La Policía de Investigaciones (PDI) detuvo a un hombre de 64 años por una presunta estafa vinculada con la comercialización de ganado y logró recuperar 29 animales bovinos valuados en aproximadamente 49 millones de pesos.

El procedimiento se enmarca en una investigación encabezada por el fiscal Mauricio Spinosa, a partir de denuncias realizadas por dos productores agropecuarios que habrían sido perjudicados en distintas operaciones comerciales.

Según informó el Ministerio de Justicia y Seguridad de Santa Fe, personal de la PDI Distrito San Cristóbal desarrolló diferentes tareas investigativas y medidas judiciales en la provincia de Córdoba, donde finalmente se concretaron los procedimientos.

Uno de los operativos se realizó en un establecimiento ganadero de Jesús María, donde los investigadores inspeccionaron alrededor de 200 animales.

Durante la revisión lograron identificar y secuestrar 29 bovinos pertenecientes a uno de los productores damnificados, cuyo valor fue estimado en aproximadamente $49 millones.

Los animales quedaron en depósito judicial mientras continúa la investigación.

Posteriormente, los efectivos realizaron dos allanamientos en la ciudad de Monte Cristo. En uno de los domicilios fue detenido W.H.R., de 64 años, señalado en el marco de la causa.

Durante el procedimiento también secuestraron un teléfono celular, una notebook y documentación con anotaciones relacionadas con las víctimas, cantidades de animales y operaciones comerciales realizadas mediante cheques electrónicos.

El segundo allanamiento, efectuado en una zona rural, arrojó resultado negativo.

Luego de las actuaciones judiciales correspondientes, la Justicia de Córdoba autorizó el traslado del detenido y la entrega de los elementos secuestrados a las autoridades santafesinas.

Finalmente, el 29 de octubre, personal de la PDI Distrito San Cristóbal concretó el traslado del hombre hacia la provincia de Santa Fe.

Tras cumplimentar las diligencias correspondientes, quedó alojado en la Alcaidía de la Unidad Regional XIII, a disposición de la Justicia.

Los procedimientos realizados en territorio cordobés contaron con la colaboración de efectivos de la División Investigaciones de la Patrulla Rural Norte y de la Patrulla Rural de esa provincia.

Quedó en prisión preventiva un hombre de 35 años a quien se investiga como autor de una agresión física y de amenazas realizadas con un cuchillo a su pareja en Ceres. También se le endilgó ser autor de un ilícito contra la integridad sexual de su cuñada, quien es adolescente.

La medida cautelar fue ordenada por el juez de la Investigación Penal Preparatoria (IPP), José Luis Estévez, en una audiencia que se desarrolló de manera remota en los tribunales de San Cristóbal.

El fiscal Emiliano Odriozola está a cargo de la investigación y solicitó que se dicte la prisión preventiva para el imputado, cuyas iniciales son NFC. El magistrado resolvió de manera oral en la audiencia y dispuso la medida cautelar por todo el tiempo que dure el proceso.

“El hombre investigado actuó siempre con pleno conocimiento y voluntad de su accionar ilícito en un contexto de evidente violencia de género”, sostuvo el fiscal Odriozola.

El funcionario del MPA señaló que “el lunes de la semana pasada, aproximadamente a las 22:00, el hombre investigado agredió a su pareja con golpes de puño y patadas en diferentes partes de su cuerpo”. El funcionario del MPA agregó que “cometió la agresión en el marco de una discusión que mantuvo con la mujer en la casa en la que convivía con ella”.

“Inmediatamente después de golpearla, el imputado colocó un cuchillo de aproximadamente 30 centímetros de largo en el pecho de la víctima, le provocó una herida punzante y la amenazó para que se vaya de la vivienda”.

En relación con el hecho ilícito contra la integridad sexual de la hermana menor de edad de la mujer, Odriozola detalló que “cuando la policía fue a la casa de la pareja por la agresión y las amenazas, la adolescente le manifestó a los agentes de la fuerza de seguridad que su hermana no quería denunciar lo ocurrido por el miedo que le tenía a su pareja”.

“En ese contexto, la menor de edad también develó que hacía un año aproximadamente, ella fue víctima de un hecho ilícito contra la integridad sexual cometido por la pareja de su hermana”.          

Odriozola sostuvo que “el juez consideró que las circunstancias de tiempo y lugar, así como la participación del imputado en los ilícitos atribuidos por la Fiscalía son suficientes para tener por acreditadas la autoría y materialidad de los hechos en esta etapa del proceso”.

El fiscal hizo hincapié en que “el magistrado sostuvo que en virtud de una condena anterior que debió cumplir el imputado y teniendo en cuenta que los hechos están enmarcados en un contexto de violencia de género, la eventual pena a imponer podría ser de ejecución efectiva”.

El representante del MPA concluyó diciendo que “en cuanto a los riesgos procesales, Estévez consideró necesario cautelar el proceso en virtud de la vulnerabilidad de las víctimas y proteger así las declaraciones de la pareja y de la adolescente, que deberá hacerlo a través del dispositivo de Cámara Gesell”.

Al imputado se lo investiga como autor de los delitos de lesiones leves dolosas agravadas (por el vínculo y por haber sido cometidas en un contexto de violencia de género), amenazas calificadas (por el uso de arma) y abuso sexual simple.

