Los jubilados y distintas organizaciones políticas decidieron esta tarde desplazarse desde el Congreso hacia Plaza de Mayo, como parte de la protesta que el sector previsional lleva adelante todos los miércoles en rechazo a las políticas del Gobierno.

A la vez, se registraban momentos de tensión entre los manifestantes y los efectivos de la Policía de la Ciudad, que obligaron a los jubilados a movilizarse sobre las veredas en cumplimiento del protocolo antipiquetes.La convocatoria forma parte de una serie de acciones que los jubilados vienen realizando desde el inicio de la gestión del presidente Javier Milei, en rechazo a lo que consideran un "ajuste brutal" contra el sector pasivo. El recorte en los ingresos reales de los jubilados, la falta de una fórmula de actualización automática que los favorezca y el deterioro de las prestaciones de PAMI figuran entre las principales críticas.

La marcha de este miércoles sumó adhesiones de organizaciones políticas y de derechos humanos, que acompañaron el reclamo con pancartas, cánticos y banderas.

La presencia de la Policía de la Ciudad sobre la Avenida de Mayo tensó el desarrollo de la protesta. Aunque no se registraron detenidos ni heridos, varios manifestantes relataron que fueron presionados para desalojar la calzada principal y continuar la movilización sobre las aceras. “Nos querían hacer caminar por la vereda como si no existiéramos, como si no tuviéramos derecho a reclamar”, agregó otra participante.

El operativo se enmarca en la aplicación del protocolo antipiquetes dispuesto por el Ministerio de Seguridad nacional y replicado por autoridades porteñas, que establece la intervención de fuerzas de seguridad para garantizar la libre circulación vehicular. NA

Gendarmería avanzó para liberar la calle en el marco del protocolo antipiquetes y se registran momentos de tensión

Como cada miércoles, la protesta de jubilados frente al Congreso de la Nación volvió a convertirse en un foco de conflicto. En esta ocasión, la tensión escaló cuando efectivos de Gendarmería Nacional avanzaron sobre los manifestantes con el objetivo de liberar la avenida Hipólito Yrigoyen, en cumplimiento del protocolo antipiquetes dispuesto por el Gobierno nacional.

El operativo de seguridad se desplegó desde temprano en las inmediaciones del Parlamento, como parte del esquema preventivo impulsado por el Ministerio de Seguridad para evitar cortes de tránsito. Al avanzar sobre la movilización, algunos manifestantes reaccionaron lanzando bolsas de basura, pintura blanca y otros objetos contra los uniformados, lo que derivó en momentos de tensión en plena vía pública.

La protesta de los jubilados se realiza cada miércoles frente al Congreso para exigir  por un aumento y por los medicamentos del PAMI. Pese a la creciente presión oficial para evitar los cortes de calles, los manifestantes sostienen su reclamo en busca de una respuesta concreta del Estado.

Nuevos incidentes entre jubilados y policías se registraron este miércoles en la manifestación realizada frente al Congreso en demanda de un aumento en los haberes para el sector.

Efectivos de la Policía Federal, la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) y la Gendarmería colocaron un vallado que impidió el paso de los manifestantes apostados sobre la Plaza del Congreso, en cumplimiento del protocolo antipiquetes. 

A la vez, los agentes rodearon la movilización de los jubilados, que se vieron impedidos de abrirse paso en torno a la plaza, lo que generó corridas y represión de las fuerzas a través del uso de gas pimienta.

Acompañaron la movilización organizaciones políticas como el Frente de Izquierda, el Polo Obrero y la UTEP.

Horas antes del inicio de la protesta había fracasado por falta de quórum en la Cámara de Diputados el tratamiento en el recinto de un incremento de los haberes   y del bono para jubilados.

Una nueva movilización de jubilados, piqueteros y organizaciones sociales en las inmediaciones del Congreso Nacional de Argentina culminó con incidentes y la detención de al menos dos personas. La protesta, que comenzó minutos antes de las 16 horas, fue organizada por agrupaciones de jubilados y contó con el apoyo de movimientos sociales, sindicatos y partidos opositores. Los manifestantes buscaban realizar una ronda alrededor del parlamento nacional para visibilizar sus reclamos por una jubilación digna y en contra de las políticas de ajuste del gobierno. ​

La Policía Federal aplicó el protocolo antipiquetes para impedir el avance de la marcha, lo que generó momentos de tensión, empujones y contacto físico entre los manifestantes y los efectivos policiales. En la esquina de Rivadavia y Callao, se produjeron discusiones y forcejeos cuando los manifestantes intentaron iniciar la ronda. Las fuerzas de seguridad montaron un vallado y arrojaron gases lacrimógenos, que afectaron a manifestantes, periodistas y fotógrafos sin distinción. 

Uno de los detenidos fue aprehendido en uno de los laterales del palacio legislativo, sobre la calle Rivadavia, y trasladado a pie por el frente del Congreso, caminando sobre la calle Entre Ríos. La situación se repite semana tras semana, con manifestaciones que buscan hacer sentir sus reclamos caminando por la calle, mientras las fuerzas de seguridad privilegian la libre circulación del tránsito vehicular. 

