Con el decreto 407, publicado el lunes pasado en el Boletín Oficial, el Gobierno reglamentó la Ley 27.802 de Modernización Laboral y avanzó con la instrumentación de cambios en el mundo del trabajo que, desde la óptica de la administración libertaria, derivarán en la generación de empleo, mientras para la CGT traerán “precarización” y “aniquilación de los derechos" de los trabajadores.

Uno de los principales efectos de la reglamentación de la reforma laboral se pondrá en marcha este lunes: el secretario de Trabajo, Julio Cordero, intimará a empresarios y dirigentes sindicales para renegociar 150 convenios colectivos de trabajo que están vencidos y que, según la Ley de Modernización Laboral, deberán ser actualizados en las cláusulas vinculadas con las condiciones de trabajo y con las cuotas solidarias o aportes pactados entre las partes.

De esta forma, luego de que el decreto 407 estableció que la Secretaría de Trabajo dará por vencidos los convenios colectivos cuyo plazo de vigencia original ya haya expirado, Cordero comenzará la convocatoria para que se vuelvan a negociar 150 convenios e irá sumando el resto según su fecha de vencimiento con el objetivo de que se adapten a la nueva reforma laboral.

Al explicar los alcances de la reglamentación de la Ley 27.802, el ministro de Desregulación,Federico Sturzenegger, aseguró que existen convenios colectivos negociados “hace más de 50 años, vencidos y firmados por partes que en muchos casos no existen”. Sin embargo, Gustavo Ciampa, uno de los abogados de la CGT, advirtió que “desde 2003 existe negociación colectiva permanente en prácticamente todas las actividades”. “Los convenios se renovaron en todo aquello que las partes quisieron renovar”, sostuvo.

Aun así, más allá de los plazos legalmente previstos, en el Gobierno no apurarán a empresarios y sindicalistas con el almanaque en mano: se busca que empiecen las discusiones para incorporar los cambios laborales y tecnológicos de cada actividad por fuera del ámbito de la Secretaría de Trabajo y luego se presente el nuevo convenio en procura de que sea homologado.

Este último paso implica el aval oficial para que su contenido se ``obligatorio para todos los empleadores y trabajadores comprendidos en su ámbito de aplicación, incluso para quienes no participaron en la negociación. Pero la ley, en otro de los puntos criticados por la CGT, contempla la posibilidad de que la Secretaría de Trabajo suspenda la homologación del convenio si su aplicación “generadistorsiones económicas graves que afecten el interés general o la aplicación de otras normas dictadas en protección de toda o parte de la población”.

El Gobierno nacional reglamentó este lunes una serie de cambios significativos vinculados a la Ley de Modernización Laboral. La medida quedó formalizada a través del decreto 407/2026, publicado en el Boletín Oficial, y abarca distintos aspectos de la relación entre empleadores, trabajadores, sindicatos y organismos estatales.

Entre los puntos principales se destacan modificaciones en la registración del empleo, la documentación laboral, los recibos de sueldo, el control de licencias médicas, los acuerdos de desvinculación, las empresas de servicios eventuales, los trámites jubilatorios y la negociación colectiva.

Uno de los cambios centrales apunta a la simplificación de la registración laboral. Según el texto oficial, la obligación de registrar trabajadores se cumplirá mediante los sistemas habilitados por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).

A partir de la reglamentación, los empleadores ya no deberán llevar los libros laborales previstos en el artículo 52 de la Ley de Contrato de Trabajo en soporte físico ni digital. La información quedará centralizada en el sistema de ARCA, que concentrará las altas, bajas y modificaciones de datos laborales.

Esa información estará disponible para los organismos vinculados al trabajo y la seguridad social.

La reglamentación también introduce nuevas pautas para los recibos de haberes. El Gobierno estableció que deberán contener información clara y comprensible para el trabajador.

El empleador tendrá que detallar el costo laboral total, los conceptos involucrados en la relación laboral y el monto final percibido por el empleado.

Otro punto relevante está vinculado con el control de enfermedades del trabajador. El decreto establece que las prescripciones médicas que indiquen reposo deberán ser emitidas de forma electrónica, mediante sistemas de información o plataformas digitales registradas.

Además, deberán estar firmadas por profesionales habilitados ante la Red Federal de Registros de Profesionales de la Salud.

En caso de discrepancia entre el diagnóstico inicial y el control médico realizado por el empleador, las partes podrán recurrir a una junta médica oficial o al dictamen de institutos públicos o privados reconocidos.

En relación con los acuerdos de extinción laboral por mutuo acuerdo, previstos en el artículo 241, la autoridad administrativa deberá verificar la legalidad del acto, la ausencia de vicios y la adecuada composición de intereses entre las partes.

La revisión deberá realizarse según los parámetros del artículo 15 de la Ley de Contrato de Trabajo.

Para los trámites jubilatorios, el decreto establece que la ANSES deberá notificar a los empleadores y a los agentes del Sistema Nacional del Seguro de Salud sobre el inicio y la finalización del procedimiento.

La medida busca ordenar la comunicación entre organismos, empleadores y trabajadores durante el proceso de acceso a la jubilación.

El decreto también fija un nuevo marco para las Empresas de Servicios Eventuales, con criterios considerados más flexibles y proporcionales. La exigencia de garantías se ajustará a la cantidad de trabajadores y al tamaño de cada empresa, con el objetivo de reducir obstáculos para pequeñas y medianas firmas.

En materia de negociación colectiva, el Gobierno definió que serán considerados vencidos los convenios cuyo plazo original ya haya expirado.

Además, las asociaciones de empleadores y cámaras empresarias podrán participar en negociaciones colectivas si acreditan representación suficiente en el ámbito correspondiente. Esa representación no podrá ser inferior al 10% de los trabajadores comprendidos.

La reglamentación también alcanza al régimen sindical. Según el decreto, los cuerpos directivos de asociaciones sindicales deberán guardar una proporcionalidad razonable con la cantidad de afiliados cotizantes.

La autoridad de aplicación verificará las nóminas con datos del Sistema Integrado Previsional Argentino y otras bases públicas. En casos de superposición de personería gremial, la asociación que pretenda obtenerla deberá superar a la que ya la posee por al menos un 5% adicional de afiliados cotizantes.

La norma también fijó un plazo de 30 días para que la Secretaría de Trabajo convoque a los gremios a renegociar convenios colectivos vencidos. En paralelo, ARCA tendrá 120 días para adaptar sus sistemas y absorber la registración laboral del sector de la construcción.

Cada 1 de mayo, millones de trabajadores en todo el mundo conmemoran el Día Internacional de los Trabajadores, una jornada que tiene su origen en Estados Unidos a fines del siglo XIX. En ese entonces, los trabajadores enfrentaban condiciones de vida y laborales precarias, con jornadas de hasta 12 horas diarias, salarios bajos y sin ninguna regulación que protegiera sus derechos.

La reivindicación más importante fue la reducción de la jornada laboral, que en muchos casos era de 16 horas. Los trabajadores demandaban que se estableciera la jornada de ocho horas.

En mayo de 1886, miles de obreros se movilizaron en Chicago para exigir la reducción de las horas de trabajo. Las huelgas se extendieron del 1 al 4 de mayo y fueron cruciales para la historia del movimiento obrero mundial.

El momento más crítico ocurrió durante la Revuelta de Haymarket el 4 de mayo, cuando una bomba explotó en medio de la manifestación, causando la muerte de policías y manifestantes. Como resultado, se produjo una feroz represión contra los trabajadores, y varios de sus líderes fueron arrestados y, más tarde, ejecutados. Estos luchadores se convirtieron en los "Mártires de Chicago", un símbolo internacional de la lucha por los derechos laborales.

A partir de este suceso, el 1 de mayo comenzó a consolidarse como una fecha de conmemoración y movilización. En 1919, Francia reconoció por ley la jornada laboral de ocho horas, lo que reforzó la relevancia del día. En 1920, la Unión Soviética adoptó oficialmente el 1 de mayo, realizando grandes desfiles y celebraciones masivas, un modelo que se replicó en otros países socialistas.

