La histórica cooperativa láctea SanCor Cooperativas Unidas Limitada fue declarada en quiebra por el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial de la Cuarta Nominación de Rafaela, luego de constatarse la inviabilidad económica de la empresa y el fracaso anticipado de su proceso concursal.

La resolución judicial, conocida este miércoles y firmada por el juez Marcelo Gelcich, se sustenta entre otros elementos en el propio reconocimiento de la compañía de que no estaba en condiciones de formular una propuesta de acuerdo con sus acreedores ni de sostener su operatoria corriente, lo que derivó en una “quiebra indirecta” por frustración del concurso preventivo.

A lo largo de sus 49 páginas, el fallo describe una situación financiera crítica, con un pasivo concursal de “varios miles de millones de pesos” y más de 86 millones de dólares, al que se suma una pesada carga de deuda generada durante el propio proceso concursal.

Utiliza para ello una síntesis del todo el proceso en términos de “lenguaje claro”, y añade un “mensaje a la sociedad”, en el que sustenta el compromiso judicial de atender debidamente el interés de los acreedores, sin perder de vista el impacto de la medida en la comunidad.

“A nadie se le oculta el valor de mercado que hoy sigue teniendo la marca, lo cual es fundamento cierto de reales expectativas sobre la posible venta de la misma (es un activo separado e independiente de las plantas industriales) a valores significativos”, consigna el juez.

Y pone de resalto a continuación “que el sustento de la marca es ciertamente humano: son los trabajadores, comprometidos hasta postergar lo necesario para sus familias -sabiendo que no cobrarán el sueldo entero a fin de mes-, los que han permanecido trabajando con el compromiso e ingenio necesarios en medio de esta crisis, sosteniendo con éxito la calidad, característica principal de la marca.

“Sería del todo razonable y conveniente que los eventuales interesados en comprar activos de SANCOR CUL sepan que aquí radica verdaderamente el valor de los activos: basta con hacer el ejercicio mental de suponer la hipótesis en que la empresa se quedara sin activos físicos y tuviera que adquirir otros semejantes, lo cual seguramente sería solucionado en poco tiempo por el personal que hoy trabaja”, añade.

Pero a la vez, aclara que si, a la inversa, las plantas se quedaran sin el personal, “sería muy difícil estimar el tiempo que llevaría a nuevos empleados construir la organización que hoy existe, y, sobre todo, elaborar los mismos productos, y con la misma calidad”.

En la descripción del cuadro presentado, el fallo precisa que solo en concepto de deuda postconcursal, la cooperativa acumulaba al 31 de enero de 2026:

Más de $6.349 millones en obligaciones impositivas y previsionales

$12.788 millones en salarios adeudados

$3.380 millones en aportes a obras sociales y sindicatos

$13.313 millones en deudas comerciales

A esto se añade un ritmo de generación de nuevo pasivo cercano a los $3.000 millones mensuales, en un contexto en el que los ingresos corrientes ya no alcanzaban para cubrir los costos operativos.

El deterioro económico estuvo acompañado por una fuerte contracción de la actividad. La empresa operaba con seis plantas industriales —ubicadas en Santa Fe y Córdoba— pero con niveles de utilización muy por debajo de su capacidad.

El caso más crítico es el de Sunchales, su planta principal, que funcionaba con niveles de ocupación inferiores al 10%, mientras otras instalaciones directamente quedaron paralizadas o en situación de subutilización.

El proceso también implicó un cambio estructural en el modelo productivo: durante 2025, SanCor pasó de procesar leche propia a depender de terceros (fazón), y finalmente terminó operando con volúmenes mínimos de producción propia, reflejo de la pérdida de proveedores y contratos comerciales.

Pese a la declaración de quiebra, el tribunal dispuso la continuidad de la explotación en aquellas unidades productivas que aún se encuentran operativas, con el objetivo de preservar el valor de la empresa en marcha y evitar un deterioro mayor de los activos.

En paralelo, se ordenó avanzar en un proceso de enajenación de la compañía —total o por unidades productivas— mediante mecanismos de licitación, en línea con lo previsto por la Ley de Concursos y Quiebras.

La estrategia apunta a maximizar el recupero para los acreedores y eventualmente facilitar el ingreso de nuevos operadores privados interesados en activos industriales, marcas o segmentos del negocio.

