El Gobierno busca aprobar sin modificaciones el proyecto del denominado Súper RIGI, pero La Libertad Avanza no tiene los votos para imponer su propia versión y Patricia Bullrich tuvo que abrir una negociación con los bloques aliados para evitar que la iniciativa vuelva a trabarse en el Senado.

La situación expone una de las principales dificultades parlamentarias del oficialismo: el Gobierno pretende avanzar con una de sus principales apuestas económicas, pero su propia bancada reconoce que no tiene fuerza suficiente para aprobarla sin hacer concesiones.

La jefa del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, aceptó cambios reclamados por la UCR, el PRO y distintos bloques provinciales, principalmente en dos puntos sensibles: la protección de las empresas nacionales y el abastecimiento energético de los grandes centros de datos vinculados con la inteligencia artificial.

La negociación dejó además una señal de tensión dentro del propio oficialismo. Mientras Bullrich avanzaba durante los últimos quince días en conversaciones con los bloques aliados para reunir los votos necesarios, el equipo económico, encabezado por el ministro Luis Caputo, no fue consultado sobre esas modificaciones y tomó conocimiento de los cambios cuando ya habían trascendido públicamente.

Desde el Gobierno hicieron saber entonces su rechazo a algunas de las reformas negociadas, en particular a la exigencia de que las nuevas industrias electrointensivas —entre ellas los mega centros de datos— cuenten con sistemas propios de generación eléctrica para evitar que el incremento de la demanda recaiga sobre las redes provinciales y termine afectando el abastecimiento de la población, informaron fuentes parlamentarias 

“Me encantaría tener 37 votos, pero lamentablemente tengo 21, con lo cual tengo que cerrar acuerdos para las leyes”, reconoció Bullrich ante sus allegados, en una frase que sintetiza la relación de fuerzas que enfrenta el oficialismo en el Senado.

El planteo adquiere mayor peso porque el Súper RIGI constituye una de las apuestas centrales del Gobierno para atraer inversiones de las grandes compañías tecnológicas, las nuevas industrias vinculadas con la inteligencia artificial y los proyectos relacionados con minerales críticos.

El régimen ofrece un paquete de beneficios fiscales, aduaneros y cambiarios de fuerte magnitud. El desafío político para el oficialismo es conseguir que esos incentivos sean aprobados sin que los bloques aliados consideren que se está dejando en segundo plano a la industria nacional o trasladando a las provincias los costos de las nuevas inversiones.

Uno de los cambios que el oficialismo está dispuesto a aceptar apunta a precisar el alcance de la obligación de contratar proveedores locales.

El proyecto aprobado por Diputados establece que los planes de inversión deberán contemplar un compromiso de contratación de proveedores locales por un mínimo equivalente al 20% del monto destinado al pago de proveedores, siempre que exista oferta nacional en condiciones de mercado en materia de precio y calidad.

Los bloques aliados reclaman que esa protección quede circunscrita a bienes producidos efectivamente en el país.

Durante la última reunión, Diego Leal, presidente del Departamento PyME y Desarrollo Regional de la UIA, pidió que el 20% se refiera exclusivamente a bienes producidos en la Argentina. “Hoy la industria es un sector transable que compite con el mundo y estamos a favor de una economía abierta, pero de forma inteligente”, sostuvo.

El planteo introduce una discusión política de fondo sobre el modelo de desarrollo que pretende impulsar el Gobierno: si los beneficios extraordinarios estarán orientados únicamente a atraer capitales o si también habrá mecanismos para garantizar que una parte de esas inversiones se derrame sobre la producción nacional.

El otro punto que genera resistencia está vinculado con los denominados inversores “electrodependientes”.

Los bloques provinciales pretenden que los grandes proyectos que requieran enormes cantidades de energía —especialmente los centros de datos destinados a inteligencia artificial— desarrollen su propio sistema de generación para evitar que el aumento de la demanda recaiga sobre las redes existentes.

La preocupación de los gobernadores tiene un fundamento político y económico: los megacentros de datos y la infraestructura digital están entre los sectores estratégicos que busca atraer el Súper RIGI, pero su funcionamiento requiere un consumo energético considerable.

Para las provincias, el interrogante es quién deberá financiar y sostener la infraestructura necesaria para abastecer a esas nuevas industrias.