Aunque el origen de esta fecha se encuentra en Estados Unidos, el país no conmemora el Día del Trabajador el 1 de mayo. En su lugar, celebra el "Labor Day" el primer lunes de septiembre, al igual que Canadá. Esta decisión se tomó para desvincular la celebración del día con los movimientos obreros más radicales que habían participado en las protestas de 1886.

Hoy en día, el 1 de mayo sigue siendo un día de movilización y reflexión sobre las condiciones laborales en todo el mundo. Si bien muchas de las conquistas históricas, como la jornada de ocho horas, siguen vigentes, los problemas laborales continúan siendo relevantes en la actualidad.

El trabajo precario, el crecimiento del trabajo informal, las desigualdades salariales y el impacto de la tecnología en los empleos son solo algunos de los temas que ocupan el centro del debate en el Día del Trabajador en el siglo XXI.

La CGT Regional Rafaela realizará este 1º de Mayo un acto propio por el Día del Trabajador, en una jornada que estará atravesada por la reflexión, la preocupación por la situación económica y la defensa de los derechos laborales. Así lo expresó Marcelo Lombardo, secretario general de SOIVA y secretario adjunto de la central obrera, quien remarcó que la decisión fue tomada en el último plenario regional.

“A partir de lo que fue el último plenario desarrollado por la Confederación General del Trabajo acá en nuestra ciudad, se tomó la decisión de poder llevar adelante un acto propio”, explicó.

Según señaló, no se trata de una medida improvisada ni simbólica en un sentido menor, sino de una postura política y sindical frente al momento que atraviesan los trabajadores. “No es ni casual ni caprichosa”, afirmó.

Lombardo sostuvo que la intención de la CGT local es generar un espacio de encuentro entre trabajadores y dirigentes donde pueda expresarse con claridad lo que hoy se está viviendo en el mundo del trabajo.

“La idea es poder generar un espacio propio donde podamos encontrarnos entre compañeros trabajadores, hablar sin intermediarios, poder decir las cosas que sentimos, que pensamos”, señaló.

Y agregó que el acto también servirá para reafirmar posiciones que la central viene sosteniendo desde hace tiempo. “Reafirmar todo aquello que venimos marcando como postura desde nuestro rol de dirigentes sindicales y de representantes de los trabajadores”, expresó.

Para Lombardo, el Día del Trabajador tiene una carga histórica y simbólica que excede cualquier efeméride más del calendario. En ese sentido, recordó que la fecha condensa tanto el recuerdo de luchas y tragedias como la celebración de derechos conquistados.

“Para nosotros, el primero de mayo no es solo una fecha más dentro del calendario, sino que tiene un profundo simbolismo dentro de la historia, el presente y seguramente el futuro del movimiento obrero organizado”, remarcó. Además que el 1º de Mayo tiene una doble dimensión. “Por un lado, es una conmemoración porque evoca sucesos trágicos”, indicó.

Pero al mismo tiempo, destacó que también hay razones para reivindicar lo conquistado. “También se festeja porque, a partir de esa lucha, de esas decisiones de aquellos dirigentes incipientes, empezó un período que trajo aparejado la conquista de derechos”, sostuvo.

Lombardo advirtió que esos derechos conseguidos a lo largo de décadas hoy vuelven a estar bajo amenaza, y que eso obliga al movimiento obrero a mantenerse activo, unido y organizado. “Esos derechos se deben resguardar, proteger, y entonces sabemos que la lucha continúa”, afirmó.

En esa línea, remarcó que el actual contexto exige redoblar esfuerzos. “En momentos como los actuales, donde esos derechos realmente están en riesgo, el rol de representatividad y de responsabilidad que nos cabe exige que asumamos estos desafíos”, dijo.

Por eso, uno de los ejes del acto será reforzar la convocatoria a la unidad sindical y de los trabajadores en general. “Invitar a toda la clase trabajadora a que nos mantengamos unidos, organizados”, planteó. Y subrayó que esos han sido históricamente los pilares que permitieron resistir los momentos más difíciles. “Son los dos elementos que estratégicamente siempre nos han posibilitado enfrentar los momentos más difíciles”, expresó.

El dirigente sindical fue muy claro al describir el escenario actual y sostuvo que la situación económica y laboral atraviesa a la mayoría de las familias trabajadoras de manera muy dura. “No es la oportunidad de hacer un festejo, porque lamentablemente el contexto que estamos atravesando es complejo”, afirmó.

Según indicó, hoy se vive una situación marcada por la pérdida constante del salario frente a los precios y por una fuerte incertidumbre respecto del empleo. “Estamos viviendo una situación económica del mundo del trabajo muy compleja, con pérdida progresiva y permanente del poder adquisitivo del salario, con mucha incertidumbre en cuanto al sostenimiento del puesto de trabajo”, detalló.

Lombardo también puso el foco en una realidad que se repite en distintas actividades: trabajadores que llegan a sus puestos y se encuentran con una caída de la producción o con tareas que no forman parte de su rutina habitual, algo que, explicó, impacta emocionalmente. “Es muy duro, muy difícil, muy triste, muy desgastante para un trabajador llegar a su puesto de trabajo y encontrarse con que tiene poco por hacer”, advirtió.

Para ejemplificarlo, tomó una imagen ligada a su propio sector. “Yo siempre digo: si yo trabajo en la industria del vestir y en mi puesto de trabajo me pongo a pintar carros, primero le agradezco a la empresa, porque tiene la voluntad social de sostener a los trabajadores y hacer actividades que no son habituales”, explicó.

Sin embargo, aclaró que esa situación deja una marca profunda. “Indudablemente eso golpea fuerte en el trabajador también, porque lo predispone a ver un futuro complejo. Llegar a tu puesto de trabajo y no tener que producir es desgastante, es muy preocupante”, sostuvo.

El referente de la CGT regional insistió en que esa problemática se agrava aún más cuando se combina con ingresos insuficientes para cubrir lo básico.

“Hoy la mayoría de las familias trabajadoras, a partir del sueldo al que acceden por su trabajo, no pueden ni siquiera cubrir necesidades mínimas para una vida con dignidad”, afirmó.

Por eso, consideró que el acto del 1º de Mayo tendrá un sentido más ligado a la reafirmación y a la resistencia que a la celebración. “El escenario es absolutamente complejo y no invita a festejar, pero sí invita a reflexionar”, expresó.

En el cierre, Lombardo remarcó que, más allá del diagnóstico crítico, el objetivo de la jornada será también transmitir un mensaje de firmeza y continuidad en la lucha sindical. “A pesar de la situación, no podemos bajar los brazos”, afirmó.

Y concluyó: “Tenemos que seguir luchando, reforzarnos en las estrategias que tenemos que llevar adelante, sabiendo y entendiendo que el rol de los trabajadores es protagónico en nuestra comunidad”.

Mirá la nota completa acá:

La reforma laboral volvió a quedar plenamente en el centro de la escena judicial y política. La Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo resolvió este jueves dejar en suspenso la medida cautelar que había frenado parte de la normativa y, de este modo, 82 artículos recuperaron vigencia inmediata.

La decisión fue adoptada por los camaristas María Dora González y Víctor Pesino, integrantes de la Sala VIII, quienes hicieron lugar a la apelación presentada por el Gobierno nacional contra el fallo de primera instancia del juez Horacio Ojeda.

Hasta ahora, la cautelar impulsada por la CGT mantenía suspendidos puntos neurálgicos de la ley durante tres semanas. Entre ellos, figuraban cambios en el cálculo de indemnizaciones, el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), nuevas reglas para huelgas y servicios esenciales, el banco de horas y la fragmentación de vacaciones.

Con esta resolución, todos esos aspectos vuelven a entrar en vigencia mientras continúa el trámite judicial de fondo.

Uno de los puntos más sensibles de la reforma es el nuevo esquema para calcular las indemnizaciones por despido.

A partir de ahora, quedan excluidos del cálculo conceptos como aguinaldo, vacaciones no gozadas, premios, propinas y otros adicionales no mensuales ni habituales.