El colapso de SanCor tiene un fuerte impacto en el entramado productivo regional. Al momento de la sentencia, la empresa contaba con 914 trabajadores, muchos de ellos con salarios impagos y en condiciones laborales precarias.

El fallo reconoce la gravedad de la situación y pone especial énfasis en la protección de los créditos laborales, aunque en el marco de un proceso falencial donde la prioridad será la liquidación ordenada del patrimonio.

La quiebra marca el desenlace de un proceso de deterioro que se arrastra desde hace años. SanCor, que supo ser uno de los principales actores del sector lácteo argentino, no logró revertir sus problemas estructurales: alta carga de costos, pérdida de competitividad, endeudamiento creciente y dificultades para sostener su red de productores asociados.

El expediente judicial deja en claro que, más allá de los intentos de reestructuración, la empresa ingresó en una fase de “insolvencia estructural”, es decir, una incapacidad permanente para generar recursos suficientes incluso para sostener su operación cotidiana.

Con este fallo, se abre ahora una nueva etapa en la que el destino de la marca y de sus activos quedará sujeto al interés del mercado, en un escenario donde el desafío será preservar lo que aún resulte viable de una de las cooperativas emblemáticas de la economía regional.

La cooperativa láctea SanCor, con sede en Sunchales y concursada desde febrero de 2025, decidió pedir ayer su propia quiebra en la Justicia. La presentación, formulada ante el magistrado Marcelo Gelcich, que lleva su caso en Rafaela, se formuló sobre la tarde, dijeron fuentes al tanto, con lo cual aún no se hizo visible en el expediente de la causa. La empresa aún no brindó una comunicación pública ni respondió consultas de este medio.

Según pudo saber LA NACION, la empresa justificó que decidió avanzar hacia la quiebra porque el concurso preventivo dejó de ser una herramienta viable para salir de la crisis. Consideró que no logró recomponer su operación ni generar ingresos suficientes, enfrentó fuertes limitaciones para acceder al crédito y falta de capital de trabajo, mantuvo una estructura de costos difícil de sostener y acumuló más deudas, incluidas obligaciones salariales, fiscales y comerciales. A eso se sumó la presión de acreedores y la imposibilidad de presentar una propuesta de pago cumplible.

Como había informado este medio, según la Justicia, que verificó las deudas de 1519 acreedores sobre un total de 2702 denunciados, la cooperativa láctea enfrenta una deuda en torno a los US$120 millones (US$90 millones y superior a $40.000 millones).

Desde 2017, la firma vino en un proceso donde, lejos de enderezar su situación, terminó perdiendo participación en el mercado. Pasó de procesar unos 4 millones de litros diarios de leche a menos de 500.000 en su disminución productiva. Se desprendió de marcas emblemáticas de postres y yogures y redujo en media docena sus establecimientos de elaboración. Hace dos años, un conflicto de ocho meses con trabajadores enrolados en la Asociación de Trabajadores de la Industria Lechera de la República Argentina (Atilra) profundizó la crisis. La láctea tiene unos 850 empleados.

La situación de SanCor no estuvo al margen de las ambiciones políticas. En 2006, cuando tenía cerrada una asociación con Adecoagro, Néstor Kirchner intervino para frenar la operación argumentando que detrás de ese grupo, en ese momento, estaba el magnate George Soros. A cambio de desistir del negocio Kirchner consiguió que la Venezuela de Hugo Chávez le otorgara a la cooperativa un crédito por US$80 millones que la firma pagó con exportaciones de leche en polvo. Hace unos años, SanCor le vendió plantas y marcas como Las Tres Niñas a Adecoagro, hoy controlado por el gigante cripto Tether.

En diciembre pasado, Gelcich, como se mencionó a cargo del concurso de la firma, se hizo eco de objeciones de la Sindicatura sobre cómo se venía desempeñando la administración y designó a la contadora Lucila Inés Prono como coadministradora con amplias facultades.

“Luego de los informes elevados por la Sindicatura, el Comité Provisorio de Control y la coadministradora designada por el Juzgado, coincidentes todos en el probado estado de cesación de pagos, impotencia e insolvencia patrimonial general y definitiva de la concursada, SanCor CUL acaba de pedir su propia quiebra”, señaló anoche en una comunicación Atilra, firmada por Héctor Ponce, secretario general del sindicato, apenas comenzó a circular la novedad sobre la láctea.

