El Gobierno nacional promulgó este viernes la Ley de Modernizacion Laboral, una normativa que introduce cambios importantes en el sistema de despidos e indemnizaciones en el sector privado.

La reforma fue impulsada por la administración del presidente Javier Milei y establece la creación del Fondo de Asistencia Laboral, un mecanismo de capitalización destinado a cubrir las compensaciones por finalización del vínculo laboral.

El FAL reemplaza parcialmente el esquema tradicional en el que las empresas pagaban la indemnización directamente al momento del despido.

A partir de ahora, los empleadores deberán realizar aportes mensuales obligatorios a una cuenta individual por trabajador, que funcionará como respaldo para afrontar las indemnizaciones.

Cada empresa deberá abrir una cuenta en entidades privadas autorizadas por la Comision Nacional de Valores, donde se depositarán esos aportes.

El saldo de la cuenta será inembargable y estará separado del patrimonio de la empresa.

El dinero acumulado en el FAL solo podrá utilizarse en determinados casos de finalización del vínculo laboral:

En cambio, si el trabajador renuncia o se jubila, los fondos acumulados no se transfieren al empleado y quedan disponibles para cubrir futuras contingencias dentro de la empresa.

El financiamiento del fondo será responsabilidad exclusiva de los empleadores.

Las contribuciones mensuales obligatorias serán:

El Poder Ejecutivo podrá elevar esos porcentajes, con aprobación del Congreso, hasta:

Además, el fondo podrá recibir aportes voluntarios, donaciones y rendimientos de inversiones.

Para que un trabajador pueda acceder a la cobertura del FAL deberán cumplirse dos condiciones principales:

También se exige que el empleador haya realizado seis aportes mensuales consecutivos antes de utilizar el fondo.

Quedan excluidos:

La reforma también modifica la fórmula de cálculo de la indemnización por despido sin causa.

A partir de ahora, el monto se calculará únicamente sobre la remuneración mensual normal y habitual del trabajador.

Esto significa que quedan excluidos del cálculo conceptos como:

La ley establece que la responsabilidad final del pago sigue siendo del empleador.

Si el saldo acumulado en el FAL no alcanza para cubrir la indemnización, la empresa deberá pagar la diferencia con fondos propios.

En caso de conflicto, el trabajador mantiene el derecho a iniciar acciones judiciales.

La normativa también fija un nuevo sistema de actualización para deudas laborales.

Los créditos se ajustarán según:

El objetivo es dar mayor previsibilidad a las liquidaciones laborales y a los procesos judiciales.

La implementación del Fondo de Asistencia Laboral representa una transformación significativa en la forma en que se financian las indemnizaciones en Argentina.

El nuevo esquema busca reducir la incertidumbre financiera para las empresas, aunque también abre un nuevo debate sobre el alcance de la protección laboral para los trabajadores.

“El proyecto de reforma laboral que el gobierno elevaría al Congreso plantea que los acuerdos de empresa prevalezcan sobre los convenios colectivos sectoriales. La idea es correcta. Pero para que sea efectiva hay que habilitar a los trabajadores de cada empresa para que puedan negociar su propio acuerdo con su empleador”.

Mientras la CGT define su nueva conducción, Gerardo Martínez (Uocra) afirmó que “no somos una máquina de impedir” pero advirtió “movilizaciones” si el gobierno de Milei no les garantiza un diálogo profundo sobre el proyecto. Además ya dejó en claro sus cuestionamientos preventivos a Federico Sturzenegger, una de las plumas del proyecto.

Pero desde 2011 el empleo formal creció 2%, el empleo público 34% y los monotributistas 42%. Un 36,8% de quienes reciben un salario, no paga contribuciones a la seguridad social ni recibe aportes de su empleador. Y si se toman los empleos independientes, esto llega a un 42% al cierre del 2024. El sistema previsional está quebrado y los empleadores formales temen los costos indemnizatorios.

