Lo aseguró el ministro de Gobierno e Innovación Pública, Fabián Bastia, quien junto a legisladores provinciales hizo un análisis de la aprobación de la Reforma Previsional y condenó los hechos de violencia que se vivieron en torno a la Legislatura.

Luego que la Cámara de Diputados le diera sanción definitiva a la Ley de Reforma Previsional, que de inmediato fue promulgada por el gobernador Maximiliano Pullaro, el ministro de Gobierno e Innovación Pública, Fabián Bastia, destacó que “fue un día histórico, porque se terminan los privilegios, perdieron los violentos, perdieron quienes pretendieron que la sesión no se lleve a cabo y sea interrumpida de una manera contraria a lo que es el ejercicio republicano y democrático”, dijo en referencia a los hechos de violencia que tuvieron lugar en las afueras del Palacio Legislativo.

Lo hizo este viernes en la Casa de Gobierno de Santa Fe, donde estuvo acompañado por la vicegobernadora y presidenta de la Cámara de Senadores, Gisela Scaglia; el presidente pro tempore del Senado, Felipe Michlig; y los diputados provinciales Pablo Farías, José Corral, Rubén Galassi y Mariano Cuvertino.

En ese marco, Bastia aseguró que “ahora quienes más ganan, más van a aportar porque se va a dar un sistema gradual entre las jubilaciones mínimas y las máximas que van a tener tope, porque cuando los beneficios pierden razonabilidad dejan de ser tales para convertirse en privilegio. Y esto se terminó” . Y fue allí cuando aseguró: “Ganaron los trabajadores, pasivos y activos, porque salvamos la Caja de Jubilaciones y no van a ir a la Anses, a partir de la determinación de nuestro gobernador, del esfuerzo de los legisladores y de todos los que participaron de un proceso pocas veces visto, de cinco meses y medio de debate de un tema tan importante”.

Por su parte, Scaglia destacó: “Lo que hicimos ayer fue cortar el déficit de una Caja que hoy a la Provincia de Santa Fe le cuesta 3 hospitales por año, para dar un ejemplo y tomar magnitud. Y además salvamos la Caja de entregársela a la Nación”, a la vez que señaló que “el 82% está asegurado porque la Caja se queda en la provincia”.

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La institucionalidad le ganó a la violencia antidemocrática

Seguidamente, el diputado Pablo Farías sostuvo que la votación de la ley en la Cámara de Diputados fue “absolutamente ajustada al reglamento”, y defendió que la votación se haya producido mientras comenzaban los desmanes. “No tenemos ninguna duda de lo que hay que hacer en esos casos, que es seguir. No podemos permitir que grupos de violentos armados con un objetivo absolutamente claro y determinado, traten de impedir el funcionamiento de la democracia. Lo más adecuado era lo que nosotros decimos hacer: seguir sesionando, proceder a votar la ley -que era lo que los violentos querían evitar- porque si hubiéramos hecho lo contrario ellos hubieran ganado y ganó la democracia, ganó la institucionalidad”.

En medio de la votación hubo incidentes fuera del recinto y gritos en la cámara. Se aprobó en general y faltaba discutir el articulado. Cuarto intermedio hasta que se normalice la situación.

En medio de una manifestación fuera de la Legislatura y con delegados gremiales dentro del recinto, diputados aprobó la ley de Reforma Previsional que impulsó el gobierno de Santa Fe.

12-09-24 - Sesión Ordinaria Nº10 - Período Ordinario 142º - Youtube Cámara de Diputados

El proyecto se aprobó en general y la oposición se retiró. La votación resultó con 23 positivos, nueve negativos y 11 abstenciones. Además, hubo seis ausentes.

Mientras tanto, en la puerta de la Legislatura se producían incidentes con los manifestantes que arrojaron piedras y quería abrir las puertas del edificio.

Esa piedra fue arrojada al Hall de la Legislatura y llevada a la sala de periodistas

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Tras la votación en general se definió pasar a un cuarto intermedio debido a los incidentes que se registraban en las afueras del edificio. Todo daba a suponer que este impasse sería por varias horas.

Mientras tanto, cada bloque se mantenía reunido para diagramar cómo volver al recinto para el debate y posterior votación en particular de los artículos de la reforma.