Como se dijo, hasta el momento, en la web del concurso de SanCor no se subió la presentación referida al pedido de la empresa, ya que se canalizó a última hora, pero fuentes consultadas lo consideraron inminente. Trascendió, además, una convocatoria a asamblea a los tamberos para que se ratifique lo actuado.

“En términos de los hechos probados en la causa, el pedido no agrega ni quita nada, resultando a esta altura un gesto irrelevante que pone fin a una tozuda postura que negaba la realidad, pretendiendo construir un falso relato enfermizo a través de voceros funcionales perfectamente identificados, ahora totalmente descolocados ante los categóricos informes coincidentes de los cuerpos orgánicos actuantes en la causa y el reconocimiento de la propia concursada”, apuntó Atilra.

El gremio lechero, vale recordar, había solicitado en su momento la quiebra con continuidad de explotación. En tanto, en 2021/2022 había existido una propuesta de un grupo de empresarios para intentar un salvataje de la cooperativa que nunca se puso en marcha.

Según lo señalado por el secretario general de Atilra, hoy la firma “se viene sosteniendo con el patrimonio de los trabajadores a quienes les deben ocho meses de sueldos más aguinaldos, con la asistencia material de Atilra desde el fondo solidario y la continuidad de las prestaciones de servicios de salud a los trabajadores y sus familias de parte de OSPIL, a pesar de que la empresa no le realiza los aportes”.

Para el sindicato, si la Justicia dicta la quiebra esto “no constituye un final sino el comienzo de una nueva etapa donde la marca SanCor, despojada de las estructuras que la llevaron al borde de su extinción, debe volver a florecer con el impulso de la nobleza y calidad de los productos que las y los trabajadores afiliados a Atilra elaboran”.

LN

Con 80 años de trayectoria en el mercado de seguros, SANCOR SEGUROS reafirma su compromiso con la innovación y la seguridad, ofreciendo una completa protección en ciberseguridad, que no solo resguarda ante los costos derivados de ataques cibernéticos, sino también aquellos relacionados con el incumplimiento de legislaciones de privacidad y protección de datos.

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En caso de siniestro, el cliente cuenta con una línea directa 0800 para recibir atención primaria a cargo de un especialista en tecnología y legales, quien dará inicio a las medidas de contención, ya sea para minimizar el impacto del hecho o eliminarlo si fuera posible.

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Con este lanzamiento, SANCOR SEGUROS continúa a la vanguardia en materia de productos y servicios del mercado asegurador, brindando soluciones efectivas y modernas, adaptadas a cada necesidad.

El Litoral

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El Litoral

La Cámara de Apelación en Feria de Santa Fe confirmó la intervención parcial de la cooperativa láctea SanCor y ratificó la designación de una coadministradora judicial, dejando firme el esquema de control conjunto dispuesto en el concurso preventivo de la empresa. De este modo, el tribunal rechazó la apelación presentada por la firma y avaló la medida adoptada a fines de diciembre por el juez del concurso, Marcelo Gelcich.

La resolución, firmada por los jueces Daniel Fernando Alonso, Aidilio Gustavo Fabiano y Sebastián César Coppoletta, sostuvo que la coadministración “se encuentra dentro de las posibles medidas a tomar por el juez concursal” y que constituye una herramienta intermedia orientada a proteger los intereses en juego sin paralizar la actividad.

La coadministración fue dispuesta el 29 de diciembre pasado, tras advertirse una reiterada reticencia de la concursada en la entrega de información clave requerida por el juzgado y la sindicatura. Según el fallo, la falta de datos sobre contratos en ejecución, actividad productiva y comercial, plantas operativas, recursos humanos, stock y capacidad instalada impedía contar con un diagnóstico preciso de la situación real de la empresa.

También se mencionaron incumplimientos informativos vinculados a medidas cautelares de acreedores con garantía real y la falta de acreditación del pago de salarios, aguinaldos y créditos con derecho a pronto pago. En ese marco, el juez consideró necesario designar a la contadora Lucila Inés Prono como coadministradora, con facultades de administración, representación y auditoría por un plazo inicial de 60 días, prorrogable.

SanCor cuestionó la resolución al sostener que había cumplido con sus deberes informativos desde la apertura del concurso y que los pedidos formulados en diciembre implicaron exigencias excepcionales. Además, advirtió que la actuación conjunta en los actos patrimoniales podría afectar la operatoria cotidiana y planteó la supuesta incompatibilidad entre funciones de administración y auditoría asignadas a la coadministradora.