Esto implica una reducción del monto final que percibe el trabajador respecto del régimen anterior.

Además, la normativa establece que la base salarial no podrá superar tres veces el salario promedio mensual previsto por el convenio colectivo aplicable a la categoría.

La ley también incorpora un mecanismo de actualización por inflación más un adicional del 3% anual, y habilita el pago en cuotas de sentencias laborales: hasta seis cuotas para grandes empresas y doce para pymes.

Otro de los ejes centrales es la reactivación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL).

Se trata de un sistema destinado a financiar indemnizaciones por despido mediante una cuenta específica e inembargable que deberá constituir cada empleador.

El fondo se integrará con aportes obligatorios mensuales:

Los recursos acumulados solo podrán utilizarse para afrontar obligaciones derivadas de despidos.

Este punto había sido uno de los más cuestionados por la central obrera.

Jornada laboral: hasta 12 horas

La reforma también restablece cambios profundos en la organización del tiempo de trabajo.

La jornada diaria podrá extenderse de 8 a 12 horas, siempre que se garantice un descanso mínimo de 12 horas entre jornadas y un descanso semanal de 35 horas.

Este esquema busca otorgar mayor flexibilidad a empresas y trabajadores, especialmente en sectores con picos de actividad.

Vuelve además el denominado “banco de horas”.

Este sistema permite compensar horas trabajadas extra no necesariamente con pago adicional, sino mediante:

Se trata de una modificación que impacta directamente en la modalidad tradicional de liquidación de horas extras.

La normativa reactivada modifica el régimen de vacaciones.

El empleador deberá otorgarlas entre el 1 de octubre y el 30 de abril del año siguiente, aunque ambas partes podrán acordar tomarlas fuera de ese período.

La novedad principal es que podrán dividirse en tramos no menores a siete días.

Esto habilita, por ejemplo, dividir 14 días en dos semanas separadas.

La ley además establece que, cuando no se otorguen en simultáneo a toda la planta, cada trabajador deberá tener vacaciones en verano al menos una vez cada tres años.

Otro cambio relevante es la forma en que se computa la antigüedad.

Se reconocerá desde el inicio de la relación laboral, incluyendo contratos sucesivos a plazo.

Sin embargo, si el trabajador deja la empresa y vuelve a ingresar, la antigüedad previa dejará de computarse si transcurrieron más de dos años entre ambas relaciones.

Este punto modifica el criterio anterior, que contemplaba períodos más extensos.

La reforma restablece restricciones en medidas de fuerza.

Las actividades consideradas esenciales deberán garantizar al menos un 75% de funcionamiento durante una huelga.

Las fuerzas de seguridad deberán garantizar el 100% del servicio.

Otro punto polémico que vuelve a regir es la exigencia de autorización previa del empleador para realizar asambleas dentro o fuera del establecimiento laboral.

La norma establece que el sindicato podrá convocarlas siempre que no afecten el funcionamiento normal de la actividad ni perjudiquen a terceros.

La ley mantiene vigente la figura del repartidor independiente.

Esto implica que el vínculo con plataformas de reparto o servicios digitales no será considerado relación laboral, sino contrato de servicio independiente.

Es uno de los aspectos más observados por especialistas en derecho laboral y economía digital.

La reforma también ratifica la prioridad de los convenios de empresa o regionales por sobre los sectoriales.

A la vez, limita la llamada ultraactividad, es decir, la continuidad automática de un convenio vencido hasta la firma de uno nuevo.

Con la nueva redacción, vencido el convenio, sus condiciones dejan de regir salvo nueva negociación.

El fallo no resuelve el fondo de la discusión, pero sí tiene efecto inmediato. En la práctica, las modificaciones vuelven a aplicarse mientras la Justicia analiza la constitucionalidad de la norma.

La resolución representa un respaldo transitorio para el Gobierno nacional en uno de los capítulos más sensibles de su agenda económica.

El banco de horas se convirtió en uno de los temas más comentados tras la sanción de la ley de modernización laboral. Frente a las distintas interpretaciones que comenzaron a circular, Eladio Oronel, del Estudio Daniel Pedrotti Abogados, explicó de manera didáctica de qué se trata este sistema, qué cambia respecto del régimen anterior y cuáles son los límites que siguen plenamente vigentes para empleados y empleadores.

“Quizás sea uno de los temas más resonantes de la ley de modernización laboral. De todos los que hemos venido tratando, este ha sido uno de los que más eco ha tenido en los medios periodísticos”, señaló.

En ese sentido, advirtió que alrededor del tema se instalaron versiones inexactas. “He escuchado versiones y cuestiones, por ahí hasta disparatadas, sobre este tema. Por eso me pareció interesante traerlo y explicar, meramente y de la manera más didáctica posible, qué es esto del banco de horas, por qué se implementó, qué extensión tiene y cuál es el régimen actual”, sostuvo.

Oronel explicó que cuando se habla de banco de horas, en realidad se está haciendo referencia a las horas suplementarias o extraordinarias, es decir, aquellas que exceden la jornada legal máxima.

“Cuando hablamos de banco de horas, estamos haciendo referencia a horas suplementarias u horas extraordinarias, es decir, aquellas que superan la jornada legal máxima”, indicó.

Y dejó en claro que ese tope legal no fue modificado por la nueva normativa. “La ley de modernización no modificó la ley 11.544, que establece la jornada máxima de ocho horas diarias o cuarenta y ocho semanales”, remarcó.

Según explicó el abogado, la principal novedad de este sistema es que las horas extras pueden ser compensadas con tiempo en lugar de dinero, siempre dentro de un marco regulado.

“Lo que implementa el banco de horas es la posibilidad de compensar las horas extraordinarias con tiempo y no con dinero”, afirmó.

Hasta antes de esta reforma, recordó, las horas extras se abonaban con recargos específicos según el momento en que se realizaran. “Hasta la reforma, las horas extraordinarias se compensaban con un incremento, un plus, del 50 por ciento del valor de la hora si se realizaban en días comunes, y del 100 por ciento, es decir el doble, si se hacían a partir de las 13 del sábado, los domingos y los feriados”, detalló.

Oronel aclaró que el banco de horas no es una figura completamente nueva dentro del sistema laboral argentino, ya que ya se aplica en algunas actividades específicas.

“Esta reforma no es una novedad en el sistema argentino. El banco de horas extraordinarias ya existe en varias ramas o actividades, como por ejemplo la actividad minera, la automotriz y alguna otra”, explicó.

Lo novedoso, según indicó, es su extensión al régimen general de empleo privado. “Lo que tiene de novedoso es que se ha implementado para la Ley de Contrato de Trabajo, es decir, para la generalidad de los trabajadores de todos los contratos de la actividad privada”, sostuvo.

Uno de los puntos centrales que destacó Oronel es que este tipo de régimen no puede imponerse de cualquier manera, sino que requiere un acuerdo formal entre las partes.

“El empleador y el trabajador podrán acordar voluntariamente un régimen de compensación de horas extraordinarias de trabajo”, leyó al citar el texto legal.

Además, remarcó que ese acuerdo debe estar claramente documentado. “Deberá formalizarse por escrito, consignando la naturaleza voluntaria de la prestación de las horas extras y sus límites, especificando el modo de funcionamiento del sistema y estableciendo un método fehaciente de control”, señaló.

Ese control, explicó, debe permitir que ambas partes registren tanto las horas trabajadas como las horas disponibles para el descanso compensatorio. “Tiene que permitir a ambas partes registrar las horas efectivamente trabajadas y las horas disponibles para su goce por parte del trabajador”, precisó.

Oronel subrayó además que la ley contempla la posibilidad de que este régimen no solo sea acordado individualmente, sino también a través de la representación sindical dentro de la empresa.

“Dicho régimen podrá igualmente ser pactado por el empleador con la representación sindical de la empresa”, indicó.

