El remisero Rubén Ramua manifestó la preocupación de trabajadores del transporte en Reconquista ante la aparición de un nuevo servicio de traslado de pasajeros en triciclos eléctricos perteneciente a la empresa Gou.

Según explicó, representantes del sector mantuvieron una reunión con autoridades municipales para plantear su inquietud por la modalidad de transporte que ya comenzó a operar en la ciudad.

Del encuentro participaron el responsable de Control Público municipal, Nicolás Sandrigo; el secretario general del municipio, Guillermo Romero Mansur; y el intendente Amadeo Enrique Vallejos.

Ramua sostuvo que los trabajadores consideran que los triciclos eléctricos no estarían habilitados para transportar pasajeros, por lo que plantearon dudas sobre el marco legal del servicio.

“Son vehículos de tres ruedas, con una pequeña cabina, que no tienen estabilidad ni aire acondicionado”, afirmó el remisero al cuestionar la seguridad de las unidades.

Además, señaló que desde el municipio se habría mencionado la existencia de un decreto que permitiría su circulación, aunque el sector asegura no haber accedido a ese documento.

“Nos dijeron que circulan mediante un decreto municipal, pero nosotros no vimos ese documento. No sabemos si realmente existe o en qué condiciones fue firmado”, expresó.

El trabajador remarcó que en Reconquista operan cerca de 90 remises, lo que representa el sustento de alrededor de 200 familias entre propietarios y choferes.

En ese sentido, indicó que el sector debe cumplir con distintas obligaciones para prestar el servicio, como el pago de tributos y la realización de controles técnicos.

“Nosotros pagamos patente, seguro, hacemos los servicios de los vehículos, tributamos y cumplimos con todas las exigencias. No podemos competir con estos triciclos si no tienen las mismas obligaciones”, señaló.

Ramua también advirtió que los triciclos eléctricos ya fueron vistos circulando con pasajeros, incluso en rutas cercanas a la ciudad.

Según explicó, algunas unidades habrían transitado por la Ruta Nacional 11 y la Ruta Provincial 1, algo que —según el sector— no estaría permitido para este tipo de vehículos.

Además, planteó interrogantes sobre la cobertura ante posibles accidentes.

“Si llega a pasar un accidente, ¿quién va a responder por los pasajeros?”, cuestionó.

El remisero aclaró que el reclamo no está dirigido contra las plataformas de transporte mediante aplicaciones, sino específicamente contra el uso de triciclos eléctricos para trasladar personas.

Finalmente, señaló que el sector no busca impedir la actividad, sino garantizar reglas iguales para todos los prestadores del servicio.

“Nuestra propuesta es que puedan trabajar, pero en igualdad de condiciones: que paguen tributos, seguro, patente, que tengan revisión técnica y que la tarifa sea similar a la nuestra”, concluyó.

El concejal del PJ, Juan Senn, volvió a poner en agenda la situación de las familias adjudicatarias de los 315 lotes, tras una reunión mantenida semanas atrás con vecinos del sector que plantearon inquietudes vinculadas al plan de pagos, obras, servicios y seguridad.

“Hace un mes y medio fuimos convocados por vecinos de los 315 lotes para evacuar dudas con respecto al plan de pagos, a obras en el barrio y a cuestiones de seguridad”, explicó el edil. A partir de ese encuentro, desde el Concejo convocaron al director del Instituto Municipal de la Vivienda (IMV) para que brinde precisiones.

Senn agradeció la presencia del funcionario en el Concejo, pero sostuvo que persisten reclamos concretos.

“Los pedidos son claros: falta previsibilidad con respecto al pago de las cuotas. No saben cuándo van a aumentar”, afirmó.

Actualmente, la cuota asciende a 155 mil pesos y está atada al índice Casa Propia, que se actualiza mensualmente y se aplica cada tres meses según el convenio firmado entre adjudicatarios y el IMV. Si bien el valor está hoy congelado tras un reclamo previo de los vecinos, el concejal remarcó que el problema es la incertidumbre.

“No es lo mismo aumentar una tasa que tiene previsibilidad hacia adelante, como votamos en la ordenanza tributaria, que no saber de acá a tres meses cuánto te va a aumentar la cuota de tu terreno. Está en juego el sueño de la casa propia”, sostuvo.

El reclamo no se limita al valor de la cuota. Senn planteó que el Estado municipal debe acompañar más activamente el proceso de urbanización.

“No alcanza con que la Municipalidad adjudique 315 lotes y los deje a la deriva para que puedan construir. Falta mantenimiento de espacios públicos, de caminos, que pase el regador, y acompañamiento para gestionar ante la EPE o ASSA los medidores de agua y luz”, enumeró.

En ese sentido, insistió en la necesidad de mayor presencia territorial: “Valoramos el trabajo que hace el IMV, pero falta más planificación y acompañamiento”.

Otro punto conflictivo fue la ordenanza impulsada el año pasado, que contemplaba una prórroga de 18 meses en el pago de la cuota para aquellas familias que presentaran planos y comenzaran la construcción.

“No era que se les sacaba la cuota, sino que se incorporaba al final”, aclaró Senn. Sin embargo, según relató, cuando los vecinos consultaron en el IMV se les informó que, finalizada la prórroga, deberían pagar dos cuotas juntas.

“Eso no fue para nada el espíritu de la norma. La solución terminó siendo peor que el problema”, cuestionó.

Ante esta situación, el bloque evalúa volver a presentar una ordenanza que garantice una prórroga efectiva y acorde a lo votado en el Concejo.

Actualmente hay alrededor de 40 viviendas en construcción y ya hay familias viviendo en el sector.

“Los servicios están dados. Hay que hacer la conexión de agua desde el medidor y gestionar la electricidad ante la EPE, pero ahí es donde el Estado tiene que acompañar en ese proceso”, explicó el concejal.

Senn dejó en claro que el reclamo no apunta a desconocer el esfuerzo de las familias ni el valor de la cuota, sino a dotar de previsibilidad y acompañamiento a quienes apostaron por construir su vivienda en el sector.