Raúl Alfonsín (1983–1989) intentó “democratizar” sindicatos con la Ley Mucci en 1994. Los 13 paros generales de la CGT y el señorío del PJ en el Senado fueron la antesala del fracaso económico del radicalismo, que sepultó con populismo electoral el intento estabilizador del Plan Austral.

Carlos Menem (1989–1999), con la Ley de Empleo 24.013 (1991), introdujo contratos temporales, de aprendizaje y modalidades más flexibles. La ley Ley 24.465 (1995): profundizó la flexibilización y la 25.013 (1998) introdujo topes indemnizatorios y reducciones de aportes. Pero el desempleo superó el 18% tras la crisis de 1998.

Fernando de la Rúa (1999–2001) logró una reforma laboral (2000) que terminó conocida como “Ley Banelco”; introdujo la negociación por empresa pero el escándalo precipitó la renuncia del vicepresidente Carlos Álvarez y la norma fue parcialmente derogada tras la crisis de 2001.

Eduardo Duhalde (2002–2003) congeló despidos por decreto y no promovió reformas estructurales. Néstor Kirchner (2003–2007) recompuso el poder sindical desactivando gran parte de la flexibilización de los ‘90.

Cristina Fernández de Kirchner (2007–2015) mantuvo la negociación colectiva y fortaleció el rol del Ministerio de Trabajo. Mauricio Macri (2015–2019) planteó “modernizar” las relaciones laborales y reducir litigiosidad, pero su blanqueo laboral fue impedido por los sindicatos, aunque pudo sancionar la ley de ART.

Alberto Fernández (2019–2023) prohibió los despidos en pandemia y duplicó el costo de indemnización. Y Javier Milei (2023– ) dictó el decreto 70/2023 que incluía una reforma laboral amplia (contratos, indemnizaciones, contribuciones, derechos sindicales), que fue judicialmente suspendido por la Cámara Nacional del Trabajo.

La Ley Bases (2024) contenía parte de esas reformas pero el capítulo laboral fue retirado para garantizar la aprobación del resto de la norma. Ahora la Casa Rosada hará un nuevo intento, tras el resultado electoral de las elecciones de medio término.

“Está circulando informalmente un borrador de proyecto de reforma laboral que eventualmente sería presentado al Congreso Nacional. Según el diagnóstico oficial, de esta reforma se derivará una masiva formalización de trabajadores lo que permitirá aliviar la crítica situación financiera del sistema previsional”, señala el reporte de Idesa, que dirige el economista Jorge Colina.

El borrador tiene más de 100 artículos. La mayoría son cambios aclaratorios en la Ley de Contrato de Trabajo (LCT): propone una excluir el trabajo de plataforma de la LCT; propone eliminar la exigencia de matrícula para el ejercicio liberal de la profesión; permite que las empresas organicen su producción y las remuneraciones en acuerdo con sus trabajadores.

En el diagnóstico, los trabajadores informales, entre asalariados y cuentapropistas no registrados, son unos 7 millones de trabajadores. Y de ellos, 3 millones poseen bajo nivel de educación (secundaria incompleta) y trabajan en establecimientos con menos de 10 empleados son unos 3 millones.

Para Idesa, “como mínimo, en el 42% de la informalidad laboral prevalecen condiciones de muy baja productividad laboral. Estos datos muestran que en la mayoría de los casos, el incumplimiento de las normas laborales es una estrategia de supervivencia”.

En esa lectura, “mejorar el diseño de las regulaciones laborales es positivo, pero para casi la mitad de los trabajadores informales es insuficiente, ya que necesitan, además, aumentar el capital humano y tecnológico a fin de elevar su productividad”.

Mientras el gobierno habla de reforma laboral y tributaria, postergando la previsional. Idesa sostiene que los cambios propuestos “sirven de poco si los únicos habilitados a negociar ambos convenios son las cúpulas sindicales y empresariales.

“El gran paso transformador es romper con el monopolio que actualmente detentan las cúpulas. Esto es, hay que permitir que el convenio a nivel de empresa lo puedan celebrar los propios trabajadores con su empleador”.

