En una causa que conmovió a la pequeña comunidad de San Jerónimo Sud, la Justicia condenó a un hombre por la difusión de material pornográfico manipulado digitalmente con los rostros de mujeres del pueblo. El imputado, identificado como Luciano Larrabeitía (51), dueño de una verdulería local, admitió su responsabilidad, pidió perdón ante las víctimas y deberá afrontar una multa y el pago de una indemnización colectiva.

El escándalo estalló en 2023, cuando más de veinte mujeres de este pueblo de poco menos de 3.000 habitantes comenzaron a detectar en redes sociales y chats la circulación de videos y fotos en los que sus rostros habían sido montados sobre contenidos explícitos. La conmoción comunitaria fue inmediata: en un ámbito donde casi todos se conocen, el daño psicológico y social fue profundo, señalaron varias denunciantes.

La investigación judicial se orientó hacia la hipótesis de que se trataba de material editado y distribuido a través de un grupo de mensajería. Los equipos periciales y la Fiscalía remontaron los rastros hasta dar con antecedentes vinculados al imputado: en 2015 ya había sido señalado por la circulación de pornografía infantil desde una dirección IP asociada a su domicilio, según consignó el fiscal que impulsó la pesquisa.

Un allanamiento al local y a la vivienda de Larrabeitía permitió secuestrar varios dispositivos —teléfonos, pendrives, una notebook, CDs y una cámara— donde los peritos localizaron archivos “en crudo” que habrían sido la base para las ediciones con inteligencia artificial y montaje sobre rostros de vecinas.

En la audiencia celebrada este miércoles en los Tribunales de San Lorenzo, la jueza Griselda Strologo afirmó que la conducta se encuadra en delitos vinculados a la afectación de las víctimas por la generación de “imágenes irreales” y aplicó la sanción máxima prevista en el marco de la figura por la que fue juzgado: una multa de $20.000 y la obligación de abonar $800.000 en concepto de reparación para las querellantes.

En su pronunciamiento, la magistrada destacó la importancia del mecanismo de audiencia en la provincia: “Esto es importante porque equipara derechos. Las propias víctimas pueden escuchar y no sólo ser escuchadas por el tribunal y acceder a la Justicia”, dijo, y subrayó el valor de que el imputado pueda “internalizar la condena y la conducta que tuvo”.

Al momento de enfrentar a las mujeres afectadas, Larrabeitía pidió perdón: “Les pido disculpas aunque sea tarde y no sirva de nada ahora. No pude darme cuenta entonces del daño que estaba causando. Puedo darme cuenta hoy, después de mucho tiempo de tratamiento psicológico y psiquiátrico, de la gravedad de los hechos. Les pido disculpas a las que están presentes, a las que no y a los que se vieron afectados por lo que pasó. Por supuesto que es algo que nunca más voy a volver a hacer y me avergüenzo de haberlo hecho”, afirmó.

Algunas de las víctimas hicieron uso de la palabra en la audiencia y relataron el dolor, la humillación y las consecuencias sociales que provocó la difusión del material en un pueblo pequeño: el señalamiento público, el estigma, la desconfianza y el impacto sobre familias enteras. Varios testimonios señalaron además que parte del material utilizaba imágenes antiguas, incluso de cuando algunas mujeres eran menores, hecho que agravó la gravedad de la situación.

La Red Federal de psicólogas y psicoanalistas, que en casos similares suele acompañar a las denunciantes, había alertado sobre la naturalización de prácticas de violencia digital en ámbitos académicos y comunitarios y sobre la necesidad de traer estos hechos al fuero penal.

La condena se inscribe en un contexto de creciente atención sobre los delitos digitales que utilizan herramientas de inteligencia artificial para crear “deepfakes” y material sexual falso. Para la jueza Strologo, permitir que el condenado escuche el impacto directo en sus víctimas forma parte de un proceso reparatorio y pedagógico: “Es importante que pueda escuchar de propia mano el dolor y los traumas que les causó a las propias víctimas”, concluyó.

Con la sentencia, las afectadas obtienen una reparación económica y, según se indicó, la posibilidad de continuar con medidas de acompañamiento psicológico y acciones civiles adicionales si así lo decidieran. En tanto, la causa dejó en evidencia la necesidad de fortalecer mecanismos locales de prevención, denuncia y asistencia frente a la violencia digital en comunidades pequeñas.