La movilización también contó con la participación de sindicatos, como las dos CTA, y docentes universitarios agrupados en CONADU, quienes se sumaron en el marco de reclamos por recomposiciones salariales. La protesta se enmarca en una serie de movilizaciones que culminarán el 30 de abril con una convocatoria de la Confederación General del Trabajo (CGT) en conmemoración del Día del Trabajador, con un claro mensaje opositor al gobierno de Javier Milei. ​

En un comunicado, las Agrupaciones de Jubiladas y Jubilados de los Miércoles expresaron: “Reclamamos el cese del ajuste sobre quienes trabajaron toda su vida y hoy son víctimas de políticas de hambre, endeudamiento y represión”. Por su parte, la Unión Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) manifestó su acompañamiento a los jubilados en honor al legado del papa Francisco.

Pablo Griglio el fotoperiodista que fue gravemente herido por un disparo de gas lacrimógeno en la cabeza durante una protesta en Plaza Congreso, comenzó a mostrar signos positivos de recuperación, según confirmó su padre, Fabián Grillo, en una entrevista con Telefe Noticias.

“Todavía la evaluación es prematura, pero habla, mira, ve, oye, mueve los brazos, mueve las piernas, se paró, dio unos pasitos con la kinesióloga…”, detalló el padre, visiblemente emocionado, al tiempo que remarcó que Pablo tiene memoria reciente y reconoce a las personas que lo visitan.

El fotógrafo, de 35 años, permanece internado en terapia intensiva desde el 12 de marzo, cuando un efectivo de la Gendarmería Nacional le disparó un cartucho de gas lacrimógeno que le impactó en la frente, provocándole una fractura de cráneo y pérdida de masa encefálica.

“El hecho de que abra los ojos fue increíble, que le hayan sacado el respirador, que habló, que hizo chistes, que rió… eso es increíble”, expresó su padre conmovido.

Investigación en marcha La causa judicial, que inicialmente no había avanzado, comenzó a moverse en las últimas horas. La jueza federal María Romilda Servini pidió a la Gendarmería el legajo completo del cabo primero Guerrero, el agente involucrado en el ataque.

Según el periodista Fabián Waldman, también se están recopilando fotos, registros públicos y grabaciones de las cámaras de seguridad de la Ciudad, que podrían arrojar luz sobre los hechos.

La familia y organismos de derechos humanos reclaman que se identifique a los responsables y se garantice justicia, para que el ataque al trabajador de prensa no quede impune.

Pablo Grillo, el fotoperiodista que resultó gravemente herido durante la represión policial en el Congreso, mostró signos de recuperación este jueves al reconocer a su padre, Fabián Grillo, en la terapia intensiva del Hospital Ramos Mejía.

El joven saludó a su padre con un "¡hola, viejo!" y le apretó la mano. "Fue fantástico", relató Fabián en diálogo con C5N. "Yo le hablaba como si fuera un nene, y me respondió. Fue un momento muy emocionante", agregó.

Pablo sigue internado desde hace ocho días, luego de recibir el impacto de un proyectil policial mientras cubría la movilización de jubilados frente al Congreso. Su padre contó que el fotoperiodista ya logra identificar a las personas que lo visitan y que incluso sus amigos le cantaron una canción de La Renga. "Uno le preguntó qué quería y él respondió: 'Hablar'", detalló.

A pesar de la mejoría, Fabián Grillo advirtió que el estado de salud de su hijo sigue siendo delicado: "El médico me dio un baño de realidad. La situación sigue siendo grave y podría haber alguna reversión". Sin embargo, resaltó que los avances son "asombrosos" y que por ahora no necesita respirador.

En medio de la emoción por su evolución, Fabián le comentó a Pablo el impacto que tuvo su caso en la sociedad: "Le dije que armó un lío bárbaro, que todo el mundo está pendiente de él y que le mandaron saludos Mollo y León Gieco". Según su padre, cuando el joven se entere de todo el apoyo que recibió, "seguro se va a reír".

 En una jornada crítica para la administración de Javier Milei, la Cámara de Diputados debate hoy el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que formaliza el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Simultáneamente, miles de jubilados y sectores opositores se concentran frente al Congreso exigiendo mejoras en sus haberes, en medio de un imponente operativo de seguridad y tras la fuerte represión que dejó un importante saldo de heridos y detenidos, el pasado martes

Debate en Diputados sobre el acuerdo con el FMI

La Cámara de Diputados se reúne para discutir el DNU emitido por el presidente Javier Milei, que establece los términos del nuevo acuerdo con el FMI. Este pacto es crucial para la estabilidad económica del país, ya que busca obtener financiamiento para fortalecer las reservas del Banco Central y eliminar las restricciones cambiarias sin devaluar el peso. Sin embargo, la falta de claridad en las negociaciones ha generado incertidumbre en los mercados, reflejada en el aumento del riesgo país y la depreciación del peso.

