El Gobierno de Javier Milei, en el marco del nuevo acuerdo de facilidades extendidas firmado con el Fondo Monetario Internacional (FMI), se comprometió a implementar una reforma integral del sistema previsional. El compromiso fue asumido como parte del programa económico delineado en el entendimiento alcanzado con el organismo multilateral, que tendrá una duración de cuatro años y busca consolidar la estabilidad macroeconómica.

La reforma previsional, que debe estar diseñada para diciembre de 2026, fue incluida como un criterio estructural del programa. Según los documentos oficiales, el objetivo central será mejorar la equidad y la sostenibilidad del sistema. Para ello, se prevé una reestructuración del esquema vigente, actualmente caracterizado por su fragmentación, con el fin de alinear de manera más eficiente las contribuciones con los beneficios otorgados. Esta modificación también buscará incentivar una mayor formalización del empleo en el mercado laboral argentino.

El compromiso en materia previsional se enmarca dentro de una estrategia fiscal más amplia basada en el principio de déficit cero, que el Gobierno ya comenzó a implementar. En ese sentido, las autoridades destacaron que durante los primeros meses de la gestión se logró registrar el primer superávit fiscal en casi dos décadas. El programa acordado con el FMI enfatiza la necesidad de fortalecer la calidad y la sostenibilidad de ese ancla fiscal a través de una disciplina continua en el gasto público, mejoras en la eficiencia y una secuencia adecuada de reformas en los sistemas tributario, de coparticipación federal y previsional.

Junto con estos compromisos, el acuerdo también contempla un rediseño del régimen cambiario, con una transición hacia un esquema de mayor flexibilidad del tipo de cambio. El objetivo de este cambio es reconstruir reservas internacionales y mejorar la capacidad de absorción de shocks externos. Esta transición será acompañada por un nuevo marco de metas monetarias, que incluirá límites estrictos sobre los activos domésticos netos del Banco Central, para sostener la demanda de dinero y continuar con el proceso de desinflación, reduciendo la necesidad de intervención en el mercado cambiario.

Además, el programa contempla el tratamiento de una reducción gradual de los llamados impuestos distorsivos, como los gravámenes sobre exportaciones y transacciones financieras, que serán reemplazados por tributos directos más simples y mejor administrados sobre hogares y empresas. Entre las reformas previstas se incluye la armonización del monotributo, la simplificación del impuesto a las ganancias corporativas, y la revisión de los gastos tributarios, que actualmente representan el 3,5 por ciento del PBI y benefician a sectores y regiones específicas.

A nivel provincial, se buscará eliminar gradualmente los impuestos distorsivos como Ingresos Brutos, y mejorar la valuación de activos inmobiliarios y tierras, especialmente en el sector agropecuario. También se impulsará una reforma del sistema de coparticipación federal y se promoverán marcos de responsabilidad fiscal para alinear incentivos entre los distintos niveles de gobierno.

En paralelo, se profundizarán reformas estructurales destinadas a fortalecer la apertura de la economía, flexibilizar los mercados de bienes y trabajo, mejorar la eficiencia del Estado y dotar de mayor previsibilidad al marco regulatorio. Estas iniciativas también contemplan el alineamiento de los marcos legales vinculados a la lucha contra la corrupción y el lavado de activos con los estándares internacionales.

El 23 de marzo pasado venció el plazo para acogerse a la moratoria previsional, por la cual personas que no habían alcanzado la cantidad de años suficientes para acceder a la jubilación podían acogerse a ese beneficio.

No es el único tema que preocupa y ocupa al sector pasivo: también lo es el monto que cobra cada mes y el valor inamovible del bono de 70 mil pesos que perciben como complemento de los haberes mínimos; una suma extra que se mantiene congelada desde marzo de 2024.

En la Cámara de Diputados el tema se va a poner en debate el próximo 9 de abril, desde las 10, cuando se reúna la comisión de Previsión y Seguridad Social que preside la cordobesa Gabriela Brouwer De Koning (UCR).

Será un miércoles, día de la habitual marcha de jubilados que en las últimas semanas, con la suma de hinchadas de equipos de fútbol, sindicatos y organizaciones sociales, cobró un nuevo protagonismo puertas afuera del Congreso y derivó en episodios de violencia, incluida la agresión al fotorreportero Pablo Grillo, herido de gravedad por el impacto de una cápsula de gas lacrimógeno.

Además, si se mantiene el día de reunión, será en la previa al paro nacional convocado por la CGT.

"El sistema previsional argentino refleja profundas desigualdades e injusticias, que impactan directamente en la calidad de vida de millones de jubilados y pensionados. Mientras algunos sectores acceden a haberes previsionales privilegiados, otros reciben ingresos que no garantizan una cobertura digna, lo que evidencia la necesidad de rediseñar las reglas del sistema para hacerlo más sostenible y equitativo", publicó la legisladora al momento de hacer la convocatoria a la reunión de abril.

