Vicentin S.A.I.C. presentó ante la Justicia una mejora de su oferta para adquirir la totalidad de los activos de Alimentos Refrigerados S.A. (ARSA), firma vinculada a la industria láctea que atraviesa un proceso de quiebra.

La compañía elevó su propuesta económica de US$ 2,5 millones a US$ 3,5 millones, y acompañó la presentación con una garantía de mantenimiento de oferta por US$ 350.000, equivalente al 10% del monto ofrecido.

El planteo fue realizado ante el Juzgado Comercial Nº 29, donde tramita el expediente “Alimentos Refrigerados S.A. s/ Quiebra”, con el objetivo de obtener la adjudicación directa del conjunto de bienes.

Además, Vicentin solicitó que, en caso de avanzar una licitación o una instancia de mejora de ofertas con otros interesados, se le reconozca un derecho de preferencia para igualar la mejor propuesta económica presentada.

La propuesta de Vicentin contempla la adquisición integral del patrimonio de ARSA, incluyendo plantas industriales, maquinarias, marcas, licencias y otros bienes vinculados a la actividad productiva.

Dentro del paquete se destacan:

Desde la empresa sostienen que la adquisición conjunta permitiría mantener la unidad productiva y evitar una venta fragmentada de los activos.

En su presentación judicial, Vicentin señaló que su propuesta respeta el criterio establecido por la Ley de Concursos y Quiebras, que prioriza la venta integral de los establecimientos por sobre la liquidación individual de bienes.

La firma argumentó que una venta por partes podría reducir el valor económico del conjunto y afectar la posibilidad de una futura reactivación industrial.

Según el planteo, mantener operativas las plantas de Arenaza y Monte Cristo permitiría recuperar la producción y preservar puestos de trabajo vinculados a la actividad láctea.

Uno de los puntos centrales del pedido es la posibilidad de contar con un mecanismo de igualación frente a futuros competidores.

Vicentin fundamentó esa solicitud en que es el principal acreedor de la fallida, presentó una oferta por la totalidad de los activos y realizó un depósito de garantía para respaldar su propuesta.

La empresa comparó su ofrecimiento con otras propuestas parciales que figuran en el expediente:

La compañía sostuvo que reconocer el derecho de igualación permitiría incentivar la presentación de propuestas firmes dentro del proceso judicial.

Ahora, la decisión final sobre la oferta y el mecanismo solicitado quedó en manos del Juzgado Comercial Nº 29.

COMUNICADO OFICIAL DE ATILRA

Se sostiene con frecuencia que los tiempos de la justicia no son los de la sociedad, en alusión al que insumen los procesos legales para dar una respuesta.

En el caso de la ex cooperativa SanCor CUL, nos encontramos a nueve años desde que comenzara a adeudar salarios al personal -situación jamás regularizada-, a un año y medio de la apertura concursal, y a cuatro meses del dictado de quiebra por pedido de la propia empresa, sin que aún se haya logrado un pronunciamiento de fondo firme que permita liquidar los bienes y abonar a los acreedores, PESE A LA EXISTENCIA DE MÚLTIPLES OFERENTES QUE ADQUIRIERON LOS PLIEGOS LICITATORIOS DISPUESTOS A INVERTIR PARA REACTIVAR LA PRODUCCIÓN Y SUMINISTRAR OCUPACIÓN EFECTIVA.

La prolongada demora en la reactivación total de las plantas de la ex cooperativa SanCor, está provocando un daño pecuniario y social irreparable, tanto a los trabajadores y sus grupos familiares, como al resto de los acreedores.

Compañeros que, además de la falta de trabajo, fueron también legalmente excluidos por parte la Superintendencia de Servicios de Salud, de la cobertura asistencial que brinda nuestra Obra Social, siendo dramática la situación de todos, incluida la tragedia de aquellos que se acogieron al Retiro Voluntario Anticipado y se encuentran a la espera de la liquidación para cobrar sus acreencias.

Durante este largo tiempo, con recursos propios y un gran esfuerzo, ATILRA brindó contención y asistencia solidaria que hoy se encuentra agotada, enfrentándose las y los compañeros a las puertas del hambre, la desesperación, el descontrol y la anarquía.

Comprendemos los tiempos de la justicia como también comprendemos los tiempos que necesitan los oferentes para tejer sus respectivas alianzas, -al margen de aquellos que especulan con el hambre y la necesidad, apuntando a impedir la continuidad del proceso-.

Seguramente también comprenderán que no permaneceremos de brazos cruzados, y la necesidad de marchar, manifestarnos y peticionar, realizando, con el conjunto de las y los trabajadores de toda la actividad, las acciones legales sindicales previstas en el Art. 14 BIS de nuestra Constitución Nacional.

La Municipalidad de Sunchales comenzó el relevamiento del patrimonio histórico que conserva el museo ubicado en la Casa Central de SanCor, una iniciativa orientada a preservar la memoria y la identidad colectiva de la ciudad.

La actividad se enmarcó en una política impulsada por el intendente Pablo Pinotti para avanzar en acciones de conservación del patrimonio histórico local. Durante la recorrida se registraron y analizaron los bienes y piezas que forman parte del museo, además de otros elementos de valor histórico distribuidos en distintos sectores de la cooperativa.

Del recorrido participaron Ariel Balderrama, responsable del Museo Municipal "Basilio María Donato"; Walter Guglielmone y Danilo Grazziutti, ex trabajadores encargados de los espacios de comunicación y de las visitas a la planta; Ana María Mitri y Nelly Ángela Mitri, nietas de Juan B. V. Mitri, uno de los impulsores de la entidad cooperativa; y Lucila Prono e Ignacio Pacheco, en representación de la coadministración y la sindicatura de SanCor.

El museo de SanCor conserva parte de la historia del desarrollo productivo, cooperativo y social de Sunchales. En ese marco, durante la jornada se evaluó el estado del acervo histórico y cultural de la empresa, además de otros objetos que poseen un importante valor patrimonial para la comunidad.

Desde el municipio agradecieron el recibimiento y la colaboración de quienes acompañaron la recorrida, así como también el apoyo brindado por la sindicatura y la coadministración para hacer posible la actividad.

El proceso de quiebra de SanCor sumó un nuevo capítulo de alto impacto judicial e institucional. Un síndico independiente denunció ante la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe al juez Marcelo Gelcich, titular del juzgado de Rafaela que interviene en la causa, por presuntas irregularidades en la administración del expediente.

La presentación cuestiona el manejo de activos de la histórica cooperativa láctea y advierte sobre supuestas maniobras que, según el denunciante, habrían afectado los controles previstos por la Ley de Concursos y Quiebras.

Entre los puntos más sensibles aparece el presunto faltante de 24.640 kilos de queso que se encontraban bajo resguardo judicial, con un valor estimado en al menos 209.440 dólares.

Según la presentación, el juez habría instrumentado un esquema que permitió concentrar decisiones clave dentro del expediente y limitar la intervención de parte de la sindicatura.