Sin embargo, aclaró que aun en esos casos deben mantenerse las garantías mínimas previstas por la legislación laboral. “Deberá respetar los descansos mínimos legales, asegurando en todo momento la protección, beneficio e interés del trabajador”, remarcó.

Uno de los ejes principales de la explicación de Oronel fue despejar la idea de que el banco de horas habilita jornadas laborales sin tope o de hasta 12 horas diarias de manera generalizada.

“De la lectura de la norma podemos extraer, en primer lugar, que el banco de horas tiene límites”, afirmó.

Y agregó que esos límites están dados por las normas que siguen vigentes. “Los límites están puestos por aquellas normas que no han sido modificadas. La ley 11.544, que establece la jornada máxima, sigue vigente. La jornada sigue siendo de ocho horas diarias y cuarenta y ocho semanales”, enfatizó.

En ese punto, fue directo al desmentir algunas afirmaciones que circularon públicamente. “He escuchado por ahí que dijeron que esto modifica la jornada laboral, que ahora la jornada es de doce horas. Eso es una falacia”, sostuvo.

El abogado detalló que, además del límite general de la jornada legal, siguen vigentes otras restricciones vinculadas al descanso entre jornadas, al descanso semanal y al trabajo en determinados días.

“También están los límites de la pausa diaria de doce horas entre jornada y jornada, el descanso semanal, y los límites del trabajo después de las trece horas de los sábados, los domingos y los feriados”, explicó.

Pero además señaló que existe un dato importante que muchas veces no se menciona: el tope máximo de horas extraordinarias permitido.

“Hay un límite que nadie menciona, y es que existe un máximo legal de horas extraordinarias que puede hacer un trabajador”, advirtió.

Ese tope, aclaró, no está en la ley principal sino en su decreto reglamentario. “No está en la ley, sino en un decreto reglamentario de la ley de jornada laboral, y establece un máximo de treinta horas mensuales y doscientas horas anuales”, precisó.

Por eso, concluyó que el sistema no elimina controles ni habilita excesos sin regulación. “Es decir, hay techos, hay máximos en la ley para las horas extraordinarias”, cerró.

La Confederacion General del Trabajo (CGT) presentó este lunes una acción judicial para frenar la aplicación de la reforma laboral impulsada por el Gobierno nacional y solicitó que sea declarada inconstitucional.

Los tres cosecretarios generales de la central obrera —Jorge Sola, Cristian Jeronimo y Octavio Arguello— realizaron presentaciones ante el fuero Laboral y el fuero Contencioso Administrativo, argumentando que la iniciativa implica una “afectación grave de derechos colectivos e individuales”.

“Venimos a ejercer nuestro derecho a peticionar. Confiamos en un poder republicano como la Justicia, en su objetividad y en que va a cuidar el cumplimiento de la Constitución Nacional”, afirmó Jorge Sola tras la presentación.

El reclamo fue formalizado pese a que la norma aún no fue promulgada por el Poder Ejecutivo.

Desde la conducción sindical sostienen que la reforma representa un retroceso en materia de derechos laborales y contradice el principio de progresividad (o no regresividad) que rige en el derecho del trabajo.

En un comunicado, la CGT cuestionó lo que calificó como una “mal llamada modernización” del sistema laboral y advirtió que las modificaciones vulneran garantías establecidas en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, entre ellas:

Además, la central invocó principios consagrados en tratados internacionales, como el Organizacion Internacional del Trabajo (OIT) y el Pacto de San José de Costa Rica, señalando que la reforma vulnera estándares internacionales asumidos por la Argentina.

Dentro de la CGT conviven distintas posturas sobre cómo enfrentar el conflicto. Mientras algunos sectores promueven profundizar el plan de lucha con medidas de fuerza, otros impulsan concentrar la disputa en el terreno judicial e institucional.

Entre los puntos más cuestionados figuran:

La central sindical anticipó que continuará con su estrategia judicial y política para intentar frenar la implementación de la reforma.

El Senado debatirá este viernes desde las 11 los proyectos de reforma laboral y Ley Penal Juvenil, y el oficialismo buscará obtener su última victoria legislativa del período de sesiones extraordinarias en la antesala del discurso del domingo del presidente Javier Milei ante la Asamblea Legislativa.

Según el orden de labor parlamentario se debatirá primero la reforma laboral y luego la Ley Penal Juvenil.

La reforma de la ley Penal Juvenil, aprobada el jueves último, por la Cámara de Diputados, reduce de 16 a 14 años la edad de imputabilidad y propone para los menores desde sanciones breves hasta 15 años de cárcel para los delitos graves.

El régimen especial de minoridad propuesto por el oficialismo propone un abanico de sanciones o castigos alternativos a las penas privativas de la libertad, establece que los menores no deben mezclarse con los adultos en los lugares de reclusión e incluye medidas complementarias de resocialización.

Para delitos con penas menores a 3 años se descartan penas de prisión, mientras para las penas de entre 3 y 10 años vinculados a delitos que no hayan ocasionado la muerte o lesiones graves se priorizan otro tipo de sanciones con un enfoque social y educativo.

La iniciativa, impulsada por el Poder Ejecutivo, tendrá un fuerte impacto en las relaciones del trabajo porque contempla profundas reformas en el sistema de despidos, vacaciones, negociaciones colectivas y derecho de huelga en servicios esenciales.

El Senado convocó la sesión para aprobar el único cambio introducido por la Cámara de Diputados, donde se eliminó el polémico artículo 44 que rebajaba los salarios para las licencias por enfermedades o accidentes fuera del ámbito laboral.

La Libertad Avanza, que preside Patricia Bullrich, llegará a la sesión luego un día después de haber tratado los proyectos de Régimen Penal Juvenil y la reforma de la ley de Glaciares, y tras haber sancionado en diciembre las leyes de Presupuesto e Inocencia Fiscal.

La mesa chica de la CGT se reunirá el miércoles próximo en la previa a las sesiones del Senado que tendrán lugar esta semana y con el interés puesto en la sesión del viernes en la que se tratará la reforma laboral.

El encuentro está en plena organización --con lugar y hora a definir--, pero los dirigentes tienen en claro que, de aprobarse la reforma, tal y como se descuenta, buscarán hacerle pagar el “costo político” a los senadores que voten a favor.

También coincide la mayoría de la conducción cegetista en que “no hay contexto para una nueva medida de fuerza”, por lo que se ratificará la postura de “accionar en tribunales” contra los capítulos de la reforma que consideran inconstitucionales, como el impedimento del derecho a huelga.

“Veremos qué se puede interpretar del malestar en la calle, pero no vamos a gastar recursos en medidas de acción directa”, señalaron ante esta agencia desde la mesa de conducción de la central.

La Cámara de Diputados otorgó media sanción al proyecto de Ley de Modernización Laboral impulsado por el Poder Ejecutivo. Tras introducir cambios sustanciales respecto del texto original, la iniciativa regresó al Senado para su tratamiento definitivo.

La votación arrojó 135 votos afirmativos y 115 negativos, sin abstenciones. Entre los puntos centrales del debate se destacaron modificaciones en el cálculo de indemnizaciones, la creación de nuevos mecanismos para afrontar despidos y cambios en el régimen de contratación.

Uno de los ejes principales fue la modificación en la base de cálculo para despidos sin causa. A partir de la vigencia de la norma, se considerará únicamente la remuneración mensual, normal y habitual del trabajador. Quedaron excluidos conceptos no mensuales, como el aguinaldo y el proporcional de vacaciones.

La ley establece que la indemnización será la única reparación por la desvinculación y dispone un nuevo esquema de actualización de créditos laborales basado en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) más un interés anual del 3%.

El proyecto crea el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), financiado con aportes obligatorios de los empleadores. Las grandes empresas contribuirán con el 1% de las remuneraciones y las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPyMEs) con el 2,5%, con posibilidad de aumento por decisión del Ejecutivo y aval legislativo.

Además, habilita la implementación de fondos de cese por convenio colectivo, similares al modelo de la construcción, donde el empleador realiza aportes mensuales a una cuenta individual que el trabajador percibe al finalizar la relación laboral.