La Policía de Investigaciones (PDI) realizó un allanamiento en la ciudad de San Cristóbal, en el marco de una investigación por amenazas calificadas contra un hombre de 75 años. Durante el procedimiento, los efectivos secuestraron una cuchilla, un teléfono celular y una motocicleta.

La intervención se llevó adelante en una vivienda ubicada sobre calle Güemes al 1700, en barrio José Dho, con la participación de personal de la PDI y de la Comisaría 1ª de la Unidad Regional XIII.

Según informó la fuerza provincial, la investigación se inició a partir de un hecho ocurrido el pasado 21 de octubre, cuya víctima es un hombre de 75 años. La causa se encuentra bajo la intervención del fiscal Mauricio Spinosa.

Durante la requisa domiciliaria, los investigadores buscaron elementos que pudieran resultar de interés para esclarecer el episodio denunciado.

Como resultado del procedimiento, los efectivos secuestraron una cuchilla de aproximadamente 35 centímetros de largo, además de un teléfono celular y una motocicleta Zanella ZB de 110 cc.

Los elementos fueron incorporados a las actuaciones y quedaron a disposición de la Justicia para avanzar con la investigación.

En el marco de las actuaciones, un hombre identificado por sus iniciales como M. D. P., de 42 años, fue notificado de la investigación por amenazas calificadas.

Desde la Policía de Investigaciones precisaron que el involucrado continuará vinculado a la causa en estado de libertad, mientras prosiguen las actuaciones judiciales correspondientes.

La investigación permanece bajo la órbita del fiscal Mauricio Spinosa, con el objetivo de esclarecer las circunstancias del hecho denunciado.

La familia de Ian Cabrera, el estudiante de 13 años asesinado el 30 de marzo en la Escuela N°40 Mariano Moreno de San Cristóbal, atraviesa un profundo dolor tras conocerse el sobreseimiento oficial de Gino C., el autor de los disparos.

El adolescente, de 15 años al momento del hecho, fue declarado no punible por la Justicia de Menores, en cumplimiento con la ley nacional vigente que protege a menores de 16 años. Ante este fallo, la querella confirmó que avanzará con demandas civiles.

El abogado Luis Hilbert, representante de la familia, subrayó la necesidad de buscar justicia en el fuero civil. “La noticia puso muy triste a la familia. Los jueces deben tener mayor conciencia de sus fallos”, afirmó el letrado.

Luis Hilbert detalló que la acción legal se dirigirá contra la madre y el padre del agresor, el abuelo —propietario de la escopeta utilizada— y contra la propia Escuela N°40 por su responsabilidad institucional.

La estrategia legal se divide en tres frentes. Primero, contra los progenitores por la falta de supervisión. Segundo, contra el abuelo por el descuido del arma. Finalmente, contra el colegio por fallar en la seguridad.

El juez José Boaglio dio por probada la participación del menor en el homicidio de Ian Cabrera y las lesiones causadas a otros ocho estudiantes. Sin embargo, la ley impidió una condena penal.

Por su parte, la fiscal Carina Gerbaldo, del Ministerio Público de la Acusación, presentó un recurso de apelación. El objetivo no es revertir el sobreseimiento, sino evitar que el caso pase al Fuero de Familia.

La fiscalía sostiene que, si el expediente sale del fuero penal juvenil, la justicia perdería capacidad para supervisar medidas cautelares clave. Esto incluye el alojamiento del menor fuera de San Cristóbal.

También se busca garantizar la continuidad de los peritajes psicológicos y mantener la prohibición del uso de redes sociales para el agresor, medidas que consideran vitales para el control del caso.

La familia de Ian Cabrera evitó el contacto directo con la prensa, pero difundió un comunicado. En el texto, cuestionaron duramente la resolución del juez José Boaglio ante la falta de respuestas.

“¿Y la familia de Ian? ¿Y el dolor de una ciudad que todavía intenta sanar?”, expresaron con indignación. Los allegados sostienen que ninguna explicación legal puede reparar la pérdida de una vida.

“La ley podrá explicar una decisión judicial, pero no borra el dolor, no devuelve ni una vida ni cierra las heridas”, concluyeron en el mensaje publicado a través de las redes sociales oficiales.

El sobreseimiento del adolescente de 15 años que protagonizó el ataque armado en la escuela Mariano Moreno de San Cristóbal generó malestar en la comunidad. Así lo relató Noelí Rojas, corresponsal de Radio Rafaela en esa ciudad, al describir el impacto que tuvo la noticia y el recuerdo del crimen ocurrido el 30 de marzo, cuando murió Ian Cabrera, de 13 años, y otros estudiantes resultaron heridos.

“En la ciudad de San Cristóbal, el sobreseimiento cayó como un trago amargo”, expresó Rojas al referirse a la reacción de los vecinos frente a la decisión judicial.

El juez penal juvenil José Alberto Boaglio dispuso el sobreseimiento del adolescente, quien tenía 15 años al momento del hecho, debido a que la legislación vigente entonces establecía que los menores de 16 años no eran punibles. La resolución también ordenó mantener las medidas de protección dispuestas para el joven.

Según relató la corresponsal, el magistrado difundió un comunicado para explicar los alcances de la decisión, ante la cantidad de consultas recibidas sobre la causa, caratulada como homicidio doloso calificado y tramitada en la sección juvenil de los tribunales de San Cristóbal.

Rojas explicó que la defensa había solicitado el sobreseimiento y presentado una propuesta de medidas de protección personal para el adolescente. El juez resolvió sobreseerlo por los delitos atribuidos en relación con el homicidio agravado y los hechos que involucraron a las demás víctimas, además de disponer la continuidad de las medidas vigentes.