El escrito menciona la creación de un supuesto “mecanismo de poder paralelo” en torno a la administración de los bienes de la cooperativa, especialmente en lo referido a la liquidación de activos, el control de mercadería y el análisis de ofertas comerciales.

Uno de los cuestionamientos centrales apunta a la designación de la contadora Lucila Inés Prono como coadministradora. De acuerdo con la denuncia, su incorporación se habría realizado de manera directa, sin el sorteo legal correspondiente, y con funciones que luego habrían avanzado sobre atribuciones propias de los órganos de control.

La denuncia también expone una fuerte fractura interna dentro del cuerpo de fiscalización.

Según el planteo, mientras algunos integrantes de la sindicatura buscaban sostener una supervisión estricta del proceso, otro sector habría quedado alineado con las decisiones del juzgado y de la coadministración.

En ese marco, el denunciante sostuvo que se habrían desplazado o limitado funciones de los síndicos considerados “disidentes”, especialmente en etapas sensibles vinculadas con la venta de bienes y el resguardo de activos de la cooperativa.

Uno de los puntos más llamativos de la presentación es el presunto faltante de 24.640 kilos de queso que, según la denuncia, estaban bajo resguardo judicial mediante warrants.

El valor de esa mercadería fue estimado en al menos 209.440 dólares, monto que, siempre según el escrito presentado, no habría ingresado a las cuentas vinculadas al proceso judicial.

El síndico denunciante sostuvo además que las alertas sobre esa situación no habrían derivado en una investigación interna adecuada, sino en sanciones o apercibimientos contra quienes impulsaban controles sobre el faltante.

La presentación también menciona una operación comercial cuyo valor habría sido corregido tras la intervención de fiscalizadores independientes.

Según el denunciante, esa actuación permitió incrementar el monto de la transacción en 635 mil dólares a favor de la quiebra, lo que es señalado como un ejemplo del impacto que podían tener los controles sobre el proceso.

Actualmente, la licitación de plantas, marcas y activos de SanCor tiene una base fijada en 52 millones de dólares, aunque la denuncia plantea dudas sobre la metodología utilizada para tasar bienes y definir condiciones de venta.

Otro tramo del escrito apunta a un supuesto clima de hostigamiento dentro del expediente.

El denunciante afirmó que se habrían fijado plazos de cumplimiento difícil o imposible para luego aplicar sanciones a síndicos que cuestionaban el funcionamiento del proceso. También se mencionó la renuncia del síndico Oscar Epstein, cuya vacante, según la denuncia, no habría sido cubierta mediante los mecanismos ordinarios.

A partir de estos señalamientos, el planteo solicita que la Corte Suprema de Santa Fe evalúe la apertura de un sumario administrativo y adopte medidas para resguardar la transparencia del proceso.

La situación de SanCor tiene fuerte impacto en la cuenca lechera y en numerosas localidades de Santa Fe y Córdoba, donde la cooperativa tuvo históricamente presencia productiva, laboral y comercial.

La empresa atraviesa uno de los procesos concursales más relevantes del sector agroindustrial argentino, con miles de trabajadores, acreedores y productores pendientes del futuro de sus activos.

Por ahora, la denuncia abre una nueva instancia de análisis institucional. Será la Corte Suprema provincial la que deberá resolver si avanza con medidas administrativas o de control sobre el juzgado que lleva adelante una de las quiebras más sensibles de la industria láctea nacional.

La histórica cooperativa láctea SanCor ya tiene precio oficial de venta. Tras la quiebra declarada en abril, la Justicia santafesina habilitó la licitación pública de sus principales activos, con una base total de USD 52,1 millones.

El proceso incluye seis plantas industriales ubicadas en Santa Fe y Córdoba, además del paquete de marcas de la compañía, uno de los activos más valiosos de la empresa.

La resolución fue dispuesta por el juez Marcelo Gelcich, a cargo del expediente, luego del fracaso del concurso preventivo que SanCor había iniciado en febrero de 2025. La cooperativa arrastraba años de crisis productiva, dificultades financieras y una deuda superior a los USD 120 millones.

La venta se organizará en siete lotes. Los seis primeros corresponden a las plantas industriales de la cooperativa, mientras que el séptimo agrupa los activos intangibles: la marca SanCor y sus submarcas.

Las instalaciones industriales fueron tasadas en conjunto en USD 27,4 millones, mientras que el paquete marcario fue valuado en USD 24,7 millones.

Dentro de ese último rubro, la marca principal SanCor representa USD 18,7 millones, mientras que otras submarcas, como Mendicrim, Tolem y Quesabores, fueron tasadas en alrededor de USD 6 millones.

La planta de Devoto, en Córdoba, encabeza las valuaciones individuales con una base de USD 7 millones. Allí se producían leche en polvo, manteca y crema.

Le sigue la planta de Gálvez, en Santa Fe, valuada en USD 5,5 millones y dedicada al fraccionamiento y empaque de productos lácteos.

Las plantas de La Carlota y Balnearia, ambas en Córdoba, fueron tasadas en USD 5 millones cada una. En tanto, la planta de San Guillermo, especializada en quesos, quedó valuada en USD 2,5 millones.

La planta de Sunchales, afectada por un incendio durante la primera semana de junio, recibió una reducción del 20% en su tasación y quedó en USD 2,4 millones.

Según trascendió, ya hay al menos seis empresas interesadas en participar del proceso.

Los oferentes podrán presentar propuestas por activos individuales, combinaciones de plantas o por la totalidad del negocio. Para participar deberán adquirir un pliego valuado en USD 10.000 y presentar una garantía equivalente al 10% de la oferta realizada.

El juzgado aclaró que el monto económico no será el único criterio de evaluación. También se analizarán los antecedentes de los interesados y los proyectos vinculados a la continuidad operativa y laboral de las plantas.

Entre los nombres mencionados por el gremio Atilra aparecen empresas del sector lácteo como Savencia, dueña de Milkaut; Adecoagro, fabricante de Las Tres Niñas; Punta del Agua; Elcor, elaboradora de La Tonadita; y La Tarantela.

También figura el empresario Gustavo Scaglione, dueño de Telefe y de medios en Rosario, Salta, Tucumán y Bahía Blanca, con participación en el Grupo América. Según trascendió, evalúa una propuesta integral con respaldo de socios del exterior.

La quiebra de SanCor fue el desenlace de un proceso de deterioro financiero y productivo que se extendió durante años.

La cooperativa, que supo ser una de las mayores procesadoras de leche del país y un emblema de la industria láctea argentina, solicitó su propia quiebra a mediados de abril, luego de que fracasara el concurso preventivo.

En su resolución, el juez Gelcich definió el caso como una “quiebra indirecta por frustración anticipada” del trámite preventivo y sostuvo que la empresa no resultaba económicamente viable en el mediano plazo.

El expediente también registró deudas impositivas, previsionales, salariales y con distintos organismos vinculados a la actividad laboral.

