El Gobierno nacional formalizó este martes una recompensa de 20 millones de pesos para quienes aporten información que permita dar con el paradero de Galvarino Sergio Apablaza Guerra, un ciudadano chileno sobre quien pesa una orden de captura nacional e internacional.

La medida fue publicada en el Boletín Oficial y responde a un pedido de la Justicia Federal en el marco de un proceso de extradición impulsado por Chile.

La decisión quedó establecida mediante la Resolución 302/2026 del Ministerio de Seguridad Nacional, donde se detalla que la suma de $20.000.000 será destinada a aquellas personas que, sin haber participado en los hechos investigados, brinden datos útiles que permitan concretar la detención del prófugo.

Según se desprende del documento oficial, Apablaza Guerra, de 75 años, tiene una orden de captura vigente desde el 31 de marzo de 2026, dictada por el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 11. La medida apunta a hacer efectiva su extradición a Chile, país que lo reclama por su presunta participación en delitos vinculados al terrorismo.

El texto oficial aclara que la recompensa se enmarca en el Programa Nacional de Recompensas, establecido por la Ley 26.538, que habilita al Estado a ofrecer compensaciones económicas para obtener información clave en investigaciones complejas o de gravedad institucional.

En este caso particular, las autoridades consideraron que se trata de un expediente de alta relevancia, tanto por la naturaleza de los delitos investigados como por el contexto internacional en el que se inscribe el pedido de extradición.

La causa que involucra a Apablaza Guerra tiene un largo recorrido judicial. De acuerdo con lo consignado en la resolución, el proceso de extradición permaneció suspendido durante años debido a distintas instancias de apelación e impugnaciones presentadas por la defensa del acusado.

Además, el expediente atravesó instancias administrativas y judiciales vinculadas a su condición de refugiado, en el marco de la normativa internacional sobre protección de personas perseguidas.

Sin embargo, la situación cambió recientemente cuando la Justicia determinó que el acusado dejó de cumplir con las condiciones impuestas en el proceso, lo que derivó en la orden de detención inmediata.

Este incumplimiento, definido como “inconducta procesal” en el documento oficial, fue clave para reactivar las medidas judiciales y avanzar en la búsqueda del imputado.

El Ministerio de Seguridad detalló que las personas que cuenten con información relevante pueden comunicarse de forma gratuita a la línea telefónica 134, correspondiente al Programa Nacional de Recompensas.

Uno de los puntos centrales del sistema es la confidencialidad: las autoridades garantizaron que la identidad de quienes aporten datos será preservada durante todo el proceso.

Asimismo, el pago de la recompensa estará sujeto a la evaluación de la información brindada. Es decir, solo se abonará el monto en caso de que los datos aportados resulten útiles y determinantes para concretar la detención del prófugo, previo informe de la autoridad judicial interviniente.

La resolución también instruye a las fuerzas de seguridad federales a difundir ampliamente la búsqueda, incluyendo la publicación de afiches y la difusión en medios de comunicación de todo el país.

El pedido de captura de Apablaza Guerra tiene implicancias que trascienden las fronteras argentinas. La solicitud de extradición fue impulsada por la República de Chile, que lo acusa formalmente de delitos considerados de extrema gravedad.

En ese contexto, la decisión del Gobierno argentino de ofrecer una recompensa busca acelerar su localización y detención, en línea con compromisos de cooperación judicial internacional.

Desde el Ministerio de Seguridad señalaron que la medida responde a la necesidad de dar una respuesta urgente ante un caso complejo, que involucra tanto aspectos judiciales como diplomáticos.

Con esta resolución, el Ejecutivo refuerza el uso de herramientas previstas por la ley para colaborar con la Justicia y promover la participación ciudadana en la resolución de delitos de alto impacto.

EL

Un hecho ocurrido en Córdoba generó fuerte repercusión luego de que un hombre encontrara un sobre con cheques por $37 millones y decidiera devolverlo.

El protagonista, Mauricio Abdelnur, relató que el hallazgo se produjo el 27 de enero, cuando regresaba a su casa tras finalizar su jornada laboral, en inmediaciones de la terminal de ómnibus.

“Encontré un sobre grande medio roto y adentro había 37 millones de pesos en cheques”, explicó.

Tras el hallazgo, Abdelnur permaneció en el lugar durante un tiempo esperando a su dueño, pero al no encontrarlo, regresó a su casa y analizó la situación con su familia.