La decisión no implicó que se desconocieran los hechos investigados. De acuerdo con la información comunicada por el Ministerio Público de la Acusación (MPA), el magistrado dio por acreditados los hechos atribuidos por la Fiscalía y la participación del adolescente, pero aplicó la normativa que impedía su persecución penal por su edad al momento del ataque.

La corresponsal señaló que el joven ya no estaría en San Cristóbal y que, según la información que manejaban, permanecería bajo resguardo en la ciudad de Santa Fe, donde recibiría tratamiento de salud mental.

Las medidas dispuestas continúan bajo el marco de la legislación provincial de protección integral de niñas, niños y adolescentes. Por su parte, el MPA apeló la decisión de remitir el legajo a los Tribunales de Familia, al considerar que las diligencias pendientes y el control de las medidas deberían continuar en el fuero penal.

El recurso fue presentado ante la Oficina de Gestión Judicial de Segunda Instancia de Rafaela y deberá ser analizado en una audiencia cuya fecha tiene que ser establecida.

Rojas describió que la noticia llevó a muchos vecinos a revivir lo sucedido el 30 de marzo. La propia cobertura periodística también estuvo atravesada por ese recuerdo, al volver sobre las fotografías y los videos registrados durante aquella jornada.

“Sabíamos que iba a pasar, pero a la gente la verdad que le cayó muy mal”, señaló la corresponsal al resumir la reacción que generó el sobreseimiento.

La decisión judicial reabrió el debate sobre las consecuencias del ataque y el tratamiento legal de los adolescentes no punibles. Mientras tanto, San Cristóbal continúa atravesada por el impacto del crimen y aguarda el avance de las actuaciones judiciales pendientes.

El Ministerio Público de la Acusación (MPA) apeló la decisión del juez José Alberto Boaglio de remitir a los Tribunales de Familia el legajo penal del adolescente que protagonizó el ataque armado ocurrido el 30 de marzo en la escuela Mariano Moreno de San Cristóbal, donde murió un estudiante de 13 años y otro resultó herido.

El recurso fue presentado el jueves 8 de octubre ante la Oficina de Gestión Judicial (OGJ) de Segunda Instancia de Rafaela. La resolución cuestionada había sido adoptada por el magistrado el lunes 5 de octubre, cuando dispuso el sobreseimiento del menor y ordenó remitir las actuaciones al fuero de Familia.

Según informó el MPA, la decisión judicial todavía no está firme. La OGJ deberá establecer la fecha y la hora de la audiencia en la que se tratará la apelación.

De acuerdo con el comunicado del MPA, el juez Boaglio dio por acreditados los hechos atribuidos por la Fiscalía al adolescente, incluida su participación en los ilícitos y los daños ocasionados a las víctimas.

Sin embargo, el magistrado dispuso el sobreseimiento porque la legislación vigente en Argentina al momento del ataque establecía que los menores de 16 años no eran punibles. El adolescente tenía 15 años cuando ocurrió el hecho.

Desde el Ministerio Público de la Acusación señalaron que el sobreseimiento se ajusta a la normativa vigente en marzo, pero cuestionaron que el legajo haya sido remitido al fuero de Familia sin que continúe el control judicial de las diligencias pendientes y de las medidas que cumple el menor.

El MPA sostiene que el seguimiento de las actuaciones pendientes y de las medidas dispuestas respecto del adolescente debe permanecer bajo la órbita penal.

En ese sentido, argumentó que el Código Procesal Penal Juvenil de Santa Fe contempla un procedimiento específico para menores de edad no punibles y que esas disposiciones deberían haber sido consideradas antes de enviar el expediente a los Tribunales de Familia.

La apelación busca que la instancia revisora analice la decisión del juez de primera instancia respecto de la remisión del legajo. El planteo no modifica por sí mismo el sobreseimiento, que fue dictado en función de la legislación aplicable al momento de los hechos.

El episodio ocurrió el 30 de marzo de 2026, cuando el adolescente ingresó armado a la escuela Mariano Moreno de San Cristóbal y disparó contra estudiantes. Como consecuencia del ataque, Ian Cabrera, de 13 años, murió y otro alumno resultó herido.

Por el mismo caso también fue detenido Nicolás C., de 16 años, investigado como presunto partícipe secundario. En una instancia anterior, se había dispuesto su prisión preventiva por 90 días, medida que posteriormente fue revisada por la Cámara de Apelaciones de Rafaela y reemplazada por medidas alternativas, según los antecedentes del caso.

La apelación presentada por el MPA abre ahora una nueva instancia judicial para resolver si corresponde que el legajo del adolescente no punible continúe bajo control del fuero penal o pase a los Tribunales de Familia.

Quedó en prisión preventiva un hombre de 63 años que es investigado por abusar sexualmente a una empleada suya en Colonia Rosa (departamento San Cristóbal). Así lo ordenó la jueza de la Investigación Penal Preparatoria (IPP), Cecilia Álamo, en una audiencia que se desarrolló en los tribunales sancristobalenses.

El fiscal Emiliano Odriozola está a cargo de la investigación y solicitó que el imputado, cuyas iniciales son DOS, transite el proceso judicial privado de su libertad. La magistrada resolvió de manera oral en la audiencia y dispuso la prisión preventiva por todo el tiempo que dure el proceso judicial.