Movilización de jubilados y sectores opositores

Paralelamente, una multitud de jubilados, acompañados por sindicatos, movimientos sociales y partidos de oposición, se congrega en la Plaza de los Dos Congresos. La principal demanda es un incremento en las jubilaciones mínimas, actualmente fijadas en $280.000, monto considerado insuficiente frente al costo de vida. Los manifestantes también expresan su rechazo a las políticas económicas del gobierno y al acuerdo con el FMI, al que atribuyen el deterioro de sus condiciones de vida.

Del mismo modo reclaman por una prorroga a la moratoria previsional que vence el próximo 23 de marzo.

Operativo de seguridad y advertencias oficiales

Ante la convocatoria, el Gobierno implementó un operativo de seguridad sin precedentes en la zona del Congreso. Más de 2.000 efectivos de distintas fuerzas, incluyendo Policía Federal, Gendarmería y Prefectura, fueron desplegados para resguardar el edificio legislativo y sus alrededores. El perímetro se encuentra vallado en un radio de 100 metros, con restricciones de acceso para vehículos y peatones. Además, se retiraron 350 contenedores de residuos para evitar su uso en posibles enfrentamientos.

En una medida inusual, el Gobierno utilizó las pantallas y altavoces de las estaciones de tren del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) para emitir mensajes disuasivos. Las advertencias señalaban que "la policía va a reprimir todo atentado contra la República", buscando desalentar posibles actos violentos durante la protesta.

Preocupación por posibles incidentes

Las autoridades han manifestado su preocupación por la posible infiltración de grupos violentos en la marcha. El Gobierno denunció la presencia de barras bravas y agitadores en movilizaciones anteriores y advirtió que no permitirá más manifestaciones violentas. Por su parte, los organizadores de la protesta aseguran que su intención es manifestarse pacíficamente y que cualquier incidente será responsabilidad de las fuerzas de seguridad.

Fabián Grillo, el padre del fotógrafo herido en la marcha de jubilados aseguró que lo vieron “mejor” debido a que Pablo realizó movimientos “en manos y piernas” y que esa reacción le genera esperanza a la familia.

“Lo vimos mejor, con algún movimiento en manos y piernas. Nos fuimos más esperanzados”, manifestó Grillo en declaraciones a Radio Splendid, a la vez que añadió: “Dentro del informe médico, su cuadro de gravedad parecería que está estable”.

Luego le apuntó nuevamente a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, al señalar que “debería tener un mejor asesor”, ya que, “lo que hace es un ridículo constante”.

“Están acostumbrados a la impunidad, a mentir, a medios que encuadran su mentira” , aseveró Grillo, mientras que afirmó: “Los jubilados para el Gobierno, sobran”.

En las vísperas de una nueva movilización por los jubilados, el Gobierno Nacional denunció penalmente a la jueza porteña Karina Andrade por los delitos de “prevaricato, incumplimiento de los deberes de funcionario público y encubrimiento”, luego de que liberara a los 114 detenidos en la protesta que tuvo lugar en las inmediaciones del Congreso. 

Por instrucción de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, el abogado de la cartera Fernando Soto presentó una denuncia penal contra la magistrada, titular del Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas N° 15 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la que se la acusa de haber cometido “graves irregularidades". 

En el Poder Ejecutivo consideran que Andrade ordenó la liberación de 114 detenidos “sin haber analizado las pruebas, sin considerar los antecedentes penales de los implicados y sin respetar los procedimientos legales vigentes”. 

Según el escrito al que tuvo acceso la agencia Noticias Argentinas, en la administración libertaria aseguran que la magistrada “intervino arbitrariamente en un procedimiento de flagrancia, que es competencia del Ministerio Público Fiscal, y tomó su decisión sin contar con los elementos de prueba necesarios”.

Otro de los puntos que se le critica fue la decisión de la jueza de dictar la resolución a través de un chat de WhatsApp, ya que consideran que eso impidió que se establezca un registro oficial de la decisión y de dar intervención formal a la Fiscalía. 

“La resolución de la jueza Karina Andrade, que rápidamente dispuso la libertad de casi todos los detenidos, consistió en un grave incumplimiento a las normas penales en vigencia. Encima todo ello sin dejar registro oficial, sin la intervención de los representantes de las partes ni a las Personas Víctimas de los hechos cometidos, siendo que existen Leyes Locales y Nacionales que expresamente regulan los derechos de las víctimas”, cuestionaron desde el Ministerio de Seguridad.

En la misma línea, expresaron: “Lo resuelto por la Juez Andrade carece de fundamentos en los hechos y el derecho aplicable, pues omitiendo la aplicación de las normas antes mencionadas, sin declarar su inconstitucionalidad, resolvió en base a meros argumentos aplicados en abstracto y, lo que es más grave, sin siquiera haber visto las actuaciones, como surge del punto final donde dispone pedirlas a la fiscalía”.

Asimismo, aseguraron que la decisión de liberar a los detenidos de la marcha que tuvo lugar el pasado 12 de marzo configuró “un mero acto de voluntad de la juez, basado en pura ideología”.

Además, plantearon que la magistrada permitió que defensores no designados intervinieran en el proceso, y la acusan de haber incumplido con el procedimiento de flagrancia que determina que el Fiscal tiene la responsabilidad primaria de evaluar la detención.

