La Justicia de Reconquista inició formalmente el proceso de venta de los activos de Algodonera Avellaneda, tras la declaración de quiebra dictada el pasado 14 de octubre. El juez Fabián Lorenzini estableció mediante una resolución que el período para la presentación de propuestas se extenderá desde el 20 de noviembre a las 8 hasta el 30 de noviembre a las 11.30.

La apertura de ofertas se realizará en una audiencia pública, tanto presencial como virtual, el mismo 30 de noviembre a las 12.30. El objetivo central del magistrado es concretar la operación antes del inicio de la próxima campaña algodonera, permitiendo así generar recursos para saldar las deudas laborales y los créditos pendientes del proceso concursal.

Los bienes fueron divididos en cinco lotes estratégicos. Tres de ellos corresponden a unidades productivas: la hilandería y tejeduría de Reconquista, el complejo de desmote de Bandera en Santiago del Estero y las desmotadoras ubicadas en General Pinedo, Chaco. Los dos lotes restantes incluyen un inmueble en la Ciudad de Buenos Aires y un predio en El Colorado, Formosa.

El juzgado priorizará aquellas propuestas que contemplen la adquisición conjunta de las plantas productivas. Es fundamental que los proyectos incluyan un plan de continuidad operativa y la conservación de puestos de trabajo, con especial énfasis en la sede de Reconquista. No obstante, el tribunal también admitirá ofertas parciales que serán evaluadas frente a las integrales.

Un aspecto clave es el derecho de compra preferente otorgado al Banco Nación sobre la planta de Reconquista, hipotecada a su favor. La entidad financiera tiene plazo hasta el 19 de noviembre a las 12.30 para comunicar su decisión. El crédito con privilegio hipotecario verificado asciende a 149.095.242,40 dólares, compuesto por 100 millones de capital y más de 49 millones en intereses.

Para orientar a los interesados, el juzgado fijó valores de referencia: 4 millones de dólares para Bandera, 3,5 millones para General Pinedo y 1,75 millones para el inmueble de Buenos Aires. Estos montos no son bases mínimas excluyentes, pero el precio final tendrá un peso significativo en la matriz de evaluación de 100 puntos establecida por el magistrado.

La selección de los compradores se basará en una matriz que otorga 35 puntos al precio, 25 a la conservación del empleo, 20 al proyecto productivo, 10 a la forma de pago y 10 a la solvencia. Como referencia laboral, se contabilizaron 122 puestos en Reconquista, 15 en Bandera y 24 en General Pinedo, aunque el compromiso de contratación no tendrá un mínimo obligatorio.

El juez Fabián Lorenzini destacó el potencial tecnológico de la hilandería de Reconquista. Según los informes, la planta posee maquinaria de buen nivel y personal capacitado, aunque requiere inversiones en mantenimiento y eficiencia energética. La meta es que los nuevos dueños puedan organizar la logística necesaria para la campaña 2027, que comenzará entre febrero y marzo.

Los interesados podrán consultar la documentación desde el 12 de noviembre y coordinar visitas a los establecimientos a través de la Sindicatura. Las ofertas se recibirán mediante el sistema judicial SISFE o en sobres cerrados. La adjudicación se resolverá en los cinco días hábiles posteriores a la apertura, debiendo el ganador depositar el 30% del valor en un plazo breve.

La sindicatura de Algodonera Avellaneda propone mantener la producción para preservar el valor de las plantas y proteger la mayor cantidad posible de empleos.

La firma atraviesa una situación financiera crítica marcada por la falta de capital de trabajo, un elevado endeudamiento y reclamos judiciales del Banco Nación por garantías otorgadas a Vicentin SAIC.

Al 23 de octubre de 2024, la textil declaraba activos por 66.638 millones de pesos frente a pasivos de 73.532 millones, arrojando un patrimonio neto negativo de 6.894 millones de pesos.

El 95,6% de los activos está compuesto por bienes de uso, como terrenos, edificios y maquinaria. En contraste, la disponibilidad de dinero en efectivo era de apenas 6,8 millones de pesos.

La empresa opera seis sedes en diferentes provincias. Actualmente, las plantas de Reconquista, Bandera y General Pinedo mantienen actividad, mientras que la sede de El Colorado se encuentra sin funcionamiento.

Debido a la escasez de recursos, la firma profundizó el trabajo a fasón desde 2020, procesando materia prima propiedad de terceros para sostener la continuidad operativa de sus instalaciones.

