El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y la ministra de Seguridad saliente, Patricia Bullrich, ratificaron este lunes que el Gobierno enviará en los próximos días al Congreso el proyecto de reforma del Código Penal, una de las iniciativas de las reformas de segundo orden programadas por el Poder Ejecutivo.

El proyecto “pondrá orden donde antes reinaba la barbarie” porque, según dijeron, garantizará un cambio de doctrina con el objetivo de que “las penas se agraven, la Justicia llegue a tiempo y se termine la puerta giratoria”.

En conferencia desde la Casa Rosada, Adorni destacó “el enorme aporte de Patricia Bullrich al restablecimiento del orden”  y sostuvo que “cuando asumió como ministra la Argentina estaba sumida en un verdadero baño de sangre, los piqueteros eran dueños de la calle y ciudades como Rosario eran zonas liberadas para los narcoterroristas”.

Por su parte, Bullrich sostuvo que el nuevo Código Penal busca “dar vuelta la realidad de cuáles eran los más favorecidos: los delincuentes, los violadores y los asesinos; que la Justicia llegue a tiempo y que haya cumplimiento efectivo de las penas”. 

Anticipó que el proyecto prevé el “agravamiento de las penas” y protegerá a quienes cumplen tareas fundamentales como el ámbito educativo, los chicos en las escuelas y las personas mayores.

Destacó que incorpora la figura de conducción imprudente —reclamo histórico de Madres del Dolor—, el abuso de armas y el concepto de legítima defensa, donde “la presunción va a estar siempre a favor de quién se defiende”. 

Y aseguró que “las víctimas van a tener una posibilidad de intervenir en todo momento” y que, como consecuencia de las innovaciones, “el 82% de los delitos van a ser con prisión efectiva”.

Adorni y Bullrich también anunciaron el lanzamiento del Sistema de Alerta Temprana (ALERTAR), que notificará en tiempo real a la población ante desastres naturales, emergencias meteorológicas y advertencias de seguridad pública. vuVUqA

Con una inversión de 12.000 millones de pesos del FSU, permitirá enviar un mismo mensaje a todos los dispositivos móviles del área afectada, garantizando privacidad y anonimato, informó el Gobierno en un comunicado.

Así lo dijo la diputada provincial, quien dialogó con RADIO RAFAELA para brindar detalles acerca del proyecto de reforma del Código Procesal Civil y Comercial de Santa Fe.

La diputada provincial Gisel Mahmud anunció la reintroducción de un proyecto de reforma del Código Procesal Civil y Comercial de Santa Fe, buscando modernizar un sistema que, según ella, está "muy desactualizado". "El régimen del derecho civil y comercial es el régimen que regula la vida cotidiana de las personas, en un montón de cosas que nos atraviesan todos los días", explica Mahmud, destacando la importancia de este código en asuntos tan variados como el derecho de familia, las sucesiones, los contratos de alquiler y las sociedades comerciales.

El actual Código de Procedimientos Civil y Comercial de Santa Fe, que establece cómo se deben llevar a cabo los procedimientos legales en la justicia provincial, necesita urgentemente una actualización. "Los plazos podrían ser mucho más breves, todo podría demorar mucho menos tiempo para la ciudadanía", señala Mahmud. La reforma propuesta pretende agilizar estos procesos, redistribuir los recursos humanos y materiales de manera más eficiente y aprovechar mejor la tecnología, para que los trámites ante la justicia sean más rápidos y efectivos.

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La propuesta de ley que se presenta ahora retoma un proyecto de la gestión de Miguel Lifschitz, que había obtenido media sanción pero no llegó a ser aprobado por completo. "Había estado muy cerca de sancionarse por el Senado", menciona la diputada, quien también aclara que el actual gobernador Maximiliano Pullaro y el Secretario de Justicia han mostrado su apoyo a esta reforma. El socialismo, añade Mahmud, ha presentado su propuesta para servir de base y continuar el trabajo desde donde se dejó, en lugar de empezar desde cero.

La reforma busca no solo mejorar los tiempos y la eficiencia del sistema judicial, sino también liberar a los jueces de tareas administrativas que podrían ser realizadas por otro personal del Poder Judicial, permitiéndoles concentrarse en emitir sentencias y resolver problemas con mayor celeridad. "Muchas veces, además de emitir decisiones, sentencias o resolver problemas que les pedimos que resuelvan, también están haciendo gestiones administrativas cotidianas que para nuestro entender deberían recaer en personal del Poder Judicial", afirma.

Mahmud también subraya las dificultades actuales del Poder Judicial en circunscripciones como la de Rafaela, donde hay vacantes sin cubrir y concursos que convocar. "Sabemos que con la pandemia la justicia empezó a incorporar cuestiones tecnológicas digitales y virtuales que aceleraron procesos, pero todavía nos queda mucho por avanzar", concluye, señalando la necesidad de seguir implementando y fortaleciendo estas herramientas tecnológicas para una justicia más eficiente y accesible.