“Le comenté a mi hijo y me dijo que había que devolverlo. Eso es lo que me encantó de él”, contó.

Luego, tomó fotografías de los cheques y logró contactar al emisor para coordinar la devolución. Incluso rechazó la opción de enviarlos por un servicio de mensajería, debido al valor del contenido, y optó por entregarlos personalmente.

Una vez concretada la devolución, el hombre recibió $30 mil como retribución, lo que consideró insuficiente.

“No lo hacíamos por plata, pero me indignó la retribución. Es una insignificancia”, expresó.

El malestar también se trasladó a su entorno familiar. “Mi hijo me dijo: ‘Papi, creo que te estafaron’. Eso me hizo sentir muy mal”, agregó.

Tras lo ocurrido, Abdelnur decidió avanzar con una carta documento, lo que terminó de instalar el caso en la agenda pública y generó debate en redes sociales.

Algunos usuarios destacaron el gesto solidario, mientras que otros cuestionaron la reacción posterior del protagonista.

Según trascendió, un abogado le habría indicado que, en este tipo de situaciones, el procedimiento adecuado es dar intervención a la Policía o a una entidad bancaria.

Además, la legislación contempla la posibilidad de una recompensa que puede oscilar entre el 2% y el 10% del valor recuperado, aunque no siempre se aplica automáticamente.

El episodio puso en debate cuestiones vinculadas a la honestidad, la retribución y las expectativas sociales frente a este tipo de situaciones.

Mientras tanto, el caso sigue generando opiniones divididas entre quienes valoran el gesto inicial y quienes cuestionan el reclamo posterior.

El Gobierno nacional dispuso el pago de una recompensa de cinco millones de pesos para quienes aporten información que permita localizar y detener a Maximiliano Ariel Liquitay, un hombre acusado del delito de lavado de activos agravado y vinculado a una investigación por narcocriminalidad.

La decisión fue oficializada a través de la Resolución 87/2026, firmada por la ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Susana Monteoliva, y publicada en el Boletín Oficial de la República Argentina. La norma se enmarca en la Ley N° 26.538, que regula el sistema de recompensas para incentivar la colaboración ciudadana en causas judiciales de especial gravedad.

Según el texto oficial, la recompensa fue solicitada por la Procuraduría de Narcocriminalidad Regional NOA, en el marco de la causa “LL s/ infracción Ley 23.737”, donde Liquitay es señalado como coautor penalmente responsable del delito de lavado de activos agravado, previsto en el artículo 303 del Código Penal.

El Ministerio de Seguridad Nacional evaluó el pedido y fijó el monto en función de la gravedad del delito y la complejidad de la investigación, conforme a los criterios establecidos en la normativa vigente.

Maximiliano Ariel Liquitay, DNI N° 38.976.415, nació el 10 de julio de 1995 y registra como último domicilio conocido una vivienda ubicada en avenida Colón 737, piso primero, departamento D, barrio Alberdi, en la ciudad de Córdoba.

Sobre el acusado pesa una orden de captura nacional e internacional desde el 12 de enero de 2024, lo que refuerza la hipótesis de que podría encontrarse fuera del país y da cuenta de las dificultades para avanzar en su localización.

La resolución establece que cualquier persona que cuente con datos relevantes puede comunicarse de manera gratuita y confidencial con el Programa Nacional de Recompensas, llamando a la línea 134, habilitada en todo el territorio argentino.

El pago de la recompensa quedará sujeto a que la información brindada sea útil y determinante para concretar la captura del prófugo, previa evaluación de la autoridad judicial interviniente. Además, se garantiza la preservación de la identidad de quienes colaboren.

Finalmente, la disposición encomienda la difusión del ofrecimiento en medios de alcance nacional, con el objetivo de reforzar la búsqueda y promover la participación ciudadana en una causa considerada de alta relevancia judicial.

El Ministerio de Seguridad Nacional resolvió ofrecer una recompensa de 10 millones de pesos para quienes aporten información útil, concreta y verificable que permita localizar y detener a Sergio Eduardo Giménez, un hombre condenado por abuso sexual agravado contra sus propios hijos y que permanece prófugo desde hace más de diez años.

La medida fue oficializada a través de la Resolución 88/2026, firmada por la ministra Alejandra Susana Monteoliva y publicada en el Boletín Oficial de la República Argentina. La decisión se enmarca en la Ley N.º 26.538, que regula el sistema de recompensas como mecanismo de colaboración ciudadana en causas judiciales de especial gravedad.