Odriozola señaló que “en reiteradas oportunidades, entre fines de agosto de 2024 y marzo del año pasado, el hombre investigado agredió sexualmente en su casa a la víctima, quien era su empleada doméstica”.

El fiscal manifestó que “el imputado aprovechaba deliberadamente las situaciones en que se quedaba a solas en la vivienda para llevar a cabo su proceder ilícito sin el consentimiento de la mujer, sometiéndola a un constante hostigamiento de índole sexual”.

“Los hechos no fueron aislados, sino que se desarrollaron de manera reiterada durante aproximadamente siete meses”, sostuvo el fiscal y remarcó que “el imputado se valía de su posición de superioridad derivada de la relación laboral y de la situación de dependencia existente”.

Finalmente, Odriozola planteó que “el hombre investigado actuó siempre con pleno conocimiento y voluntad de su accionar delictivo, en un contexto de violencia de género”. En ese sentido, aseguró que “la mujer sufrió un grave menoscabo en su salud mental, que requirió abordaje profesional”.

Odriozola valoró que “la jueza consideró que los hechos atribuidos al imputado fueron debidamente acreditados con las evidencias recolectadas en la investigación y con el análisis efectuado por la Fiscalía”.

“La magistrada también sostuvo que además de la calificación legal aplicable, los hechos deben ser analizados y valorados desde una perspectiva de género, por lo que la eventual pena a imponer sería de ejecución efectiva”, remarcó el fiscal del MPA.

Odriozola concluyó diciendo que “Álamo también argumentó que la pena en expectativa y la necesidad de proteger a la víctima vulnerable impactan de manera directa sobre los riesgos procesales, en particular el entorpecimiento probatorio”. En tal sentido, el fiscal concluyó que “la jueza rechazó el pedido de la Defensa del imputado de aplicar medidas cautelares no privativas de la libertad por considerarlas insuficientes para contrarrestar el peligro procesal”.

Al imputado de 63 años se lo investiga como autor de los delitos de abuso sexual gravemente ultrajante en un contexto de violencia de género.

Continúa la búsqueda de Benjamín Servín, el adolescente de 15 años que se ausentó de una vivienda ubicada en la zona rural de La Lucila durante el fin de semana y todavía no regresó a su domicilio.

A través de un comunicado, la Unidad Regional XIII informó que el personal policial realizó distintas diligencias ordenadas por la fiscal en turno para dar con el paradero del menor. Sin embargo, hasta el momento, los resultados fueron negativos.

Las tareas de búsqueda se intensificaron con el correr de las horas y continuarán con la intervención y dirección de la Policía de Investigaciones (PDI).

Según la información policial difundida inicialmente, el adolescente fue visto por última vez el domingo alrededor de las 16:30. La denuncia fue presentada por su tío, con quien vive, luego de advertir que el joven se había ausentado de la vivienda y no había regresado.

Al momento de ausentarse, vestía una boina azul, una camisa negra con puntos blancos, una bombacha marrón claro y alpargatas verdes.

Benjamín fue descripto como de cabello castaño corto, contextura delgada, tez trigueña y ojos marrones. Mide aproximadamente 1,55 metros y pesa cerca de 54 kilos.

El caso fue comunicado al Ministerio Público de la Acusación y las actuaciones continúan para establecer el paradero del adolescente.

Mientras sigue el operativo, se solicita compartir la información para contribuir a su localización. Hasta el momento, las autoridades no comunicaron novedades positivas sobre la búsqueda.

Quedó en prisión preventiva un hombre de 63 años que es investigado por abusar sexualmente a una empleada suya en Colonia Rosa (departamento San Cristóbal). Así lo ordenó la jueza de la Investigación Penal Preparatoria (IPP), Cecilia Álamo, en una audiencia que se desarrolló en los tribunales sancristobalenses.

El fiscal Emiliano Odriozola está a cargo de la investigación y solicitó que el imputado, cuyas iniciales son DOS, transite el proceso judicial privado de su libertad. La magistrada resolvió de manera oral en la audiencia y dispuso la prisión preventiva por todo el tiempo que dure el proceso judicial.

Odriozola señaló que “en reiteradas oportunidades, entre fines de agosto de 2024 y marzo del año pasado, el hombre investigado agredió sexualmente en su casa a la víctima, quien era su empleada doméstica”.

El fiscal manifestó que “el imputado aprovechaba deliberadamente las situaciones en que se quedaba a solas en la vivienda para llevar a cabo su proceder ilícito sin el consentimiento de la mujer, sometiéndola a un constante hostigamiento de índole sexual”.

“Los hechos no fueron aislados, sino que se desarrollaron de manera reiterada durante aproximadamente siete meses”, sostuvo el fiscal y remarcó que “el imputado se valía de su posición de superioridad derivada de la relación laboral y de la situación de dependencia existente”.

Finalmente, Odriozola planteó que “el hombre investigado actuó siempre con pleno conocimiento y voluntad de su accionar delictivo, en un contexto de violencia de género”. En ese sentido, aseguró que “la mujer sufrió un grave menoscabo en su salud mental, que requirió abordaje profesional”.

Odriozola valoró que “la jueza consideró que los hechos atribuidos al imputado fueron debidamente acreditados con las evidencias recolectadas en la investigación y con el análisis efectuado por la Fiscalía”.