La reforma amplía el período de prueba a seis meses para la mayoría de los rubros y hasta ocho meses para empresas con hasta cinco empleados. Durante ese lapso, el vínculo podrá extinguirse sin derecho a indemnización, aunque el empleador deberá registrar la relación y realizar aportes desde el primer día.

Se suprimen las sanciones previstas en la Ley 24.013 por trabajo no registrado o deficientemente registrado. En su lugar, se establece un régimen de regularización que elimina multas pero obliga al pago de diferencias salariales y previsionales.

La norma incorpora la figura del banco de horas, que permite compensar horas extraordinarias mediante acuerdos escritos entre empleador y trabajador, respetando los descansos legales.

En cuanto a las vacaciones, se mantiene el período tradicional entre octubre y abril, aunque se habilita pactar su goce fuera de ese rango y fraccionarlas en períodos mínimos de siete días consecutivos.

Se crea el Régimen de Incentivo para la Modernización e Inversión (RIMI), con reducción de contribuciones patronales: un punto porcentual para grandes empresas y 2,5 puntos para MiPyMEs, con posibilidad de ampliación.

La ley permite que las empresas cancelen condenas laborales en cuotas: hasta seis pagos mensuales para grandes compañías y hasta doce para MiPyMEs y empleadores individuales.

Se establecen límites a los aportes patronales a cámaras empresarias (máximo 0,5%) y a asociaciones de trabajadores (hasta 2%). Desde 2028, los aportes patronales a cámaras serán voluntarios. Se eliminó el artículo que habilitaba la retención automática de cuotas sindicales sin consentimiento expreso del trabajador. El aporte del 6% a obras sociales no sufrió modificaciones.

El registro ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) será suficiente para cumplir con la normativa laboral. Los libros se digitalizan con validez legal y deberán conservarse por diez años. El pago de salarios continuará realizándose por vía bancaria, descartándose billeteras virtuales.

Durante el debate se eliminaron los artículos 44 y 208, que modificaban el régimen de licencias por enfermedad y contemplaban reducciones salariales en determinados casos. Con su exclusión, se mantiene el esquema tradicional de pago íntegro durante licencias médicas.

El Senado deberá ahora decidir si acepta los cambios introducidos por Diputados o insiste con la redacción original.

El exsenador nacional y referente de la Unión Cívica Radical, Ernesto Sanz, lanzó una dura advertencia sobre el escenario político actual al afirmar que el gobierno de Javier Milei avanza con un "manubrio suelto" debido a la inexistencia de una oposición estructurada y con volumen ideológico. 

Según el dirigente, el oficialismo logra disimular sus falencias de gestión y la falta de un gabinete sólido basándose en simbolismos y estrategias de marketing disruptivas que necesitan permanentemente la creación de "enemigos públicos" para mantener la fidelidad de su electorado. 

Sanz trazó un paralelismo con gestiones anteriores al señalar que esta dinámica de confrontación con figuras del establishment no es novedosa: "Esto no es nuevo; el kirchnerismo hacía lo mismo pero con otros enemigos", sentenció.

Respecto a la reciente aprobación de la reforma laboral en la Cámara de Diputados, el exlegislador relativizó su carácter "histórico", limitando dicho rótulo al hecho de haber roto con el mito de que no se podía modificar la legislación en democracia. Sin embargo, expresó serias dudas sobre su capacidad real para generar empleo en un contexto de estancamiento productivo. 

Para el dirigente mendocino, el foco del problema no reside en las leyes, sino en una economía real que no encuentra canales de crecimiento y que golpea especialmente a las pequeñas y medianas empresas del interior. "A mí me está preocupando mucho la marcha de la economía real; veo que hoy hay una dificultad enorme para poder transitar esta etapa", subrayó, cuestionando la mirada puramente fiscalista del Palacio de Hacienda.

En su análisis sobre la coyuntura económica, Sanz puso la lupa sobre las "altísimas tasas de interés" que asfixian a la agroindustria y al sector alimenticio, sectores donde percibió una caída drástica del consumo y la producción. 

Asimismo, criticó con dureza la intención del ministro Luis Caputo de fomentar un mercado de capitales utilizando recursos del sistema previsional, calificando la maniobra como una señal de debilidad estructural. "Si tenés que armar un mercado de capitales con los fondos de la ANSES es porque algo está fallando; el sistema bancario argentino sí que caza hace 50 años en el zoológico", disparó con ironía.

Finalmente, el cofundador de Cambiemos realizó una fuerte autocrítica sobre el estado de las fuerzas políticas tradicionales, incluyendo a su propio partido. Describió una "crisis de representatividad y organicidad" que afecta incluso al peronismo, lo que genera un sistema político desequilibrado y sin alternativas claras de alternancia. 

En ese sentido, apuntó contra las conducciones recientes del radicalismo, sugiriendo que existen sectores internos que han priorizado la conformación de "grupos de interés" parlamentarios por encima de la construcción de un proyecto nacional sólido. "Los sistemas políticos que no tienen ni equilibrio ni alternancia están condenados al fracaso", concluyó, instando a la gestación de una alternativa que equilibre el poder oficialista.

Luego de la aprobación en la Cámara de Diputados, las Bolsas de Cereales y de Comercio de Bahía Blanca, la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, la Bolsa de Cereales de Córdoba, la Bolsa de Cereales de Entre Ríos, la Bolsa de Comercio de Chaco, la Bolsa de Comercio de Rosario y la Bolsa de Comercio de Santa Fe, respaldaron la Ley de Modernización Laboral y la creación del Régimen de Incentivo a Medianas Inversiones (RIMI), iniciativas que ahora deberán ser tratadas por el Senado.

A través de un comunicado las entidades sostuvieron que se trata de medidas “pilares fundamentales” para la actividad económica nacional y remarcaron que su sanción definitiva aportaría previsibilidad a los sectores productivos.

Desde las entidades destacaron que la modernización laboral representa una oportunidad para fomentar la formalización del empleo, reducir la litigiosidad y generar un marco jurídico más dinámico.

Según señalaron, la reforma contribuirá a elevar la competitividad del país al brindar mayor previsibilidad tanto a empleadores como a trabajadores, condición considerada indispensable para la planificación de inversiones y la expansión de las cadenas de valor.

El respaldo del sistema bursátil vinculado al agro y al comercio refleja la expectativa de que un mercado laboral más flexible y formalizado permita mejorar la productividad y la inserción internacional.

Uno de los puntos especialmente valorados por las Bolsas fue la incorporación del Régimen de Incentivo a Medianas Inversiones (RIMI), orientado a promover proyectos de escala media mediante beneficios fiscales como la amortización acelerada de bienes de capital.

Esta herramienta puede convertirse en un catalizador para sectores productivos estratégicos, favoreciendo la incorporación de tecnología y el fortalecimiento de las cadenas agroindustriales, industriales y comerciales.

Las entidades remarcaron que la eliminación de sesgos “anti-productivos y burocráticos” resulta clave para consolidar un esquema que estimule la inversión federal y el desarrollo territorial equilibrado.

Las entidades aguardan ahora el tratamiento legislativo en la Cámara alta.

Las Bolsas de Cereales y Comercio reafirman su compromiso con el desarrollo federal y alientan la implementación de políticas públicas que eliminen sesgos anti-productivos y burocráticos. La sanción definitiva de estas medidas será un paso decisivo para impulsar la inversión productiva en Argentina.

El Centro Comercial e Industrial de Rafaela y la Región (CCIRR) se pronunció sobre el debate legislativo de la reforma laboral y sostuvo que se trata de “un avance necesario, pero no suficiente”, al tiempo que reclamó transformaciones de fondo en materia tributaria, financiamiento productivo y reactivación de la actividad en Rafaela y el país.

En un comunicado, la entidad empresaria señaló que “es necesario actualizar el marco normativo vigente”, al advertir que la legislación actual “muestra desfasajes frente a las nuevas dinámicas del trabajo” y “presenta asimetrías relevantes respecto de otros países que afectan la competitividad y la generación de empleo formal”.