Sugiere Idesa que en la negociación para las microempresas (hasta 10 trabajadores) el convenio sectorial no aplique sino que operen sólo las leyes laborales y lo que acuerden sus trabajadores con el empleador.

Plantea además “para las pequeñas y medianas empresas, habilitar a los trabajadores de cada empresa a negociar su propio acuerdo sin necesidad de autorización del sindicato de actividad.

“Se puede prever que esta regla se aplica en la medida que dicho sindicato tenga un convenio colectivo ultraactivo. Esto es, un convenio colectivo vencido pero que sigue vigente por la cláusula de ultraactividad que impone la Ley de Negociación Colectiva”.

Para no repetir frustraciones es imprescindible incorporar estas reglas orientadas a sacarles el monopolio a las cúpulas sindicales y empresariales.

“Un antecedente muy sugerente es el fracaso de la ley 24.467 de 1995 que estableció la descentralización de la negociación colectiva a nivel de pymes. En esta ley está regulada la prevalencia de los convenios de empresa, como se propone en el borrador de proyecto, e incluso se establece que el sindicato de actividad puede facultar a los trabajadores de la empresa a negociar.

“Esta ley está vigente desde hace 30 años. Pero ningún sindicato facultó a los trabajadores a negociar su propio acuerdo con su empleador. Hay que aprender de este error para no volver a fracasar”, concluye Idesa.

Ignacio Hintermeister - El Litoral

El referente de la Asamblea de Pequeñas y Medianas Empresas (APYME) de Santa Fe, Mario Galizzi, manifestó su preocupación por el impacto de las políticas económicas actuales sobre el entramado productivo y reclamó que las pymes sean incluidas en los debates legislativos y ejecutivos sobre las reformas estructurales que impulsa el Gobierno nacional.

“Se ha dejado de lado la discusión sobre cuál va a ser el rol real de las pymes. Nosotros planteamos que la apertura indiscriminada de importaciones y el aumento brutal de la tasa de interés generan un daño directo al sector. Por eso creamos un Observatorio de Alerta Temprano, donde todos los meses informamos cómo impactan las importaciones y cuántos puestos de la economía formal se pierden en Santa Fe”, explicó Galizzi.

En declaraciones a la prensa, el dirigente señaló que la discusión sobre la reforma laboral, impositiva y posiblemente financiera debe incluir a los representantes del sector productivo.“Es necesario que el sector pyme esté en el debate, que la dirigencia participe, porque si no vamos a estar sujetos solamente a la mirada de algunos grupos económicos”, sostuvo.

Galizzi destacó además que no todas las pymes atraviesan la misma realidad, ya que la situación depende de la rama industrial a la que pertenecen.“Una pyme que trabaja para el área energética no es la misma que una textil o una que depende del mercado interno. Hay sectores que están siendo directamente agredidos por las importaciones, como el acero y la chapa”, ejemplificó.

El referente de APYME remarcó que Santa Fe posee una estructura industrial única en el país, pero advirtió que la falta de políticas de desarrollo puede poner en riesgo su potencial.“Santa Fe es altamente productiva e industrial. Tenemos industrias lácteas, frigoríficas, metalmecánicas, del mueble, textiles, de precisión. Pocas regiones en el mundo tienen esta diversidad. Pero si no hay una política de desarrollo e infraestructura que acompañe, los empresarios pymes empiezan a tener dificultades”, afirmó.

Como ejemplo del impacto negativo de la apertura comercial, mencionó la crisis del sector textil.“La algodonera de Avellaneda suspendió más de 300 trabajadores. Según la Fundación ProTejer, han ingresado importaciones equivalentes a cinco años de producción textil argentina. Imagínense lo que eso significa, no solo para el presente, sino para el futuro”, advirtió.

Galizzi consideró que el Gobierno cuenta con respaldo político para avanzar con sus reformas, pero insistió en que los cambios deben ser discutidos de forma plural y equitativa.“El Gobierno ha tenido un respaldo importante en términos electorales y va a plantear reformas. Pero deben estar todos en la mesa: pymes, trabajadores y empresarios. Nadie se niega al diálogo, lo que no puede ocurrir es que se impongan formatos que dejen fuera a grandes sectores de la producción nacional”, señaló.

