa.

Allí, personal de Gendarmería persiguió a una camioneta con sospechosos que dejaron abandonado el vehículo y escaparon de la escena.

Adentro del rodado había 456 kilos de la droga blanca. Este caso permaneció con secreto de sumario hasta este martes, cuando fueron arrestados los dos titulares de la camioneta. También fue apresado el que hombre que la conducía. Cayó en Chaco y en su casa tenía 2,5 kilos más de cocaína.

En este caso, los “ladrillos” estaban identificados con la imagen de un toro.

La investigación sigue en marcha

Fuentes de la fiscalía explicaron que salvo los dos hombres de la segunda causa, los demás involucrados están acusados del delito de transporte de estupefacientes agravado por haber sido cometido por tres o más personas, de manera organizada, para el que se prevé una pena de entre 6 y 20 años de prisión.

Reflexiones

“Como reflexión, se percibe una intensificación en los controles de la ruta nacional 34 por parte de la Gendarmería Nacional. Además, se consolida esa ruta como una de las principales vías de tráfico desde Bolivia hacia los principales puertos de Argentina (Rosario, Buenos Aires) y Uruguay (Montevideo). Claramente, gran parte de esa droga tiene como destino a Europa, que se abastece de la cocaína boliviana”, explicó el fiscal Onel.

“Obvio que no es la única vía que usan los narcos -agregó el funcionario del Ministerio Público Fiscal de la Nación-. Muchas de las operaciones son realizadas en aviones, que arrojan la carga en lugares predeterminados, donde personas locales hacen la logística en Argentina para que lleguen los paquetes a los puertos”.

Finalmente, el fiscal ofreció datos relevados por la Organización de Naciones Unidas. Este organismo asegura que Bolivia aumenta su producción de cocaína en un 20 por ciento cada año y que actualmente ese país elabora 380 toneladas anuales.

Este miércoles, a las 13, el Gobierno de la Provincia de Santa Fe y Gendarmería Nacional procederán a la incineración de más de 500 kilos de marihuana, material que permanecía bajo custodia judicial desde mediados de año.

El operativo se desarrollará en el Crematorio Municipal de Santa Fe, ubicado en Blas Parera 5401, y contará con la supervisión de autoridades del Ministerio de Justicia y Seguridad.

La droga ahora destinada a destrucción fue secuestrada durante una serie de allanamientos encabezados por la Policía de Investigaciones (PDI) en el mes de junio.

Aquellos operativos se realizaron en el marco de la causa que investigaba el homicidio de Walter Paglia, expediente que en su momento estuvo a cargo del fiscal Jorge Marchi.

En una vivienda de calle Europa 8400, los investigadores hallaron un cargamento tan voluminoso como inesperado: 714 panes de marihuana compactada, que en conjunto arrojaron un pesaje final de 512 kilos.

Tras el secuestro, el hallazgo derivó en la intervención de la Fiscalía Federal, que tomó posesión del material estupefaciente por tratarse de un delito de competencia nacional. Desde entonces, la droga permaneció bajo cadena de custodia hasta recibir el aval para su destrucción definitiva.

La decisión de avanzar con la quema responde a una política conjunta entre Provincia y Nación para descomprimir depósitos judiciales y reducir riesgos vinculados al almacenamiento de estupefacientes en grandes cantidades.

Según informaron fuentes oficiales, la incineración será realizada siguiendo protocolos ambientales y de seguridad. Personal especializado de Gendarmería, junto a inspectores y funcionarios provinciales, verificarán cada etapa del proceso hasta completar la destrucción total del cargamento.

La actividad será registrada en actas y quedará documentada en el marco del expediente judicial, como ocurre en todos los procedimientos de eliminación de sustancias prohibidas.

La madrugada del 13 de junio de 2024 quedó marcada para siempre en una vivienda de barrio Mayoraz. En esa casa de Castelli al 3000, Walter Paglia dormía junto a sus dos hijos cuando un intruso irrumpió en plena oscuridad.

El encuentro fue abrupto, casi instintivo: un forcejeo breve, desesperado, y una puñalada al pecho que terminó con la vida del hombre antes de que pudiera pedir ayuda. Para el barrio, fue un sacudón que abrió una investigación tan acelerada como minuciosa.

A partir de ese momento, el caso pasó a manos del fiscal Andrés Marchi, de la Unidad de Homicidios. Con el correr de las horas se multiplicaron las medidas: análisis de cámaras de la zona, levantamiento de rastros, entrevistas y un llamado general a la comunidad para tratar de reconstruir los pasos del asesino.

La pesquisa tomó fuerza y, casi sin proponérselo, empezó a revelar un escenario más complejo del que cualquiera imaginaba.

Semanas más tarde, un allanamiento ordenado en relación al crimen llevó a los agentes de la PDI hasta una vivienda de Europa al 8400. Lo que buscaban era información sobre el homicidio; lo que encontraron fue un verdadero depósito de droga.

Más de 500 kilos de marihuana apilados en panes compactos cubrían gran parte del lugar. El hallazgo obligó a actuar a la justicia federal —por tratarse de un delito de narcotráfico— y desde ese momento la carga quedó bajo estricta custodia.

La trama se terminó de cerrar cuando los investigadores lograron identificar a un sospechoso: Ángel Ortiz, un joven de 28 años que ya estaba detenido en Córdoba por causas ajenas al caso. Con los elementos reunidos, fue imputado por homicidio “criminis causa”, una figura legal reservada para los hechos más graves, cuando se mata para lograr impunidad o asegurar otro delito.