El Gobierno, en cambio, teme que imponer demasiadas condiciones termine restándole atractivo al régimen y desaliente precisamente las inversiones que busca captar.

Los cambios que finalmente se incorporen obligarán a que el proyecto aprobado por la Cámara de Diputados vuelva a ese cuerpo para su revisión.

Por eso, todavía no estaba definido si el próximo miércoles el plenario de las comisiones de Presupuesto, de Economía e Inversión y de Legislación General, presididas por Agustín Monteverde (LLA), Martín Goerling Lara (PRO) y Nadia Márquez (LLA), respectivamente, emitirá el dictamen necesario para intentar llevar el proyecto al recinto el 10 de septiembre.

El proyecto establece un régimen de incentivos fiscales, aduaneros y cambiarios para grandes inversiones.

El Gobierno Nacional oficializó la prórroga del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) hasta el 8 de julio de 2027, a través del Decreto 105/2026. La medida incluye modificaciones reglamentarias orientadas a ampliar el alcance del régimen en sectores considerados estratégicos, como hidrocarburos y tecnología.

El objetivo central es reforzar la previsibilidad normativa y fomentar la captación de capitales para proyectos de gran escala en el país.

La actualización normativa introduce modificaciones relevantes en el sector energético. En el caso de nuevos desarrollos de hidrocarburos líquidos y gaseosos “costa adentro” (onshore), se estableció un monto mínimo de inversión de 600 millones de dólares en activos computables.

Para proyectos “costa afuera” (offshore), el monto mínimo se fijó en 200 millones de dólares, en línea con el perfil de riesgo y la intensidad de capital que demandan este tipo de iniciativas.

El decreto también ajusta las definiciones vinculadas a la ampliación de proyectos en el sector tecnológico. Actividades como biotecnología, inteligencia artificial, robótica y software podrán encuadrarse como “ampliación” no solo cuando impliquen un aumento de capacidad productiva, sino también cuando incorporen nuevos productos con cambios tecnológicos sustanciales.

En estos casos, se exige una inversión mínima de 250 millones de dólares y el cumplimiento de criterios vinculados a la vida útil de mercado de los desarrollos.

El RIGI continuará ofreciendo beneficios fiscales y aduaneros para los proyectos que adhieran al régimen. Entre los principales incentivos se encuentran:

Con la prórroga hasta 2027 y la ampliación del alcance sectorial, el Ejecutivo busca consolidar el régimen como una herramienta clave para atraer inversiones de gran magnitud en áreas consideradas prioritarias para el desarrollo económico.

Se trata de la modificación del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), presentes en el proyecto.

Industriales Pymes Argentinos (IPA) junto a un grupo de cámaras empresariales y representantes del sector, se movilizarán al Senado de la Nación con el objetivo de que se modifique el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), presente en la Ley Bases.

La convocatoria será el próximo martes 14, a las 11 horas, en el marco de los debates que se realizan en la comisión de los proyectos que impulsa el Gobierno Nacional.

“Pedimos a los senadores que nos reciban porque queremos ser escuchados. Los beneficios del RIGI son una competencia desleal e injusta pata todas las pymes industriales del país”, explicó el presidente de IPA, Daniel Rosato .

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Por otra parte, aseveró que continuarán “repitiendo hasta el cansancio” que las pymes industriales “pueden hacer un aporte sustancial a las principales soluciones que nuestro país necesita”, sin embargo, necesitan ser competitivas y “no pueden ser excluidas de este proyecto de ley".

“Necesitamos un reflexión profunda y un análisis detallado de las consecuencias del RIGI, que no solo implica beneficios impositivos a los grandes capitales, sino también la posibilidad de importar y exportar con arancel cero, y hasta traer de afuera, en forma indiscriminada, bienes que perfectamente se pueden producir en el país, provocando el cierre de muchas pymes industriales y el cese de miles de trabajadores con formación técnica de calidad”, concluyó Rosato.

Las pymes industriales generan el 70% de la mano de obra de la Argentina por lo que piden “que estén contempladas en el RIGI” porque, de lo contrario, “se lo estaría desprotegiendo y promoviendo la desaparición de miles de empresas y de centenares de miles de puestos de trabajo”.

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