“La magistrada también sostuvo que además de la calificación legal aplicable, los hechos deben ser analizados y valorados desde una perspectiva de género, por lo que la eventual pena a imponer sería de ejecución efectiva”, remarcó el fiscal del MPA.

Odriozola concluyó diciendo que “Álamo también argumentó que la pena en expectativa y la necesidad de proteger a la víctima vulnerable impactan de manera directa sobre los riesgos procesales, en particular el entorpecimiento probatorio”. En tal sentido, el fiscal concluyó que “la jueza rechazó el pedido de la Defensa del imputado de aplicar medidas cautelares no privativas de la libertad por considerarlas insuficientes para contrarrestar el peligro procesal”.

Al imputado de 63 años se lo investiga como autor de los delitos de abuso sexual gravemente ultrajante en un contexto de violencia de género.

Un siniestro vial provocó la obstrucción total de la Ruta Provincial N° 2 en jurisdicción de Huanqueros, luego del vuelco del acoplado de un camión que transportaba semillas de algodón. El episodio se registró alrededor de las 19, a unos 500 metros del acceso al Balneario Laguna “La Verde”.

Personal de la Comisaría 8ª acudió al lugar y entrevistó al conductor del transporte, un hombre de 59 años oriundo de la provincia de Córdoba, quien circulaba al mando de un camión Fiat Iveco con acoplado.

Según manifestó el camionero a los efectivos, circulaba en sentido norte-sur cuando, a raíz de un desperfecto en la ruta, el acoplado comenzó a desplazarse siguiendo las huellas existentes en forma de zigzag.

Posteriormente, el acoplado terminó volcando sobre la cinta asfáltica y la carga de semillas de algodón quedó esparcida sobre la calzada, provocando su obstrucción total.

Ante la situación, se solicitó la colaboración de personal de la Guardia Provincial U.O.R. N° 6 de San Cristóbal, que comenzó a realizar tareas preventivas en el sector.

Mientras se desarrollaban los trabajos para retirar la carga y liberar la Ruta Provincial N° 2, el tránsito vehicular fue desviado por un camino comunal lateral.

El operativo permanecería activo hasta conseguir despejar completamente la cinta asfáltica y restablecer la circulación normal.

Un severo temporal sorprendió a los habitantes de la ciudad de San Cristóbal durante las primeras horas de este lunes. El fenómeno climático se manifestó de manera violenta, combinando una intensa caída de granizo de gran tamaño con fuertes ráfagas de viento y una abundante precipitación en un corto lapso de tiempo.

La magnitud del evento quedó registrada en diversos videos captados por los vecinos, donde se observa cómo el granizo cubrió rápidamente patios, veredas y los accesos a las viviendas. La fuerza de las ráfagas provocó que árboles de gran tamaño se sacudieran, mientras que la visibilidad en la vía pública se redujo de manera drástica.

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El impacto del granizo contra techos, estructuras metálicas y vehículos generó alarma en la población local durante los minutos de mayor intensidad. En tanto, las calles de la ciudad presentaron un importante caudal de agua acumulada debido a la persistencia de las precipitaciones.

Un hombre de 47 años identificado como Carlos Miguel Castillo fue condenado a cuatro años de prisión de cumplimiento efectivo por la venta de droga al menudeo y la tenencia ilegal de dos armas de fuego en la ciudad de San Cristóbal.

La sentencia fue resuelta por el juez Juan Gabriel Peralta en el marco de un juicio abreviado realizado en los tribunales sancristobalenses. La investigación estuvo a cargo del fiscal del Ministerio Público de la Acusación (MPA), Emiliano Odriozola, quien también intervino durante la audiencia en la que se dictó la condena.

Según informó el fiscal Odriozola, la investigación permitió determinar que Castillo utilizaba su vivienda ubicada en Dorrego al 1600, en la ciudad de San Cristóbal, para comercializar cocaína y marihuana fraccionadas en pequeñas dosis.

La actividad ilícita se habría desarrollado durante el año pasado, entre el 21 de agosto y el 18 de octubre, de acuerdo con la acusación presentada por el MPA.

El sábado 18 de octubre, personal de la División Microtráfico de la Policía de Investigaciones (PDI) de San Cristóbal realizó un allanamiento en el domicilio, donde secuestró droga fraccionada en envoltorios de nailon, trozos compactos de cocaína sin fraccionar, dos balanzas de precisión, teléfonos celulares, una libreta con anotaciones y dinero en efectivo.

Durante el procedimiento, los investigadores también encontraron un revólver calibre 38 largo marca Orbea, cargado con seis cartuchos, y una escopeta calibre 12 marca Uzkon.

De acuerdo con lo informado por la Fiscalía, Castillo no contaba con autorización legal para la tenencia de ninguna de las dos armas. Además, las pericias confirmaron que ambos dispositivos eran aptos para el disparo. En el domicilio también fueron secuestrados cuatro cartuchos calibre 38 largo y 25 cartuchos calibre 12.

Durante el proceso judicial, Castillo y su defensa manifestaron su conformidad con los hechos atribuidos, la calificación legal, la pena acordada y la modalidad de cumplimiento.

El condenado admitió expresamente su responsabilidad en los delitos por los que fue llevado a juicio.

Castillo fue condenado como autor de los delitos de comercialización de estupefacientes y tenencia indebida de arma de fuego de uso civil y de guerra.

Un tribunal de segunda instancia confirmó la prisión preventiva de un hombre de 29 años, identificado con las iniciales ADG, quien es investigado por un robo calificado por escalamiento cometido en un local comercial de Suardi, departamento San Cristóbal.