“La gravedad de los hechos que motivaron la intervención judicial, que fueron puestos de manifiesto por todos los medios de información y necesariamente debió haber sido mencionado en las comunicaciones que reconoció haber recibido, no pueden a priori enmarcarse en un regular y legítimo derecho a manifestar”, criticaron. 

Por último, puntualizaron que “tirar piedras, quemar patrulleros, incendiar recipientes de basura y destruir bienes públicos no son formas legitimas de reclamar” sino que son constitutivas de delito. 

Por su parte, la jueza aseguró que resolvió con los elementos que tuvo “a disposición”, y pidió diferenciar “la respuesta rápida de la expectativa del Estado de investigar hechos delictivos”.

Andrade destacó además que su decisión se basó en la protección del derecho a la protesta y la libertad de expresión, garantizados por la Constitución Nacional. "Mi sentencia dejó claro cuál es el ABC de la detención de una persona en nuestro país. Mi argumento fue estrictamente jurídico y apegado a la Constitución", afirmó. 

Se trata de la segunda denuncia que presenta el Gobierno, luego de que el pasado viernes señalara como posibles responsables de los episodios de violencia al ex líder montonero Mario Firmenich; a los intendentes de La Matanza, Fernando Espinoza, y de Lomas de Zamora, Federico Otermín, y a grupos organizados y los acusara por los delitos de Sedición, Atentado al Orden Constitucional y la Vida Democrática y Asociación Ilícita Agravada.

La jueza Karina Andrade, quien actuó como garante del control judicial de las detenciones durante los incidentes en la marcha de hinchas y jubilados el pasado miércoles en el Congreso, justificó su fallo argumentando que las fuerzas de seguridad no proporcionaron información suficiente sobre las detenciones.

La liberación de las 114 personas detenidas generó un debate sobre el equilibrio entre seguridad y garantías constitucionales, mientras el Gobierno insiste en que su fallo favoreció la impunidad.

“Resolvimos con los elementos que teníamos a disposición. Tenemos que diferenciar la respuesta rápida de la expectativa del Estado de investigar hechos delictivos", explicó la magistrada del Juzgado Contravencional N°15 de la Ciudad de Buenos Aires, en diálogo con Radio 10.

Andrade destacó que su decisión se basó en la protección del derecho a la protesta y la libertad de expresión, garantizados por la Constitución Nacional. "Mi sentencia dejó claro cuál es el ABC de la detención de una persona en nuestro país. Mi argumento fue estrictamente jurídico y apegado a la Constitución", afirmó. La jueza citó el trabajo del constitucionalista Roberto Gargarella, quien sostiene que la protesta es un "derecho baluarte del sistema democrático".

 "Mi sentencia dejó claro cuál es el ABC de la detención de una persona en nuestro país. Mi argumento fue estrictamente jurídico y apegado a la Constitución", afirmó. La jueza citó el trabajo del constitucionalista Roberto Gargarella, quien sostiene que la protesta es un "derecho baluarte del sistema democrático".  Jueza Karina Andrade

La jueza señaló que las fuerzas de seguridad omitieron detalles clave: "No se cumplían los requisitos básicos de información al juez sobre los motivos de las detenciones. No había un control judicial efectivo". A su vez, criticó que las detenciones se informaron con frases genéricas como "misma situación" o "mismo lugar", sin especificar delitos graves como portación de armas o incendio de bienes públicos. "Era una situación donde no tenía ninguna noticia de que se estaba llevando a cabo una investigación. Hasta las 10 de la noche tenía 14 personas detenidas", relató.

"No se cumplían los requisitos básicos de información al juez sobre los motivos de las detenciones. No había un control judicial efectivo"

Jueza Karina Andrade

Por otro lado, la magistrada se defendió de las críticas del Gobierno nacional y la administración de Jorge Macri que cuestionaron su accionar, con amenazas de investigar su conducta ante el Consejo de la Magistratura. Andrade evitó responder directamente, pero advirtió: "Cuando se dicen esas cosas, se desprestigia al Consejo de la Magistratura, que nombra a los jueces". Y aclaró que su decisión no impide que el Ministerio Público Fiscal continúe investigando a los liberados.

Finalmente, negó militar en algún partido político y pertenecer a ninguna agrupación para despejar dudas sobre su independencia, reforzando su perfil como jueza técnica, alejada de adscripciones partidarias. "Mi afiliación es sindical y pertenezco a asociaciones judiciales", sentenció. 

La diputada de La Libertad Avanza, Lilia Lemoine, volvió a quedar en el centro de la polémica tras minimizar el impacto de la represión policial en las protestas sociales y sugerir que podría haber muertos en futuras manifestaciones. 

Según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas (NA), la legisladora libertaria hizo estas declaraciones en un programa televisivo, donde su postura fue cuestionada por los periodistas en el piso.

"Si pasa una cosa como la que pasó, que es un espanto, hay que entender que no podés hacer un omelet sin que se rompan un par de huevos", afirmó Lemoine, en referencia a la violenta represión de la Policía Federal y la Policía de la Ciudad contra jubilados e hinchas de fútbol en las inmediaciones del Congreso.