A pesar de la quiebra, la Justicia autorizó la continuidad operativa de la empresa para proteger a los 914 trabajadores en relación de dependencia y evitar un perjuicio mayor para empleados, acreedores laborales y proveedores.

El proceso de licitación será determinante para definir el futuro de SanCor, sus marcas, sus plantas y sus trabajadores.

Desde el entorno del expediente se señaló que la expectativa es que el comprador pueda quedarse con el conjunto de activos, aunque la licitación también habilita ofertas parciales.

La prioridad judicial será preservar el mayor valor posible de la empresa, sostener la actividad productiva y evaluar proyectos que permitan dar continuidad laboral.

Con una base de USD 52,1 millones, SanCor ingresa en una etapa decisiva: la búsqueda de un nuevo dueño para una de las marcas más reconocidas de la industria alimenticia argentina.

La Justicia de la provincia de Santa Fe dio inicio al proceso de venta de los activos de SanCor, luego de concretarse la quiebra de la histórica cooperativa láctea. La resolución fue firmada por el juez Marcelo Gelcich y establece una oferta base conjunta de 52,1 millones de dólares para la adquisición de siete plantas industriales y el paquete de marcas de la empresa.

La medida se produce menos de dos meses después de que la propia cooperativa solicitara su quiebra, tras reconocer que no estaba en condiciones de afrontar sus compromisos financieros ni de presentar una propuesta viable de acuerdo a sus acreedores.

SanCor arrastra una deuda estimada en alrededor de 120 millones de dólares y venía atravesando un proceso de concurso preventivo que finalmente fracasó.

Según la resolución judicial, la venta de los activos busca preservar el valor económico de la empresa, mantener operativas las unidades productivas y proteger, en la medida de lo posible, las fuentes de trabajo vinculadas a la actividad.

El proceso contempla la enajenación de siete establecimientos industriales, junto con el portafolio de marcas que durante décadas identificó a una de las cooperativas más emblemáticas de la lechería argentina.

La alternativa prioritaria será la venta conjunta de los activos, aunque la Justicia también dejó abierta la posibilidad de avanzar con otras modalidades si ello permite maximizar el recupero para los acreedores.

Mientras avanza la liquidación, el objetivo judicial es sostener la continuidad operativa de las unidades productivas para evitar una mayor pérdida de valor y reducir el impacto sobre trabajadores, productores tamberos, proveedores y acreedores.

La venta estará organizada en siete lotes. Seis corresponden a las plantas industriales ubicadas en Sunchales, San Guillermo y Gálvez, en la provincia de Santa Fe, y en Devoto, La Carlota y Balnearia, en Córdoba. El séptimo lote comprende las marcas y activos intangibles de SanCor, considerados uno de los principales activos de la cooperativa.

Los valores base fijados por el tribunal suman 52,1 millones de dólares para una eventual oferta integral.

La planta de Devoto fue valuada en 7 millones de dólares; Gálvez, en 5,5 millones; La Carlota y Balnearia, en 5 millones cada una; San Guillermo, en 2,5 millones; y Sunchales, en 2,4 millones.

Por su parte, el paquete de marcas y activos intangibles fue valuado en 24,7 millones de dólares.

Los potenciales compradores deberán adquirir un pliego, cuyo valor fue fijado en 10.000 dólares, y acreditar capacidad económica, técnica y financiera para participar del proceso. Además, deberán presentar un plan de negocios y constituir una garantía equivalente al 10% de la oferta realizada.

La licitación se desarrollará en distintas etapas. Tras la publicación de edictos, los interesados tendrán acceso a un Data Room con información técnica, contable y jurídica de los activos, además de la posibilidad de realizar visitas a las plantas.

Luego se abrirá el período de presentación de ofertas, que serán evaluadas por la sindicatura y la coadministración antes de la decisión final del juez.

Con este proceso, SanCor ingresa en una etapa decisiva de su historia, marcada por la búsqueda de compradores para sus activos industriales y comerciales, mientras la Justicia intenta ordenar la liquidación de una de las marcas más tradicionales del sector lácteo argentino.

En la Cámara de Senadores de la Provincia de Santa Fe fue presentado un proyecto de ley destinado a brindar una herramienta excepcional para acompañar a trabajadores y familias afectadas por crisis laborales, productivas o empresariales.

La iniciativa, de coautoría del senador provincial Alcides Calvo, fue ingresada el pasado 4 de junio para su estudio y aprobación. También acompañan el proyecto los senadores Felipe Michlig, Hugo Rasetto y Leonardo Diana.

La propuesta plantea modificar la Ley Provincial N.º 5110, que regula el régimen de pensiones sociales, incorporando la posibilidad de que la autoridad de aplicación pueda otorgar, de manera excepcional y transitoria, los beneficios previstos por dicha norma cuando una persona o su grupo familiar atraviese una situación de necesidad actual.

El objetivo es evitar que antecedentes económicos o patrimoniales originados en una etapa previa de estabilidad excluyan automáticamente a quienes, en los hechos, se encuentran en una situación crítica por el cierre de una empresa, suspensiones laborales, falta de pago de haberes, reducción sustancial de ingresos o paralización productiva.

Al referirse al proyecto, Calvo sostuvo que existen situaciones que requieren una evaluación más integral de la realidad social actual de cada familia.

“Hay realidades que el Estado debe mirar con sensibilidad y responsabilidad. Muchas familias pueden haber tenido una situación laboral o patrimonial estable, pero una crisis empresarial o productiva puede colocarlas de manera repentina en una situación de vulnerabilidad. Este proyecto busca dar una respuesta excepcional, limitada y razonable para esos casos”, señaló el legislador.

El senador por el departamento Castellanos remarcó que la iniciativa se vincula con problemáticas que se observan en distintos puntos de la provincia, especialmente ante dificultades que atraviesan trabajadores afectados por situaciones empresariales complejas, la inflación y la incertidumbre laboral.

En ese sentido, mencionó casos de empresas como Verónica, SanCor y otras firmas que atraviesan escenarios de crisis, con impacto directo en las familias trabajadoras.

“Cuando una fuente de trabajo entra en crisis, no sólo afecta a una empresa, sino a toda una comunidad. Por eso entendemos que el Estado debe contar con herramientas que permitan acompañar a quienes quedan en situación de necesidad, sin que antecedentes formales previos impidan evaluar la realidad social actual”, expresó Calvo.

Desde el entorno del senador destacaron que la propuesta no crea nuevos beneficios ni elimina los requisitos generales del régimen vigente.

Lo que incorpora es una facultad excepcional para que la autoridad de aplicación pueda analizar cada caso de manera integral, mientras subsistan las circunstancias extraordinarias que dieron origen a la situación de vulnerabilidad.

De esta manera, el proyecto busca contemplar situaciones sociales que pueden modificarse de manera repentina como consecuencia de una crisis empresarial o productiva, y permitir que el Estado provincial cuente con herramientas para intervenir en forma oportuna y razonable.