“Los vecinos no están en desacuerdo con pagar la cuota. Lo que quieren es previsibilidad y planificación”, concluyó.

En un clima de alta tensión, este jueves remiseros de Rafaela realizaron una contundente protesta frente al edificio municipal en rechazo al nuevo proyecto de ordenanza destinado a regular la actividad de la aplicación de transporte DIDI.

La manifestación se desarrolló con un corte total en la intersección de bulevar Lehmann y el inicio de calle Moreno, y derivó en momentos de violencia, fogatas y agresiones hacia trabajadores de prensa.

El conflicto entre remiseros y la plataforma DiDi en Rafaela comenzó cuando la aplicación anunció su llegada a la ciudad, a mediados de junio de 2025, sin haber presentado ante el Municipio una solicitud formal de habilitación.

Desde ese momento, se abrió un espacio de diálogo entre autoridades municipales y representantes de remises y agencias, ya que en la ciudad no existe hasta ahora un permiso oficial que contemple el funcionamiento de este tipo de plataformas.

Desde ese primer momento, las agencias de remises y los taxistas sostienen que la aplicación genera una situación de competencia desleal, dado que el servicio tradicional está sujeto a exigencias como habilitación municipal, seguros específicos, licencias profesionales y controles técnicos, mientras que los conductores que utilizan DiDi operarían bajo requisitos más flexibles. 

Además, advierten que esta situación pone en riesgo fuentes de empleo y la seguridad de los usuarios, ya que sin regulación local no hay un control claro sobre los vehículos ni garantías frente a incidentes.

Desde DiDi y quienes apoyan la llegada de la app argumentan que se trata de una herramienta tecnológica independiente y que, por esa razón, su funcionamiento no requiere de habilitación municipal.

Señalan que los requisitos exigidos a los conductores -seguro, documentación obligatoria y licencia común- son suficientes, y remarcan que muchos choferes que migraron a la plataforma lo hicieron en busca de mejores ingresos y mayor disponibilidad de viajes. También destacan que para los usuarios la aplicación representa una alternativa más económica y accesible frente al remis tradicional.

Sin embargo, el debate en Rafaela se inserta en una discusión más amplia que atraviesa a numerosas ciudades: la tensión entre el modelo de transporte regulado y la nueva economía digital. En este contexto, el rol del Estado local apareció en el centro de la escena, con el desafío de definir si debe crear un marco normativo que equipare condiciones entre los distintos sistemas de transporte o si permitirá que las aplicaciones continúen operando bajo un esquema diferenciado.

Semanas atrás, referentes de las empresas de remises de la ciudad de Rafaela cobraron notoriedad tras encabezar una serie de reclamos públicos, recurriendo a distintos medios para “hacerse escuchar”.

El 28 de noviembre, durante la inauguración del nuevo hospital de la ciudad, decenas de remiseros se movilizaron en caravana hasta el lugar, portando pancartas y haciendo sonar sus bocinas con el objetivo de intensificar la visibilidad de su demanda.

Este jueves 4 de diciembre, por la mañana, alrededor de 50 remiseros de Rafaela llevaron adelante una contundente protesta frente al edificio municipal, en rechazo al nuevo proyecto de ordenanza que busca regular la actividad de la aplicación de transporte DIDI.

Un dato particular de este jueves fue la presencia de un reducido grupo de remiseros -alrededor de diez, según pudo constatar Radio Rafaela- que intentó ingresar a la sesión del Concejo Municipal con la intención de dialogar con los ediles una vez finalizada la sesión del día.

Sin embargo, desde el interior del hall municipal se les negó el acceso y, además, arribaron al lugar varios agentes policiales que bloquearon la entrada. Finalmente, solo se autorizó el ingreso de dos representantes para que pudieran subir hasta el sexto piso del edificio, donde funciona actualmente la Municipalidad. La situación llamó la atención considerando que las sesiones del Concejo en Rafaela son, por norma, públicas y abiertas a toda la comunidad.

El titular de Remisería Stylo, Darío Solís, fue una de las voces más críticas. En medio de la manifestación pidió que los funcionarios se presentaran frente a los trabajadores. Además, Darío afirmó que la actividad está “entrando en una selva” y denunció la falta de respuestas oficiales durante casi cinco meses de gestiones infructuosas.

Aseguró que los trabajadores sienten que están “perdiendo una fuente de trabajo día a día” y exigió que los funcionarios den explicaciones frente a quienes, según dijo, representan “500 familias que pueden quedarse sin ingreso”.

Solís relató que en cuatro meses y medio intentaron “todos los medios” para dialogar, pero no obtuvieron respuestas del oficialismo. Cuestionó, además, el borrador de ordenanza que les acercaron en los últimos días, señalando que contiene puntos “descabellados”, como exigir domicilio en Santa Fe para poder trabajar.

Para el sector, cualquier regulación debe equiparar las condiciones entre remiseros y la aplicación: identificación visible, seguros, un lugar físico para reclamos y responsabilidad jurídica definida.

El concejal electo Fabricio Dellasanta, que asumirá en pocos días, también se presentó en la manifestación planteó un enfoque diametralmente opuesto. Consideró que el sistema actual está sobrerregulado y que la solución es “quemar la ordenanza” y permitir que remiseros y aplicaciones trabajen sin cargas burocráticas.

Afirmó que nadie debería “pedir permiso para trabajar” y que la ciudad necesita adaptarse a los nuevos tiempos: “No podemos seguir con leyes del 1900; la gente no anda más a caballo”. Anunció que presentará un proyecto propio apenas asuma.

Por su parte, el concejal Lisandro Marsico explicó que el proyecto previsto para tratarse este jueves finalmente no se votó. “Hubo distintas posiciones y no hubo consenso. El proyecto pasa a comisión”, resumió.