La resolución fue tomada por el camarista Sergio Alvira durante una audiencia de apelación realizada en los tribunales de Rafaela, donde se ratificó la decisión adoptada en primera instancia por el juez Juan Gabriel Peralta.

La investigación está a cargo del fiscal Emiliano Odriozola, quien representó al Ministerio Público de la Acusación (MPA) durante las audiencias.

El fiscal destacó que el camarista rechazó los planteos realizados por la defensa y consideró que las pruebas reunidas permiten sostener, en esta etapa del proceso, tanto la existencia del hecho como la participación del imputado.

Además, Alvira tuvo en cuenta que el hombre investigado cuenta con antecedentes penales condenatorios, por lo que consideró que una eventual pena podría ser de cumplimiento efectivo.

También se valoró la existencia de riesgos procesales, ya que aún restan medidas de investigación, entre ellas la toma de declaraciones testimoniales.

Según explicó el fiscal Odriozola, el hecho ocurrió el martes 16 de junio de 2026 en un comercio ubicado en la intersección de las calles 9 de Julio y Dr. Fernández, en la localidad de Suardi.

La investigación sostiene que el imputado ingresó al lugar tras escalar un tapial lindero al inmueble, superar distintos obstáculos, acceder a un patio interno y luego romper una puerta de aluminio correspondiente al depósito del comercio.

Desde allí habría sustraído latas de cerveza y bebidas energizantes.

Minutos después, el hombre fue interceptado por personal policial en inmediaciones del local. Durante el procedimiento se le secuestraron los elementos sustraídos, que posteriormente fueron reconocidos por la víctima.

Al hombre se le atribuyó la autoría de robo calificado por escalamiento.

El exintendente de Ceres, Camilo Enzo Busquets, fue condenado por delitos cometidos contra la administración pública durante sus períodos de gobierno entre 2003 y 2019. La sentencia fue dictada este viernes en un juicio oral y público realizado en los tribunales de San Cristóbal.

Busquets, de 69 años, recibió una pena de dos años y diez meses de prisión condicional, además de una inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. En el mismo proceso también fue condenado el exsecretario de Hacienda de su última gestión, Lucas Sebastián Cañete, quien recibió una pena de dos años y tres meses de prisión condicional y la misma inhabilitación.

La resolución fue tomada por los jueces Cecilia Álamo, Javier Bottero y Nicolás Stegmayer, quienes además absolvieron a una exsecretaria de Hacienda de Ceres, identificada con las iniciales BSG, quien había sido juzgada por hechos vinculados a la investigación.

El debate contó con la participación del fiscal Guillermo Loyola, de la Sección Criminalidad Económica y Compleja de la Fiscalía Regional 5, en representación del Ministerio Público de la Acusación.

Tras conocerse el veredicto, Loyola señaló que esperarán los fundamentos del fallo para analizar los próximos pasos, aunque valoró la decisión de condenar a los dos exfuncionarios investigados.

Según explicó el fiscal, durante el juicio se logró demostrar que Busquets cometió distintos delitos en perjuicio de la administración pública mientras estuvo al frente de la Municipalidad de Ceres.

Entre los hechos por los que fueron condenados se encuentra el desvío de fondos recibidos en concepto de Financiamiento Educativo durante 2017. De acuerdo con la acusación, esos recursos fueron utilizados para un destino diferente al establecido.

Además, la Fiscalía sostuvo que los exfuncionarios realizaron procedimientos irregulares para la ejecución de obras públicas, mediante llamados a concursos privados de precios en casos que, por los montos involucrados, debían tramitarse a través de licitaciones públicas.

El fiscal Loyola afirmó que esas maniobras generaron un perjuicio patrimonial, ya que algunas obras fueron abonadas cuando todavía no estaban finalizadas o se adjudicaron concursos sin respetar los procedimientos previstos por la normativa municipal.

Busquets fue condenado como coautor de malversación de caudales públicos e incumplimiento de los deberes de funcionario público, y como autor de fraude a la administración pública y abuso de autoridad.

En tanto, Cañete fue condenado como coautor de malversación de caudales públicos e incumplimiento de los deberes de funcionario público, además de ser considerado partícipe necesario de fraude a la administración pública.

Personal del Comando de San Cristóbal intervino a raíz de una denuncia por un hecho de violencia familiar ocurrido en el barrio San José.

Al llegar al lugar, la madre de un adolescente de 15 años manifestó que su hijo la había amenazado de muerte tanto a ella como a su hija de 9 años. Según relató, el joven había utilizado para las amenazas un arma de fabricación casera, tipo tumbera.

Los efectivos realizaron un chequeo al adolescente, aunque el resultado fue negativo. Sin embargo, durante el procedimiento fueron advertidos de que el joven habría arrojado el arma entre unas malezas.

El personal policial realizó una búsqueda en el sector indicado y logró encontrar el arma tumbera, que fue secuestrada.

Posteriormente, los efectivos procedieron a la aprehensión del adolescente de 15 años, quedando las actuaciones a disposición de las autoridades correspondientes.

Un joven de 18 años, identificado por sus iniciales ASV, quedó en prisión preventiva mientras es investigado por una tentativa de homicidio ocurrida en Ceres, departamento San Cristóbal. La medida fue dispuesta por el juez de la Investigación Penal Preparatoria, Juan Gabriel Peralta, durante una audiencia realizada en los tribunales de San Cristóbal.