El Teatro Colón fue el escenario elegido para una celebración cargada de historia, reconocimiento y proyección de futuro. Allí, el lunes 8 de junio, Sancor Seguros conmemoró sus 80 años de trayectoria, en una gala que reunió a referentes del ámbito público y privado, productores asesores de seguros, colaboradores e invitados especiales.

La compañía nació en Sunchales, provincia de Santa Fe, desde el corazón productivo del país. Fiel a su espíritu federalista, fue ampliando su alcance hasta convertirse en un grupo con sólida presencia nacional y proyección internacional, con operaciones en países como Brasil, Uruguay y Paraguay.

Actualmente, Sancor Seguros protege a más de 9,3 millones de asegurados, cuenta con una red de 770 oficinas, más de 11.000 productores asesores de seguros y 3.300 colaboradores en cuatro países.

Entre los asistentes se destacaron el jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Jorge Macri; el canciller de la República Argentina, Pablo Quirno; la ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva; el expresidente de la Nación, Mauricio Macri; gobernadores, embajadores, ministros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, presidentes de Tribunales Superiores de las provincias, jueces, intendentes y empresarios de distintos sectores productivos.

La celebración comenzó con un cóctel en el Salón Dorado. Luego, la compañía presentó un nuevo video institucional producido y dirigido por Juan José Campanella, uno de los cineastas más reconocidos del país, quien también participó del encuentro.

La gala incluyó además un saludo especial de Lionel Messi, quien se sumó a los reconocimientos por los 80 años de la aseguradora, a pocos días del Mundial.

Después de las palabras formales, tuvo lugar un show artístico especialmente creado para la ocasión, interpretado por músicos de la Orquesta Sinfónica bajo la dirección del maestro Tomás Mayer Wolf, con la participación de destacados intérpretes del Teatro Colón y figuras invitadas.

El repertorio recorrió distintos géneros y expresiones culturales arraigadas en la identidad argentina, estableciendo un puente simbólico entre la historia del país y la trayectoria de la compañía.

Jorge Rojas interpretó el Himno Nacional y el espectáculo contó con la presencia de Raúl Lavié, Eugenia Quevedo y el Chaqueño Palavecino, quienes emocionaron al auditorio. La propuesta incluyó tango, folclore, rock nacional y clásicos como “No llores por mí Argentina” y “A mi manera”.

El cierre reunió a todos los artistas sobre el escenario para interpretar “Canción con todos”, en un momento que sintetizó el espíritu federal, cultural y emotivo de la celebración.

Durante la gala, el presidente de Sancor Seguros, Carlos Casto, destacó el legado de los fundadores y el valor del modelo cooperativo como base de la historia institucional.

“Nuestros fundadores construyeron mucho más que una empresa, construyeron una respuesta solidaria, organizada y profundamente humana frente a las necesidades de su tiempo. Porque el cooperativismo excede el mero concepto de un modelo organizacional, implica una manera de entender el mundo”, expresó.

Casto agregó que se trata de “la convicción de que el crecimiento tiene más valor cuando se comparte” y de creer que “la economía debe estar al servicio de las personas y que la confianza, cuando se construye colectivamente, puede atravesar generaciones”.

Por su parte, Alejandro Simón, CEO del Grupo Sancor Seguros, remarcó la mirada hacia adelante de la compañía.

“El futuro nos entusiasma porque vivimos en momentos de enormes transformaciones, pero tenemos lo necesario y la convicción de apostar por el desarrollo de la Argentina, de la región y de nuestras comunidades”, afirmó.

Además, sostuvo: “Tenemos los talentos, la experiencia, una cultura en permanente evolución y, sobre todo, tenemos claro de dónde venimos y los valores que nos trajeron hasta aquí y que nos van a transportar hacia un mañana aún mejor”.

La aseguradora no solo consolidó su presencia en Argentina, sino que también logró una importante proyección internacional. Actualmente opera en Brasil, Paraguay y Uruguay, donde reúne más de 1.290.000 clientes.

En Brasil, la compañía amplió de manera significativa su presencia, luego de haber comenzado sus operaciones en los estados del sur. En Paraguay, se posicionó entre las aseguradoras más importantes, con un fuerte crecimiento en ese mercado. En Uruguay, donde este año cumplió su vigésimo aniversario, logró una reputación consolidada y una amplia oferta de productos.

Desde sus inicios, Sancor Seguros acompañó la evolución de los riesgos y las necesidades de personas, empresas y comunidades. Esa mirada se refleja en la diversificación del grupo, que hoy integra un ecosistema de soluciones que amplía su propuesta de valor más allá del seguro tradicional.

Entre sus desarrollos se encuentra Prevención ART, líder en riesgos del trabajo con más de 1,8 millones de trabajadores protegidos; Prevención Salud, posicionada entre las cinco principales prepagas del país; y Prevención Retiro, orientada a soluciones de previsión y ahorro.

A ello se suman iniciativas como Banco del Sol, vinculada a la estrategia financiera digital; Sancor Seguros Real Estate, con desarrollos inmobiliarios en distintas regiones del país; y plataformas de emprendedurismo e innovación como CITES, Sancor Seguros Impulsa y Sancor Seguros Ventures, relacionadas con sectores como insurtech, fintech y healthtech.

Además, a través de la Fundación Grupo Sancor Seguros, la compañía impulsa acciones orientadas a generar aportes a la sociedad, especialmente en educación y seguridad vial, con iniciativas como su colegio secundario y centro universitario.

En un contexto en el que la industria aseguradora atraviesa un punto de inflexión impulsado por la transformación tecnológica, la aparición de nuevos riesgos y consumidores cada vez más exigentes, Sancor Seguros reafirmó su compromiso de seguir evolucionando para ofrecer soluciones integradas de protección, prevención y bienestar.

Un incendio se registró durante la tarde de este domingo, aproximadamente a las 19 horas, en la planta de SanCor CUL de Sunchales, generando un importante despliegue de bomberos y fuerzas de seguridad.

Según informó Bomberos Zapadores de Rafaela, la dependencia no participó de las tareas de sofocación del fuego. La emergencia fue atendida inicialmente por Bomberos Voluntarios de Sunchales, con apoyo de una dotación proveniente de Humberto Primo.

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De acuerdo con la ampliación oficial, al arribar al lugar se constató un proceso de combustión en la empresa láctea que afectó un galpón donde funcionan el taller de mantenimiento, el laboratorio y oficinas técnicas.

Al momento de la llegada de Bomberos Zapadores de Rafaela, los voluntarios ya se encontraban realizando tareas de enfriamiento y ventilación, debido a que el humo se había propagado hacia galpones linderos.

Desde el organismo remarcaron que no se registraron víctimas ni personas lesionadas.

Las causas del incendio aún no fueron establecidas oficialmente. Desde Bomberos Zapadores indicaron que se encuentran trabajando en las pericias correspondientes y que no se podrán brindar precisiones hasta que lo disponga el fiscal interviniente. 