Señaló que, con la nueva conformación que asumirá el próximo 9 de diciembre, el Concejo retomará la discusión: “El miércoles se va a leer el nuevo proyecto y, a partir de ahí, se van a tomar las decisiones que se tengan que tomar”. Aclaró además que desde ahora existe “un único proyecto” que aborda tanto los remises como las aplicaciones.

Además, remarcó que van a estar abordando la cuestión principalmente con la ejecución de controles en diferentes puntos de la ciudad. “Ya hablamos con los encargados de control público para que ese proceso se active”, manifestió. Y añadió que “nosotros permanentemente insistimos al ejecutivo con los controles".

El concejal Augusto Rolando sostuvo que el proyecto buscaba “dar un marco para controlar a DiDi e impedir que funcione de manera irregular”, pero la falta de acuerdo político volvió a frenar el avance.

Aseguró que desde su bloque reclamaron en repetidas oportunidades que el Ejecutivo intensifique los controles y que ese pedido ya fue transmitido a las áreas correspondientes. Sin embargo, insistió en que avanzar con una norma definitiva es indispensable para cerrar el vacío actual. Y bajo ese concepto, el edil remarcó que el objetivo es legislar para toda la ciudad y no para unos pocos.

En medio de la tensión, llegó al lugar el secretario de Gobierno, Germán Bottero, a quien los remiseros le consultaron, sobre cómo se implementarán los controles en la calle. Su respuesta fue cauta: aseguró que los controles se profundizarán, pero evitó adelantar la estrategia operativa, argumentando que necesitará logística y planificación.

En paralelo, remarcó que la resolución del problema depende principalmente de la legislación, no de la ejecución desde su área. 

La protesta terminó sin un acuerdo y con el anuncio de que el proyecto volverá a comisión. Mientras tanto, los remiseros continúan reclamando definiciones y advirtieron que la situación “nos está llevando a una selva, donde cada uno hace lo que quiere”.

La nueva conformación del Concejo asumirá este martes 9 de diciembre y heredará un conflicto que ya acumula meses de tensión, falta de consenso y un visible deterioro en la paz social alrededor del municipio. 

La tensión entre remiseros y plataformas de transporte sigue en aumento. Darío Solís, titular de Remises Stylo, junto a los remiseros Sergio y Pablo, plantearon una situación límite marcada por la falta de controles, la demora en la actualización de la ordenanza y la ausencia de respuestas por parte del Concejo Municipal. Aseguran que llevan más de 120 días esperando una definición oficial mientras el trabajo cae día a día.

Darío Solís manifestó una profunda preocupación por la falta de avances en la regulación de la actividad. “Ya pasaron ciento veinte días. Las respuestas no llegaron nunca”, señaló, y agregó que el proyecto de ordenanza que había sido anunciado “desapareció” sin explicaciones.

Según indicó, tampoco hubo novedades sobre las reformas a la ordenanza vigente y el sector está “esperando respuesta del Estado” desde hace meses. El malestar se profundizó por la imposibilidad de concretar una reunión con el presidente del Concejo. “Estamos esperando una reunión con Mársico y con alguien más del bloque de él, que no sea Augusto, porque Augusto se va dentro de quince días y en ciento veinte días no nos dio ninguna respuesta”, explicó.

Para Solís, la actividad se deteriora cada día más “Los muchachos lo van sufriendo y ya es insostenible la situación, al no tener respuesta del Estado”.

El remisero Sergio detalló el impacto concreto que atraviesan los trabajadores:“Nosotros estamos perdiendo día a día trabajo, que es lo que nos está sosteniendo”.

Denunció que las plataformas crecen sin control y que incluso choferes de otras ciudades llegan a Rafaela para trabajar de manera irregular. “Nos están metiendo la mano al bolsillo. Si nosotros somos doscientos autos trabajando, ahora hay cuatrocientos y se van a seguir incrementando”.

Ante este panorama, afirmó que el perjuicio económico es inevitable“A nosotros nos va a repercutir una banda en el bolsillo. ¿Y cómo hacemos?”.

Frente al silencio oficial, los remiseros evalúan medidas de visibilización. Sergio adelantó que existe una convocatoria para el viernes 28 a las 19 frente al nuevo hospital.“Estábamos programando una protesta pacífica, porque no somos piqueteros ni gente de ninguna organización. Somos trabajadores protestando por nuestro laburo”, aclaró.

Sostuvo que la intención no es confrontar sino obtener una respuesta “Ya que nadie nos escucha, buscamos una forma para que esto se tome una medida. No queremos perjudicar a la gente”.

La protesta podría desactivarse si el municipio presenta una propuesta seria en los próximos días. “Si la municipalidad nos da algo para debatir, podemos llegar a desistir”, dijo.

Pablo describió que la situación se volvió difícil incluso en los puntos de ascenso y descenso de pasajeros “Estamos teniendo problemas en la playa. La aplicación trabaja con autos particulares y estan cargado gente en la playa, no solo en la nuestra, también en la de los taxistas. Están ocupando un lugar nuestro”.

Advirtió que, aunque aún no hubo agresiones, la tensión está al límite. “Todavía no se llegó a la agresión, pero la situación está al límite”.

También cuestionó la falta de conducción política en el tratamiento de la nueva normativa “Lo que pedimos hace ciento veinte días se va estirando. Está llegando fin de año y no tenemos respuesta. ”.

Una masiva movilización tuvo lugar este martes frente al Palacio de Tribunales de Rafaela, encabezada por más de 500 trabajadores afiliados a ATILRA de distintas regiones del país. La protesta se realizó en rechazo al plan de crisis presentado por SanCor Cooperativas Unidas Limitada ante la Justicia, que implicaría el recorte de más de 300 puestos laborales.

El reclamo se concentró frente al Juzgado en lo Civil y Comercial de la Cuarta Nominación, a cargo del Dr. Guillermo Adrián Vales, donde se tramita la causa vinculada al concurso preventivo de acreedores de la cooperativa láctea. Desde ATILRA advirtieron que la propuesta de la empresa representa “un golpe directo a las familias trabajadoras” y alertaron sobre las consecuencias sociales que traería una nueva reducción de personal.