El ofrecimiento de la recompensa fue solicitado por el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N.º 15, a cargo del juez Adrián Norberto Martín, en el marco de la causa N.º 19575/2011. Según se desprende del texto oficial, el tribunal consideró necesario reforzar la búsqueda del condenado ante la imposibilidad de dar con su paradero, pese a las órdenes de captura vigentes a nivel nacional e internacional.

Giménez fue condenado a 15 años de prisión por delitos de abuso sexual simple, abuso sexual con acceso carnal reiterado, abuso sexual agravado y corrupción de menores, cometidos entre los años 2005 y 2006. La sentencia tuvo en cuenta agravantes como el vínculo, la convivencia y la condición de las víctimas, todas menores de edad.

Sergio Eduardo Giménez es argentino, titular del DNI N.º 26.348.802, nacido el 7 de noviembre de 1977, hijo de Julián Giménez y Gabriela Francow. De acuerdo a la información oficial, sus últimos domicilios conocidos se ubicaron en Paraguay, en la Ruta N.º 2, kilómetro 24, en la ciudad de Capiatá, y en la localidad de Villa Rica.

Entre sus características físicas, se informó que mide aproximadamente 1,70 metros, tiene ojos marrones y que solía teñirse el cabello, datos difundidos para facilitar su identificación.

Sobre el condenado pesa una orden de captura nacional desde el 20 de mayo de 2015 y una orden de captura internacional desde el 11 de noviembre del mismo año, lo que refuerza la hipótesis de que podría encontrarse fuera del país.

Las autoridades indicaron que quienes cuenten con información relevante pueden comunicarse de manera gratuita y confidencial con el Programa Nacional de Recompensas, llamando al 134, línea habilitada en todo el territorio nacional. El pago de la recompensa quedará sujeto a la evaluación judicial del mérito de los datos aportados y se garantiza la reserva de identidad del informante.

El Gobierno nacional resolvió aumentar a $20 millones la recompensa destinada a quienes aporten información útil que permita dar con el paradero de Loan Danilo Peña, el niño de 5 años desaparecido desde el 13 de junio de 2024 en la localidad correntina de 9 de Julio.

La decisión fue oficializada mediante la Resolución 51/2026 del Ministerio de Seguridad Nacional, publicada este viernes en el Boletín Oficial, y responde a un pedido expreso del Juzgado Federal de Goya, a cargo de la jueza Cristina Pozzer Penzo, que tiene a su cargo la investigación.

Según consta en el expediente, el tribunal solicitó el incremento del monto —originalmente fijado en $5 millones— debido al tiempo transcurrido desde la desaparición del menor y a la falta de datos relevantes que permitan avanzar en el esclarecimiento del caso.

Desde la cartera que conduce Alejandra Monteoliva explicaron que la actualización se encuadra en lo previsto por la Ley 26.538, que habilita a modificar el monto de las recompensas en función de la gravedad del hecho, la complejidad de la investigación y el tiempo transcurrido desde el ofrecimiento inicial.

Loan Danilo Peña fue visto por última vez el 13 de junio de 2024 alrededor de las 14.20, cuando se encontraba en una zona de monte tras un almuerzo familiar. De acuerdo con la causa judicial, el niño había salido a buscar naranjas junto a otros menores y tres adultos, y desapareció cuando el grupo regresaba hacia la vivienda, ubicada a unos 600 metros del lugar.

Al momento de su desaparición vestía una remera negra con letras rosadas que decían “Messi”, pantalón largo negro y zapatillas verdes. Es de tez trigueña, contextura delgada, ojos marrones, cabello corto castaño oscuro y presenta una cicatriz en el remolino de la cabeza.

Las personas que cuenten con información pueden comunicarse de manera anónima y gratuita a la línea 134 del Programa Nacional de Recompensas. Desde el Ministerio aclararon que el pago se efectuará preservando la identidad del aportante, previa evaluación judicial sobre la relevancia de los datos brindados.

El ministro del Interior, Diego Santilli, y el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, recorrieron este miércoles las zonas afectadas por los incendios en las localidades de El Hoyo y de Epuyén, donde supervisaron el operativo en marcha junto a los equipos que trabajan para contener el fuego y asistir a los vecinos afectados.