Por Agustina Azcoaga - Jimena Ferrero

La histórica cooperativa láctea Sancor se declaró oficialmente en quiebra tras acumular una deuda millonaria y enfrentar meses de salarios impagos a sus trabajadores. La medida fue decretada por la Justicia el 22 de abril, a pedido de la propia empresa, que argumentó que no podía sostener su operación diaria ni ofrecer planes de pago a sus acreedores.

Según se informó, la compañía sumó un pasivo cercano a 100 millones de dólares y sufrió una caída abrupta en la producción, pasando de procesar 4 millones de litros de leche en 2017 a apenas 500 mil litros en la actualidad. La situación se agravó con conflictos laborales, incluyendo hasta ocho meses de sueldos adeudados y una serie de años con disputas gremiales.

Sancor se suma a la crisis que atraviesan varias grandes cadenas lecheras nacionales, como Suipacha, La Verónica y Saputo, donde se detecta un denominador común: consumo interno en retroceso, precios insuficientes frente a la inflación, costos crecientes, falta de financiamiento y una cadena de pagos comprometida.

El juzgado civil y comercial de Rafaela, a cargo del caso, decretó la quiebra con el objetivo de habilitar la venta de activos, marcas e infraestructura y proteger los puestos de trabajo que aún se mantienen vigentes. La intención es avanzar en la liquidación de las plantas operativas de manera ordenada.

El pasado 21 de mayo, se realizó una reunión informativa en Sunchales, encabezada por el juez Marcelo Gelsich, para que seis grupos de empresarios pudieran interiorizarse sobre el estado de las plantas y el esquema previsto para la venta.

Entre los grupos interesados se encuentran SAVENCIA, ADECO Agro, Punta del Agua y La Tarantela, mientras que también fue convocado el empresario rosarino Gustavo Scaglione, quien recientemente adquirió Telefe y ahora se perfila como el principal interesado en la compra de Sancor.

El colapso de Sancor refleja problemas estructurales del sector lácteo nacional, donde varias compañías no lograron resistir las presiones financieras y cayeron en quiebra o concursos preventivos, paralizando operaciones por falta de materia prima y liquidez.

“El plan de pago es sumamente inalcanzable y hubo una caída abrupta de la producción”, indicaron desde la empresa, que busca ahora un nuevo escenario que permita proteger empleos y continuar con la operatoria a través de la venta de sus activos.

La quiebra abre la puerta a una reorganización del sector y la posible adquisición de las plantas por parte de inversores interesados, con la intención de reactivar la producción y recuperar la posición en el mercado nacional.

En el marco del proceso de quiebra con continuidad de la explotación de Sancor CUL, este jueves se realizó en la Casa Central de Sunchales la primera jornada formal de contacto con interesados en la compra de las unidades productivas que integran la empresa fallida, además de otros activos.

El encuentro se desarrolló dentro de la causa que tramita ante el Juzgado Civil y Comercial de la Cuarta Nominación de Rafaela. Según se informó, el objetivo central del proceso es avanzar en una salida que permita satisfacer el interés de los acreedores, sin dejar de considerar el impacto social, laboral y productivo que atraviesa la histórica cooperativa láctea.

La reunión estuvo bajo la supervisión directa del juez a cargo del expediente, Dr. Marcelo G. Gelcich, junto a la Sindicatura encabezada por el Dr. Pacheco Huber y la coadministradora Dra. Lucila Prono, quienes participaron con sus respectivos equipos técnicos.

Durante la jornada, las autoridades expusieron ante los posibles oferentes el estado actual de la compañía, las condiciones generales del proceso y el marco normativo bajo el cual se llevará adelante la eventual enajenación de los activos.

De acuerdo con el comunicado difundido por Atilra, se estima que el pliego licitatorio estará listo en los próximos días, lo que permitirá abrir una nueva etapa para la presentación formal de propuestas.

En la reunión participaron representantes de distintas empresas interesadas en el proceso, entre ellas Savencia, Adecoagro, Punta del Agua S.A., Elcor S.A. y La Tarantela.

Según se indicó, los asistentes se mostraron conformes con la información brindada, considerada necesaria para comenzar a diagramar sus respectivas propuestas de compra.

También se informó la ausencia con aviso del empresario Gustavo Scaglione, quien habría anticipado la posibilidad de presentar una propuesta integral, con respaldo de socios del exterior.

La jornada realizada en Sunchales representa un paso relevante dentro del proceso de quiebra de Sancor CUL, una firma emblemática para la industria láctea argentina y con fuerte incidencia en la región.

Con la elaboración del pliego licitatorio en marcha, el expediente ingresaría en los próximos días en una etapa decisiva para conocer el alcance de las ofertas y el futuro de las unidades productivas de la empresa.

La histórica cooperativa láctea SanCor Cooperativas Unidas Limitada fue declarada en quiebra por el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial de la Cuarta Nominación de Rafaela, luego de constatarse la inviabilidad económica de la empresa y el fracaso anticipado de su proceso concursal.

La resolución judicial, conocida este miércoles y firmada por el juez Marcelo Gelcich, se sustenta entre otros elementos en el propio reconocimiento de la compañía de que no estaba en condiciones de formular una propuesta de acuerdo con sus acreedores ni de sostener su operatoria corriente, lo que derivó en una “quiebra indirecta” por frustración del concurso preventivo.

A lo largo de sus 49 páginas, el fallo describe una situación financiera crítica, con un pasivo concursal de “varios miles de millones de pesos” y más de 86 millones de dólares, al que se suma una pesada carga de deuda generada durante el propio proceso concursal.

Utiliza para ello una síntesis del todo el proceso en términos de “lenguaje claro”, y añade un “mensaje a la sociedad”, en el que sustenta el compromiso judicial de atender debidamente el interés de los acreedores, sin perder de vista el impacto de la medida en la comunidad.

“A nadie se le oculta el valor de mercado que hoy sigue teniendo la marca, lo cual es fundamento cierto de reales expectativas sobre la posible venta de la misma (es un activo separado e independiente de las plantas industriales) a valores significativos”, consigna el juez.

Y pone de resalto a continuación “que el sustento de la marca es ciertamente humano: son los trabajadores, comprometidos hasta postergar lo necesario para sus familias -sabiendo que no cobrarán el sueldo entero a fin de mes-, los que han permanecido trabajando con el compromiso e ingenio necesarios en medio de esta crisis, sosteniendo con éxito la calidad, característica principal de la marca.

“Sería del todo razonable y conveniente que los eventuales interesados en comprar activos de SANCOR CUL sepan que aquí radica verdaderamente el valor de los activos: basta con hacer el ejercicio mental de suponer la hipótesis en que la empresa se quedara sin activos físicos y tuviera que adquirir otros semejantes, lo cual seguramente sería solucionado en poco tiempo por el personal que hoy trabaja”, añade.

Pero a la vez, aclara que si, a la inversa, las plantas se quedaran sin el personal, “sería muy difícil estimar el tiempo que llevaría a nuevos empleados construir la organización que hoy existe, y, sobre todo, elaborar los mismos productos, y con la misma calidad”.