Según trascendió, SanCor acumula deudas por cerca de 20 mil millones de pesos, principalmente por sueldos y aportes impagos. Actualmente, la firma sostiene su operatoria a partir de contratos a fasón con empresas como Elcor, Punta del Agua y La Tarantela.

El plan presentado ante la Justicia incluiría un recorte de 304 puestos de trabajo como parte de una estrategia para equilibrar sus cuentas, aunque los dirigentes gremiales remarcaron que, en los últimos dos años, la empresa ya ejecutó 370 despidos sin lograr revertir su crisis financiera.

La medida de fuerza incluyó cortes de calle y un acampe frente al edificio de calle Alvear, mientras los representantes de ATILRA esperaban respuestas judiciales.

Radio Rafaela en vivo en el lugar: 

Los trabajos de adoquinado en calle Saavedra se encuentran interrumpidos luego de que una de las cooperativas encargadas de la obra resolviera detener la actividad hasta que se efectivice el pago correspondiente. Según señalaron, la situación ya se registró en agosto y se repite ahora en septiembre, generando un fuerte malestar entre los trabajadores.

El referente de la cooperativa, en diálogo con este medio, explicó que el pago de agosto se acreditó recién el día 15. Este mes, la fecha de cobro estaba prevista para el 5 de septiembre, pero al día 11 el dinero todavía no había ingresado. “Nos pasean por la Municipalidad, por todos los pisos y oficinas”, expresó el referente de los trabajadores, quien además aseguró que falta solo una firma para destrabar el despacho de los pagos.

La situación genera tensión adicional en medio de la negociación por el precio del metro cuadrado de adoquinado, que aún no tiene acuerdo. Los trabajadores denunciaron que se estaría evaluando un “aumento intermedio”, lo que suma más incertidumbre a un escenario donde muchas familias dependen únicamente de este ingreso.

En este contexto, la cooperativa decidió no continuar con las tareas hasta que se concrete el pago adeudado, dejando paralizado el avance de la obra en calle Saavedra.

El malestar también se extiende a las condiciones en las que se desarrollan las tareas. Según relataron, en la zona hay motos que circulan por la vereda y autos que esquivan las barreras, lo que representa un riesgo para quienes trabajan en la obra y para los peatones.

La heladería Yo Helados, con varios locales en Rafaela, fue blanco de dos robos en apenas dos semanas. En la madrugada de este martes, un individuo rompió la vidriera del local de Bv. Yrigoyen y Cacciolo y también destrozó una heladera exhibidora. Aunque no se constató el robo de elementos de valor, los daños materiales fueron importantes.

Según explicó Melisa Chiavassa, copropietaria del negocio, el autor del hecho actuó con violencia: “Rompió todo. El local está todo vidriado, fue muy fácil. Aparentemente no robó nada, pero sí rompió todo”. También señaló que no lograron identificarlo y que la persona no fue capturada hasta el momento.

Matías Chiavassa, también propietario, explicó que las cámaras del local captaron el momento del ataque, aunque el delincuente actuó encapuchado y no pudo ser reconocido. “Fue una sola persona con una piedra gigante. Están pasando muchos de estos casos, robos en viviendas y locales”, aseguró.

El hecho se suma al ocurrido hace quince días en la sucursal de calle Suipacha esquina Falucho, donde un menor armado con un cuchillo ingresó al local cuando estaba abierto y robó la caja con dinero. En esa oportunidad, la policía logró detenerlo rápidamente.

Ambos propietarios manifestaron preocupación por la seguridad del personal, especialmente luego del primer episodio, donde las empleadas se encontraban en el lugar. “No está bueno. La GUR actuó bien con la policía. Pero, no alcanza”, concluyó Matías.

Durante la mañana de este martes, Radio Rafaela recibió numerosos reclamos de vecinos que manifestaron su preocupación por el color inusual de la llama en estufas, cocinas y otros artefactos a gas. En lugar del característico tono azul, la llama se mostraba amarilla o rojiza, lo que despertó dudas sobre posibles problemas en el suministro de gas o riesgo de monóxido de carbono.

Dado que el fenómeno se registró de forma simultánea en diferentes puntos de la ciudad, muchos usuarios descartaron que se tratara de una falla individual en los equipos y pidieron una explicación oficial a la empresa proveedora, Litoral Gas.

En diálogo con este medio, la empresa llevó tranquilidad explicando el fenómeno. “En condiciones normales, la llama de los artefactos a gas debe ser siempre azul. En el caso de que en algún equipo se encuentre una llama de otro color, es recomendable chequear en los demás equipos a gas del hogar", expresaron.Y anexaron que "si es en un solo equipo, se podría tratar de un mal funcionamiento puntual de ese aparato y es necesario llamar a un gasista para revisarlo. En caso de que se dé el mismo color en todos los equipos podría deberse a un tema puntual y transitorio en las condiciones más generales de la combustión del gas por ejemplo el mix en del gas que en invierno tiene mayor proporción de gas importado desde barcos regasificadores de GNL que puede tener algún comportamiento puntual aunque no hemos detectado desvíos en los parámetros de calidad"Por último, hicieron hincapié que "ante la duda siempre ventilar los ambientes y llamar a un gasista matriculado para hacer una revisión."

El Instituto Municipal de la Vivienda (IMV) de Rafaela, en una resolución tomada por el Directorio, envió una carta documento al Ministerio de Economía de la Nación con el objetivo de obtener respuestas concretas sobre el estado de avance y el futuro de 48 departamentos en construcción, correspondientes al Programa Crédito Argentino del Bicentenario para la Vivienda Única Familiar (PRO.CRE.AR).

La acción se da en el marco del decreto nacional 1018/2024, que establece la disolución del programa PRO.CRE.AR y transfiere sus competencias al Ministerio de Economía. Actualmente, la obra se encuentra paralizada desde finales del año 2023, sin avances visibles ni comunicación oficial por parte del Gobierno Nacional.