Al analizar los planteos, la Cámara señaló que, aun cuando la empresa afirmó haber entregado información suficiente, “no puede soslayarse que medió omisión de informaciones requeridas por el juez o la sindicatura”, lo que habilita la adopción de medidas de este tipo. El tribunal aclaró que no es necesario un perjuicio consumado, sino la potencialidad concreta de daño al patrimonio y a los acreedores.

Asimismo, destacó que no se trata de una intervención plena ni del desplazamiento de los órganos naturales de la cooperativa, sino de una medida intermedia y transitoria, compatible con la continuidad operativa. Respecto de la acumulación de funciones, consideró que se justifica por el carácter cautelar y el objetivo de obtener información confiable en un período crítico del proceso.

Con estos argumentos, la Cámara rechazó la apelación y confirmó la coadministración judicial, dejando despejado el camino para su implementación inmediata.

El juez Marcelo Germán Gelcich, a cargo del Juzgado Civil y Comercial de la 4ta. Nominación de Rafaela, a cargo del proceso concursal de SanCor CUL, ordenó designar un coadministrador con facultades de administración, representación y auditoría.

El magistrado fundamenta la medida en “tres problemas graves informados por la Sindicatura y el Comité de Control”:

- Reticencia Informativa: La empresa no entregó documentación clara sobre cómo están funcionando sus plantas (Sunchales, Gálvez, Devoto, etc.) ni sobre sus contratos con otras empresas, cuánto produce, cómo comercializa, qué cobra y qué hace con lo que cobra.

- Crisis Laboral y Previsional: El Comité Provisorio de Control informó que SanCor adeuda sueldos desde junio de 2025 y el aguinaldo completo de este año. Además, se denunció el uso de recibos de sueldo con datos presuntamente falsos para evadir aportes de seguridad social.

- Falta de acreditación de pagos de créditos prontopagables: la Sindicatura viene reclamando la falta de acreditación del pago debido que, según la concursada, debería ser cumplido por un fideicomiso vinculado a ella, que habría sido notificado el 17 de diciembre de 2025.

Según estableció el juez, el coadministrador ejercerá el cargo en forma conjunta con los órganos naturales de la concursada, y sin su actuación será nulo todo acto con efecto patrimonial o contable. Está facultado a designar hasta seis auxiliares y su desempeño será por un plazo prorrogable de 60 días.

El magistrado dispuso además que la coadministración de la concursada sea ejercida por un profesional con aptitud certificada en Sindicatura Concursal, el que será elegido entre los que integran la lista obrante en el Juzgado. La Sindicatura producirá, a tal fin, una terna formada por dichos profesionales, con sumaria información de antecedentes.

Finalmente, resolvió autorizar al coadministrador a ingresar a todos los inmuebles donde funcione la empresa concursada o aquellos donde se produzcan productos o presten servicios destinados a los procesos de producción de la concursada, con facultades de requerir el auxilio de la fuerza pública, pudiendo incluso solicitar habilitación de feria, intimar la entrega de información y documentación a la concursada, dependientes y terceros, y requerir información o instrucciones a la Sindicatura para el mejor desempeño de sus cometidos

El juez Gelcich dedicó un segmento de las diez páginas de su resolución a explicar la situación en “lenguaje claro”. Allí establece en primer lugar que “se dispone la intervención de la concursada mediante la designación de un coadministrador judicial”.

Luego explica el alcance de la coadministración, indicando que “a diferencia de una intervención total, SanCor no pierde el control y dirección, pero sus administradores ya no pueden decidir solos”. Y que, partir de ahora, cualquier acto que tenga efectos económicos o contables requiere la firma conjunta del coadministrador; y que sin ella los actos de la empresa serán considerados nulos.

La medida tiene un plazo inicial de 60 días, con posibilidad de prórroga.

El coadministrador será un profesional experto en sindicatura concursal, dado su conocimiento y experiencia en este tipo de procesos judiciales de empresas en crisis. Tendrá a su disposición hasta seis auxiliares (técnicos en lechería, informáticos, abogados y contadores) para auditar la empresa "en tiempo real".