Por lo que pudo saber El Litoral, los manifestantes rompieron la puerta y en medio de enfrentamientos con la policía habrían entrado gases al inmueble legislativo.

Mario Caffaro para El Litoral

El texto enviado por la Casa Gris pasó de inmediato a Diputados con leves cambios. El PJ votó en contra.

Pasadas las 16.40, la Cámara de Senadores de la Provincia de Santa Fe aprobó con media sanción el proyecto de ley de reforma previsional, que pasó de inmediato a Diputados para otro tratamiento veloz.

La media sanción se produjo mediante un tratamiento sobre tablas y contó con los 14 votos favorables de Unidos para Cambiar Santa Fe y la oposición de 4 de los 5 integrantes del bloque Justicialista. El único senador ausente con aviso, Armando Traferri, ya había firmado al igual que sus compañeros de bancada un despacho alternativo.

En medio de un debate a puertas cerradas, con las barras sin público, y con una nutrida manifestación en la explanada del Palacio Legislativo, el oficialismo encabezado por el presidente del bloque, Rodrigo Borla, impuso el número necesario para la aprobación a una semana del ingreso del expediente elaborado por el gobernador Maximiliano Pullaro.

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En nombre de la oposición, Rubén Pirola expresó sus críticas a la norma y, sobre todo, al diagnóstico con que se arriba a la declaración de la emergencia del sistema.

Borla explicó desde su banca que en la Comisión de Seguimiento de la Emergencia Previsional se agregaron más legisladores y también representantes de los sectores gremiales del sector público.

Felipe Michlig, el presidente provisional de la Cámara (y titular de la UCR santafesina) adelantó que la otra Cámara tiene previsto comprometer una preferencia para tratarlo en su próxima sesión.

Pirola aseguró que no hubo información suficiente de parte del Poder Ejecutivo y recordó que el pedido de informes suyo -que data de dos meses- no fue aún respondido.

Joaquín Gramajo de Unite expresó que el déficit de la Caja de Jubilaciones proviene de 10 años atrás y felicitó al gobernador Pullaro por enfrentarlo. Advirtió que el rojo estimado para 2024 es de 430 mil millones de pesos, con los que el Estado podría cubrir el presupuesto de unas 80 ó 100 municipios de entre 20 y 30 mil habitaciones, o comprar por ejemplo 5.000 ambulancias.

Para Borla la clave de la reforma es salvar la Caja de un traspaso a la Nación y dar un trato más equitativo "y justo": "el que más gana, más aporta; pero a la hora de cobrar habrá una pirámide achatada, con topes".

Este jueves una delegación de SEOM encabezada por el Secretario General, Darío Cocco, Comisión Directiva y Cuerpo de delegados, se movilizaron a la Legislatura Provincial en rechazo al Proyecto de Reforma de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia de Santa Fe.

Los trabajadores y trabajadoras municipales se sumaron a la manifestación de la que participaron gremios de todos los sectores del estado, en defensa de la caja y contra las modificaciones establecidas en el proyecto de ley presentado por el ejecutivo provincial.

En la legislatura, Darío Cocco fue recibido por los senadores Alcides Calvo, Rubén Pirola y Eduardo Rosconi, del Bloque Partido Justicialista; quienes se comprometieron a defender con su voto a los trabajadores. Acompañado por Diego Álvarez, Secretario General de la APJ, Cocco entregó a los legisladores una solicitud formal, exhortando a rechazar “el mencionado proyecto en vistas del enorme perjuicio que significaría su aprobación para las condiciones socioeconómicas, laborales y calidad de vida de los trabajadores activos y pasivos de todos los niveles del estado en la Provincia de Santa Fe”.

En esa nota, dirigida a la Cámara de Senadores, los municipales solicitan que “al dar tratamiento a este proyecto tengan en consideración a los miles de jubilados, pensionados, y trabajadores en actividad que serán irreversiblemente perjudicados en su ya deteriorada situación laboral y socioeconómica. “

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Además de las modificaciones planteadas, desde SEOM manifestaron su extrema preocupación por la Declaración de la Emergencia Previsional, que faculta al Poder Ejecutivo Provincial a efectuar futuras reformas del régimen previsional, sin debate previo y por fuera del ámbito del Poder Legislativo, al que naturalmente pertenecen estas discusiones.