“Quiero destacar el trabajo conjunto ante una situación de gravedad absoluta y celebro que el gobernador vaya a fondo en la búsqueda de estos criminales que destruyen áreas naturales, trabajos y familias. Tenemos que dar el ejemplo en estas situaciones para que no se repitan”, expresó Santilli.

El funcionario sostuvo que el gobierno de Javier Milei y la administración provincial se encuentran trabajando en conjunto desde el primer momento con "toda la logística para enfrentar la situación y trabajar coordinadamente con Chubut y las provincias que atraviesan este tipo de incendios”.

Por su parte, Torres destacó que Santilli se comunicó “apenas empezaron los primeros focos de incendio para ponerse a disposición y poner a disposición todas las herramientas del gobierno nacional para ayudar”.

“Vinimos a ponernos a disposición y a trabajar en nombre del Presidente para seguir dando todo el apoyo y acompañar desde el Gobierno”, agregó Santilli. 

El Gobierno de Chubut ofrece una recompensa millonaria para dar con los responsables del incendio forestal que ya consumió más de 2.000 hectáreas en la zona de El Hoyo y otros sectores de la provincia, lo que provocó a su vez que más de 3.000 personas sean evacuadas.

Desde la localidad de El Hoyo y junto al ministro del Interior de la Nación, Diego Santilli y el fiscal Carlos Díaz Mayer, el gobernador Ignacio Torres brindó un informe actualizado sobre la situación en los sectores de la Comarca Andina y el Parque Nacional Los Alerces.

Allí, el mandatario destacó el amplio despliegue de recursos humanos y materiales, ratificó que al menos dos de los incendios fueron provocados de manera intencional y anunció una recompensa de $50 millones para quienes aporten datos sobre los responsables de los focos.

Sobre esto último, el fiscal también expuso que, cualquier información precisa sobre el hecho, “se puede dar de manera inmediata a la comisaría más cercana para colaborar de manera complementaria con la Fiscalía y la Procuración, y también de manera conjunta con las fuerzas federales para dar con los responsables rápidamente”.

Torres consideró en ese marco que “se tienen que tomar medidas ejemplificadoras, no podemos dejar que ganen los violentos” y aseguró que “la prioridad absoluta es garantizar la seguridad de las personas y que los responsables vayan presos”.

En la zona de Puerto Patriada, en jurisdicción de El Hoyo, alrededor de 300 personas, entre combatientes y equipos de apoyo, maquinaria pesada, unidades móviles y un total de seis medios aéreos participan de los intensos trabajos.

El funcionario anticipó, además, que “hoy está llegando el avión hidrante de mayor porte que tenemos en la Argentina”.

Por otra parte, reveló que ya fueron ubicadas las familias cuyas viviendas fueron alcanzadas por las llamas y precisó que, a través del Ministerio de Desarrollo Humano, “vamos a estar acompañando a familias y productores que fueron afectados”.

Aclaró asimismo que “no hay viviendas comprometidas en Epuyén pero algunos pobladores fueron evacuados de manera preventiva”.

AgenciaNA

La desaparición de Abril Nilda Romero Miranda, una adolescente de 17 años de General Rodríguez, activó un operativo nacional. El Ministerio de Seguridad de la Nación oficializó este miércoles una recompensa de $5 millones para quienes aporten información confiable que permita encontrarla.

La causa, que en un principio se investigaba como una ausencia voluntaria, dio un giro en las últimas semanas y ahora se presume que la joven podría estar en situación de riesgo y bajo un contexto de violencia de género.

La resolución 1316/2025, firmada por la ministra de Seguridad Patricia Bullrich y publicada en el Boletín Oficial, detalla que la Unidad Funcional de Instrucción Nº 9 del Departamento Judicial Moreno–General Rodríguez solicitó el ofrecimiento de recompensa, ante la falta de avances para encontrar a Abril.

La adolescente fue vista por última vez el 18 de septiembre de 2025 cuando se ausentó de su domicilio ubicado en calle Quiroga, en General Rodríguez. Tiene cabello largo oscuro, ojos oscuros y tez trigueña. Nació el 13 de agosto de 2008 y es hija de Jorgelina Martínez Miranda y Pablo Ramón Romero.

Según los primeros indicios de la investigación, Abril dejó una nota para sus padres en la que aseguraba que estaba bien y que se había ido por voluntad propia con su novio, Cristian Velazco, un hombre de 32 años con quien ya había convivido anteriormente. La relación —que era conocida por la familia— había atravesado conflictos y ambos habían decidido separarse semanas antes de la desaparición.