La resolución no busca reemplazar a la Administración propia de la empresa, sino disponer un control real y efectivo. La ley prevé el uso de este proceso judicial para que la empresa en crisis logre superarla. El juez debe asegurar a los acreedores y a la sociedad que la actividad de la empresa se dirige a superar la crisis.

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La fiscalía federal de Rafaela solicitó el procesamiento de dos expresidentes de SanCor Cooperativas Unidas Limitadas por apropiación indebida de recursos de la seguridad social por más de $1.644 millones.

El requerimiento alcanza a José Pablo Gastaldi y Alberto Eduardo Sánchez, quienes estuvieron al frente del Consejo de Administración de la firma entre febrero de 2020 y enero de 2024, periodo en el que, según la acusación, se retuvieron aportes de los trabajadores sin ser depositados en los sistemas de jubilaciones, pensiones y obras sociales, tal como establece la ley.

De acuerdo con el dictamen, Gastaldi habría incurrido en 17 hechos entre 2020 y 2022, mientras que a Sánchez se le imputan otros 16 correspondientes a los años 2022, 2023 y enero de 2024, todos ellos en concurso real y en carácter de autor.

El expediente se inició tras denuncias penales realizadas por trabajadores de las plantas de Sunchales y Don Torcuato, quienes detectaron que la empresa no había transferido los aportes retenidos. En ambos casos, la justicia federal asumió la competencia tras la declaración de incompetencia de la justicia provincial y la acumulación de las causas.

La investigación, sustentada en reportes del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social y la base de datos de la AFIP, concluyó que durante 33 períodos fiscales SanCor actuó como agente de percepción y retención sin cumplir con la obligación de depositar los fondos retenidos.vsN6QA

A pesar de que ambos imputados se abstuvieron de declarar al ser indagados, no negaron los hechos que se les atribuyen. Por eso, la fiscalía solicitó que el juez disponga su procesamiento conforme al artículo 306 del Código Procesal Penal de la Nación.

En cuanto a medidas de coerción, la fiscalía consideró suficiente la obligación de informar cambios de domicilio, dado que los acusados carecen de antecedentes penales, tienen domicilio fijo, actividad laboral declarada y se presentaron a las citaciones judiciales.

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La crisis de SanCor sumó un nuevo capítulo judicial tras la imputación de dos de sus expresidentes por una presunta evasión fiscal superior a los $1.644 millones. El Juzgado Federal de Rafaela citó a José Pablo Gastaldi y Alberto Eduardo Sánchez a declaración indagatoria para el próximo 12 de noviembre, en el marco de la causa “SanCor Cooperativas Unidas Limitada y otros s/ infracción Ley 27.430”.

De acuerdo con la investigación impulsada por el Ministerio Público Fiscal, los expresidentes habrían incurrido en el delito de apropiación indebida de recursos de la seguridad social, según lo estipulado en el artículo 7 del Régimen Penal Tributario.

La causa abarca 32 períodos fiscales y se originó a partir de denuncias de trabajadores y auditorías realizadas por la AFIP, a través del área ARCA, junto al INAES. Los peritajes detectaron retenciones salariales no depositadas en los sistemas previsionales ni en las cuentas de las obras sociales correspondientes.

Además, informes del Comité Provisorio de Control señalaron irregularidades en el destino de fondos de la mutual y el sindicato, situación que derivó en la notificación formal al Juzgado Federal por parte del juez del concurso preventivo que tramita SanCor ante el fuero civil y comercial de Rafaela.

La cooperativa atraviesa una de sus etapas más críticas. A las dificultades financieras se suman acusaciones por maniobras fraudulentas que habrían continuado bajo la actual conducción, presidida por Oscar Juan Sapino.

Más de 400 trabajadores aportaron recibos y constancias que probarían la falta de depósito de los aportes retenidos. En paralelo, la Justicia evalúa si existió un concurso fraudulento, mientras la cooperativa mantiene deudas con proveedores, organismos públicos y empleados.

El conflicto laboral también escala. La Asociación de Trabajadores de la Industria Lechera (ATILRA) realizó una multitudinaria movilización en Rafaela, con más de 600 trabajadores frente a los tribunales para rechazar el “Plan de Crisis” presentado por la empresa.

El gremio denuncia una deuda salarial de cinco meses, la falta de aportes y el intento de despedir a 304 empleados adicionales, cifra que se sumaría a más de mil despidos desde 2019.