Finalmente, sostuvo que el desafío es encontrar un consenso nacional que permita proteger el trabajo y la competitividad“Tenemos industrias que se defienden, como las vinculadas a Vaca Muerta o al litio, pero la mayoría, que produce para el mercado interno, la está pasando muy mal. Si no hay políticas equilibradas, se pone en riesgo el tejido industrial y el empleo formal”, concluyó.

La Asociación Bancaria expresó “enérgicamente” su rechazo a “toda reforma laboral que implique pérdida de derechos”, y dijo que el proyecto que impulsa el Gobierno “busca destruir el salario", según lo aprobó el plenario de delegados en un documento que enfatiza: “Ni un paso atrás frente al ajuste y la entrega".

“Frente al avance del Gobierno que intenta imponer una reforma laboral y previsional regresiva, destruir el salario, privatizar la banca pública y ajustar sin límites sobre los trabajadores y jubilados, desde La Bancaria reafirmamos nuestro compromiso de lucha, organización y resistencia”, afirmó el sindicato.

El gremio bancario, que encabeza Sergio Palazzo, ratificó su “defensa irrestricta de la Banca Pública, pilar fundamental del desarrollo nacional. No estamos dispuestos a permitir la voracidad privatizadora del poder económico, que destruye el patrimonio del pueblo argentino”.

El texto, que lleva la firma de Palazzo -diputado nacional de Unión por la Patria-, sostiene que el pueblo argentino “ha demostrado a lo largo de la historia que sabe levantarse ante cada embestida dele poder económico”, y señala que “hoy una vez más estaremos en la primera línea defendiendo los derechos conquistados”.

“Desde este plenario, con la fuerza de la unidad, declaramos enérgicamente el rechazo a toda reforma que implique pérdida de derechos, defender la banca pública y el patrimonio nacional, y sostener con firmeza las organizaciones sindicales, herramienta esencial de resistencia”, afirmó el gremio bancario.

Por otra parte, la entidad expresó su “solidaridad con el compañero Guillermo Moreno”, al que consideran “víctima de una condena política dictada por una Justicia que persigue y busca disciplinar a quienes se enfrentan al poder real".

La Bancaria consideró que la Justicia condena a dirigentes como Moreno, ex secretario de Comercio del kirchnerismo, al tiempo que deja impune a Mauricio Macri en causas gravísimas como el espionaje a los familiares del ARA San Juan”.

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, afirmó hoy que existe “una campaña” que busca “petardear” la reforma laboral que impulsa el Gobierno y, a modo de ejemplo, dijo que la posibilidad de que se lleve la jornada laboral a 12 horas “es una locura”.

“Hay una campaña sobre esto que no tiene ningún asidero, eso de 12 o 13 horas la jornada laboral es una locura, es una forma de petardear una propuesta de reforma que, por supuesto, no contiene nada de eso”, expresó Francos en diálogo con Radio Rivadavia.

El jefe de Gabinete manifestó que “no hay que petardear una posibilidad de reforma generando mitos y creencias de que se hace para quitar derechos al trabajador, en absoluto, se hace para ordenar la relación de trabajo y darle posibilidad a los empresarios para que inviertan y creen nuevos empleos”.

El funcionario aseveró que la reforma que se impulsará desde el Poder Ejecutivo busca “generar más competitividad al sector empresario sin quitar derechos, y tratar de hacer más fácil la relación laboral”.

A modo de ejemplo, criticó la ultraactividad de los convenios colectivos de trabajo, que establece una prórroga automática de las condiciones laborales de un convenio vencido hasta que se negocie y firme uno nuevo.

“Hay algunos convenios que tienen 50 años y claramente la relación del trabajo cambió totalmente, entonces se pretende ir a un sistema que permita la decisión de un acuerdo de trabajo en el nivel más bajo y cambiar la relación laboral de lo más bajo a lo más alto”, explicó.