Pero los fiscales creen ahora que aquel presunto acuerdo para fugarse no fue tan voluntario como parecía.

Con el avance de la causa, la fiscalía incorporó pruebas que modificaron por completo el encuadre del caso. Según detalla la resolución, la diferencia de edad entre ambos, los antecedentes de violencia de género de Velazco y la ausencia total de contacto por parte de la joven fortalecen la hipótesis de que Abril podría estar siendo víctima de un delito grave.

Velazco tiene múltiples denuncias previas por violencia de género, incluida una radicada pocos días antes de la desaparición por la propia madre de Abril.

Además, una expareja del hombre declaró haber sufrido agresiones durante su relación y relató un episodio en el que Velazco la habría llevado de manera ilegal, cuando ella también era menor, a través de un paso fronterizo no habilitado hacia Bolivia.

Ese testimonio alimentó la sospecha de que Abril podría haber sido trasladada fuera de la provincia de Buenos Aires, e incluso del país. Los investigadores no descartan que la adolescente se encuentre en alguna zona de la provincia de Salta o en un país limítrofe.

El Ministerio de Seguridad considera que la situación configura una posible privación ilegal de la libertad agravada, al tratarse de una menor de edad y en un contexto de violencia de género.

Para recibir datos, el Ministerio activó el Programa Nacional de Recompensas, que funciona bajo la órbita de la Dirección Nacional de Normativa y Relaciones con el Poder Judicial y los Ministerios Públicos.

Las personas que aporten información —se aclara, siempre que no hayan estado involucradas en los hechos delictivos— pueden comunicarse de manera gratuita al 134, la línea nacional de denuncias del Ministerio de Seguridad.

La identidad de quien brinde datos será preservada. Según establece la resolución, el pago de la recompensa se realizará en el Ministerio o en el lugar que determine la cartera, siempre después de que la autoridad judicial confirme la utilidad de la información aportada.

Además, se instruyó a las fuerzas federales a difundir el afiche oficial con los datos de Abril en todo el país, y la Dirección de Comunicación Institucional deberá amplificar la búsqueda en medios gráficos, radiales y televisivos.

El Litoral

El Gobierno de la Provincia de Santa Fe ofrecerá una recompensa de 16 millones de pesos a quien brinde información veraz que conduzca al esclarecimiento del femicidio ocurrido en San Jorge el 12 de octubre del 2020.

 Ese día María Florencia Gómez Pouillastrou, de 34 años, fue asesinada y abandonada en un camino rural al sur de San Jorge. La recompensa será implementada por el Gobierno Provincial con el objetivo de incentivar testimonios que ayuden a avanzar con las investigaciones. Quienes tengan información que pueda ayudar a esclarecer el crimen pueden contactarse al 911 o vía mail con la Fiscalía a fiscaliageneral@mpa.santafe.gov.ar, fr1@mpa.santafe.gov.ar, fr3@mpa.santafe.gov.ar, fr4@mpa.santafe.gov.ar o fr5@mpa.santafe.gov.ar .  Con esta iniciativa las autoridades provinciales buscan motivar a testigos o personas con conocimiento del hecho a brindar información y de esta manera colaborar con la familia en la búsqueda de justicia. Se garantiza la estricta confidencialidad de los datos, tal como se hizo en la totalidad de las recompensas que se pagaron hasta ahora.

Desde este martes está vigente la página web, donde se encuentran publicados los datos de los delincuentes cuya captura el gobierno provincial considera de máxima prioridad. A los fines de aportar datos para su localización y conocer el monto de las recompensas ofrecidas, quien ingrese podrá cliquear en cada imagen.

El gobierno de Santa Fe lanzó a principios de agosto la lista de las diez personas más buscadas, una nómina que se fundamenta en el peligro que representan para la seguridad y que se va actualizando en la medida en que se realizan capturas. La última fue el 12 de septiembre, cuando la Unidad de Acciones Especiales y las Tropas de Operaciones Especiales detuvo en Rosario a Waldo Bilbao, hasta ese momento el tercero de la lista, por quien se ofrecía una recompensa de 50 millones de pesos.

Este martes se dio a conocer el nombre de quien ocupará un lugar en el listado. Se trata de Ernesto Quintana, que tiene un pedido de captura desde el año 2020 por el homicidio de un peón rural cuyo cuerpo apareció en el rio Coronda, según detallaron autoridades provinciales.