“Marchamos por nuestros derechos, nuestras familias y la justicia. Este plan es inaceptable”, expresó un vocero de ATILRA durante la protesta. La organización sindical impulsa más de 300 pedidos de quiebra con continuidad productiva, solicitando que la Justicia garantice el funcionamiento de la planta y el pago de las obligaciones laborales.

El 12 de noviembre, los ex directivos deberán declarar ante el Juzgado Federal de Rafaela, mientras continúa la investigación de la PDI y el Ministerio Público Fiscal. La audiencia se desarrollará en un contexto de máxima tensión gremial.

Desde hoy y hasta el 19 de octubre, por primera vez, se realizará la Semana del Seguro, una iniciativa inédita en el mercado local enmarcada en el Día del Seguro, que busca ofrecer beneficios reales para quienes buscan nuevas coberturas. 

Durante siete días y bajo la denominación SANCOR SEGUROS Sale, la aseguradora ofrecerá descuentos exclusivos de hasta 30% en seguros de auto, moto, hogar, movilidad y salud, con el objetivo de acercar la protección a más personas, en un contexto en el que la prevención y la planificación financiera se vuelven cada vez más relevantes. 

Al igual que sucede en otros rubros, el SANCOR SEGUROS Sale se plantea como una cita anual que convoque a consumidores y genere un punto de encuentro entre la necesidad de protección y la oportunidad de obtener beneficios concretos. 

“Queremos que cada año, cuando llegue octubre, las personas piensen en revisar y actualizar sus seguros, sabiendo que durante el SANCOR SEGUROS Sale encontrarán las mejores condiciones del mercado y con el respaldo de una aseguradora líder”, destacan desde la compañía. 

Argentina atraviesa un escenario en el que la protección del vehículo en el que nos movemos, del hogar y de la salud cobra cada vez mayor relevancia. Según datos del sector, más del 40% de los hogares aún no cuenta con coberturas integrales. Iniciativas como la Semana del Seguro buscan acercar soluciones accesibles y confiables, apoyadas en la trayectoria de una aseguradora con 80 años de experiencia y una red de Productores Asesores que brindan contención y asesoramiento profesional en todo el país. 

Los interesados pueden contratar su seguro con descuento consultando a su Productor Asesor de Seguros o ingresando a la página oficial del SANCOR SEGUROS Sale: www.sancorseguros.com.ar/segurosale 

El encuentro marcó un nuevo capítulo en una relación que Sancor Seguros mantiene con La Dolfina desde hace ya diez años, y que va mucho más allá del patrocinio. El vínculo con La Dolfina -ahora fusionada con La Natividad, uniendo a los Cambiaso y los Castagnola, dos apellidos legendarios del polo- representa para la compañía una alianza basada en valores compartidos: trabajo en equipo, confianza, respeto y pasión.

Durante la visita, los jugadores recorrieron las instalaciones, participaron de una entrevista institucional y compartieron una cena con autoridades de la empresa. Pero sin dudas, uno de los momentos más emotivos fue la plantación de un árbol en el predio corporativo, un gesto simple y profundo que simboliza raíces, crecimiento y futuro.

El CEO de Sancor Seguros, Alejandro Simón, expresó: “Esta visita fortalece un vínculo que va más allá del patrocinio, porque se nutre de ideales compartidos y del orgullo de abrirles las puertas de nuestra casa en Sunchales, el lugar donde nacimos y desde donde seguimos proyectándonos al país y al mundo”.

“Acompañar a La Dolfina durante tantos años, y ver cómo crecen, se reinventan y se consolidan como referentes del polo mundial, es también una forma de reafirmar nuestra manera de hacer las cosas: con compromiso, con identidad, con mirada de largo plazo. Nos sentimos parte de su historia, como ellos también lo son de la nuestra”, amplió.

Por su parte, Carlos Casto, presidente de la compañía, destacó: “Siendo líderes del mercado de seguros, es un orgullo poder acompañar como patrocinadores al team N° 1 de este deporte (…) La Dolfina sigue siendo una marca internacional y continúa eligiendo un sponsor bien argentino como es Sancor Seguros, confiando en nuestra trayectoria y prestigio”.

La visita de La Natividad – La Dolfina no solo fue una celebración deportiva, sino un encuentro entre historias y valores que se entrelazan desde hace una década. Una alianza que sigue creciendo, como el árbol que quedó plantado como símbolo de un compromiso que mira hacia el futuro.