El proyecto establece que quien haya iniciado el trámite jubilatorio y obtenido el beneficio pero demorado voluntariamente el cese, deberá jubilarse antes de que la nueva ley entre en vigencia. De lo contrario, tendrá que iniciar el expediente de cero.

El proyecto de reforma jubilatoria que promueve el gobierno de Maximiliano Pullaro en al provincia de Santa Fe plantea modificaciones profundas al sistema y tiene entre sus objetivos, desterrar prácticas especulativas de algunos actores que iniciaban sus trámites jubilatorios pero desistían de solicitar su cese. En la práctica, ello se traduce en agentes que tienen la jubilación concedida pero que, por conveniencia, siguen ejerciendo y cobrando como activos. La decisión del Poder Ejecutivo de "corregir" y evitar que situaciones de ese tipo se sigan produciendo tiene un destinatario directo: el Poder Judicial.

Según consignó el ministro de Gobierno, Fabián Bastía, ante la consulta de El Litoral, en la provincia "hay jueces que han iniciado su trámite (y han obtenido el beneficio) hace treinta años", pero siguen desempeñándose como magistrados. El caso puede resultar extremo pero también, paradigmático. A partir de la nueva ley, si se sanciona, quienes se encuentren en dicha situación, deberán solicitar el cese y jubilarse; de lo contrario, se verán obligados a reiniciar el trámite, y con los parámetros del nuevo sistema.

Los que están en regla

Bastía aclaró que la reforma jubilatoria no afectará a los trámites en curso según el actual régimen, sino que apuntará contra "esa especulación con el tiempo que hacían muchos activos, iniciando el trámite pero nunca terminándolo ni acogiéndose a los beneficios jubilatorios".

Consignó que eso está contemplado en una cláusula transitoria, que reconoce distintos momentos: cuando existe dictamen jurídico, cuando el agente está gozando de vacaciones atrasadas, o cuando operan distintas instancias en las que el trámite sigue en pie. "Todos ellos - precisó-, lógicamente si cumplen la totalidad de los requisitos, se van a jubilar con el régimen de hoy. La ley se va a aplicar a partir de su promulgación, pero esos casos que están todavía vivos, en trámite, concluirán de acuerdo con el viejo sistema con el que fueron iniciados". Sostuvo, al respecto, que también la Caja tiene "la obligación" de completar el trabajo pendiente en "90 días, por lo que los derechos de las personas que están gestionando, si reúnen los requisitos, no van a tener ningún problema", garantizó.

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Los que especulanSin embargo, aclaró que habrá otro trato para quienes especularon. Ello está contenido en la cláusula transitoria, que configura el artículo 48 del proyecto de ley. "Hemos dicho que la Caja permitió todo tipo de avivadas y vulnerabilidades. Muchos vieron y eran muy conscientes de que la Caja iba perdiendo sustentabilidad todos los días y aumentaba el déficit permanentemente. Una de las grandes avivadas, entonces, fue que con acciones que no me parecen ejemplares, se aseguraron el beneficio hace 4, 5 ó 10 años. Hay un juez que lo tiene hace más de 30 años. Hay muchos otros casos (de jueces) que tienen hace varios años el beneficio, pero no acompañan en el cese", denunció.

Frente a ello, anunció que de aprobarse la norma, "todas las personas que han paralizado sus expedientes voluntariamente por más de seis meses de manera anterior a la promulgación de la nueva ley, deberán ir a Liga de Origen. Es decir, deberán iniciar el trámite de nuevo y se le aplicará el nuevo régimen jubilatorio".

Imagen ilustrativa. Crédito: Mauricio Garín

En los hechos, si el magistrado que inició su trámite jubilatorio, obtuvo el beneficio pero dilató el cese por más de seis meses, deberá retirarse antes de que entre en vigencia el nuevo sistema. De lo contrario, se verá obligado a iniciar de cero el expediente, y con los nuevos parámetros – menos ventajosos- del régimen previsional. Si ésa fuese, incluso, la situación de los ministros de la Corte actual – muchos de los cuales ya han iniciado el trámite-, se verían forzados a dejar sus cargos.

"Para la sociedad es vergonzante y reprochable que se especule con el sistema en estos casos para el acceso a un beneficio que son de los más altos que puedan obtenerse, en pos de asegurarse el mejor haber, ante posibles cambios", concluyó Bastía.

Ivana Fux-Diario El Litoral