Francos sostuvo que en la discusión laboral “es totalmente diferente la relación en una empresa grande, como una siderúrgica, que lo que tiene un taller alejado del centro del país que toma un trabajador y no puede cumplir de ninguna manera con esa condición, eso hay que modificar”,

Marcelo Tinelli sorprendió en su cuenta de X al elogiar la reforma laboral y tributaria que impulsa el presidente Javier Milei. El conductor televisivo, que actualmente se encuentra trabajando en streaming, comentó la noticia con varios emojis de aplausos y con la palabra “excelente”.

X Marcelo Tinelli

El apoyo de Tinelli choca con su historial de críticas hacia Milei. El conductor había manifestado con dureza sus reservas: “Sabe mucho de economía, pero es cero político”, dijo en septiembre de 2024 al analizar al mandatario.  También cuestionó lo que definió como “muchas veces actitudes muy violentas, él y su gente”. 

Hace unos días, el conductor viene cambiando sus críticas hacia el Gobierno por críticas hacia Cristina Kirchner, la referente más importante de la oposición, que actualmente se encuentra en prisión domiciliaria.

Tras las elecciones legislativas del domingo 26 de octubre, Tinelli compartió su indignación por ver a Cristina celebrando desde el balcón de su casa cuando su partido acababa de perder en las urnas.

“Hasta que no termine esto de que todo depende de ella. Que hay que ir a consultarle para donde ir. Hasta que no se acabe su ‘liderazgo’, el peronismo no va a conectar con la gente, y no hay posibilidades que el partido más popular, sea una alternativa lógica y honesta para gobernar”, opinó el conductor.

Desde su rol de empresario, este año Marcelo Tinelli fue fuertemente criticado por sus exempleados, que lo acusaron de no haberle pagado sus sueldos. Actrices de la talla de Florencia Peña y Luisa Albinoni, que estuvieron a punto de iniciar acciones legales para cobrar su dinero.

El proyecto de "Ley de Promoción de Inversiones y Empleo" impulsado por el Gobierno de Javier Milei, modifica varios artículos de la Ley de Contrato de Trabajo (LCT), incluyendo un cambio sustancial en cómo y cuándo se podrán tomar las vacaciones los empleados.

Según supo Noticias Argentinas, el artículo 10 del proyecto sustituye al artículo 154 de la LCT, estableciendo nuevas reglas para el otorgamiento del descanso anual.

Se podrán fraccionar: Este es el cambio más disruptivo. La ley permitirá que las vacaciones "se otorguen en forma fragmentada".

Período mínimo de una semana: El fraccionamiento no será totalmente libre. Los períodos de descanso no podrán ser "inferiores a UNA (1) semana".

En cualquier momento del año: El empleador tendrá mayor flexibilidad para definir las fechas, ya que "deberá conceder el goce de las vacaciones en cualquier momento del año".

Aviso con 21 días: La fecha de inicio de las vacaciones deberá ser comunicada por escrito al trabajador con una anticipación "no menor de VEINTIÚN (21) días".

Verano "cada dos períodos": La ley mantiene una protección para el descanso en temporada alta, pero la flexibiliza. El empleador deberá garantizar al trabajador "el goce total de las mismas, por lo menos en una temporada de verano, cada DOS (2) períodos". Sin embargo, la ley aclara que esto será así, "salvo que el trabajador opte en contrario".

Parejas en la misma empresa: Este derecho se mantiene intacto. Si trabajadores casados o en unión familiar trabajan para el mismo empleador, "las vacaciones deben otorgarse en forma conjunta y simultánea cuando así lo requieran los trabajadores".

Uno de los puntos más controversiales del proyecto de reforma laboral que ingresará en el Congreso en diciembre es la incorporación del vale de comida al sueldo, que al ser no retributivo, no se computará para liquidar indemnizaciones ni para los aportes al régimen jubilatorio.