Nacida en el interior de Argentina y signada por valores cooperativos, Sancor Seguros dio origen al Grupo Sancor Seguros, N° 1 del mercado asegurador argentino con más del 12% de participación que brinda protección a más de 9 millones de asegurados.

Actualmente sigue expandiéndose tanto en Argentina, donde cuenta con oficinas propias en todo el territorio, como en América Latina, con presencia directa en Uruguay, Paraguay y Brasil. Se ha expandido en el rubro asegurador con la creación de Prevención ART (líder del mercado de Riesgos del Trabajo) y de Prevención Retiro (seguros de retiro), como así también hacia la industria de la medicina prepaga, con Prevención Salud, el negocio bancario, con Banco del Sol y el inmobiliario, con Sancor Seguros Real Estate.

A través de su Fundación Grupo Sancor Seguros, busca generar aportes a la sociedad especialmente sobre cooperativismo y seguridad vial. Y en los últimos años ha desarrollado firmas que crean valor económico y social: CITES, un fondo de venture capital en deeptech y la primera incubadora tecnológica de management privado de América Latina; Sancor Seguros Impulsa, incubadora que busca estimular la generación de proyectos productivos con visión de triple impacto; y Sancor Seguros Ventures, fondo de venture capital corporativo que invierte en startups en los sectores de insurtech, fintech y healthtech; entre otras.

Cientos de trabajadores de todo el país afiliados a ATILRA se concentraron frente al Palacio de Tribunales de Rafaela para expresar su rechazo al plan de crisis presentado por SanCor Cooperativas Unidas Limitada ante la Justicia. La medida, impulsada en el marco del concurso preventivo de acreedores, contempla la desafectación de más de 300 empleados.

El reclamo se desarrolló frente al Juzgado en lo Civil y Comercial de la Cuarta Nominación, a cargo del Dr. Guillermo Adrián Vales, donde se tramita la causa. La manifestación incluyó cánticos, banderas y un acampe frente al edificio judicial.

Alejandro Cabrera, delegado gremial de ATILRA, destacó la magnitud de la convocatoria y reafirmó la postura del sindicato frente a la propuesta empresarial. “Vinimos a escuchar personalmente a los directivos de SanCor con la propuesta que habían presentado anteriormente a través de un escrito, la cual rechazamos categóricamente”, afirmó.

El dirigente explicó que la movilización también llevó un mensaje claro al juez del concurso: “Traemos el pedido de quiebra con continuidad de explotación. Eso significa que queremos que la empresa siga trabajando, pero que no siga en manos de una administración fraudulenta”.

Cabrera remarcó que los trabajadores no son responsables de la crisis de la cooperativa y que el plan de SanCor “es inviable”, ya que implica la pérdida de más de 300 puestos de trabajo. “El plan contempla la desafectación de cientos de trabajadores. Nosotros lo rechazamos porque no tiene sustento. Si ellos mismos dicen que no tienen recursos para sacar adelante a la cooperativa, menos aún van a poder pagar indemnizaciones”, señaló.

Durante sus declaraciones, entre los cánticos de los manifestantes se escuchaba: “Que se vayan todos, que no quede ni uno solo”, dejando en evidencia el malestar de los empleados con la actual conducción de la empresa.

Por su parte, el abogado de los trabajadores, Alberto Coronel, sostuvo que la solicitud de quiebra con continuidad tiene sustento legal y es el camino más viable para mantener las fuentes de trabajo. “La ley prevé la continuidad de la explotación. No es algo excepcional. Lo que se busca es que, al llegar el momento de la liquidación, la empresa no se desguace, sino que se liquide por unidades productivas”, explicó.

Coronel precisó que actualmente hay “unos 880 puestos de trabajo sujetos a convenio” y advirtió que el plan de SanCor “no es viable” porque “no dice cómo ni cuándo va a pagar”. “La empresa reconoce que trabaja casi todo a fasón, con leche ajena, que les va muy bien respecto de mayo y aun así paga solo el 65% del sueldo. Decir eso y decir que están en quiebra es lo mismo”, enfatizó.

El letrado reveló que llegó a sugerirle al gerente general de SanCor que “pidan su propia quiebra”, ya que “no están en capacidad de afrontar las obligaciones mínimas necesarias para la explotación”. “Nosotros pedimos que esos activos no queden paralizados, sino que se convoque a las empresas interesadas a una inmediata continuación de la explotación”, concluyó.