"Si pasa una cosa como la que pasó, que es un espanto, hay que entender que no podés hacer un omelet sin que se rompan un par de huevos"

Lilia Lemoine

El conductor Fabián Doman la interrumpió y le preguntó si con esa frase también incluía la posibilidad de perder vidas humanas, a lo que Lemoine respondió sin titubeos: "Puede llegar a pasar".

El periodista Mariano Yezze reaccionó de inmediato y la frenó en seco: "No. No tiene que pasar. No debería pasar." Luego recordó casos emblemáticos de represión en Argentina, como los asesinatos de Kosteki y Santillán en 2002 y el de Mariano Ferreyra en 2010.

“No tiene que pasar", le dijo enfáticamente el periodista de A24 Mariano Yese, “porque la calle está llena de sangre hace 40 años”, agregó.

“Tuviste un Kosteki Santillán, tuviste un Mariano Ferreyra, no podés sembrar la calle, tenés que ser profesional, vallar la zona, no dejar acceder, si están rompiendo un edificio, si actuar como corresponde, pero como estado no podés entrar vos en la provocación”, subrayó el periodista.,

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, sostuvo que la herida de gravedad que sufrió el fotógrafo "militante" Pablo Grillo fue "consecuencia de aquellos que generan violencia", luego de la marcha en el Congreso por los jubilados que terminó en disturbios.

"Cuando existe un ataque tan fuerte -porque hay un policía herido de bala-, cuando la realidad es esta, las fuerzas de seguridad tienen que proteger la democracia y el orden público y tiene que utilizar los elementos que el Estado les da", indicó Bullrich sobre el disparo de la cápsula de gas lacrimógeno que hirió a Grillo y lo dejó con fractura de cráneo y pérdida de masa encefálica.

En conferencia de prensa en la sede del Ministerio, sostuvo que "el lanza gases es un arma no letal" y el objetivo es "generar dispersión".

"En el operativo no hay un hecho individual de un policía. Las fuerzas actúan al nivel de fuerzas y ataques que tienen enfrente. Aquellos que van armados a un marcha tienen que saber que el Estado argentino no es un estado bobo", advirtió Bullrich.

Además, resaltó que no se tomará "ninguna medida" para investigar el accionar de las fuerzas de seguridad.

"Él (Pablo Grillo) estaba en ese momento atrás de un lugar con fuego. Lamentamos mucho su estado, pero quién utilizo el arma no letal la utilizó de manera correcta. Rebotó en una barricada que habían hecho los militantes violentos y por eso cambió la dirección y le pegó al fotógrafo militante. Son consecuencias de aquellos que generan violencia, que van a tener como respuesta la represión del estado", recalcó la funcionaria nacional.

En tanto, fue consultada por otro episodio ocurrido durante la protesta, que tuvo como protagonista a una mujer mayor que cayó al piso y resultó herida tras el empujón de un policía.

Bullrich la calificó como "jubilada patotera" y explicó que el efectivo "se defendió del ataque" de la mujer.

"La señora golpeó en reiteradas oportunidades al policía, le dio cinco o seis golpes. Se dio vuelta para intentar sacarse de encima a la persona y la mujer cae al piso. La acción y el ataque lo hace la mujer. El policía se estaba defendiendo", destacó. 

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, sostuvo que la herida de gravedad que sufrió el fotógrafo "militante" Pablo Grillo fue "consecuencia de aquellos que generan violencia", luego de la marcha en el Congreso por los jubilados que terminó en disturbios.

"Cuando existe un ataque tan fuerte -porque hay un policía herido de bala-, cuando la realidad es esta, las fuerzas de seguridad tienen que proteger la democracia y el orden público y tiene que utilizar los elementos que el Estado les da", indicó Bullrich sobre el disparo de la cápsula de gas lacrimógeno que hirió a Grillo y lo dejó con fractura de cráneo y pérdida de masa encefálica.

En conferencia de prensa en la sede del Ministerio, sostuvo que "el lanza gases es un arma no letal" y el objetivo es "generar dispersión".

"En el operativo no hay un hecho individual de un policía. Las fuerzas actúan al nivel de fuerzas y ataques que tienen enfrente. Aquellos que van armados a un marcha tienen que saber que el Estado argentino no es un estado bobo", advirtió Bullrich.

Además, resaltó que no se tomará "ninguna medida" para investigar el accionar de las fuerzas de seguridad.

"Él (Pablo Grillo) estaba en ese momento atrás de un lugar con fuego. Lamentamos mucho su estado, pero quién utilizo el arma no letal la utilizó de manera correcta. Rebotó en una barricada que habían hecho los militantes violentos y por eso cambió la dirección y le pegó al fotógrafo militante. Son consecuencias de aquellos que generan violencia, que van a tener como respuesta la represión del estado", recalcó la funcionaria nacional.

En tanto, fue consultada por otro episodio ocurrido durante la protesta, que tuvo como protagonista a una mujer mayor que cayó al piso y resultó herida tras el empujón de un policía.