En la descripción del cuadro presentado, el fallo precisa que solo en concepto de deuda postconcursal, la cooperativa acumulaba al 31 de enero de 2026:

Más de $6.349 millones en obligaciones impositivas y previsionales

$12.788 millones en salarios adeudados

$3.380 millones en aportes a obras sociales y sindicatos

$13.313 millones en deudas comerciales

A esto se añade un ritmo de generación de nuevo pasivo cercano a los $3.000 millones mensuales, en un contexto en el que los ingresos corrientes ya no alcanzaban para cubrir los costos operativos.

El deterioro económico estuvo acompañado por una fuerte contracción de la actividad. La empresa operaba con seis plantas industriales —ubicadas en Santa Fe y Córdoba— pero con niveles de utilización muy por debajo de su capacidad.

El caso más crítico es el de Sunchales, su planta principal, que funcionaba con niveles de ocupación inferiores al 10%, mientras otras instalaciones directamente quedaron paralizadas o en situación de subutilización.

El proceso también implicó un cambio estructural en el modelo productivo: durante 2025, SanCor pasó de procesar leche propia a depender de terceros (fazón), y finalmente terminó operando con volúmenes mínimos de producción propia, reflejo de la pérdida de proveedores y contratos comerciales.

Pese a la declaración de quiebra, el tribunal dispuso la continuidad de la explotación en aquellas unidades productivas que aún se encuentran operativas, con el objetivo de preservar el valor de la empresa en marcha y evitar un deterioro mayor de los activos.

En paralelo, se ordenó avanzar en un proceso de enajenación de la compañía —total o por unidades productivas— mediante mecanismos de licitación, en línea con lo previsto por la Ley de Concursos y Quiebras.

La estrategia apunta a maximizar el recupero para los acreedores y eventualmente facilitar el ingreso de nuevos operadores privados interesados en activos industriales, marcas o segmentos del negocio.

El colapso de SanCor tiene un fuerte impacto en el entramado productivo regional. Al momento de la sentencia, la empresa contaba con 914 trabajadores, muchos de ellos con salarios impagos y en condiciones laborales precarias.

El fallo reconoce la gravedad de la situación y pone especial énfasis en la protección de los créditos laborales, aunque en el marco de un proceso falencial donde la prioridad será la liquidación ordenada del patrimonio.

La quiebra marca el desenlace de un proceso de deterioro que se arrastra desde hace años. SanCor, que supo ser uno de los principales actores del sector lácteo argentino, no logró revertir sus problemas estructurales: alta carga de costos, pérdida de competitividad, endeudamiento creciente y dificultades para sostener su red de productores asociados.

El expediente judicial deja en claro que, más allá de los intentos de reestructuración, la empresa ingresó en una fase de “insolvencia estructural”, es decir, una incapacidad permanente para generar recursos suficientes incluso para sostener su operación cotidiana.

Con este fallo, se abre ahora una nueva etapa en la que el destino de la marca y de sus activos quedará sujeto al interés del mercado, en un escenario donde el desafío será preservar lo que aún resulte viable de una de las cooperativas emblemáticas de la economía regional.

La cooperativa láctea SanCor, con sede en Sunchales y concursada desde febrero de 2025, decidió pedir ayer su propia quiebra en la Justicia. La presentación, formulada ante el magistrado Marcelo Gelcich, que lleva su caso en Rafaela, se formuló sobre la tarde, dijeron fuentes al tanto, con lo cual aún no se hizo visible en el expediente de la causa. La empresa aún no brindó una comunicación pública ni respondió consultas de este medio.

Según pudo saber LA NACION, la empresa justificó que decidió avanzar hacia la quiebra porque el concurso preventivo dejó de ser una herramienta viable para salir de la crisis. Consideró que no logró recomponer su operación ni generar ingresos suficientes, enfrentó fuertes limitaciones para acceder al crédito y falta de capital de trabajo, mantuvo una estructura de costos difícil de sostener y acumuló más deudas, incluidas obligaciones salariales, fiscales y comerciales. A eso se sumó la presión de acreedores y la imposibilidad de presentar una propuesta de pago cumplible.

Como había informado este medio, según la Justicia, que verificó las deudas de 1519 acreedores sobre un total de 2702 denunciados, la cooperativa láctea enfrenta una deuda en torno a los US$120 millones (US$90 millones y superior a $40.000 millones).

Desde 2017, la firma vino en un proceso donde, lejos de enderezar su situación, terminó perdiendo participación en el mercado. Pasó de procesar unos 4 millones de litros diarios de leche a menos de 500.000 en su disminución productiva. Se desprendió de marcas emblemáticas de postres y yogures y redujo en media docena sus establecimientos de elaboración. Hace dos años, un conflicto de ocho meses con trabajadores enrolados en la Asociación de Trabajadores de la Industria Lechera de la República Argentina (Atilra) profundizó la crisis. La láctea tiene unos 850 empleados.

La situación de SanCor no estuvo al margen de las ambiciones políticas. En 2006, cuando tenía cerrada una asociación con Adecoagro, Néstor Kirchner intervino para frenar la operación argumentando que detrás de ese grupo, en ese momento, estaba el magnate George Soros. A cambio de desistir del negocio Kirchner consiguió que la Venezuela de Hugo Chávez le otorgara a la cooperativa un crédito por US$80 millones que la firma pagó con exportaciones de leche en polvo. Hace unos años, SanCor le vendió plantas y marcas como Las Tres Niñas a Adecoagro, hoy controlado por el gigante cripto Tether.

En diciembre pasado, Gelcich, como se mencionó a cargo del concurso de la firma, se hizo eco de objeciones de la Sindicatura sobre cómo se venía desempeñando la administración y designó a la contadora Lucila Inés Prono como coadministradora con amplias facultades.

“Luego de los informes elevados por la Sindicatura, el Comité Provisorio de Control y la coadministradora designada por el Juzgado, coincidentes todos en el probado estado de cesación de pagos, impotencia e insolvencia patrimonial general y definitiva de la concursada, SanCor CUL acaba de pedir su propia quiebra”, señaló anoche en una comunicación Atilra, firmada por Héctor Ponce, secretario general del sindicato, apenas comenzó a circular la novedad sobre la láctea.

Como se dijo, hasta el momento, en la web del concurso de SanCor no se subió la presentación referida al pedido de la empresa, ya que se canalizó a última hora, pero fuentes consultadas lo consideraron inminente. Trascendió, además, una convocatoria a asamblea a los tamberos para que se ratifique lo actuado.

“En términos de los hechos probados en la causa, el pedido no agrega ni quita nada, resultando a esta altura un gesto irrelevante que pone fin a una tozuda postura que negaba la realidad, pretendiendo construir un falso relato enfermizo a través de voceros funcionales perfectamente identificados, ahora totalmente descolocados ante los categóricos informes coincidentes de los cuerpos orgánicos actuantes en la causa y el reconocimiento de la propia concursada”, apuntó Atilra.