Los montos por estos diez pedidos van de los 25 a los 70 millones y totalizan una cifra de 360 millones de pesos.

Además, la provincia decidió duplicar el dinero a pagar para quien aporte datos de homicidios dolosos sin esclarecer, cometidos desde el año 2014: la cifra pasó de 8 a 16 millones de pesos, "siempre que no haya oferta de una recompensa mayor". El mismo criterio se va a aplicar en casos de tentativa de homicidio para los casos en que la Fiscalía lo solicite. Para el pago de las recompensas no habrá que esperar a que haya condena efectiva: si a criterio de la Fiscalía los datos aportados permiten dar con la persona buscada se pagará la cifra acordada.

Los anuncios fueron realizados desde Rosario por el ministro de Seguridad y Justicia, Pablo Cococcioni, la vicegobernadora Gisela Scaglia e integrantes del Bloque de Búsqueda y Captura de Alto Perfil.

En el último año y tres meses se logró capturar a ocho personas que eran consideradas "prioritarias", empezando por Mauricio Laferrara en junio del año pasado y culminando con Bilbao el viernes 12 de septiembre, explicó el ministro. Nos enfocamos en 10 personas porque cuando buscamos a 10 nos acordamos de sus caras, y cuando buscamos a 100, no", dijo el funcionario quien, como en otras oportunidades, señaló que el gobierno "no va a escatimar recursos en políticas de seguridad" y "cuando se produce la captura de una persona que integra esa nómina, automáticamente otro ocupa su lugar".

A su turno, la vicegobernadora Scaglia señaló que "a todo aquel que vaya en contra de la paz social lo vamos a perseguir hasta encontrarlo. Tenemos toda la paciencia del mundo, pero los vamos a encontrar. No vamos a dejar suelto a nadie que tenga que estar tras las rejas", insistió antes de presentar los detalles de la página web. Allí están publicados los datos de los 10 más buscados, las causas de los pedidos de captura, los montos de recompensa ofrecidos y los datos de contacto para hacer llegar información.

"El orden de prioridad estará dado en función del peligro que las personas representen para Santa Fe", sostuvo Scaglia. En cuanto a los montos de recompensa, están relacionados con "el grado de violencia o el interés que tiene la provincia en capturarlos para desmadrar otras causas abiertas".

La página oficial va a estar circulando por toda la provincia y el país; quienes tengan datos para aportar podrán comunicarse al 911 o a los contactos que figuren en la web. "En cada publicación van a estar todos los medios para brindar información", se aseguró.

En rueda de prensa, Cococcioni garantizó que para pagar la recompensa por la persona buscada "no esperamos que haya condena; si se aportan datos y la Fiscalía considera que la información es útil, se efectiviza el pago bajo constancia notarial, en efectivo y en forma anónima para resguardar la seguridad del informante".

El Bloque de Búsqueda y Captura de Alto Perfil está presidido por el propio Cococcioni e integrado por representantes del Ministerio Público de la Acusación, el Ministerio Público Fiscal (MPF), el Servicio Penitenciario, la Policía de Investigaciones, la Secretaría de Seguridad Pública y la Subsecretaría de Inteligencia Criminal. Su función contempla la selección de los delincuentes más peligrosos para colocarlos en una lista de búsqueda y captura. Para ello cuenta con la Unidad de Búsqueda y Captura de Sujetos de Alto Perfil, encargada de ejecutar las órdenes de El Bloque.

El Litoral

La medida fue dispuesta por la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, a través de la Resolución 975/2025, publicada en el Boletín Oficial.

El aumento responde al pedido de la Unidad Fiscal de Santa Fe, a cargo del fiscal Walter Rodríguez, que solicitó incrementar el incentivo económico ante la falta de datos útiles que permitan concretar la captura del fugitivo.

Vicente Matías Pignata, de 41 años, nacido en la ciudad de Santa Fe, fue condenado en 2017 como autor responsable del delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización. El Tribunal Oral Federal de Santa Fe le impuso en aquel entonces una pena de cuatro años de prisión.

Sin embargo, Pignata nunca cumplió la condena. En marzo de 2019 se dictó una orden de captura nacional y, poco después, en mayo de ese mismo año, se amplió la búsqueda a nivel internacional. Desde entonces, se encuentra prófugo y su paradero sigue siendo un misterio.

Sus últimos domicilios conocidos fueron en la ciudad de Santa Fe y en la localidad de Bowen, provincia de Mendoza. Está casado con Elizabet Yanina Campos, y es hijo de Vicente Antonio Pignata y Adriana María Amarillo.