El Gobierno de Javier Milei insiste para que el Ticket Canasta vuelva a la acción y que los empleadores puedan pagar parte del salario con ellos.

Estos vales, además de reducir el salario, no eran contabilizados a la hora de calcular aportes jubilatorios ni aguinaldos, y además se dejaban de percibir durante las vacaciones y durante las licencias por enfermedad. 

Lo que era fuentes de ganancias para los empresarios no se reflejaba en beneficios obtenidos por los trabajadores, que no percibían los tickets durante licencias por enfermedad, por accidente, ni durante las vacaciones, no cobraban aguinaldo sobre tickets, y en caso de tener derecho a percibir una indemnización (ya sea por despido o por incapacidad) en su cálculo no se tomaba en consideración el valor de los tickets. 

Además, su valor no se computaba tampoco para el pago de adicionales ni horas extraordinarias. 

Los denominados Ticket Restaurant, Canasta, Luncheon o de otras denominaciones fueron moneda corriente en los contratos de los años '90 bajo el paraguas del artículo 103 bis de la ley de Contrato de Trabajo (LCT) que regula los "beneficios sociales no remunerativos" que cubren los empleadores y que no integran el cálculo salarial e indemnizatorio de los trabajadores. 

Su utilización fue derogada en 2007 por el Congreso, a instancias de un proyecto de ley impulsado por el abogado laboralista y entonces diputado Héctor Recalde, quien a su vez había expuesto un intento de soborno captado por una cámara oculta en el que empresas de ese rubro intentaban torcer la votación.

Los malos recuerdos permanecen frescos entre los trabajadores, lo cual se puso de manifiesto en la medición realizada a comienzos de año por la consultora Zubán Córdoba, en cuanto a un eventual retorno de los “ticket canasta” como parte del salario de los empleados fue el que más rechazo (81,3%) generó.

Apenas el 13,3% de los consultados sobre los vouchers de compras que circularon en los años ’90 se mostró de acuerdo.

Los tickets canasta nacieron en 1989 para, se adujo, evitar los azotes de la hiperinflación. 

Eran los albores del uno a uno cuando se sistematizó su implementación por parte de Domingo Cavallo. 

Los vales alimentarios no tenían descuentos por aportes previsionales y había un aporte patronal del 14 por ciento que iba a las asignaciones familiares. 

Al promediar su vigencia en 2005, unas 5000 empresas que operan en el país incorporaron a los tickets como medio de pago, los percibía el 15% (1 millón y medio) de los trabajadores registrados y representaban el 13% de la remuneración.

Mientras funcionó el sistema, el Estado, los trabajadores, sus organizaciones sindicales y las obras sociales perdieron 21.000 millones de dólares, que fueron transferidos al sector empresario.

Las empresas que ofrecían el servicio de vales ganaban unos 125 millones de dólares en 2007, cuando se derogó.

La líder el sector de vales, Accor, tenían tres fuentes de ingresos: cobraban un adicional que rondaba entre el 2% y el 6% del monto total al vender los tickets a la empresa empleadora; le retenían entre un 1,5% y un 6 por ciento al comercio que había recibido los tickets y los canjeaba por efectivo al trabajador, con una tasa de descuento.

En el medio, las empresas emisoras generaban una masa de dinero en efectivo que podían “colocar transitoriamente en el sector financiero para su propio beneficio”, según desgranó el CENDA.

El negocio generado por la masa de dinero que las emisoras de vales podían colocar en el mercado financiero, entre la emisión y la recompra, no está calculada.

De acuerdo con la información difundida por la cámara empresaria, las ganancias anuales por la emisión de tickets oscilaban entre 140 millones y 395 millones de pesos, con un dólar a unos 3,15 pesos a fines de 2007.

Ese monto surgía de calcular las ganancias obtenidas sólo por la venta y recompra de los tickets que recibían 1.417.000 trabajadores ( más del 15% del total de empleados registrados), conforme a los datos de CEVAS.