Así, el crimen de Paglia terminó entrelazado con el hallazgo de un presunto búnker y un cargamento multimillonario de estupefacientes, una combinación que convirtió al expediente en uno de los más densos y comentados de los últimos años.

El Litoral

Este lunes, en horas del mediodía, la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, llegará a la provincia de Santa Fe para participar de la quema de casi media tonelada de cocaína, hallada el 30 de abril en un barco mercante atracado en el puerto de San Lorenzo.

El acto judicial se realizará en la Planta Industrial de Tratamiento de Residuos (IDM S.A.), ubicada sobre la Ruta 10 s/n, a metros del acceso a la autopista, en las afueras de la ciudad de Puerto General San Martín.

La ministra Bullrich encabezará una conferencia de prensa prevista para las 12 hs, de la que participará el jefe de la Prefectura Naval Argentina, prefecto general Guillermo Giménez Pérez, y funcionarios judiciales, según informaron desde la cartera de Seguridad.

Además, estarán presentes funcionarios del Ministerio de Seguridad Nacional, el juez Carlos Vera Barros, titular del Juzgado Federal de Rosario Nº 3 y autoridades de la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR) y del Ministerio Público Fiscal.

Desde el ministerio señalan que “se trató del operativo fluvial contra el narcotráfico más grande en la historia de San Lorenzo”, cuando el pasado 30 de abril distintos organismos de control nacional incautaron 469,5 kilos de cocaína distribuidos en 379 paquetes, en una cámara frigorífica del buque de carga mercante “Mav Ceci”.

El navío, de bandera de las Islas Marshall estaba anclado en el puerto de la cerealera Vicentin para realizar una carga de 46 mil toneladas de pellet de girasol, para luego emprender viaje rumbo a Ámsterdam, en los Países Bajos.

La tripulación estaba compuesta por 21 hombres de nacionalidad filipina, de los cuales sólo el capitán no resultó privado de la libertad, dado que fue él quien al advertir la carga sospechosa en zona de la cocina, alertó a la empresa y ésta a las autoridades marítimas de la jurisdicción.

Los veinte marineros quedaron a disposición de la justicia y fueron llevados a audiencia pública por la justicia federal, que finalmente dispuso la prisión preventiva por 90 días sólo para uno de ellos.

Se trata del cocinero Jonathan Caputero, de unos 50 años, quien accedió a colaborar con los investigadores luego de reconocer su participación en el hecho delictivo.

El cocinero fue imputado por los fiscales Claudio Kishimoto, de la Fiscalía Federal de San Lorenzo y Matías Álvarez de la Procunar, en una audiencia en la que Caputero contó con la asistencia técnica del defensor oficial Ramiro Dillo, y fue dirigida por el juez de garantías Carlos Vera Barros.

Según la hoja de ruta del buque proveniente de Emiratos Árabes Unidos, el cargamento habría subido en el puerto de Montevideo (Uruguay) donde hizo escala antes de tocar aguas argentinas.

A la declaración del cocinero se suma que los bultos secuestrados tenían rastros de agua salada, lo que confirmaría la hipótesis fiscal. Además, las características del material secuestrado, embalado en forma hermética y con rastreadores GPS, se cree que podría haber sido arrojado al mar y luego recogido desde el buque.

La droga, valuada en unos 20 millones de dólares en el mercado minorista, estaba mezclada con cajas de carne almacenadas en una cámara frigorífica.

El día del allanamiento trabajaron sobre el buque en forma conjunta, funcionarios del Ministerio Público Fiscal, la Prefectura Naval Argentina (Bajo Paraná y de San Lorenzo), la Dirección General de Aduanas (DGA) y la Unidad de Información Financiera (UIF Regional).

EL

Se trata de droga fue incautada en diferentes operativos realizados por la policía provincial en el marco de la nueva Ley de Microtráfico. La actividad se realizó en el Cementerio Municipal de la capital provincial.

Este jueves, el Gobierno provincial, a través del Ministerio de Justicia y Seguridad, llevó a cabo la quema de droga secuestrada en distintos operativos realizados en la ciudad de Santa Fe y alrededores. La medida, que contó con la intervención del Ministerio Público de la Acusación y la Unidad Fiscal Santa Fe, se realizó en el crematorio del Cementerio Municipal de Santa Fe.

En total, fueron destruidos 568 gramos de cocaína en un trozo compacto; 4,8 gramos de cocaína fraccionada; otros 568 gramos de marihuana fraccionada; 6 kilogramos de plantas de marihuana; 38,5 kilogramos de marihuana en trozos compactos.

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Al respecto, la coordinadora de la PDI, Alejandra Carrizo, explicó que “es la primera quema de droga que se realiza en la ciudad de Santa Fe en el marco de la Ley de Adhesión a la Desfederalización de la Competencia Penal en Materia de Estupefacientes, son casi 40 kilos entre plantas, marihuana y cocaína”.

A su vez, la subdirectora de la Policía de Investigaciones, Eva Cainelli indicó que “esto se debe a más de 30 procedimientos que realizamos desde la implementación de la Ley hasta el día de hoy y que seguiremos realizando en toda la provincia”.

El procedimiento se llevó adelante con la presencia de la Coordinadora de la PDI, Alejandra Carrizo; la subdirectora general de la PDI, Eva Caineli; el Jefe de la Región 1 de la PDI, Claudio Silva; el Jefe de la División Microtráfico, Mauricio Bulacio; y personal de custodia de la PDI.