Asimismo, el CCIRR consideró que el desempeño del mercado laboral de los últimos “10 o 12 años” responde, en buena medida, a “sostener reglas pensadas para otra realidad”. Sin embargo, remarcó que “será fundamental construir consensos reales, genuinos y equilibrados” para avanzar en el resto de las transformaciones estructurales que calificó como impostergables.

En esa línea, la institución subrayó que “la modernización laboral es un paso necesario, pero claramente insuficiente”, al sostener que los desafíos del entramado socio-productivo “exceden ampliamente la discusión sobre convenios, horas extras o licencias”.

Por consiguiente, el CCIRR reclamó “una verdadera reestructuración integral del sistema impositivo en los tres niveles de gobierno”, al considerar que “la Argentina necesita un shock de competitividad que va mucho más allá de lo cambiario”. Según el documento, “es difícil competir cuando los bienes locales cargan con niveles de costo impositivo sustancialmente superiores a los de productos importados”.

Además, la entidad advirtió sobre la necesidad de “herramientas concretas de financiamiento productivo”, al afirmar que “el crédito debe volver a ser un instrumento de desarrollo y no una barrera de acceso”.

En paralelo, planteó que la estabilidad macroeconómica debe complementarse con políticas de reactivación. “Numerosos sectores operan hoy con baja demanda, márgenes mínimos y escasa previsibilidad”, indicó el comunicado, y alertó que, en este contexto, “el entramado productivo pierde densidad, se debilitan las cadenas de valor y se compromete el crecimiento sostenido”.

Asimismo, el CCIRR describió un escenario de “presión de costos impositivos, logísticos y financieros especialmente insostenible en contextos de baja actividad y apertura de importaciones”, lo que —según afirmó— deja a muchas empresas “en una lógica defensiva, orientada únicamente a sobrevivir”. “El desafío es pasar de la resistencia al crecimiento”, añadió.

Finalmente, la entidad destacó la necesidad de avanzar sobre otros ejes estratégicos, entre ellos “el fortalecimiento del sistema educativo, científico y tecnológico” y “la reactivación de obras de infraestructura indispensables para un desarrollo verdaderamente sostenible”.

A modo de cierre, el CCIRR sostuvo que “las transformaciones necesarias no dependen de una sola medida, sino de coordinación, continuidad y visión de largo plazo”.

En una sesión extensa con ribetes escandalosos, en medio de movilizaciones en todo el país y un paro general de la CGT, el oficialismo logró aprobar en la Cámara de Diputados la reforma laboral y ahora el proyecto será remitido al Senado para analizar las modificaciones aplicadas en la redacción.

La iniciativa recogió 135 votos a favor y 115 rechazos en la votación en general, y ahora para ser convertida en ley deberá ser ratificada por el Senado, ya que se eliminó el artículo 44 que establecía una rebaja de los salarios para los trabajadores que tengan un accidente o enfermedad, fuera del ámbito laboral.

El proyecto fue aprobado con el voto favorable de La Libertad Avanza, Fuerzas del Cambio (UCR, MID, y PRO), Innovación Federal, Producción y Trabajo, Independencia, y algunos diputados sueltos monobloquistas.

En cambio votaron en contra la totalidad de los diputados de Unión por la Patria, la gran mayoría de los diputados de Provincias Unidas, los cuatro integrantes del Frente de Izquierda, y los monobloques de Marcela Pagano, Natalia de la Sota y el puntano peronista Jorge Fernández.

En la votación en particular, el oficialismo logró blindar cada uno de los 26 títulos y 218 artículos del proyecto de reforma laboral.

Ese incluye artículos polémicas como los que regulan las indemnizaciones y el Fondo de Asistencia Laboral, la supresión de la ultraactividad de convenios colectivos, la restricción de las tutelas sindicales, la limitación del derecho a huelga, la derogación de estatutos profesionales, y el desfinanciamiento del INCAA.

El trámite continuará en el Senado y por ese motivo, el oficialismo convocó a un plenario de las comisiones de Legislación del Trabajo y de Presupuesto para este viernes a las 10, con el objetivo de emitir dictamen y así poder llevarlo al recinto el viernes 27 de febrero, en la antesala a la Asamblea Legislativa en la que el presidente Javier Milei inaugurará las sesiones ordinarias del Congreso.

La sesión comenzó con la presencia de 130 diputados que fueron aportados por la Libertad Avanza, el PRO, Innovación Federal, la UCR, el MID, Independencia, Elijo Catamarca, y Producción y Trabajo.

Los gobernadores peronistas que colaboraron para que el oficialismo tenga quórum fueron Osvaldo Jaldo (Tucumán), Raúl Jalil (Catamarca) y Gustavo Saénz (Salta) y los provinciales Hugo Passalacqua, y Marcelo Orrego (San Juan) y los radicales Alfredo Cornejo (Mendoza), Leandro Zdero (Chaco) y Juan Pablo Valdes (Corrientes).

La deliberación comenzó en medio de un escándalo cuando el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, sometió a votación a mano alzada el plan de labor.

El método de votación generó la indignación de Unión por la Patria, y varios de sus integrantes salieron disparados de sus bancas y se precipitaron sobre el estrado de la Presidencia para exigirle a Martín Menem que rectificara la decisión.

El primero en levantarse raudamente de su banca para encarar al riojano para pedirle explicaciones por su supuesto accionar irregular fue el jefe del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez, y lo siguieron otros legisladores como Paula Penacca, Eduardo Valdés, Lorena Pokoik, Horacio Pietragalla y Nicolás del Caño.

Además, Florencia Carignano (UxP) se dejó llevar por los ánimos acalorados en el recinto y en una acción insólita que le puede traer consecuencias a futuro apagó el micrófono mientras hablaba su par oficialista Carlos Zapata.

Pero no fue el único escándalo que sucedió en la sesión ya que se desató otra controversia cuando el peronismo quiso suspender la sesión en un momento determinado al advertir que la sesión había perdido el quorum.

Con la ayuda de Silvana Giudici y Luis Petri, Menem logró salir del apuro y evitar que se suspendiera la sesión.

El presidente de la comisión del Trabajo, Lisandro Almirón, defendió la reforma laboral y destacó “el marco regulatorio actual no hace otra cosa que expulsar a las personas de la formalidad”.

Almirón, el único libertario que expuso a lo largo del debate y que fue abucheado por los opositores por leer su discurso, dijo que "hace décadas que nuestro país tiene un problema de fondo grave que es la incapacidad de crear empleo genuino".

“No podemos ignorar la realidad de la que partimos y la realidad es que hoy el 55% de las personas están en la informalidad. Millones de argentinos trabajan por afuera del encuadre de las leyes vigentes sin aportes, sin obra social”, graficó.

El diputado nacional de Unión por la Patria Sergio Palazzo aseguró que si se aprueba la reforma laboral va a haber “una catarata de pedidos de inconstitucionalidad”.

Para el líder de La Bancaria, en el oficialismo “han contrabandeado detrás de la palabra modernización un brutal retroceso histórico en los derechos de los trabajadores”.

Según alertó, entre otras consecuencias la reforma laboral “liquida el derecho de huelga”, y además va a consumar “el vaciamiento más grande que puedan hacer del sistema previsional argentino que es el Fondo de Asistencia Laboral".

La diputada nacional de Unión por la Patria Vanesa Siley sostuvo que “los chorros” son los diputados de extracción peronista, como los tucumanos de Independencia y los de Elijo Catamarca, que dieron quórum a la sesión para que el oficialismo pueda votar la reforma laboral.

Mientras daba su discurso, la legisladora kirchnerista aseguró que “los chorros son los que se sentaron en el medio y dieron quórum, esos son los que ustedes compran”.

“A esta ley también la está atravesando una Banelco. Pero lo lamentable de esta nueva Banelco es que se hace a la luz del día, que son las cajas de las provincias”, siguió.