El grupo francés Sodexho se había convertido en el nuevo líder del mercado nacional de tickets canasta que opera con la marca Luncheon Tickets. Se quedó con su competidor Ticket Total y de esta manera pasó a controlar cerca de la mitad del negocio que en la Argentina.

Hasta ahora, Ticket Total era el tercer jugador en la plaza, mientras que Sodexho le disputa el liderazgo a otra empresa de origen francés, Servicios Tickets, perteneciente al grupo Accor.

Para Ticket Total, se trata del segundo cambio de dueños en los últimos dos años. 

Hasta 2004, estaba en manos del grupo Argencard, que a su vez era controlada por el fondo de inversión The Exxel Group. NA

El presidente Javier Milei anunció este viernes que impulsará una “reforma general del régimen laboral” para “darle previsibilidad a las empresas e incentivar la contratación formal” de las pymes.

“Los trabajadores también necesitan la reforma, proque cuando hay más demanda del empelo, el precio del salario sube”, dijo el mandatario al visitar la empresa Siderar en San Nicolás.

X LLA

La reforma será, dijo Milei, para “darle previsibilidad a las empresas e incentivar la contratación formal”, debido a que “por demasiado tiempo, la incertidumbre jurídica respecto al contenido de los contratos de trabajo, sobre costos y temores a las pymes frente a cada contratación, ha empujado así a cientos de miles de trabajadores a la informalidad”.

“Tener una pyme se volvió una tarea de alto riesgo que consume la vida y la salud de cualquier argentino a su cargo, porque al riesgo propio de cualquier negocio, y más en Argentina, se le suma el riesgo laboral. Pero si nadie quiere crear empresas, se detiene la creación de trabajos, porque las pymes generan el 70% de los empleados en este país”, expuso el mandatario.

Y señaló que “no quedan dudas de que, aparte de la estabilización macroeconómica, las pymes necesitan, para poder despegar, una reforma profunda en el mundo del trabajo. Esto significa que los trabajadores también la necesitan, porque cuando hay más demanda deempleo con la misma oferta, el precio del trabajo, que es el salario,  sube. Y esto es, en particular, importante para los jóvenes, ya que el 50% de la masa laboral hoy es sub 35”, completó.

La reforma incluirá “nuevas negociaciones colectivas que adecuen los marcos contractuales a la realidad productiva y laboral actual, dejando atrás estructuras vigentes desde hace más de 70 años. Esto fomentará la negociación y el vínculo entre la parte empleadora y la parte sindical”, completó.

Así, dijo, “con esta nueva reforma, las cámaras y los sindicatos se van a poder sentar a negociar. Quienes quieran volver a elegir los esquemas establecidos hace más de 70 años van a poder hacerlo, pero ello debe ser fruto de una negociación que busque poner al país adelante”.

También se buscará reducir “trabas burocráticas para que los procesos registrales puedan hacerse de manera digital, ahorrando tiempo y costos para todos”.

“Esta reforma laboral está orientada a terminar de una vez y para siempre con la nefasta industria de juicio, que ha redundado en que no se genere un solo puesto de trabajo genuino neto en la Argentina en los últimos 15 años. Para esto, vamos a buscar eliminar la discrecionalidad de parte de los jueces laborales a la hora de dictar sentencias”, dijo.

Y señaló que esos jueces “en muchas circunstancias, a través de la imposición de altas tasas de interés y fallos arbitrarios, envían directamente a la quiebra a las pymes por la imposibilidad de hacerle frente a los pagos”.

Por último, anunció el mandatario, “se pretende otorgar mayores libertades a la hora de pactar contratos laborales, como por ejemplo la posibilidad de fijar el contrato en la moneda que ambas partes decidan, sin los topes, los que existen en la actualidad. Si alguien quiere cobrar el 100% de su salario en dólares, va a poder hacerlo”.