Ocurrió en la comuna de San Jerónimo Sud. La denuncia se hizo el año pasado y fue investigada por la Justicia. Hay un hombre señalado pero sigue en libertad

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San Jerónimo Sud, una pequeña localidad de cerca de tres mil habitantes ubicada a escasos 35 kilómetros de la ciudad de Rosario, vive desde hace más de un año bajo la sombra de un escándalo que alteró su vida diaria: alguien en el pueblo difundió fotos y videos pornográficos, aparentemente editados, con los rostros de al menos 80 mujeres del pueblo. El único señalado por la Justicia es un hombre de 49 años, que permanece en libertad.

Fuentes judiciales indicaron a Infobae que la denuncia se hizo en agosto de 2023 y fue investigada por la fiscalía de San Lorenzo, al mando de Aquiles Balbis, quien logró identificar al sospechoso. El material -según se estableció- se subió a un canal abierto de la app Telegram, pero luego fue borrado. Sin embargo, llegó a viralizarse como casi siempre ocurre, por lo que varias de las damnificadas hicieron presentaciones ante la Policía local.

De acuerdo con la investigación, las imágenes de las mujeres fueron robadas de las redes sociales y de los perfiles de WhatsApp de las víctimas. Luego fueron adaptadas al material de contenido sexual y el escándalo estalló.

Con 15 años "desnudó" a sus compañeras utilizando IA y vendió las fotos por internet

Con el correr de las semanas, las denuncias en la comisaría se acumularon, hasta que finalmente se le dio intervención al fiscal Balbis. Hasta ese momento había pocas pruebas de dónde pudo haberse originado la difusión de las imágenes. Pese a eso, de acuerdo con los medios locales en aquel momento, la causa dio un giro.

Una vecina se presentó en la comisaría para denunciar que se sentía perjudicada a nivel personal porque varias personas del pueblo le habían dicho que las fotos, que ya eran motivo de las discusiones entre todos, estaban asociadas a su línea de teléfono. La mujer afirmó, de acuerdo con lo que publicó el diario Uno de Santa Fe, estar desconcertada y quería saber qué había detrás de todo.

Hasta ese momento era todo incertidumbre, acusaciones sin pruebas. Al ser un presunto delito cometido bajo la órbita privada, era muy poco lo que se podía hacer. Sin embargo, el dato de la mujer dio algo de luz.

El fiscal investigó al marido de la denunciante, un hombre de 49 años, y se encontró con que tenía antecedentes por distribución y circulación de material pornográfico a raíz de una presentación de Missing Children. Frente a este hallazgo, las autoridades ordenaron allanar su casa y secuestraron seis celulares, dos pendrives, una notebook, 29 discos, una cámara y cinco archivos de memoria.

Fuentes judiciales consultadas por Infobae señalaron que se realizaron análisis y peritajes sobre el material extraído de los teléfonos secuestrados en la casa del probable autor de la difusión del material. A pesar de los avances, la Justicia no pudo accionar en contra del hombre.

En ese sentido, remarcaron que la Fiscalía hizo la investigación, identificó al sindicado, hizo las pericias pero no pudo imputarlo por ser un hecho que no es público. “Como es un delito de acción privada no se puede detener porque no se imputa. Por eso se les notificó y proporcionó toda la evidencia recabada para que puedan iniciar una querella de acción privada”, explicaron las fuentes. La prensa local informó que el principal señalado no fue detenido y se mudó a una localidad aledaña a Roldán, en Santa Fe.

“Son injurias a su honor y a su moral. Tendrán que proceder a partir del delito de acción privada. Nosotros nos comprometimos a realizar una investigación para brindarles todas las herramientas para realizar una querellas privada por injuria, si así lo desean”, indicó el fiscal Balbis ante los medios por aquel momento.

“No había muchas herramientas para empezar a investigar. Lo que sí había era un consenso de que las imágenes eran un montaje y se enviaban desde un grupo de Telegram que se llamaba ‘Chicas de la zona’. Allí había un contacto asociado a una línea de teléfono perteneciente a una mujer que vivía con su pareja. Al hombre, en 2015, lo habían investigado porque Missing Children advirtió que desde su dirección de IP circulaba pornografía. Pensé que no podía ser casualidad. Hoy, a raíz del trabajo de investigación y el allanamiento que llevamos adelante, no hay dudas de que la persona a la que llegamos es la responsable”, agregó el funcionario.

Los investigadores no precisaron si las mujeres iniciaron ya la querella ni dieron detalles de qué método se utilizó para adulterar las imágenes y adaptar los rostros de las víctimas a los videos. Se presume que fueron editados con inteligencia artificial.

Con información de Infobae