Desde el IMV se recordó que los terrenos donde se están construyendo estas unidades habitacionales son de propiedad exclusiva del Instituto, tal como establece el artículo 5 del decreto mencionado. Por ello, se solicitó que dicho aspecto sea considerado para cualquier decisión futura sobre la continuidad o destino de la obra.

Además, el Instituto expresó su preocupación por la falta de información respecto al estado contractual entre el gobierno nacional y la empresa constructora y sobre el seguimiento del proyecto, aunque reconoce el diálogo cercano con esta última.

“Ante la falta de resultados en las gestiones administrativas realizadas y el abandono visible de la obra, requerimos una solución urgente y concreta”, sostiene el documento enviado. Esta acción formal y concreta se suma a un sinnúmero de gestiones, reuniones y llamados telefónicos que aún no han conseguido información oficial.

Finalmente, el IMV reafirmó su compromiso con las familias rafaelinas que aún esperan acceder a una vivienda digna y solicitó una pronta respuesta oficial por parte del Gobierno Nacional.

La obra de pavimentación de la Ruta Provincial 70S, que busca conectar a las localidades de Bella Italia y Aurelia, sufrió un nuevo golpe con el retiro del obrador de la empresa contratista. Este hecho agudiza la preocupación entre autoridades comunales y vecinos por la falta de respuestas y el riesgo de aislamiento por la intransitabilidad. 

El presidente comunal de Bella Italia, Héctor Perotti, señaló que el estado de la obra es de “abandono total”. "La empresa anunció el retiro del obrador, como ya lo había hecho una empresa anterior", reclamó.

Según Perotti, existen tramos con infraestructura finalizada y lista para ser asfaltada, pero la obra quedó trunca, y actualmente solo se observan “dos kilómetros de pavimento que no llevan a ningún lado” y un camino de tierra intransitable tras cada lluvia.

Desde Aurelia, el presidente comunal Roberto Morel describió una situación crítica: “Con 20 milímetros ya no pasan los autos. Solo camionetas. Tenemos por delante un invierno y la comunidad está muy preocupada por salud, educación y conectividad”.

Desde las comunas también se refirieron a trascendidos de que la obra podría reconvertirse en un proyecto bajo contribución por mejoras, lo que implicaría costos para los vecinos. “No es una obra nueva, hace dos años que está licitada”, sostuvo Morel, explicando que el criterio de contribución por mejoras aplicaría solo a proyectos nuevos. 

El deterioro creciente de las calles del barrio Los Nogales genera preocupación entre los vecinos y su comisión vecinal. En diálogo con RADIO RAFAELA, la presidenta Estefanía Zbrun denunció que la situación no ha mejorado en los últimos tres años, pese a los reiterados reclamos. 

En ese sentido, calle Falucho es la que se encuentra en peor estado, a pesar de ser una vía altamente transitada que conecta distintos puntos de Rafaela.

“Desde que asumimos pedimos un arreglo duradero. Lo que se hace es tapar pozos, pero con la primera lluvia vuelven a ceder. Hay zonas donde ya no se puede pasar y representan un peligro real para motos y bicicletas. Varios vecinos ya sufrieron caídas”, explicó Zbrun.

Mencionó también el estado de calles como Casabella, Lincoln y Vélez Sarsfield, todas arterias clave que conectan el norte con el sur y el este con el oeste de la ciudad. “No es solo un reclamo nuestro, sino también de vecinos de barrios aledaños como Jardín y Amancay”, señaló.

La única calle incluida en el actual plan de pavimentación sería Faraudello, ubicada en el oeste del barrio, pero no hay contemplados trabajos de mantenimiento para el resto del barrio. “Nosotros hablamos con concejales, con la gente de vecinales, haciendo los pedidos puntuales y la respuesta es que se está analizando, se está trabajando, se está buscando la posibilidad, pero es algo que ya nos preocupa demasiado”, expresó con malestar.

“Es mucho lo que se tiene que hacer en estas calles, no es un arreglo simplemente de un pozo y ya está. El arreglo no dura, entonces tiene que ser un trabajo a largo plazo, una proyección en el tiempo y sabemos que eso demanda bastante dinero. La respuesta es que se está viendo qué se puede hacer”, comentó la presidenta vecinal. 

Además del estado de las calles, Zbrun remarcó que hay preocupación por la inseguridad en el barrio. Si bien se instaló una cámara en una esquina, la vecinal pide la colocación de una cámara en la plaza principal y el reemplazo urgente de luminarias por luces LED. “La plaza es un lugar de encuentro para niños y adolescentes. La iluminación es clave para prevenir hechos delictivos”, aseguró.

Vecinos de la intersección de las calles F. Sánchez al 200, esquina M. Verdu, en la ciudad de Rafaela denunciaron la aparición de un peligroso pozo en la vía pública, que ha generado preocupación. 

Según los testimonios, el cráter que se formó se encuentra cubierto por agua tras las constantes lluvias de las últimas horas, lo que aumenta el riesgo para los transeúntes y vehículos.

El pozo está ubicado en un sector de tránsito frecuente, y por allí pasa la línea 1 del transporte público. La situación se torna aún más preocupante debido a la dificultad para visibilizar el hueco, lo que podría ocasionar accidentes, tanto para los conductores como para los peatones.

Los vecinos hicieron un llamado a las autoridades locales, solicitando una pronta intervención para reparar el daño y garantizar la transitabilidad en la zona. 

Tal como lo habían anunciado, se concentraron en calle Moreno. “La idea es arrancar una medida de fuerza dentro de la empresa a partir del lunes”, adelantaron.

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El Sindicato de Trabajadores de la Alimentación llevó a cabo una manifestación este jueves a partir de las 8:00 de la mañana frente a las instalaciones de la empresa Marengo S.A., ubicadas en la esquina de Moreno y Lisandro de la Torre, en Rafaela.