El gremio lechero, vale recordar, había solicitado en su momento la quiebra con continuidad de explotación. En tanto, en 2021/2022 había existido una propuesta de un grupo de empresarios para intentar un salvataje de la cooperativa que nunca se puso en marcha.

Según lo señalado por el secretario general de Atilra, hoy la firma “se viene sosteniendo con el patrimonio de los trabajadores a quienes les deben ocho meses de sueldos más aguinaldos, con la asistencia material de Atilra desde el fondo solidario y la continuidad de las prestaciones de servicios de salud a los trabajadores y sus familias de parte de OSPIL, a pesar de que la empresa no le realiza los aportes”.

Para el sindicato, si la Justicia dicta la quiebra esto “no constituye un final sino el comienzo de una nueva etapa donde la marca SanCor, despojada de las estructuras que la llevaron al borde de su extinción, debe volver a florecer con el impulso de la nobleza y calidad de los productos que las y los trabajadores afiliados a Atilra elaboran”.

LN

Con 80 años de trayectoria en el mercado de seguros, SANCOR SEGUROS reafirma su compromiso con la innovación y la seguridad, ofreciendo una completa protección en ciberseguridad, que no solo resguarda ante los costos derivados de ataques cibernéticos, sino también aquellos relacionados con el incumplimiento de legislaciones de privacidad y protección de datos.

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El Litoral

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El Litoral

La Cámara de Apelación en Feria de Santa Fe confirmó la intervención parcial de la cooperativa láctea SanCor y ratificó la designación de una coadministradora judicial, dejando firme el esquema de control conjunto dispuesto en el concurso preventivo de la empresa. De este modo, el tribunal rechazó la apelación presentada por la firma y avaló la medida adoptada a fines de diciembre por el juez del concurso, Marcelo Gelcich.

La resolución, firmada por los jueces Daniel Fernando Alonso, Aidilio Gustavo Fabiano y Sebastián César Coppoletta, sostuvo que la coadministración “se encuentra dentro de las posibles medidas a tomar por el juez concursal” y que constituye una herramienta intermedia orientada a proteger los intereses en juego sin paralizar la actividad.

La coadministración fue dispuesta el 29 de diciembre pasado, tras advertirse una reiterada reticencia de la concursada en la entrega de información clave requerida por el juzgado y la sindicatura. Según el fallo, la falta de datos sobre contratos en ejecución, actividad productiva y comercial, plantas operativas, recursos humanos, stock y capacidad instalada impedía contar con un diagnóstico preciso de la situación real de la empresa.

También se mencionaron incumplimientos informativos vinculados a medidas cautelares de acreedores con garantía real y la falta de acreditación del pago de salarios, aguinaldos y créditos con derecho a pronto pago. En ese marco, el juez consideró necesario designar a la contadora Lucila Inés Prono como coadministradora, con facultades de administración, representación y auditoría por un plazo inicial de 60 días, prorrogable.

SanCor cuestionó la resolución al sostener que había cumplido con sus deberes informativos desde la apertura del concurso y que los pedidos formulados en diciembre implicaron exigencias excepcionales. Además, advirtió que la actuación conjunta en los actos patrimoniales podría afectar la operatoria cotidiana y planteó la supuesta incompatibilidad entre funciones de administración y auditoría asignadas a la coadministradora.

Al analizar los planteos, la Cámara señaló que, aun cuando la empresa afirmó haber entregado información suficiente, “no puede soslayarse que medió omisión de informaciones requeridas por el juez o la sindicatura”, lo que habilita la adopción de medidas de este tipo. El tribunal aclaró que no es necesario un perjuicio consumado, sino la potencialidad concreta de daño al patrimonio y a los acreedores.

Asimismo, destacó que no se trata de una intervención plena ni del desplazamiento de los órganos naturales de la cooperativa, sino de una medida intermedia y transitoria, compatible con la continuidad operativa. Respecto de la acumulación de funciones, consideró que se justifica por el carácter cautelar y el objetivo de obtener información confiable en un período crítico del proceso.

Con estos argumentos, la Cámara rechazó la apelación y confirmó la coadministración judicial, dejando despejado el camino para su implementación inmediata.

El juez Marcelo Germán Gelcich, a cargo del Juzgado Civil y Comercial de la 4ta. Nominación de Rafaela, a cargo del proceso concursal de SanCor CUL, ordenó designar un coadministrador con facultades de administración, representación y auditoría.

El magistrado fundamenta la medida en “tres problemas graves informados por la Sindicatura y el Comité de Control”:

- Reticencia Informativa: La empresa no entregó documentación clara sobre cómo están funcionando sus plantas (Sunchales, Gálvez, Devoto, etc.) ni sobre sus contratos con otras empresas, cuánto produce, cómo comercializa, qué cobra y qué hace con lo que cobra.

- Crisis Laboral y Previsional: El Comité Provisorio de Control informó que SanCor adeuda sueldos desde junio de 2025 y el aguinaldo completo de este año. Además, se denunció el uso de recibos de sueldo con datos presuntamente falsos para evadir aportes de seguridad social.

- Falta de acreditación de pagos de créditos prontopagables: la Sindicatura viene reclamando la falta de acreditación del pago debido que, según la concursada, debería ser cumplido por un fideicomiso vinculado a ella, que habría sido notificado el 17 de diciembre de 2025.

Según estableció el juez, el coadministrador ejercerá el cargo en forma conjunta con los órganos naturales de la concursada, y sin su actuación será nulo todo acto con efecto patrimonial o contable. Está facultado a designar hasta seis auxiliares y su desempeño será por un plazo prorrogable de 60 días.

El magistrado dispuso además que la coadministración de la concursada sea ejercida por un profesional con aptitud certificada en Sindicatura Concursal, el que será elegido entre los que integran la lista obrante en el Juzgado. La Sindicatura producirá, a tal fin, una terna formada por dichos profesionales, con sumaria información de antecedentes.

Finalmente, resolvió autorizar al coadministrador a ingresar a todos los inmuebles donde funcione la empresa concursada o aquellos donde se produzcan productos o presten servicios destinados a los procesos de producción de la concursada, con facultades de requerir el auxilio de la fuerza pública, pudiendo incluso solicitar habilitación de feria, intimar la entrega de información y documentación a la concursada, dependientes y terceros, y requerir información o instrucciones a la Sindicatura para el mejor desempeño de sus cometidos

El juez Gelcich dedicó un segmento de las diez páginas de su resolución a explicar la situación en “lenguaje claro”. Allí establece en primer lugar que “se dispone la intervención de la concursada mediante la designación de un coadministrador judicial”.

Luego explica el alcance de la coadministración, indicando que “a diferencia de una intervención total, SanCor no pierde el control y dirección, pero sus administradores ya no pueden decidir solos”. Y que, partir de ahora, cualquier acto que tenga efectos económicos o contables requiere la firma conjunta del coadministrador; y que sin ella los actos de la empresa serán considerados nulos.

La medida tiene un plazo inicial de 60 días, con posibilidad de prórroga.