El Banco Nación inició cinco juicios contra la empresa como garante de Vicentin SAIC, reclamando 185,4 millones de dólares más intereses por hipotecas sobre la hilandería.

El juez del concurso, Fabián Lorenzini, habilitó un registro para interesados en adquirir los activos. La inscripción permanecerá abierta hasta el 11 de noviembre de 2026 a las 12:45 horas.

La situación de Lácteos Verónica, una firma histórica del sector lácteo nacional, permanece sumida en una profunda incertidumbre. Hace diez meses, sus tres plantas detuvieron la producción, interrumpiendo el pago de salarios y compromisos con proveedores.

Según datos oficiales del Banco Central, la compañía perteneciente a la familia Espiñeira acumula una deuda de 3.931 millones de pesos con entidades financieras. Además, registra 3.476 cheques rechazados por un monto superior a los 12.683 millones de pesos.

El panorama legal es complejo, ya que la empresa enfrenta más de 20 pedidos de quiebra. A finales de agosto, los dueños solicitaron la apertura de un concurso de acreedores ante el Juzgado Nacional en lo Comercial N° 17, con sede en la Ciudad de Buenos Aires.

Dicho proceso judicial aún no ha comenzado formalmente. La Justicia continúa evaluando la documentación presentada, incluyendo la justificación de la cesación de pagos y la confirmación del domicilio legal. De no prosperar esta instancia, la quiebra es una posibilidad real.

En este contexto, trascendió la intención de vender las plantas de Clason y Suardi. Esta última opera actualmente bajo un acuerdo de fasón con la firma Cotalac, manteniendo un plantel de trabajadores reducido, situación que también deberá ser definida por el magistrado interviniente.

Recientemente, cobraron fuerza los rumores sobre la reactivación de la planta ubicada en Lehmann, provincia de Santa Fe. Personal jerárquico de la empresa confirmó a los operarios que la fábrica volvería a producir leche en polvo en las próximas semanas.

Fuentes que participaron de la reunión indicaron que un gerente de la firma comunicó el inicio de las tareas de limpieza y mantenimiento. El acuerdo se habría sellado con Santa Clara, una empresa láctea con base en Villa Nueva, Córdoba.

Se estima que la reactivación convocaría a entre 40 y 60 trabajadores, de un total de 105 operarios que integran la planta. Sin embargo, persisten las dudas sobre el pago de salarios atrasados y la modalidad de remuneración futura.

Por su parte, fuentes sindicales expresaron cautela ante la falta de información oficial. “Todavía no hay nada y poco sabemos”, señalaron, advirtiendo que la empresa no ha brindado precisiones formales sobre el alcance del acuerdo.

“Solo se está reactivando muy lentamente y a los tumbos la planta de Suardi, mientras que el juez todavía no abrió el concurso: desde el 9 de septiembre está pendiente de resolución”, concluyeron desde el sector gremial.

La Justicia declaró este miércoles la quiebra de Algodonera Avellaneda SA, la empresa textil vinculada al grupo Vicentin con plantas en Reconquista, luego de que fracasaran las negociaciones con los acreedores y no aparecieran interesados en hacerse cargo de la compañía.

La decisión fue adoptada por el juez Fabián Lorenzini, del Juzgado Civil y Comercial de Segunda Nominación de Reconquista. La resolución abre ahora una nueva etapa en la que se analizará si la compañía puede mantener parte de su producción mientras se avanza con su venta, con el objetivo de preservar el valor de los activos y los puestos laborales.

La declaración de quiebra se produjo nueve días después de que venciera el plazo otorgado para que otras empresas, acreedores o cooperativas de trabajadores se presentaran para intentar continuar con la actividad.

El 5 de octubre, la Justicia confirmó que no se había registrado ningún interesado. Como Algodonera Avellaneda tampoco había logrado alcanzar un acuerdo con sus acreedores, el magistrado resolvió avanzar con la quiebra.

En su fallo, Lorenzini sostuvo que ya no existían herramientas legales para extender los plazos y advirtió que una mayor demora podía profundizar el deterioro patrimonial de la firma.

Según la resolución, las deudas financieras verificadas superan los US$260 millones, a las que se suman obligaciones en pesos.

Además, la empresa acumuló compromisos posteriores a su presentación en concurso preventivo estimados en más de $6.000 millones, correspondientes a gastos operativos, servicios públicos e impuestos que no pudo afrontar.