Bullrich la calificó como "jubilada patotera" y explicó que el efectivo "se defendió del ataque" de la mujer.

"La señora golpeó en reiteradas oportunidades al policía, le dio cinco o seis golpes. Se dio vuelta para intentar sacarse de encima a la persona y la mujer cae al piso. La acción y el ataque lo hace la mujer. El policía se estaba defendiendo", destacó. 

La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, solicitó al presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio "Chiqui" Tapia, la expulsión de los hinchas que participaron en los disturbios durante la reciente marcha de jubilados frente al Congreso. Además, anunció la preparación de una "Ley Antibarrabravas" para combatir la violencia en el fútbol argentino.

Durante una conferencia de prensa, Bullrich instó a Tapia y a los clubes de fútbol a repudiar y expulsar a aquellos asociados que participaron en los incidentes violentos. La ministra enfatizó la necesidad de una acción conjunta para erradicar a las barras bravas del fútbol argentino.

Bullrich adelantó que el Gobierno está ultimando detalles de una nueva legislación que buscará la prohibición total de las barras bravas, declarándolas asociaciones ilícitas. Esta iniciativa también contempla sanciones para los dirigentes que las promuevan.

La marcha de jubilados, que exigía mejoras en las pensiones, culminó en enfrentamientos con la policía, resultando en más de 120 detenidos y al menos 45 heridos. Entre los manifestantes se encontraban hinchas de fútbol, sindicatos y partidos de izquierda.

El Gobierno calificó la protesta como un intento de desestabilización y anunció que los detenidos podrían enfrentar penas severas bajo una nueva ley antimafia. 

El reportero gráfico Pablo Grillo recibió el impacto de un cartucho de gas lacrimógeno que disparó la Policía Federal y sufrió una fractura de cráneo con pérdida de masa encefálica. En un primer momento, fue asistido por colegas que se encontraban en el lugar y, luego, lo trasladaron de urgencia al Hospital Ramos Mejía, donde fue operado y permanece internado en estado crítico.

Según indicaron a TN fuentes del centro médico, Grillo está “con pronóstico reservado”, bajo efectos de sedantes, con asistencia respiratoria mecánica y apoyo vasopresor.

Anoche su padre, Fabián Grillo, dijo que los médicos lograron bajar la presión intracraneal y reconstruir parte del tejido dañado, mientras que la respuesta pupilar fue, en principio, positiva.

Grillo estaba ubicado a metros del edificio del Anexo del Senado, en las intermediaciones del Congreso. Mientras intentaba capturar imágenes del momento, recibió el impacto del tubo de gas lacrimógeno y cayó al piso. El momento quedó registrado por un periodista de FM La Tribu.

Grillo, además de fotógrafo, es empleado del Concejo Deliberante de Lomas de Zamora.

El padre del fotógrafo declaró a los medios que “estaba trabajando de forma independiente” cuando recibió el impacto y que tras ser operado su estado es crítico. Sus familiares piden dadores de sangre de cualquier grupo o factor.

El hombre apuntó además contra la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y el presidente Javier Milei, a quienes acusó de “mandar a matar”.

La Asociación de Reporteros Gráficos de la República Argentina (ARGRA) exigió la “renuncia indeclinable” de la ministra de Seguridad y denunció un patrón de represión sistemática hacia los reporteros gráficos y periodistas en general.

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, se refirió al ataque que sufrió Pablo Grillo, el fotógrafo que resultó gravemente herido en los incidentes que se produjeron el miércoles por la tarde en el Congreso.

“Es un hecho muy lamentable, no puedo más que efectuar este comentario, porque no conozco los detalles en qué sucedió. Trataremos de esclarecer el hecho”, señaló Francos.

Asimismo, Francos sostuvo que “este tipo de episodios generan estas consecuencias, estos accidentes no previstos”.

El funcionario de Javier Milei responsabilizó por “los disturbios” de este miércoles a “grupos de la política” que utilizan “la violencia como instrumento”.

La jornada de protestas de los jubilados con apoyo de barrabravas de distintos equipos de futbol se realizó este miércoles en el Congreso y terminó con fuertes enfrentamientos entre manifestantes y efectivos de seguridad. Según estimaciones del gobierno de la Ciudad, pasadas las 21, había 20 heridos y más de 150 detenidos.

Los manifestantes intentaron avanzar sobre las calles y la Gendarmería respondió con balas de goma, gases lacrimógenos y camiones hidrantes. Minutos después, los barras rompieron veredas y lanzaron escombros a las fuerzas de seguridad. Personal del SAME y la Cruz Roja asistió a manifestantes afectados por el uso de gas pimienta.

En esta jornada de movilización, el reclamo fue la prórroga de la moratoria previsional y la restitución del “100%” de los medicamentos del PAMI, entre otros. En la marcha, participaron organizaciones de jubilados, gremios, agrupaciones sociales e hinchadas de fútbol.

Sin embargo, pasadas las 16:00 horas, comenzaron los incidentes entre los manifestantes y la Policía, lo cual involucró el uso de camiones hidrantes, balas de goma y gases.

La violencia escaló cuando las hinchadas comenzaron a romper las veredas del Congreso, a tirar piedras a los efectivos y a prender fuego contenedores de basura. Incluso, llegaron a incendiar un patrullero de la Policía de la Ciudad en plena avenida de Mayo.

Fuente: TN 

El último parte de lesionados y detenidos por efectivos de la Policía de la Ciudad durante los graves incidentes en las afueras del Congreso indica que 94 personas fueron liberadas, aunque primero quedaron imputadas por diversos delitos.

El escrito al que accedió la Agencia Noticias Argentinas detalla que hay 94 imputados por los delitos de atentado, resistencia, lesiones y daños.

Se trata de 71 hombres y 23 mujeres, a quienes se les notificó por tandas de la iniciación de la causa en su contra y la citación para declarar ante la Unidad de Flagrancia Este.

Respecto a los policías heridos, informaron que cinco de los veinte oficiales continúan internados en diversos centros asistenciales. Uno de los agentes se recuperaba de una cirugía.

La titular del juzgado de Primera Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas N° 15, Karina Andrade, aseguró que “se encuentra en juego un derecho constitucional fundamental como es el derecho a la protesta, a manifestarse en democracia y a la libertad de expresión”. Además, indicó que los adultos mayores pertenecen a uno de los sectores “más vulnerables de nuestra Nación”.

La jueza de la Ciudad de Buenos Aires, Susana Parada, ordenó un oficio para que los jefes de la Policía Federal y porteña realicen un informe sobre la cantidad total de personas detenidas, en qué comisarías están detenidas y cuál fue el efectivo policial que intervino en esa detensión.

La movilización de jubilados, la cual sucede todos los miércoles desde hace meses en reclamo por la prórroga de la moratoria previsional y la restitución del 100% de los medicamentos del PAMI, terminó con una fuerte represión de la Policía Federal y de la Ciudad.

Producto del accionar, hubo heridos, detenidos y escenas de extrema violencia, como la agresión a una jubilada por parte de un efectivo y el impacto de un cartucho de gas lacrimógeno que provocó una fractura de cráneo al reportero gráfico Pablo Grillo, quien se encuentra en grave estado.

Los aprehendidos primero fueron trasladados al área del Centro de Monitoreo Urbano en la avenida 9 de Julio y Diagonal Norte para su identificación. Luego los hombres fueron derivados a la Alcaidía 4 y las mujeres a la Alcaidía 15.

Desde la Unidad de Flagrancia Este, a cargo de Santiago Almeida, se dispuso la notificación de los imputados en tandas para que se presenten a declarar y se revisen los antecedentes, por lo que después se procedió a dejarlos en libertad.

Fabián Grillo, padre de Pablo, el fotógrafo que fue gravemente herido durante la marcha de jubilados le apuntó a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, a la que calificó como “basura humana” y que lo que dijo de su hijo “es todo mentira”.

“Militar no es ningún delito, ningún pecado, claro que no”, expresó Grillo en diálogo con Splendid AM 990, a la vez que agregó: “Además, una cosa que quisiera agregar, por favor, que todo lo que dijo esta basura humana ayer es todo mentira, absolutamente todo mentira”.

La respuesta del padre del fotógrafo fue luego de que Bullrich indicó el miércoles en declaraciones televisivas: "Estaba en el Ministerio de Justicia y era candidato en Lanús de Julián Álvarez. Ese es uno de los periodistas que dicen que está preso, que se llama Pablo Grillo y es un militante kirchnerista que hoy trabaja en la Municipalidad de Lanús con Julián Álvarez, para que se den una idea de los detenidos".

En cuanto a Pablo Grillo, se encuentra internado en grave estado tras haber sido operado en el Hospital Ramos Mejía por sufrir una fractura de cráneo y estaría en una condición delicada con pronóstico reservado.

En el marco de la manifestación de jubilados, donde se concentraron cientos de personas, efectivos policiales intervinieron en el operativo. Según diversos testigos, la acción se caracterizó por un uso desproporcionado de la fuerza, y en ese contexto, Pablo Grillo, que se encontraba cubriendo el hecho, fue alcanzado y resultó herido.

Grillo trabaja de manera independiente. Llegó al hospital al que fue derivado con "un trauma grave de cráneo con pérdida de masa encefálico". Fue intervenido quirúrgicamente y su pronóstico es reservado.

El video del momento en que recibe el impacto se viralizó en las redes sociales. El comunicado de la Policía de la Ciudad, alude a un "manifestante con lesiones en el cráneo producto del impacto de una cápsula de gas lacrimógena".

Pablo Grillo tienen 35 años, es de Lanús y hoy se encuentra internado con «pronostico reservado» en el Hospital Ramos Mejía tras recibir el impacto de una cápsula de gas lacrimógeno, durante el operativo de represión que se realizó este miércoles afuera del Congreso de la Nación.

De acuerdo a lo que se puede observar en sus redes sociales, estudió en la Universidad Nacional de Lanús y desde muy chico descubrió su pasión: la fotografía. Grillo es un fotógrafo independiente y documentalista.

El momento del ataque al fotógrafo Pablo Grillo fue filmado por un trabajador de la FM la tribu que compartió el video en sus redes sociales

URGENTE (Difundan por Dios) Han disparado al fotorreportero Pablo Grillo y está herido de gravedad: literalmente le abrieron la cabeza. MILEI BASURA,ES UNA DICTADURA https://t.co/8ggKvsLMi0

En un extenso comunicado difundido a través de las redes sociales, la Asociación de Reporteros Gráficos de la República Argentina exige la inmediata renuncia de Patricia Bulllrich a la cartera de Seguridad del gobierno nacional.ARGRA recordó que en diciembre de 2023 ya había denunciado públicamente la criminalización de los reporteros gráficos, luego de que la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, instaurara un protocolo que, según la entidad, convirtió a los periodistas en "objetivos a reprimir". En esa ocasión, señalaron que una docena de reporteros gráficos fueron baleados y gaseados por las fuerzas de seguridad, en circunstancias extremadamente violentas, apenas días después de la asunción del nuevo gobierno.

El 9 de febrero de 2024, ARGRA se presentó ante distintos estrados judiciales para denunciar la ilegalidad e inconstitucionalidad del Protocolo de Seguridad de la exministra Bullrich, que en sus primeros 50 días de vigencia ya había provocado heridas a varios periodistas. "Alertamos sobre el aumento de la violencia institucional y la impunidad con la que actuarían las fuerzas de seguridad", expresó la organización, que también comenzó varios juicios en los tribunales federales, nacionales y de la Ciudad de Buenos Aires. Sin embargo, ninguna de las acciones legales prosperó y los jueces no respondieron a las denuncias 

El ataque ha encendido las alarmas en distintos sectores de la sociedad y en el ámbito periodístico. Organizaciones defensoras de los derechos humanos y colectivos de prensa exigen una investigación exhaustiva de lo sucedido y reclaman medidas para evitar que episodios similares se repitan. La agresión no solo afecta a quienes participan activamente en las protestas, sino también a los profesionales comprometidos con informar de manera objetiva y transparente.

El caso de Pablo Grillo se suma a otros episodios recientes que han puesto en tela de juicio la actuación policial en manifestaciones. Este incidente refuerza la urgencia de implementar protocolos que garanticen el respeto a los derechos fundamentales y aseguren que la labor periodística se realice sin temor a represalias, en un contexto en el que la libertad de prensa es vital para la democracia.

Si bien el clima de tensión se vivió durante toda la mañana, los incidentes se registraron por la tarde, después de la ratificación del veto en la sesión de la Cámara de Diputados.

Organizaciones de jubilados, la CGT, movimientos sociales y hasta periodistas fueron hoy reprimidos en las inmediaciones del Congreso tras la ratificación de la Cámara de Diputados del veto del presidente Javier Milei a la ley de movilidad jubilatoria.

Si bien el clima de tensión se vivió durante toda la mañana, los incidentes se registraron por la tarde, después de la ratificación del veto en la sesión de la Cámara de Diputados, cuando los manifestantes fueron reprimidos con gases lacrimógenos por la Policía Federal después de haber tirado las vallas de seguridad que rodeaban la zona.

La protesta se realizaba frente al anexo del Parlamento en la Plaza Congreso, ubicada sobre la Avenida Entre Ríos entre Callao e Hipólito Yrigoyen.

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Organizadores sociales, piqueteras y sindicales desafiaban a las fuerzas de seguridad, que tenían la orden de aplicar el protocolo antipiquetes, como sucedió durante las movilizaciones de las últimas semanas.

La cartera de Seguridad tenía desplegado un megaoperativo con fuerzas federales para evitar el corte de arterias y la circulación vehicular.

Según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, había apostados efectivos de la Policía Federal, la Prefectura Naval, la Gendarmería y la Policía de Seguridad Aeroportuaria.

También, a modo de prevención, se encontraban apostados oficiales de la Policía de la Ciudad.

Manifestantes se enfrentaron con agentes de las fuerzas especiales de la policía.

La marcha anual en recuerdo de las miles de víctimas de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990) en Chile concluyó este domingo con 23 detenidos tras enfrentamientos entre manifestantes y la policía. Lo informaron autoridades.

La manifestación reunió a unas 3500 personas en recuerdo de los 3200 muertos y desaparecidos que dejó la dictadura. Se lleva a cabo cada año el domingo previo al 11 de septiembre, el día del golpe de Estado que encabezó Pinochet en 1973 contra el gobierno del socialista Salvador Allende.

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Manifestantes vestidos de negro y encapuchados se enfrentaron con agentes de las fuerzas especiales de la policía en cercanías y en el interior del Cementerio General de Santiago, donde se emplaza el memorial de las víctimas de la dictadura y donde finalizaba la manifestación.

La policía repelió con camiones hidrantes y bombas lacrimógenas los ataques con piedras, bombas incendiarias y bengalas lanzadas por manifestantes, que levantaron barricadas incendiarias dentro del cementerio.