El diputado nacional de Encuentro Federal Miguel Pichetto consideró que el sistema de convenios por empresa que impulsa el proyecto de reforma laboral del oficialismo “es un error” y que es “mejor negociar" con la representación sindical donde existen "marcos de mucha más racionalidad".

“Va a ser peor el sistema de los convenios por empresa. Eso es un grave error. La historia demuestra que los convenios por empresa terminan siendo negativos”, alertó.

Desde la izquierda, el diputado Néstor Pitrola desmintió que existan “problemas de costos laborales” en el país, como afirma el Gobierno.

“No hay en el país problemas de costos laborales en un país donde la canasta de pobreza es 1.300.000 pesos y la mayoría de los trabajadores están por debajo de la línea de pobreza”, graficó.

“El problema son las tasas de interés, la desinversión, la fuga de capitales, la especulación financiera, el vaciamiento de empresas, los impuestos que van al pago de una deuda ilegítima y usuraria. Esos son los problemas, no el costo laboral. Es una burrada y por eso van a fracasar”, vaticinó.

El diputado radical mendocino Lisandro Nieri defendió el proyecto al asegurar que la actual ley "es vetusta y no les sirve a los trabajadores ni a los empresarios porque el costo laboral es muy alto".

“El marco laboral actual, lo único que ha logrado en los últimos años, es aumentar la litigiosidad, la informalidad y los costos laborales”, subrayó.

El diputado nacional de Provincias Unidas Martín Lousteau sostuvo que “Argentina necesita una reforma laboral pero no es ésta”, y lamentó que mientras se dice que "no hay plata" para mejorar las jubilaciones, sí haya plata para subsidiar despidos".

La diputada nacional de la Coalición Cívica Mónica Frade advirtió que con la implementación de la reforma judicial que impulsa el Gobierno “va a haber un nivel de litigiosidad muy grande”, y se van a “plantear muchas inconstitucionalidades”, con “muchas medidas cautelares”.

Por su parte, Juan Grabois (Unión por la Patria) consideró que esta ley “es de obsolescencia y regresión", y deja afuera cuestiones muy actuales como "la inteligencia artificial, el teletrabajo, la telemedicina”.

La diputada nacional de Coherencia Marcela Pagano aseguró que ella estaba a favor de impulsar una reforma laboral, “pero no así”, recordando que ella misma presentó un proyecto que no fue tenido en cuenta por el oficialismo.

Sobre los riesgos que supone la reforma del Gobierno, la ex periodista dijo que está en juego la libertad de expresión a partir de la derogación del Estatuto del Periodista Profesional.

Myriam Bregman (Frente de Izquierda) alertó que la reforma laboral del Gobierno “perjudica especialmente a las mujeres trabajadoras”.

Mencionó en ese sentido la política del banco de horas, que pone en riesgo la jornada laboral con horarios establecidos e impide que los trabajadores puedan organizar sus vidas.

El diputado nacional de Unión por la Patria Máximo Kirchner sostuvo que se opone a la ley de reforma laboral “porque va a fracasar”

El líder de La Cámpora aclaró que no se opone al proyecto “por capricho” o porque “pertenece a otro espacio político”.

“Me opongo a esta ley porque va a fracasar y porque va a someter a los argentinos y a los más pibes a la patronal o al dueño de turno”, consideró.

Según alertó, la reforma laboral le va a otorgar a los empleadores “mucho más poder sobre sus empleados para poder despedirlos o destrozar su salario y el poder adquisitivo del mismo”.

En el cierre de Unión por la Patria, el jefe de bloque, Germán Martínez, avisó que cuando el peronismo asuma nuevamente el poder "esta ley va a ser derogada inmediatamente”.

“Es llamativo tener una normativa tan absolutamente anti obrera y tan absolutamente tan anti trabajador”, consideró el santafesino.

Según señaló, la ley laboral del oficialismo “no solamente no moderniza nada” sino que “es pre peronista” y “pre yrigoyenista”.

NA

La conducción de la Confederación General del Trabajo (CGT) brindó este jueves una conferencia de prensa en la que destacó el “alto acatamiento” del paro general convocado contra la reforma laboral y lanzó un mensaje directo al Gobierno nacional: “Acá no terminó nada, acá recién empieza”.

Según afirmaron los dirigentes sindicales, la medida de fuerza alcanzó una adhesión superior al 90% y logró paralizar actividades en distintos sectores del país. La central obrera calificó la jornada como “contundente” y aseguró que el impacto se reflejó en el transporte, la administración pública, la industria y los servicios.

Advertencia al Congreso y a gobernadores

Durante la conferencia, la CGT ratificó que, en caso de que el Congreso apruebe la reforma laboral, avanzará con acciones judiciales para intentar frenar su aplicación. “Si se aprueba, la vamos a judicializar”, adelantaron.

Además, los dirigentes instaron a diputados y diputadas peronistas a no acompañar el proyecto impulsado por el oficialismo. En ese sentido, reclamaron coherencia con la defensa de los derechos laborales y cuestionaron a gobernadores que, según señalaron, “no defienden a los trabajadores”.

Nueva etapa de confrontación

En el cierre del encuentro con la prensa, la cúpula sindical anticipó que el paro marca el inicio de una nueva etapa de confrontación con el Ejecutivo nacional. “Esto recién empieza”, reiteraron, dejando abierta la posibilidad de nuevas medidas de fuerza.

El paro general se desarrolló en simultáneo con el tratamiento legislativo de la reforma laboral y con movilizaciones en distintos puntos del país, en una jornada atravesada por tensión política y sindical.

El bloque Provincias Unidas no contribuirá a facilitar el quórum para la sesión de este jueves en la Cámara de Diputados, en la que se tratará la reforma laboral.

Los integrantes de la bancada que preside la ex vicegobernadora santafesina Gisela Scaglia manifestaron su disconformidad con el apresuramiento con que se manejó el trámite parlamentario, lo que impidió que se pueda desarrollar un debate a fondo de los temas involucrados, e incluso propiar modificaciones concretas.

Tanto es así que las comisiones de Trabajo y Previsión Social y de Presupuesto y Hacienda del Senado ya fueron citadas para este jueves a las 10 de la mañana, para tratar volver a tratar el proyecto de ley de modernización laboral con los cambios que le vaya a hacer la cámara baja.

El tema fue expuesto por el jefe del bloque de Diputados de Unión por la Patria, Germán Martínez, quien advirtió al oficialismo que “esto genera un nuevo marco de impugnación. ¿Cómo van a estar convocando en el Senado cuando todavía no tienen expediente?”.

Mientras tanto, Provincias Unidas definió que sus miembros no se presentarán en el recinto a dar quórum, pero sí lo harán para participar del debate en caso de que se alcance el piso de 129 miembros requerido para sesionar, cosa que se espera suceda.

Pero una vez en el recinto, los miembros del bloque que se referencia en los mandatarios de distintos distritos votarán de manera diferente.

El santafesino Pablo Farías recordó a El Litoral que el Partido Socialista ya definió postura en contra del proyecto de reforma, pero que, a la vez, hay una serie de puntos en particular ante los cuales se advierten diferencias.

Principalmente, el Fondo de Asistencia Laboral (FAL); la derogación de los estatutos profesionales (entre ellos, el de los periodistas) y la quita de financiamiento a la industria audiovisual generan polémica, en un momento especialmente sensible por las noticias de despidos y cierres de empresas.

Provincias Unidas tiene 18 diputados. Además de Scaglia y Farías, lo integran los también santafesinos Esteban Paulón (del socialismo) y José Núñez (PRO). Y legisladores de Córdoba, Chubut, Mendoza, Río Negro, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Jujuy.

La sesión está convocada para las 14 y se dará en el marco del paro general convocado por la CGT. Además, otros gremios, movimientos sociales y partidos de izquierda se movilizarán en el Congreso.

Este miércoles, el oficialismo obtuvo dictamen de minoría en un plenario de las comisiones de Legislación del Trabajo y Presupuesto y Hacienda. Ambas, encabezadas por La Libertad Avanza.

A pedido de bloques aliados como la UCR, el PRO y espacios provinciales, el oficialismo retiró el artículo referido a los descuentos salariales y las licencias médicas.