La primera recompensa para dar con Pignata había sido establecida en 2023 en dos millones de pesos. Ahora, el Ministerio de Seguridad resolvió aumentarla a cinco millones de pesos, una cifra que busca incentivar a cualquier persona que pueda aportar datos concretos que conduzcan a su captura.

El programa establece que quienes posean información útil podrán comunicarse de manera confidencial y gratuita con el Programa Nacional de Recompensas a través de la línea telefónica 134, disponible en todo el país.

El pago de la recompensa, en caso de que la información resulte efectiva, se realizará en el Ministerio de Seguridad o en el lugar que la cartera designe, siempre garantizando la preservación de la identidad de la persona que colabore.

Además, la resolución instruye a las Fuerzas Policiales y de Seguridad Federales a difundir y publicar el afiche oficial con los datos del prófugo en medios gráficos, radiales y televisivos de alcance nacional.

La Justicia federal investiga a Pignata desde hace más de una década. El expediente en el que fue condenado se originó en 2017 bajo la carátula “Pignata, Vicente Matías y otros s/Infracción Art. 303 inc. 1 CP”, y estuvo a cargo de la Unidad Fiscal de Santa Fe.

El fiscal Walter Rodríguez remarcó recientemente que, a pesar de los mecanismos de búsqueda activados y la recompensa vigente, no se recibieron datos útiles sobre su paradero en estos años.

Por ello, solicitó al Ministerio de Seguridad el incremento económico, considerando que la visibilidad pública y el monto de la recompensa son herramientas fundamentales para avanzar en la detención de prófugos de alta peligrosidad.

Quienes tengan información sobre Pignata pueden comunicarse al 134, la línea gratuita del Ministerio de Seguridad de la Nación, que funciona de manera permanente. La identidad de quienes colaboren será preservada y protegida por el programa oficial.

Vicente Matías Pignata by El Litoral

EL

El Gobierno de Santa Fe y el Ministerio Público de la Acusación activó una recompensa por 6 millones de pesos a los fines de que aporten información relevante en cuanto al paradero de Damián Vélez y Benjamín Barrios, sindicados como partícipes del accidente de tránsito en Wheelwright, departamento General López, ocurrido el pasado sábado 12, en el que Ricardo Roque Heck, de 19 años oriundo de Hughes, perdió la vida tras colisionar su motocicleta con una camioneta Nissan Frontier.

Desde la Comuna de Hughes, difundieron la recompensan ofrecida con las fotos de los prófugos y comunicaron los contactos ante cualquier información: 3465 499613 - 3462 565015 - 3465 407290.

Tras el siniestro fatal, la investigación judicial continuó con una serie de allanamientos en la localidad de Alcorta, ya que en el momento del choque, en el interior del vehículo mayor, los agentes encontraron estupefacientes y otros elementos de interés para la investigación, lo que derivó en la intervención inmediata de la Fiscalía de turno y la sección de Microtráfico.

Durante la audiencia, celebrada para imponer la prisión preventiva a una de las acusadas, la fiscal Susana Pepino indicó que el episodio vial ocurrió alrededor de las 00:45, cuando la imputada (Morena V.) conducía a gran velocidad una camioneta marca Nissan modelo Frontier de color negro y embistió a Heck, quien circulaba en moto en cercanías del ingreso a Wheelwright.

Luego del impacto, la mujer investigada dejó a la víctima a su suerte, a sabiendas de que estaba en una situación de desamparo. “Abandonó el vehículo en el lugar y, junto con dos hombres (los prófugos) y un adolescente que la acompañaban, se fugó”, sostuvo Pepino.

En cuanto a los estupefacientes, la funcionaria del MPA detalló que “en la camioneta abandonada se hallaron 4,8 gramos de cocaína distribuidos en 14 envoltorios y 12,3 gramos de marihuana, así como una tarjeta bancaria a nombre de la imputada de iniciales (Jasmín R.) y papeles característicos de la venta de drogas al menudeo”. A su vez, detalló que “el vehículo tenía un pedido de secuestro por robo”.

La representante del MPA expuso que “al enterarse del siniestro, la imputada de iniciales YMR intentó encubrir el accionar de la otra mujer investigada”. En tal sentido, relató que “se encargó de que tanto la autora del homicidio como las personas que la acompañaban fueran trasladadas en remís por diferentes localidades del sur provincial, a fin de procurar su impunidad”.