El pedido había sido realizado por el fiscal Emiliano Odriozola, quien lleva adelante la investigación. Según la acusación, el joven habría intentado matar a un hombre utilizando un machete y habría actuado junto con su hermano adolescente.

El hecho principal ocurrió el viernes 28 de agosto, alrededor de las 23, en inmediaciones de la esquina de San Juan y Altamirano, en Ceres.

De acuerdo con lo expuesto por el fiscal, el joven investigado interceptó a un hombre que circulaba en motocicleta y lo golpeó con un machete en la cabeza. Odriozola sostuvo que el ataque habría sido previamente acordado con el hermano adolescente del acusado.

La víctima logró sobrevivir debido a la intervención policial y a la inmediata atención médica recibida, según informó el Ministerio Público de la Acusación.

Además de la tentativa de homicidio, al joven se le atribuyen otros episodios violentos ocurridos durante el mismo día. Según la Fiscalía, durante la siesta habría atacado a otro hombre utilizando tuercas como proyectiles de una gomera, provocándole heridas en distintas partes del rostro.

Más tarde, alrededor de las 22:30, habría vuelto a agredir físicamente a la misma persona en la vía pública. En esa oportunidad, siempre de acuerdo con la acusación, estuvo acompañado por su hermano adolescente y ambos habrían utilizado un palo, provocándole lesiones en diferentes partes del cuerpo.

Por último, el fiscal señaló que el joven y su hermano también habrían amenazado a un tercer hombre, a quien le mostraron un machete y una gomera y le advirtieron que podían hacerle daño.

Durante la audiencia, el fiscal Odriozola sostuvo que los hechos atribuidos al joven se encuentran debidamente acreditados en esta etapa de la investigación a partir de las evidencias incorporadas.

También señaló que la pena en expectativa sería de cumplimiento efectivo y que permanecían vigentes riesgos procesales, principalmente de fuga y entorpecimiento de la investigación.

Entre los elementos que todavía deben ser analizados se encuentran teléfonos celulares secuestrados y registros de cámaras de seguridad que podrían aportar más información sobre los hechos.

La Fiscalía consideró además que, en caso de recuperar la libertad, el imputado podría intentar contactar a víctimas o testigos para influir en sus declaraciones.

Por estos motivos, el juez rechazó las medidas alternativas propuestas por la defensa y ordenó la prisión preventiva por el plazo de ley.

Al joven de 18 años se lo investiga como presunto autor de tentativa de homicidio, lesiones leves y amenazas calificadas por el uso de arma, delitos que, según la Fiscalía, fueron agravados por la participación de un menor de edad.

Además, se le atribuye otro hecho en carácter de autor por lesiones dolosas leves. La investigación continuará ahora con el análisis de los elementos secuestrados, entre ellos los teléfonos celulares y las imágenes de cámaras de seguridad.

Un nuevo momento de tensión se vivió este jueves en la Escuela Nº 40 Mariano Moreno de San Cristóbal, luego de que la explosión de la rueda de un camión provocara un fuerte estruendo que alarmó a los estudiantes y al personal del establecimiento.

Según informó la periodista Noelí Rojas, el hecho ocurrió durante la mañana, cuando los alumnos se encontraban dentro de la escuela. El ruido fue de tal magnitud que varios estudiantes reaccionaron con temor al recordar el episodio ocurrido meses atrás en el mismo establecimiento, cuando una fuerte detonación había generado una situación de emergencia.

La explosión de un neumático del vehículo que se encontraba en las inmediaciones de la institución provocó que algunos alumnos intentaran salir rápidamente del lugar. En ese contexto, varias adolescentes se arrojaron desde un primer piso, generándose algunos golpes y lesiones menores producto de la desesperación y la corrida.

Desde el lugar aclararon que no se trató de un nuevo ataque ni de una situación de peligro dentro de la escuela, sino del estallido de una rueda de un camión que circulaba por la zona.

El temor de los estudiantes estuvo vinculado directamente con lo ocurrido meses atrás en la Escuela Nº 40, cuando una fuerte detonación había provocado una situación traumática para toda la comunidad educativa.

En esta oportunidad, el ruido volvió a activar ese recuerdo en muchos alumnos, quienes reaccionaron intentando alejarse rápidamente del edificio.

“Fue un gran susto, no fue más que eso. La rueda de un camión explotó y generó ese pánico en los chicos, que es totalmente comprensible por lo que habían vivido anteriormente”, explicó la corresponsal desde San Cristóbal.

Tras el episodio, personal policial y docentes trabajaron para contener a los estudiantes y transmitir tranquilidad a la comunidad educativa.

Algunos alumnos manifestaron temor y no quisieron regresar inmediatamente a las aulas, por lo que desde la institución acompañaron la situación para brindar contención.

El hecho generó nuevamente preocupación entre las familias, ya que muchos padres recibieron llamados de sus hijos y recordaron el momento vivido meses atrás. Sin embargo, desde la escuela confirmaron que se trató únicamente de un accidente externo provocado por la falla de un neumático.

Un preocupante episodio se registró durante la mañana de este jueves en la Escuela Nº 40 Mariano Moreno de San Cristóbal, donde ocho alumnas terminaron hospitalizadas luego de saltar desde el primer piso del edificio tras escuchar una fuerte detonación proveniente del exterior.