Esta tiene el objetivo de "empezar con el debate que atañe a los desafíos y desigualdades que enfrenta nuestro sistema previsional y avanzar en las reformas necesarias para construir un esquema más justo y equitativo".

Son 29 proyectos los que se pondrán a consideración en la oportunidad, aunque no todos tienen que ver con la necesidad de actualizar los haberes mínimos.

Prácticamente, hay propuestas de todo el arco político y van desde eliminar el goce de haberes vitalicios a empleados o funcionarios que durante el tiempo de servicio hubieren cometido delitos, hasta derogar jubilaciones y pensiones de privilegio, pasando por modificar leyes sobre beneficios económicos y previsionales no contributivos a favor de determinados miembros del clero católico;

Varios de los proyectos que se pondrán en debate en la comisión proponen la prórroga por dos años de la moratoria previsional.

En agosto del año pasado, el Senado de la Nación convirtió en ley un proyecto previamente aprobado por Diputados que, entre otras cosas, estipulaba un aumento en las jubilaciones, nuevas herramientas de cálculo y la cancelación de deudas tanto con cajas provinciales como con beneficiarios que tengan fallos favorables.

El proyecto estableció una actualización mensual de las jubilaciones en base al último dato disponible de variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC), es decir la inflación, que publica a mitad de cada mes el Indec. En ese punto coincidía, y le otorgaba rango legal, con la pauta que definió el DNU 274/2024, que comenzó a aplicarse en abril.

Pero añadió una compensación extra del 8, 1 % para todos los jubilados para que los haberes recuperen lo perdido en ese momento, cuando se otorgó un 12,5% de recomposición, por debajo del 20,6% de inflación de enero de 2024, mes que el gobierno dejó fuera para la actualización de su fórmula.

Police officers stand guard behind a security fence at the National Congress, as Argentine workers, and social movements join the weekly protest of retirees against Argentinian President Javier Milei's adjustment policies, in Buenos Aires, Argentina March 19, 2025. REUTERS/Agustin MarcarianVarios de los proyectos que se pondrán en debate en la comisión proponen la prórroga por dos años de la moratoria previsional. Credito: REUTERS/Agustin Marcarian

La ley establecía también que el haber mínimo sea el equivalente al 1,09 del valor de la Canasta Básica Total (CBT) de un adulto equivalente del Indec, y añadía una base de cálculo para mejorar las remuneraciones por encima de la inflación si se registraba crecimiento económico.

La norma fue vetada por el Poder Ejecutivo, y la oposición, dividida, no logró los dos tercios para rechazar el veto en la Cámara de Diputados y sostener la ley; en una sesión que tuvo como marco una fuerte movilización en las afueras del Congreso, en una medida de protesta que desde entonces se reeditó todos los miércoles, y que a principios de marzo de este año derivó en cruentos enfrentamientos y represión policial.Nancy Balza - El Litoral

La Cámara de Senadores del Uruguay convirtió en Ley este jueves la reforma previsional que eleva a 65 años, en forma escalonada, la edad jubilatoria, impulsada por el presidente Luis Lacalle Pou.

Luego de seis horas de debate se aprobó el proyecto, aunque el Frente Amplio (FA), que no acompañó esta reforma, cuestionó a los partidos de la coalición de gobierno por no citar previamente a la Comisión Especial que estudió los cambios que había propuesto el oficialismo.

Para el FA se trata de una reforma que pone más requisitos a las jubilaciones, que no cuenta otros aportes que no sean los de los propios trabajadores, y que baja las sumas destinadas a la seguridad social. En cambio, para los legisladores de la coalición gobernante, con la aprobación de la reforma se garantiza la viabilidad financiera del sistema.

La aprobación se dio en medio del rechazo de la oposición y del gremio más importante: el Plenario Intersindical de Trabajadores-Convención Nacional de Trabajadores (PIT-CNT), que incluyó marchas callejeras y paros.

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La edad promedio actual para el retiro era a los 60 años, y a partir de ahora quedó fijada en 61 para quienes nacieron en 1973, y luego va aumentando de manera escalonada hasta llegar a los 65 años para los nacidos en 1977.

Luego de haberse aprobado la ley, Lacalle Pou dio un mensaje a la población en el que dijo que "la reforma es justa y solidaria", y remarcó que "era urgente" aplicarla, ya que "se trata de un cambio que política venía reclamando desde hace 15 años".

"En la actualidad la expectativa de vida es más alta, por lo tanto también se extiende la vida laboral de las personas. No alcanza para sostener el sistema con los aportes de la seguridad social. Además, el Uruguay tiene una tasa de natalidad muy baja", explicó el mandatario.