EL

El gobierno nacional lanzó una recompensa millonaria para dar con el paradero de Matías Ignacio Gazzani, uno de los narcotraficantes más buscados del sur de Santa Fe. A través de la Resolución 891/2025, publicada este martes en el Boletín Oficial, el Ministerio de Seguridad de la Nación ofrece 10 millones de pesos a quien pueda aportar información certera sobre su ubicación.

Gazzani está acusado de liderar La Banda de los Menores, una organización criminal con base en el barrio 7 de Septiembre de Rosario, involucrada en el narcomenudeo y otros delitos de alto impacto en la zona. Según detalló la cartera de Seguridad, operaba junto a Mauricio “Mauri” Ayala, actualmente detenido y sindicado como pieza clave del tráfico de drogas en Villa Urquiza, además de tener lazos con Pablo Nicolás Camino y el grupo conocido como “La Mafilia”.

Matías Gazzani, nacido el 15 de febrero de 1996, tiene como último domicilio conocido una vivienda ubicada en Colombres 1319 bis, en el norte rosarino. Desde hace semanas se desconoce su paradero, y su nombre aparece vinculado a múltiples causas judiciales por narcotráfico y delitos conexos.

En la resolución, el Ministerio aclara que la identidad de quien brinde información será preservada y que el pago se realizará “en esta cartera o en el lugar que designe su representante, previo informe de la autoridad interviniente sobre el mérito de la información brindada”.

El avance sobre bandas narco locales y sus redes de poder se ha convertido en una prioridad para el gobierno nacional y provincial, tras una escalada de violencia urbana y homicidios. La captura de Ayala representó un golpe para estas organizaciones, pero el caso de Gazzani —aún en libertad— mantiene en vilo a la Justicia.

Con esta recompensa, el Estado busca generar una red de colaboración ciudadana que permita cerrar el cerco sobre uno de los prófugos más peligrosos de la región.

Una moción ingresada este lunes en la corte por el Departamento de Justicia reveló el contenido de la carta, en la que Ryan Wesley Routh admitió con antelación que había planeado el ataque contra el candidato republicano.

El sospechoso de intentar asesinar a Donald Trump en un campo de golf de la Florida detalló sus planes en una carta escrita a mano, en la que reconoció que quería cometer el crimen y ofreció US$150.000 a quien complete su fallida misión, señaló este lunes la Fiscalía.

LEE: El hombre que atentó contra Donald Trump alegó haber planificado el ataque

Una moción ingresada este lunes en la corte por el Departamento de Justicia reveló el contenido de la carta, en la que Ryan Wesley Routh admitió con antelación que había planeado el ataque contra el candidato republicano.

“Querido mundo: Este fue un intento de asesinato de Donald Trump, pero lamento mucho haberles fallado”, escribió Routh en la carta, en la que además ofreció US$150.000 “a quien pueda completar el trabajo”.

“Hice lo mejor que pude y entregué todo el coraje que pude reunir”, agregó el hombre de 58 años. La carta fue hallada en una caja junto a otros objetos, incluidas municiones, y que el detenido dejó en la casa de un amigo varios meses antes de su arresto. Al parecer, preveía un intento fallido, pero la Fiscalía no lo precisa.

Se trata de un millón de pesos. La información y los datos relativos a la causa deberán ser aportados en cualquiera de las sedes de las Fiscalías Regionales del Ministerio Publico de la Acusación.

Se trata de un millón de pesos. La información y los datos relativos a la causa deberán ser aportados en cualquiera de las sedes de las Fiscalías Regionales del Ministerio Publico de la Acusación.

El gobierno de la provincia de Santa Fe, a través del Ministerio de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos, ofrece un millón de pesos como recompensa para aquellas personas que aporten datos útiles, relevantes y decisivos para lograr el esclarecimiento del hecho ocurrido el 1 de marzo de 2015 en la calle Constitución 400 de Rosario, que tiene como víctima a Damián Lucero.

La identidad de quienes brinden información y de quienes sean adjudicatarios de la recompensa será mantenida en secreto antes, durante y después de finalizada la investigación y/o proceso judicial en los términos y condiciones previstos en el articulo 44 de la Ley N° 13.494.

La información y los datos relativos a la causa deberán ser aportados en cualquiera de las sedes de las Fiscalías Regionales del Ministerio Público de la Acusación: