El Gobierno de Santa Fe, junto con la Cámara de Urbanizadores y los colegios profesionales de Ingenieros y Agrimensores de Santa Fe y Rosario, presentó una nueva resolución para la obtención de factibilidades hídricas. La normativa busca modernizar procedimientos, actualizar exigencias y reducir tiempos administrativos para proyectos de urbanización, bajo criterios de seguridad hídrica, sostenibilidad ambiental y previsibilidad para las inversiones.El ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, explicó que la nueva regulación apunta a “coordinar, acompasar, eficientizar y mejorar cuestiones que muchas veces están en tensión permanente: la radicación de inversiones, los nuevos desarrollos urbanos o proyectos productivos, y el cuidado hídrico y ambiental”.Además, señaló que la resolución procura brindar mayor certidumbre y seguridad jurídica a quienes invierten en la provincia: “Eliminamos numerosas disposiciones que considerábamos redundantes y simplificamos el trámite, que ahora será 100 % digital”, indicó. El cambio permitirá reducir los requisitos obligatorios de 34 a 11.La resolución del Ministerio de Obras Públicas establece así un nuevo marco regulatorio para evaluar el impacto hidrológico del desarrollo territorial, en línea con una política integral de ordenamiento hídrico que prioriza la seguridad, la sostenibilidad ambiental y un crecimiento urbano ordenado.

El secretario de Recursos Hídricos, Nicolás Mijich, afirmó que la modificación surgió de la necesidad de actualizar una normativa vigente desde 2016, que había incorporado sucesivos anexos y exigencias con el paso del tiempo.“Detectamos la necesidad de eliminar documentación que fue sumándose como parches a la resolución original y avanzar hacia procedimientos más simples”, explicó. Según detalló, la digitalización permite reducir burocracia, unificar evaluaciones, incorporar una mirada territorial preventiva y optimizar tiempos de respuesta, además de aportar mayor transparencia y acceso a la información.El funcionario precisó que el nuevo esquema contempla un certificado unificado con tres etapas de evaluación: el encuadre hídrico o zonificación territorial (certificado Nº 1), que la obtención permite avanzar el procedimiento con el Ministerio de Ambiente, y la evaluación técnica de drenajes (certificado Nº 2) y el certificado final de factibilidad hídrica o final de obra, que concluye el proceso.

El presidente de la Cámara de Urbanizadores de la Provincia de Santa Fe, Martín Weller, sostuvo que la medida representa “un paso adelante muy importante para el sector privado y la radicación de inversiones”.Asimismo, valoró el trabajo conjunto con el Gobierno Provincial: “La eficiencia requiere ámbitos de diálogo y articulación. Junto con la reducción de cargas, la capacitación y la inversión en infraestructura, estas son decisiones que favorecen nuevas inversiones en Santa Fe”, señaló.

La nueva normativa establece un procedimiento administrativo completamente digital a través de la plataforma Timbó. El sistema se divide en dos grandes instancias: una clasificación preliminar del terreno según riesgo de inundación, mediante el certificado de Encuadre hídrico -en articulación con el Ministerio de Ambiente y Cambio Climático-, y una evaluación técnica posterior sobre la aptitud de los sistemas de drenaje pluvial, que analiza escurrimientos y compatibilidad territorial.Entre los principales cambios también se encuentra la eliminación de memorándums incorporados por regulaciones anteriores, con el objetivo de simplificar exigencias y unificar criterios. A su vez, la normativa incorpora la Ley Provincial de Aguas Nº 13.740 y fortalece la gestión integrada de los recursos hídricos.

Em el marco del régimen de biocombustibles establecido por la Ley 27.640, el Ministerio de Economía, a través de la Secretaría de Energía, oficializó una nueva actualización de precios para el bioetanol utilizado en la mezcla con naftas. La Resolución 386/2025, publicada este lunes en el Boletín Oficial, establece los valores mínimos de adquisición que regirán durante todo el mes de octubre.

De acuerdo con la medida firmada por la secretaria de Energía, María Carmen Tettamanti, el precio del bioetanol elaborado a base de caña de azúcar fue fijado en $891,286 por litro, mientras que el correspondiente al bioetanol elaborado a base de maíz será de $816,887 por litro. Estos montos permanecerán vigentes hasta que se publique una nueva actualización.

La resolución se dicta en un contexto de revisión general de precios regulados y de emergencia económica. En sus fundamentos, la Secretaría recordó que el Decreto 70/2023 declaró la emergencia pública en múltiples áreas —entre ellas la económica, financiera y tarifaria—, mientras que la Ley de Bases N° 27.742 amplió ese marco a los sectores energético y administrativo por un año.

Según explicó el documento oficial, el objetivo de la actualización es evitar desfasajes entre los costos reales de elaboración del bioetanol y los precios vigentes, así como prevenir distorsiones en los valores de los combustibles en surtidor. De esta manera, el Gobierno busca sostener la rentabilidad del sector productor de biocombustibles sin que eso implique un aumento desmedido para los consumidores finales.

“Resulta necesario atender el contexto actual tanto para el caso del bioetanol elaborado a base de caña de azúcar como el de maíz, fijando excepcionalmente precios que se ajusten a dicha necesidad”, sostiene la resolución.

El texto también hace referencia a los antecedentes normativos. Desde 2023, los precios se determinan conforme a los procedimientos aprobados por la Resolución 373/2023, modificada por la 709/2023, que establecen los criterios técnicos y económicos para calcular los valores de referencia del bioetanol.

El bioetanol se utiliza en la mezcla obligatoria con naftas que se comercializan en el país, una política que tiene como finalidad reducir la dependencia de los combustibles fósiles y promover la producción nacional de energías renovables. Las provincias productoras de caña de azúcar, como Tucumán, Salta y Jujuy, y las de maíz, como Córdoba y Santa Fe, dependen en parte de esta actividad para sostener el empleo y las economías regionales.

Por eso, cada actualización de precios tiene un impacto directo sobre la competitividad de las destilerías y las plantas elaboradoras que abastecen a las petroleras. Desde el sector, venían reclamando una actualización que reflejara los incrementos de costos de los últimos meses, particularmente en materia de energía, transporte y materias primas.

La resolución aclara que el plazo máximo de pago del bioetanol no podrá superar los 30 días corridos desde la emisión de la factura correspondiente, una condición que apunta a mejorar el flujo financiero de las empresas productoras.

Los nuevos valores estarán vigentes a partir del 6 de octubre de 2025 y hasta la publicación de una nueva resolución que los reemplace. Como es habitual, los precios serán difundidos también en la página web oficial de la Secretaría de Energía.

La medida se enmarca dentro de la política de revisión mensual de precios de biocombustibles, que permite realizar ajustes periódicos según la evolución de los costos y del mercado.

Redacción El Litoral

Se trata de una resolución de la Secretaría de Coordinación de Energía y Minería

El Ministerio de Economía, a través de la Secretaría de Coordinación de Energía y Minería, estableció los precios mínimos de adquisición del biodiesel y del bioetanol para su mezcla obligatoria con combustibles fósiles durante noviembre de 2024, mediante las resoluciones 16/2024 y 17/2024.

Según la Resolución 16/2024, el precio del biodiesel se fijó en $1.023.649 por tonelada. Esta normativa, vigente desde su publicación en el Boletín Oficial, establece un plazo de pago de hasta siete días corridos a partir de la fecha de la factura correspondiente.

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Por su parte, la Resolución 17/2024 determinó los precios del bioetanol: $683,305 por litro para el bioetanol a base de caña de azúcar y $626,273 por litro para el de maíz. Ambos precios regirán hasta que sean reemplazados por nuevos valores. El pago de estas operaciones deberá realizarse en un máximo de 30 días corridos desde la emisión de la factura.

Estas medidas buscan ajustar los precios a los costos reales de producción y prevenir distorsiones en los precios del combustible, en línea con la Ley N° 27.640.

Manuel Adorni y Federico Sturzenegger anunciaron la medida en conferencia de prensa.