La movilización surgió en respuesta a lo que consideraron "graves incumplimientos" por parte de la firma, como la falta de pago de salarios, aguinaldos y aportes sindicales, entre otros reclamos.

En un comunicado, el gremio acusó a la empresa de no cumplir con sus responsabilidades hacia los trabajadores. Además, hicieron un llamado a los empleados de Marengo S.A. y dirigentes gremiales a participar de la protesta.

Sindicales protestarán en una empresa local por diversos reclamos laborales: "Todo tiene un límite"

Nicolás González, en representación del sindicato, indicó a los medios: “La protesta es por preocupación por el incumplimiento de la parte empresarial. Esto viene de larga data y hay situaciones que son insostenibles. Este sindicado y los trabajadores han sido solidarios todo el año, pero recibimos muchas negativas de la parte empresarial”.

“Es frustrante tener que pararse frente a los trabajadores y decirles que no van a cobrar la totalidad del aguilando, o que no cobrarán las vacaciones. Las fuentes de trabajo son prioridad, pero todo tiene un límite”, comentó.

“La única respuesta que tenemos de la parte empresarial es negativa. Queremos tratar de visibilizar la situación, no sabemos qué va a pasar este 2025. Nosotros estamos para representar a los trabajadores”, declaró.

“La manifestación de hoy es para visibilizar. La idea es arrancar una medida de fuerza dentro de la empresa a partir del lunes en tanto no se abonen la totalidad de los salarios. Sería un paro total hasta que la situación se solucione”, anunció. Estamos hablando de 65 a 70 trabajadores afectados.

Una hermana de Mauricio Macri presentó una demanda judicial para exigir su legítima herencia, señalando sociedades offshore y transferencias patrimoniales irregulares.

Alejandra Macri, hermana no reconocida por el expresidente Mauricio Macri, presentó ante la Justicia un extenso listado de 398 empresas vinculadas al grupo familiar, incluyendo firmas offshore como Fleg Trading Ltda. y Karter Trading LTD, reveladas en los Panama Papers. El reclamo surge tras considerar que fue excluida de la distribución de la herencia de su padre, Franco Macri, fallecido en marzo de 2019​.

Según publicó Página 12, en su presentación ante el Juzgado Civil N°14, a cargo del magistrado Federico Causse, Alejandra exige que se reconozca su derecho hereditario mediante una acción de colación. Esta herramienta jurídica busca garantizar que las transmisiones patrimoniales realizadas en vida por Franco Macri sean incluidas en el acervo sucesorio​.

El reclamo detalla que Mauricio Macri y sus hermanos, mediante un acuerdo firmado en 2007, habrían recibido en vida bienes valuados en millones de dólares, excluyendo a Alejandra. Entre estos bienes se encuentran dos tercios de la fortuna familiar, con un pago estimado de veinte millones de dólares por la venta de una autopista en Brasil​.

Además, Alejandra menciona que sus hermanos participaron activamente en la gestión patrimonial de Franco Macri y se niegan a compartir información clave sobre los bienes involucrados. El listado presentado ante la Justicia incluye propiedades, acciones y transferencias de dinero que, según ella, deben ser incorporadas al proceso sucesorio​.

Las empresas offshore mencionadas en la demanda fueron parte de investigaciones judiciales que involucraron a Mauricio Macri. En 2016, el entonces presidente fue denunciado por omisión maliciosa al no declarar su participación en estas sociedades. Sin embargo, fue sobreseído en instancias judiciales, aunque las investigaciones sobre sus hermanos continúan abiertas​.

Incluso, una persona habría sido filmada arrojando residuos de patio en la vivienda de barrio Alberdi, que se ha convertido en un basural. La denuncia fue realizada por una vecina a RADIO RAFAELA.

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En el barrio Alberdi de Rafaela, vecinos denunciaron el comportamiento irresponsable de personas que utilizan una casa deshabitada como basural. Según el relato de una vecina, este domingo antes de las 22:30, una mujer fue vista arrojando hojas de palmera desde una camioneta pick-up en el frente de la propiedad ubicada en una esquina.

La vecina, que contactó a RADIO RAFAELA para hacer la denuncia, indicó que esta no era la primera vez que la casa deshabitada se usaba como basural.

En el video que fue grabado, se observa a la mujer conduciendo la camioneta y tirando basura en la vereda. La vecina señala que, debido a la mugre acumulada en el cordón, la mujer no pudo estacionar adecuadamente en el lugar, lo que sugiere que podría ser la misma persona que con frecuencia arroja residuos en ese sector del barrio.

La casa deshabitada ha sido utilizada en varias ocasiones como un depósito de basura, con hojas de palmera y otros desechos acumulándose frente a la propiedad. La situación ha generado malestar entre quienes viven en el barrio. “Esa casa está deshabitada, vienen a cortar el césped, pero gente sin educación la usa de basural”, reclamaron.

En la región, una mujer devolvió una importante suma de dinero que había robado su hijo

“Hablamos de la vida o la muerte”, afirmaron desde Seguridad Vial tras el aumento de los accidentes.

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La situación de las rutas nacionales que atraviesan la provincia de Santa Fe es cada vez más crítica. Son constantes los reclamos de los ciudadanos, organizaciones no gubernamentales y funcionarios provinciales debido al estado de deterioro de estas arterias vitales para la circulación. La falta de reparación de baches, la falta de mantenimiento en las banquinas y la falta de poda en los márgenes de la ruta se han convertido en problemas constantes que afectan la seguridad vial y la vida de los vecinos.

Una clara demostración de ello han sido los dos accidentes fatales que se produjeron la semana pasada en el sur santafesino, tanto en ruta nacional 8 como en la 33, dejando 4 personas muertas y varios heridos, algunos de ellos de consideración.

Pullaro: “Vamos a profundizar las acciones de persecución para terminar con estas organizaciones criminales”

Consultado al respecto, el director de la Agencia Provincial de Seguridad Vial (APSV), Carlos Torres, coincidió en que existe una “mora” en la reparación de las rutas nacionales, lo que ha generado una creciente preocupación entre los habitantes de la provincia. No solo se trata de una cuestión de nuevas obras, sino de trabajos básicos de mantenimiento que siguen sin ser atendidos. En este sentido, destacó que ha habido numerosas audiencias públicas en la legislatura provincial, reclamos a la Agencia Nacional de Seguridad Vial, al presidente Javier Milei y al secretario de Transporte, Franco Mogetta, pero hasta el momento no se ha logrado una solución efectiva.

“Estamos hablando de la vida o la muerte de los santafesinos que transitan por estas rutas, que en algunos lugares están realmente destruidas”, expresó Torres, quien también subrayó la preocupación por la falta de avances en una posible concesión de las rutas nacionales mediante el sistema de peaje. El gobierno provincial, ante la imposibilidad de que el gobierno nacional se encargue de la reparación, ha solicitado que se transfieran estas rutas a la provincia para que sean reparadas con fondos provinciales, pero este pedido aún no ha sido atendido.

El reclamo, según Torres, está lejos de resolverse, y la provincia continuará presionando al gobierno nacional. “La semana que viene estaremos nuevamente en Buenos Aires reunidos con el Consejo Federal de Seguridad Vial y plantearemos nuevamente la situación”, añadió. La necesidad de una intervención urgente se hace cada vez más evidente.

Los judiciales volverán a parar: anunciaron cese de actividades sin asistencia a los lugares de trabajo

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Radarización

Por otro lado, Torres hizo mención a la instalación de radares en las entradas de la ciudad de Venado Tuerto, específicamente en la Ruta 8. Según informó, la municipalidad de Venado Tuerto está avanzando en la instalación de estos radares con el apoyo de la Agencia Provincial de Seguridad Vial, que está a cargo de verificar que todo el procedimiento cumpla con las normativas necesarias. En este proceso, también interviene el INTI, que debe homologar los equipos antes de su activación.

La instalación de estos radares es parte de una serie de medidas destinadas a mejorar la seguridad vial en la región, especialmente en puntos críticos de la ciudad. Torres explicó que, si bien el proceso no es inmediato y requiere de varios pasos técnicos y administrativos, se espera que en las próximas semanas se puedan tener novedades sobre su puesta en marcha.

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Así lo señalaron los integrantes de Sinditacto de Profesionales Universitarios de la Sanidad (SiPrUS) en referencia a la situación crítica del Hospital Dr. Jaime Ferré de Rafaela.

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Este miércoles 9 de octubre, desde las 11:15hs, profesionales de la salud nucleados en Si.Pr.U.S le dieron un abrazo solidario al Hospital Dr. Jaime Ferré en reclamo por las condiciones de trabajo.

Rodrigo Ramírez y Jésica Gómez, integrantes de Sindicato, explicaron a Radio Rafaela que el abrazo solidario fue apoyo a los trabajadores del Hospital Dr. Jaime Ferré, en Rafaela, quienes enfrentan condiciones laborales precarias y un deterioro en la infraestructura que afecta la atención a los pacientes.

"La idea es visibilizar la situación del hospital, que se está haciendo insostenible", expresó Rodrigo.

Por otro lado, Rodrigo explicó que la guardia pediátrica, trasladada recientemente al hospital, está ubicada en un lugar inadecuado, lejos de la internación y sin los espacios necesarios para que los médicos puedan descansar. A esto se suma la demora en el pase a planta de empleados contratados durante la pandemia, situación que afecta a muchos trabajadores de distintos servicios. "El concurso para el nuevo hospital está frenado, y eso impacta en la calidad de atención", señaló al respecto.

Por su parte, Jésica Gómez hizo hincapié en la falta de personal en servicios clave como ecografía, mamografía y quirófano. "Somos muy pocos para la cantidad de trabajo que tenemos", comentó.

Además, Jésica denunció las pésimas condiciones edilicias del hospital, con pasillos que sirven de sala de espera en la guardia pediátrica, exponiendo a los niños a situaciones traumáticas. "En verano va a hacer muchísimo calor ahí, y los niños descompuestos no deberían pasar por esto", agregó Gómez.

Ambos profesionales destacaron que la problemática también incluye la falta de aumento salarial, una situación que se ha mantenido sin cambios significativos durante meses. "No tenemos respuestas del gobierno en ese sentido", subrayó Gómez.

En este contexto, los trabajadores de la salud llamaron a las autoridades provinciales a acelerar la construcción del nuevo hospital y a resolver el problema de los cargos concursados. "Es necesario un cambio, no podemos naturalizar estas condiciones de trabajo", concluyó Rodrigo.

Mirá la nota completa:

“El fútbol debe ser un espacio de respeto y sana competencia, NO de violencia”, indicaron en el comunicado.

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Este fin de semana resultó violento y terminó con suspensiones en la Primera B de la Liga Rafaelina de Futbol. En distintos encuentros, se produjeron altercados que terminaron con los partidos suspendidos.

En todos los casos, los afectados y agredidos fueron los árbitros del encuentro. Uno de ellos sufrió un cabezazo al sancionar a un jugador, otro terminó con el tabique roto y un tercero se vio envuelto en una gresca, afortunadamente ileso.

Como respuesta a estos sucesos, en las últimas horas emitieron un “comunicado urgente” proveniente de la Asociación Rafaelina de Árbitros. En el mismo, exigen medidas y sanciones ejemplares.

Fin de semana violento y con suspensiones en la Primera B de la Liga Rafaelina de Futbol

“Nos dirigimos a la comunidad futbolística y a la sociedad en general para expresar nuestro más enérgico repudio ante las agresiones sufridas por tres de nuestros árbitros en tres partidos diferentes, todos ellos disputados en el marco de la liga local”, comienza el mensaje.

“Estos actos de violencia NO pueden ser tolerados. Han ocurrido en distintas ocasiones y contra diferentes árbitros, comprometiendo no solo su integridad física y moral, sino también la seguridad y el desarrollo normal del fútbol en nuestra región. Este tipo de conductas es inaceptable y pone en riesgo el espíritu deportivo que todos debemos proteger”, sostuvieron.

“Hacemos un llamado directo a todos los clubes para que tomen medidas urgentes y efectivas que pongan fin a esta escalada de violencia. Jugadores, cuerpo técnico, dirigentes y simpatizantes: ¡Es hora de actuar con responsabilidad y respeto!”, reclamaron.

Además, “exigimos sanciones ejemplares para los responsables de estas agresiones. La violencia no tiene lugar en nuestras canchas, y es fundamental que se envíe un mensaje claro y contundente para que estos hechos no se repitan”.

“El fútbol debe ser un espacio de respeto y sana competencia, NO de violencia. ¡No más agresiones! NO A LA VIOLENCIA!!”, cerró el mensaje.

La Confederación sudamericana ya empezó con el proceso de la recolección de pruebas y análisis de imágenes de las agresiones. Es inminente la apertura de un expediente. El club brasileño se expone a una sanción por ser responsable de la seguridad del partido.

La CONMEBOL inicia una investigación por la represión de la policía brasileña contra los hinchas de San Lorenzo en el partido ante Atlético Mineiro por la vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores. El club local se expone a una sanción por estar a cargo de la organización y seguridad del partido.

El duelo copero entre el “Ciclón” y el elenco galo terminó en un escándalo en las tribunas con fuertes agresiones por parte de la policía brasileña contra los hinchas argentinos. La represión dejó un saldo de cuatro hinchas de San Lorenzo detenidos que fueron liberados horas después, gestión mediante del consulado argentino en Belo Horizonte.

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“San Lorenzo realizará una presentación ante la Conmebol con todas las pruebas de los hechos, cuestionando fuertemente el dispositivo de seguridad implementado y repudiando la violencia sistemática que sufren los equipos argentinos al momento de disputar sus encuentros en Brasil”, adelantaba el “Ciclón” en un comunicado oficial.

En ese marco, CONMEBOL ya puso en marcha desde esta mañana una investigación que tiene como primer paso llevar a cabo el proceso de recolección de pruebas y el análisis de imágenes de las agresiones. También se enviaron los informes de los veedores de la Confederación. Es el primer paso para la apertura de un expediente que, según pudo saber Doble Amarilla, se abrirá en las próximas horas.

“Durante el partido, hubo agravios y provocaciones del público local, que exhibió banderas y arrojó objetos a nuestros hinchas. Esto culminó con un feroz ataque policial al público de San Lorenzo, con disparos de bala de goma y gases lacrimógenos, una represión que provocó más de una decena de heridos”, denuncia el club argentino.

Si bien todavía debe ser analizado por la Unidad Disciplinaria de CONMEBOL, Atlético Mineiro se expone a una sanción, teniendo en cuenta que es el club quien debe encargarse de la seguridad y la organización del partido.(DA)

Se suma al paro de 72 horas ocurrido la semana pasada, por falta de actualización de salarios. Los rectores celebraron la media sanción de la ley de financiamiento.

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Los sindicatos de trabajadores de las universidades nacionales resolvieron convocar a un nuevo paro de 48 horas para el martes y miércoles de esta semana, que se suma al paro de 72 horas de la semana pasada. Los gremios reclaman "salarios dignos" para los docentes y apuntan contra el gobierno nacional por la falta de recomposición de sueldos.

En Santa Fe, la medida de fuerza definida por el gremio Adul (Asociación de Docentes Universitarios del Litoral) implica que no inicie el cuatrimestre en la Universidad Nacional del Litoral en varias carreras.

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Situación de docentes universitarios

En este contexto, el rector Enrique Mammarella alertó sobre la grave situación que afecta tanto a docentes como a no docentes. Expresó su preocupación por la falta de acuerdo y advirtió que el conflicto amenaza con poner en riesgo el segundo semestre del año académico.

“Estamos ante una emergencia salarial importante”, declaró Mammarella. “No se ha actualizado la garantía salarial para docentes y no docentes, lo que aseguraba que las categorías más bajas no quedaran por debajo de la línea de pobreza. Además, se ha eliminado el fondo nacional de incentivo docente”, explicó en declaraciones a la emisora universitaria LT10.

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Salario "por debajo de la línea de pobreza"En ese sentido, indicó que la falta de acuerdo y recomposición ha llevado a que un alto porcentaje del personal universitario cobre su salario por debajo del umbral de pobreza, profundizando las dificultades económicas dentro de la comunidad universitaria.

Mammarella señaló que la situación tiene un impacto profundo en las familias de los docentes y no docentes, así como en los estudiantes. “Esta situación afecta a toda la comunidad universitaria. Los esfuerzos que hacen las familias para que sus hijos puedan estudiar y viajar son enormes. No solo impacta a los empleados de la universidad, sino a todos los que forman parte de ella”, agregó.

El rector subrayó la necesidad urgente de ajustar los salarios para alcanzar niveles dignos. “Es muy difícil continuar trabajando normalmente cuando los ingresos no llegan a la línea de pobreza. Este año, en estas condiciones, es muy complicado”, afirmó.

Mammarella también destacó que las actualizaciones salariales deben reflejar los niveles de inflación. “El comunicado del Ministerio de Capital Humano, que detalla el aumento para docentes y no docentes, no toma en cuenta la inflación, dejando los aumentos muy por debajo de los valores necesarios”.

A pesar de los esfuerzos por buscar soluciones, la crisis universitaria persiste y no hay definiciones para que la situación pueda cambiar. “Estamos dispuestos al diálogo y hemos recurrido tanto al Ejecutivo como al Congreso, que tiene la potestad de trabajar en leyes y discutir el presupuesto para el próximo año. Siempre proporcionamos los datos necesarios, acompañando con la inflación y la rendición de cuentas correspondiente”, concluyó Mammarella.

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