“A su vez, se prevé la posibilidad de incorporar un sistema de banco de horas, que facilita la compensación de jornadas variables para responder a demandas estacionales o temporales, promoviendo un equilibrio entre productividad y bienestar”. NA

La candidata de JxC disertó ante el Coloquio de IDEA y reiteró su intención de derogar "todas las leyes que han destruido el concepto de indemnización y que han ampliado el juicio como una de las maneras de resolver los temas laborales”. También prometió un gobierno "dispuesto a hablar con todos".

La candidata presidencial de Juntos por el Cambio (JxC), Patricia Bullrich, aseguró este jueves que si gana las elecciones encabezará un Gobierno “dispuesto a hablar con todos", pero donde lo único que no van "a negociar es el cambio”, al disertar ante el Coloquio de IDEA, reunido en la ciudad de Mar del Plata.

En la edición número 59 del tradicional encuentro empresarial, y mientras en paralelo Javier Milei mantenía otra reunión con empresarios en la misma ciudad, Bullrich dijo que “desde el lugar donde tomemos el Gobierno estamos con la convicción y el temperamento para llevar adelante los cambios que Argentina necesita”.

Bullrich cosechó aplausos entre los empresarios de IDEA, un foro al que Milei eligió no concurrir, y en cambio organizó un almuerzo paralelo con ejecutivos de empresas a la misma hora en que se desarrollaba que el discurso de la candidata de JxC.

LEE: Mauricio Macri ratificó el respaldo a Bullrich tras su guiño a un eventual gobierno de Milei

Durante su disertación, la candidata opositora cuestionó al postulante presidencial de Unión por la Patria, el ministro de Economía Sergio Massa, al recordar que tras el inicio del Gobierno de Mauricio Macri, en el año 2015, lo invitaron al Foro de Davos.

"A los seis meses Massa nos metió una ley de prohibición de despidos, ¿hay algo más anticapitalista?”, se preguntó, al aludir al viaje que Mauricio Macri y Sergio Massa, entre otros, realizaron al Foro de Davos, el tradicional encuentro anual de líderes políticos y empresariales de todo el mundo.

En ese marco, sostuvo que “la macro (economía) es un problema, pero está inserta en un problema mayor que es un Estado absolutamente trabado, colonizado, copado, que creció en 20 años un 100 por ciento”.

A la hora de enumerar posibles medidas de Gobierno indicó: "Tenemos que sacar el cepo” y que “ningún funcionario pueda abrirte o cerrarte las exportaciones o importaciones”.

Al igual que lo había hecho ante otros foros empresarios, Bullrich comprometió una reforma laboral que “permita bajar un 60% el costo de las indemnizaciones, que es una espada de Damocles”.

“Vamos a derogar todas las leyes que han destruido el concepto de indemnización y que han ampliado el juicio como una de las maneras de resolver los temas laborales”, aseguró.

Sobre la situación en la que heredará el Gobierno en caso de imponerse en las urnas, dijo que van "a tener que negociar no solo con el FMI, sino atacar el problema de las Leliq, que son una bola de nieve y nos ponen en una situación difícil”.

“Pero tenemos una solución, del lugar de donde agarremos el Gobierno vamos a salir”, argumentó.

Ante una consulta sobre la coparticipación, dijo que su idea es “premiar a las provincias más competitivas, para que puedan seguir produciendo más, y no premiar con incentivos y ventajas a las provincias menos productivas”.

Asimismo, afirmó que los distritos que no entren en esta lógica “van a tener que arreglarse con lo que tienen, porque no queremos más provincias que sean cajas registradoras”.

En materia impositiva, propuso “ir a un modelo con impuestos simples (entre los que mencionó IVA y Ganancias) e ir sacando del mapa impositivo más de 160 impuestos que tiene la Argentina”.

En otro orden, afirmó que “no podemos vivir en el piquete, en el bloqueo a empresas; vamos a mandar protocolos contra piquetes en el Código Penal, y una serie de leyes, cambios y reglamentos que pongan a la Argentina en orden”.

“Argentina -concluyó- tiene todo, pero tenemos que desarmar al monstruo que hay en el medio, desarmar un Estado burocrático que te traba todo, con instituciones totalmente infiltradas por la corrupción”.