El resto del proyecto es el mismo que aprobó la semana pasada el Senado. Incluye modificaciones en el cálculo de las indemnizaciones, el banco de horas, el fin de la ultraactividad de los convenios colectivos, entre otras cuestiones.

La reciente aprobación en el Senado de la Reforma Laboral encendió el debate en distintos sectores de la economía y también en el deporte profesional. En el universo del fútbol argentino, donde conviven empleados en relación de dependencia, contratos a término y prestadores bajo monotributo, la pregunta es concreta: ¿cómo impactará la nueva normativa?

De acuerdo con el último informe institucional de la Asociación del Fútbol Argentino, los clubes de la Liga Profesional emplean a más de 10.000 personas bajo diferentes modalidades contractuales. El nuevo marco legal introduce cambios en períodos de prueba, criterios indemnizatorios y esquemas de regularización, lo que obligará a revisar procedimientos administrativos, especialmente en futuras contrataciones.

Estructuras complejas y múltiples vínculos laborales

Las entidades deportivas funcionan como organizaciones integrales. Además de futbolistas profesionales —regidos por convenios específicos— cuentan con cuerpos técnicos, médicos, administrativos, utileros, personal de mantenimiento y trabajadores de divisiones inferiores.

En estos sectores predominan los vínculos laborales tradicionales, por lo que cualquier modificación en costos de despido, registración o aportes impacta directamente en la planificación presupuestaria anual.

Dirigentes consultados, tanto de Primera División como del ascenso, coinciden en que no prevén cambios estructurales inmediatos, aunque admiten que será necesario un análisis técnico para adecuar contratos vigentes al nuevo marco normativo.

Las tres modalidades actuales

Hoy los clubes operan principalmente con tres formas de contratación:

Los puntos centrales de la reforma

Entre los cambios más relevantes aprobados se destacan:

En el fútbol argentino predomina la prudencia. Las dirigencias sostienen que el funcionamiento cotidiano no debería alterarse de manera drástica, aunque reconocen que el nuevo escenario exigirá asesoramiento legal y ajustes administrativos para garantizar el cumplimiento de la ley.

La reglamentación será clave para determinar el verdadero alcance de los cambios en un sector que combina pasión, competencia profesional y una estructura laboral compleja

Este jueves 19 de febrero de 2026, la Cámara de Diputados de la Nación llevará adelante una sesión especial para aprobar con modificaciones el proyecto de reforma laboral propuesto por el gobierno de Javier Milei. La medida fue solicitada por La Libertad Avanza, el PRO, la UCR, el MID, Independencia, Producción y Trabajo, La Neuquinidad e Innovación Federal, lo que garantiza que el oficialismo contará con el quórum necesario para abrir la deliberación.

La reforma laboral es un tema de gran trascendencia, ya que tiene implicaciones directas sobre las condiciones de trabajo, la rebaja de aportes patronales, y la modificación de indemnizaciones. Sin embargo, uno de los puntos más discutidos fue la inclusión del artículo 44, que establecía que las licencias por enfermedad o accidente fuera del ámbito laboral serían remuneradas solo al 50% o 75% dependiendo de la situación familiar del trabajador. Este artículo será eliminado tras las negociaciones, como lo anunció el presidente del bloque de la Libertad Avanza, Gabriel Bornoroni, durante la sesión del plenario de comisiones.

El debate en Diputados se enfocará en la modernización de las leyes laborales, mientras los bloques políticos se preparan para defender sus posiciones. La sesión está marcada por tensiones internas, ya que algunos sectores rechazan la reforma, mientras que otros, como los de la UCR y el PRO, la apoyan con algunos cambios en los detalles.

La jornada parlamentaria coincide con el paro general convocado por la CGT en rechazo de la reforma, lo que agrega un contexto de alta tensión política y social. Si el proyecto recibe la media sanción en Diputados, deberá regresar al Senado para su sanción definitiva.

El rechazo al polémico artículo del proyecto de reforma laboral sobre la reducción de salarios por licencias médicas fue manifestado en las últimas horas por varios dirigentes aliados al oficialismo que piden darlo de baja, al igual que lo hicieron sectores de la oposición.

De cara al tratamiento del proyecto en la Cámara baja, el jefe de la bancada de diputados del PRO, Cristina Ritondo, sostuvo desde  su cuenta de X que “la mejor manera de lograr la ley de modernización laboral es dando de baja el artículo 44”.

X Cristian Ritondo

Por su parte, el gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, adelantó que los diputados de los bloques Innovación Federal, Independencia y Elijo Catamarca "no van a votar el art. 44 (Modificación del art. 208 LCT)”.

“Accidentes y enfermedades inculpables. Remuneraciones al 50% o 75% según el caso. Si fue un error, lo más justo y prudente es corregirlo y, mucho mejor, eliminarlo. Nadie elige accidentarse o enfermarse”, manifesto Sáenz en la red social X.

X  Gustavo Sáenz

Y agregó: “Tenemos la responsabilidad y obligación de dar garantías y certezas con esta nueva ley y no generar incertidumbre y angustia a los trabajadores”.

En la misma línea se pronunció Oscar Zago, diputado cercano al bloque de La Libertad Avanza: “Hay artículos que se aprueban con una velocidad admirable… casi tanto como el silencio posterior”, deslizó en X.

Y remarcó que “la reforma laboral necesita modernización urgente y el MID va a acompañar, siempre y cuando se elimine el artículo 44. Modernizar no es votar a libro cerrado”.

En la vereda de enfrente, el ministro de Salud de la gestión bonaerense de Axel Kicillof, Nicolás Kreplak, se refirió al tema y advirtió que “uno de los principales problemas epidemiológicos en Argentina y el mundo son las enfermedades crónicas”. 

“Requieren controles, cuidados y tratamientos continuos y a tiempo. Si la reforma laboral saca ese tipo de licencias y descuentan del sueldo cuando tenés que cuidarte, va a generar un inmenso aumento de la morbimortalidad”, advirtió en X. 

X Nicolás Kreplak

Recordó que “otro problema es el cuidado que se le debe dar a las enfermedades contagiosas, como tuberculosis o sarampión, o las enfermedades mas complejas que requieren mayores tiempos de cuidados, tratamientos y en muchos casos reducción de todo tipo de actividades, como la laboral, por ser pacientes inmunocomprometidos”. 

“Es un verdadero descalabro. Inhumano por donde se lo mire. No lo podemos normalizar”, cerró el funcionario opositor. #AgenciaNA 

El Gobierno aceptaría las modificaciones de la Cámara de Diputados en el proyecto de reforma laboral para aprobarlo este jueves 19 de febrero y devolverlo a la Cámara alta un día después.  En ese sentido, el objetivo final sería convertirlo en ley el viernes 27 de febrero, explicaron fuentes oficiales.

Desde el riñón de la mesa política oficialista piensan que, luego de sesionar el próximo jueves, como estará estipulado en el cronograma libertario, el texto sería remitido al Senado rápidamente para que la senadora y jefa de bloque LLA, Patricia Bullrich, consiga dictaminarlo el viernes 20 en comisión.  

Si bien el lunes por la mañana los libertarios habían barajado la posibilidad modificar el polémico artículo de reducción del pago de las licencias a través de una reglamentación o de una ley complementaria, esta posibilidad no tendría el visto bueno de un sector de los dialoguistas.  

La modificación del artículo 208 de la Ley de Contrato de Trabajo establece que, ante una enfermedad o accidente no vinculado a la tarea laboral, luego de los tres meses cobrará un 50% del salario, sin detallar qué pasa en los casos de enfermedad grave y del 75% si tiene personas a cargo. 

Bullrich dijo que la idea es mantener para el pago de enfermedades graves el 100% del pago de los salarios, pero que se exigirá certificado “fehaciente” o una junta médica. 

El artículo, que pasó por debajo del radar en el Senado, fue puesto bajo la lupa tras las declaraciones del ministro de Modernización, Federico Sturzenegger. 

NA