El coadministrador será un profesional experto en sindicatura concursal, dado su conocimiento y experiencia en este tipo de procesos judiciales de empresas en crisis. Tendrá a su disposición hasta seis auxiliares (técnicos en lechería, informáticos, abogados y contadores) para auditar la empresa "en tiempo real".

La resolución no busca reemplazar a la Administración propia de la empresa, sino disponer un control real y efectivo. La ley prevé el uso de este proceso judicial para que la empresa en crisis logre superarla. El juez debe asegurar a los acreedores y a la sociedad que la actividad de la empresa se dirige a superar la crisis.

EL

La fiscalía federal de Rafaela solicitó el procesamiento de dos expresidentes de SanCor Cooperativas Unidas Limitadas por apropiación indebida de recursos de la seguridad social por más de $1.644 millones.

El requerimiento alcanza a José Pablo Gastaldi y Alberto Eduardo Sánchez, quienes estuvieron al frente del Consejo de Administración de la firma entre febrero de 2020 y enero de 2024, periodo en el que, según la acusación, se retuvieron aportes de los trabajadores sin ser depositados en los sistemas de jubilaciones, pensiones y obras sociales, tal como establece la ley.

De acuerdo con el dictamen, Gastaldi habría incurrido en 17 hechos entre 2020 y 2022, mientras que a Sánchez se le imputan otros 16 correspondientes a los años 2022, 2023 y enero de 2024, todos ellos en concurso real y en carácter de autor.

El expediente se inició tras denuncias penales realizadas por trabajadores de las plantas de Sunchales y Don Torcuato, quienes detectaron que la empresa no había transferido los aportes retenidos. En ambos casos, la justicia federal asumió la competencia tras la declaración de incompetencia de la justicia provincial y la acumulación de las causas.

La investigación, sustentada en reportes del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social y la base de datos de la AFIP, concluyó que durante 33 períodos fiscales SanCor actuó como agente de percepción y retención sin cumplir con la obligación de depositar los fondos retenidos.vsN6QA

A pesar de que ambos imputados se abstuvieron de declarar al ser indagados, no negaron los hechos que se les atribuyen. Por eso, la fiscalía solicitó que el juez disponga su procesamiento conforme al artículo 306 del Código Procesal Penal de la Nación.

En cuanto a medidas de coerción, la fiscalía consideró suficiente la obligación de informar cambios de domicilio, dado que los acusados carecen de antecedentes penales, tienen domicilio fijo, actividad laboral declarada y se presentaron a las citaciones judiciales.

NA

La crisis de SanCor sumó un nuevo capítulo judicial tras la imputación de dos de sus expresidentes por una presunta evasión fiscal superior a los $1.644 millones. El Juzgado Federal de Rafaela citó a José Pablo Gastaldi y Alberto Eduardo Sánchez a declaración indagatoria para el próximo 12 de noviembre, en el marco de la causa “SanCor Cooperativas Unidas Limitada y otros s/ infracción Ley 27.430”.

De acuerdo con la investigación impulsada por el Ministerio Público Fiscal, los expresidentes habrían incurrido en el delito de apropiación indebida de recursos de la seguridad social, según lo estipulado en el artículo 7 del Régimen Penal Tributario.

La causa abarca 32 períodos fiscales y se originó a partir de denuncias de trabajadores y auditorías realizadas por la AFIP, a través del área ARCA, junto al INAES. Los peritajes detectaron retenciones salariales no depositadas en los sistemas previsionales ni en las cuentas de las obras sociales correspondientes.

Además, informes del Comité Provisorio de Control señalaron irregularidades en el destino de fondos de la mutual y el sindicato, situación que derivó en la notificación formal al Juzgado Federal por parte del juez del concurso preventivo que tramita SanCor ante el fuero civil y comercial de Rafaela.

La cooperativa atraviesa una de sus etapas más críticas. A las dificultades financieras se suman acusaciones por maniobras fraudulentas que habrían continuado bajo la actual conducción, presidida por Oscar Juan Sapino.

Más de 400 trabajadores aportaron recibos y constancias que probarían la falta de depósito de los aportes retenidos. En paralelo, la Justicia evalúa si existió un concurso fraudulento, mientras la cooperativa mantiene deudas con proveedores, organismos públicos y empleados.

El conflicto laboral también escala. La Asociación de Trabajadores de la Industria Lechera (ATILRA) realizó una multitudinaria movilización en Rafaela, con más de 600 trabajadores frente a los tribunales para rechazar el “Plan de Crisis” presentado por la empresa.

El gremio denuncia una deuda salarial de cinco meses, la falta de aportes y el intento de despedir a 304 empleados adicionales, cifra que se sumaría a más de mil despidos desde 2019.

“Marchamos por nuestros derechos, nuestras familias y la justicia. Este plan es inaceptable”, expresó un vocero de ATILRA durante la protesta. La organización sindical impulsa más de 300 pedidos de quiebra con continuidad productiva, solicitando que la Justicia garantice el funcionamiento de la planta y el pago de las obligaciones laborales.

El 12 de noviembre, los ex directivos deberán declarar ante el Juzgado Federal de Rafaela, mientras continúa la investigación de la PDI y el Ministerio Público Fiscal. La audiencia se desarrollará en un contexto de máxima tensión gremial.

Desde hoy y hasta el 19 de octubre, por primera vez, se realizará la Semana del Seguro, una iniciativa inédita en el mercado local enmarcada en el Día del Seguro, que busca ofrecer beneficios reales para quienes buscan nuevas coberturas. 

Durante siete días y bajo la denominación SANCOR SEGUROS Sale, la aseguradora ofrecerá descuentos exclusivos de hasta 30% en seguros de auto, moto, hogar, movilidad y salud, con el objetivo de acercar la protección a más personas, en un contexto en el que la prevención y la planificación financiera se vuelven cada vez más relevantes. 

Al igual que sucede en otros rubros, el SANCOR SEGUROS Sale se plantea como una cita anual que convoque a consumidores y genere un punto de encuentro entre la necesidad de protección y la oportunidad de obtener beneficios concretos. 

“Queremos que cada año, cuando llegue octubre, las personas piensen en revisar y actualizar sus seguros, sabiendo que durante el SANCOR SEGUROS Sale encontrarán las mejores condiciones del mercado y con el respaldo de una aseguradora líder”, destacan desde la compañía. 

Argentina atraviesa un escenario en el que la protección del vehículo en el que nos movemos, del hogar y de la salud cobra cada vez mayor relevancia. Según datos del sector, más del 40% de los hogares aún no cuenta con coberturas integrales. Iniciativas como la Semana del Seguro buscan acercar soluciones accesibles y confiables, apoyadas en la trayectoria de una aseguradora con 80 años de experiencia y una red de Productores Asesores que brindan contención y asesoramiento profesional en todo el país. 

Los interesados pueden contratar su seguro con descuento consultando a su Productor Asesor de Seguros o ingresando a la página oficial del SANCOR SEGUROS Sale: www.sancorseguros.com.ar/segurosale