El Gobierno del presidente Javier Milei anunció que se prohibieron los "cargos hereditarios" en la administración pública.

Así lo detallaron el vocero presidencial, Manuel Adorni, y el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, en conferencia de prensa.

La resolución firmada apuntar a impedir que familiares o cónyuges de empleados estatales fallecidos ocupen sus puestos de trabajo. NA

Noticia en Desarrollo

El Gobierno nacional prepara un plan para incentivar la inversión en el sector energético que además incluirá premios para quienes ahorren energía, algo que estará destinado también al sector domiciliario.

Así lo dejó trascender la subsecretaria de Transición y Planeamiento Energético, Mariela Beljansky, durante un seminario de empresas nórdicas que se realiza en esta ciudad.

La funcionaria indicó que la resolución “saldría esta semana o a más tardar los primeros días de la semana que viene” porque aseguró que en la secretaría de Energía “ya veníamos trabajando con este verano, el invierno 2025 y el siguiente verano porque ninguna obra de infraestructura va a estar hasta después del 2026, porque tardan”.

Según indicó la norma dará “señales e incentivos en generación transporte, generación distribución y demanda en las cuatro habrá para dar incentivos y señales”.

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“Trataremos que con la sumatoria de estas acciones no haga falta que haya cortes”, señaló Beljansy, al tiempo que “aclaró que “la demanda también sea activa” en lo que refiere a la planificación y posibles ahorros. NA

A su vez, consideró que con el nuevo marco económico y el RIGI están dadas las condiciones para que se aceleren las inversiones en el sector para poder satisfacer a una demanda que será creciente en los próximos años por la recuperación de la economía.

En otro orden, sostuvo que el Gobierno nacional marcará la cancha para que la Argentina cumpla con los pactos ambientales firmados a nivel internacional, pero advirtió que “no le dirá a las empresas cómo deben hacerlo” y alcanzar los niveles de descarbonización previstos.

El organismo dio a conocer los nuevos valores mínimos a partir de los cuales las entidades financieras deberán informar los consumos de sus clientes en todo el país

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) actualizó los valores mínimos a partir de los cuales los bancos y billeteras virtuales deben comunicar los movimientos en las cuentas bancarias y tarjetas de contribuyentes de todo el país.

Con la actualización, el monto mínimo desde el que las entidades financieras deben informar los gastos con tarjeta de débito se elevó de $30.000 a $120.000. En tanto que el valor mínimo para reportar tanto acreditaciones como extracciones mensuales, saldos de las cuentas y los depósitos a plazo fijo aumentó de $90.000 a $200.000, de acuerdo a lo establecido en la Resolución General 5338 .

La resolución también incrementó los montos para los administradores de sistemas de procesamiento de pagos a través de plataformas de gestión electrónica o digital, incluyendo los Proveedores de Servicios de Pago (PSP), comúnmente denominadas como billeteras virtuales.

A su vez, el régimen aplica de igual manera cuando el tipo de operación, ya sea de ingreso o egreso (de efectivo, transferencia bancaria, en moneda extranjera, moneda digital) sea una transferencia bancaria o virtual, que iguale o supere los $400.000.

Nuevos mínimos para informar la compra o venta de motos, autos o inmueble

A partir de este jueves 1 de junio, entrarán en vigencia los nuevos mínimos desde los cuales se deberá informar a la AFIP por la compra o venta de motos y autos usados o la transferencia de un inmueble.

En el caso de las operaciones de compraventa de motos o autos se deberán informar al organismo a partir de $1,1 millón cuando se trate de autos y de $450.000 cuando sea de motos. Los montos vigentes hasta este miércoles se ubican en los $600.000 y $240.000 pesos, respectivamente. Por su parte, para los inmuebles el valor se actualiza desde los 5 millones a 9,4 millones de pesos.

Al mismo tiempo, regirá un incremento en el valor mínimo desde el cual es obligatorio tramitar el Certificado de Transferencia de Automotores (CETA), pasando de los 2,4 a los 4,5 millones de pesos.