Uno de los principales obstáculos para alcanzar un acuerdo fue la posición del Banco Nación, que concentraba más del 80% de las acreencias consideradas para aprobar la propuesta de pago. Esas obligaciones se originaron en garantías otorgadas por Algodonera Avellaneda a Vicentin.

La resolución judicial establece que los síndicos deberán analizar si las plantas pueden continuar funcionando mientras se busca vender la empresa o alguna de sus unidades de negocio.

Para ello tendrán que elaborar un informe con ingresos y egresos proyectados, cantidad de trabajadores necesarios y modalidad de administración de los fondos.

Lorenzini sostuvo que el cierre de los establecimientos y la venta individual de sus bienes debe ser considerada como última alternativa.

El magistrado también remarcó el impacto que tendría una paralización inmediata sobre los trabajadores y sus familias. La empresa cuenta actualmente con alrededor de 360 empleados y, durante los últimos meses, había sostenido una parte de sus operaciones a través de trabajos realizados para terceros.

A partir de la quiebra, la administración de los bienes de Algodonera Avellaneda quedará a cargo de los síndicos, quienes deberán tomar el control de las instalaciones, maquinarias y documentación.

El juez dispuso además que los integrantes del directorio no puedan salir del país sin autorización judicial y queden inhabilitados para continuar ejerciendo sus funciones.

En paralelo, se analizará la posibilidad de vender la empresa en funcionamiento o transferir distintas unidades de negocio, además de evaluar una eventual venta de bienes por separado si resultara más conveniente para los acreedores.

Lorenzini convocó a una audiencia para el jueves 22 de octubre a las 8.30 en Reconquista, con participación de acreedores, trabajadores y demás interesados. En ese encuentro se brindarán precisiones sobre la declaración de quiebra y los próximos pasos del proceso judicial.

La Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y Laboral de la Circunscripción Judicial N°5 de Rafaela resolvió que continúe el proceso de venta de activos de SanCor, la cooperativa láctea que atraviesa un proceso de quiebra.

El tribunal rechazó los pedidos que buscaban anular la licitación, aunque dispuso una serie de modificaciones en las condiciones del procedimiento para avanzar con la venta de seis plantas industriales y marcas de la compañía.

“Los bienes salen a la venta, las reglas siguen vigentes y no hay que empezar de nuevo”, señalaron los magistrados en la resolución.

Entre las modificaciones establecidas, la Cámara determinó que el precio de los activos podrá abonarse en pesos y no únicamente en dólares.

Además, ordenó que antes de recibir las ofertas se apruebe una grilla con los criterios y puntajes que se utilizarán para evaluar cada propuesta, con el objetivo de que la decisión final se base en parámetros previamente establecidos.

El tribunal también indicó que al momento de adjudicar deberá analizarse si resulta más conveniente vender todos los activos en conjunto o hacerlo por partes, teniendo en cuenta cuál alternativa permitiría obtener mayores recursos para afrontar el pago a los acreedores.

La licitación aprobada inicialmente por el juez Marcelo Gelcich incluía seis plantas industriales, valuadas en conjunto en US$28 millones, y las marcas de la compañía, tasadas en US$24,7 millones.

La Cámara ordenó completar los informes de valuación y que el tasador determine el valor probable de venta en el mercado, además de analizar el impacto que tuvo el incendio ocurrido en junio de 2026 en la planta de Sunchales.

Los informes de valuación y sus antecedentes deberán incorporarse al expediente y quedar disponibles para consulta.

SanCor llegó al proceso de quiebra luego de que sus autoridades solicitaran avanzar con esa instancia judicial. La cooperativa acumulaba una deuda superior a los US$120 millones.

La licitación había quedado suspendida luego de apelaciones presentadas por uno de los síndicos, Fidulac SA y distintas firmas que reclamaban derechos sobre bienes incluidos en fideicomisos.

La resolución de la Cámara permitió retomar el proceso, aunque estableció nuevas condiciones para continuar con la venta.

El fallo también abordó la situación de la planta de Sunchales y las marcas Mendicrim y Santa Brígida, que figuran a nombre de fideicomisos y cuya pertenencia a SanCor continúa en discusión judicial.

La Cámara dejó sin efecto el mecanismo que permitía transferir esos bienes al comprador antes de una resolución definitiva.

De esta manera, el eventual adquirente podrá utilizar esos activos para producir desde el inicio, pero la propiedad se transferirá únicamente si una sentencia firme determina que forman parte del patrimonio de SanCor.