Personal policial intervino después de recibir un llamado que alertaba sobre el ingreso de las estudiantes al hospital de la localidad.

Según la información preliminar, las adolescentes, de 13, 14, 16 y 17 años, se encontraban dentro del establecimiento educativo cuando escucharon un fuerte estruendo que habría sido provocado por un camión que circulaba en las inmediaciones.

El ruido generó temor entre las jóvenes, quienes saltaron desde el primer piso.

Las ocho estudiantes fueron asistidas en el hospital local. Tras las primeras evaluaciones, cuatro recibieron el alta médica al comprobarse que no presentaban lesiones físicas y que habían sufrido cuadros de pánico.

Las otras cuatro adolescentes permanecieron en observación para recibir curaciones y realizarse estudios preventivos.

De acuerdo con las primeras evaluaciones médicas, las lesiones constatadas serían de carácter leve, aunque se aguardaba la evolución de las jóvenes y los resultados de los controles correspondientes.

El hecho adquiere particular sensibilidad porque la Escuela Nº 40 Mariano Moreno había sido escenario de un grave episodio en marzo de este año.

En aquella oportunidad, un alumno ingresó armado al establecimiento y mató a otro estudiante, además de provocar heridas a otros ocho alumnos.

A pocos meses de aquella tragedia, la fuerte detonación escuchada este jueves volvió a generar momentos de temor dentro de la comunidad educativa, aunque en esta oportunidad las primeras actuaciones indicaron que el estruendo habría tenido su origen en el exterior del edificio.

Un grave accidente de tránsito se registró durante la madrugada de este lunes en la ciudad de San Cristóbal, donde dos adolescentes resultaron con lesiones de consideración tras la colisión entre un automóvil y una motocicleta.

El siniestro ocurrió alrededor de la 1:10, en la intersección de Caseros y Alberdi.

Según informó la Policía, participaron un automóvil Nissan perteneciente a una empresa de taxis, conducido por un hombre de 30 años, y una motocicleta Kawasaki en la que circulaban dos menores de 16 y 17 años.

Como consecuencia del impacto, los dos ocupantes de la motocicleta fueron trasladados al hospital local, donde los profesionales constataron que presentaban lesiones de carácter grave.

Debido a la complejidad del cuadro, posteriormente se dispuso que el adolescente de 17 años fuera derivado a un centro de mayor complejidad de la ciudad de Rafaela para continuar con su atención médica.

Personal policial intervino en el lugar y realizó las actuaciones correspondientes para establecer las circunstancias en las que se produjo el accidente.

Un hombre de 27 años, identificado por sus iniciales A. E. B., quedó en prisión preventiva en el marco de una investigación por una serie de robos cometidos en la ciudad de San Cristóbal.

La medida fue resuelta por la jueza de la Investigación Penal Preparatoria Cecilia Álamo, durante una audiencia realizada en los tribunales locales. El pedido fue formulado por el fiscal Emiliano Odriozola, quien lleva adelante la investigación.

La magistrada dispuso que el acusado permanezca privado de su libertad sin plazos, mientras continúa el proceso judicial.

De acuerdo con la investigación del Ministerio Público de la Acusación, uno de los hechos ocurrió en el taller de una escuela, donde el imputado habría forzado los barrotes de aluminio de una reja y roto los vidrios de una ventana situada a unos dos metros de altura.

Una vez dentro del establecimiento, según la Fiscalía, sustrajo herramientas que luego habría vendido a otras personas.

Otro de los episodios investigados ocurrió el miércoles 5 de agosto, entre las 11:00 y las 12:30 aproximadamente, en una vivienda ubicada en Oroño al 700.

Odriozola sostuvo que el acusado “escaló el tapial, ingresó al patio del inmueble, forzó la puerta de la cocina y sustrajo un parlante, un taladro y un neceser con bijouterie”.

Luego, siempre de acuerdo con la acusación, ingresó sin autorización a otra propiedad de Caseros al 100, donde habría ocultado los elementos sustraídos minutos antes.

El último hecho atribuido al hombre ocurrió el lunes 17 de agosto, en horas del mediodía, en una casa situada en La Paz al 700.

Según relató el fiscal, el investigado rompió los vidrios de un ventiluz e ingresó a la vivienda con intenciones de robar. Sin embargo, fue aprehendido por efectivos policiales cuando intentaba escapar con elementos sustraídos.

Tras analizar las evidencias presentadas por la Fiscalía, la jueza consideró acreditados, con el grado de probabilidad exigido en esta instancia, los hechos atribuidos al imputado.

“Las evidencias que aportamos desde la Fiscalía fueron suficientes para acreditar la autoría de los hechos al imputado”, sostuvo Odriozola.

El representante del MPA también destacó que el hombre cuenta con antecedentes penales condenatorios, por lo que una eventual pena en su contra podría ser de cumplimiento efectivo.

Además, explicó que todavía restan medidas investigativas por realizar, una circunstancia que, según sostuvo, tiene incidencia directa sobre los riesgos procesales.

Finalmente, la jueza rechazó las alternativas a la prisión preventiva propuestas por la Defensa, al considerar que no resultaban suficientes para neutralizar esos riesgos.

A A. E. B. se lo investiga como presunto autor de los delitos de robo calificado por escalamiento reiterado, tentativa de robo y violación de domicilio.

La causa continuará bajo la dirección del fiscal Emiliano Odriozola, mientras el imputado permanecerá detenido durante el avance de la investigación.