Una masiva movilización tuvo lugar este martes frente al Palacio de Tribunales de Rafaela, encabezada por más de 500 trabajadores afiliados a ATILRA de distintas regiones del país. La protesta se realizó en rechazo al plan de crisis presentado por SanCor Cooperativas Unidas Limitada ante la Justicia, que implicaría el recorte de más de 300 puestos laborales.

El reclamo se concentró frente al Juzgado en lo Civil y Comercial de la Cuarta Nominación, a cargo del Dr. Guillermo Adrián Vales, donde se tramita la causa vinculada al concurso preventivo de acreedores de la cooperativa láctea. Desde ATILRA advirtieron que la propuesta de la empresa representa “un golpe directo a las familias trabajadoras” y alertaron sobre las consecuencias sociales que traería una nueva reducción de personal.

Según trascendió, SanCor acumula deudas por cerca de 20 mil millones de pesos, principalmente por sueldos y aportes impagos. Actualmente, la firma sostiene su operatoria a partir de contratos a fasón con empresas como Elcor, Punta del Agua y La Tarantela.

El plan presentado ante la Justicia incluiría un recorte de 304 puestos de trabajo como parte de una estrategia para equilibrar sus cuentas, aunque los dirigentes gremiales remarcaron que, en los últimos dos años, la empresa ya ejecutó 370 despidos sin lograr revertir su crisis financiera.

La medida de fuerza incluyó cortes de calle y un acampe frente al edificio de calle Alvear, mientras los representantes de ATILRA esperaban respuestas judiciales.

Radio Rafaela en vivo en el lugar: 

El sábado 4 de octubre, se llevó a cabo la 79ª Asamblea General Ordinaria de Sancor Cooperativa de Seguros Limitada, encuentro que reunió a delegados representantes de los asociados de todo el país en una jornada clave para la definición de las nuevas autoridades del Grupo Asegurador.

Durante la asamblea se aprobaron los puntos previstos en la convocatoria y, como cada año tras el cierre del ejercicio económico, se procedió a la renovación del Consejo de Administración. En este marco, Carlos Casto fue reelecto como presidente para el período 2025/2026.

En los días previos, también se realizaron las asambleas de las demás empresas que integran el Grupo Sancor Seguros, donde quedaron confirmadas las siguientes designaciones:

El nuevo Consejo de Administración para el ejercicio 2025/2026 quedó conformado de la siguiente manera:

Vocales Titulares: María Victoria Szychowski, Willy Borgnino, Gerardo Gasser, Leandro Sáez

Vocales Suplentes: Oscar Colombero, María B. Azar, Julia Foglia, Paula Douma, Mariano Gaudio, Lucciano Gangitano, Miguel Zazú, Alfredo Panella, Guillermo Arcos, Gustavo Badosa

Sindicatura:

Dos pedidos formales de quiebra podrían definir el destino final de SanCor Cooperativas Unidas Limitada (CUL), la histórica láctea con sede en Sunchales que desde febrero de este año está en concurso de acreedores. Las presentaciones fueron realizadas por exempleados que pactaron retiros voluntarios y por los trabajadores actuales nucleados en Atilra, el gremio del sector.

Uno de los pedidos fue impulsado por el abogado Aldo Regali, patrocinante de un grupo de extrabajadores que integran el consorcio de acreedores. El letrado presentó la solicitud de quiebra en el Juzgado Civil y Comercial de la Cuarta Nominación de Rafaela, argumentando que la empresa incumple los pagos de los llamados “prontopagos”, compromisos asumidos tras el retiro voluntario de muchos empleados.

“La empresa dice que pagó cuando en realidad no pagó. Para zafar de este pedido de quiebra, tendrá que hacerlo”, aseguró Regali.

El segundo frente lo constituyen los trabajadores activos, que el pasado sábado, en asamblea extraordinaria realizada por Atilra, resolvieron por unanimidad solicitar la quiebra de la cooperativa. La presentación se hará efectiva esta semana ante el mismo juzgado que lleva adelante el concurso.

El gremio argumentó que la empresa mantiene una deuda histórica laboral con más de 1.860 trabajadores reconocida en el expediente concursal por un monto de $69.000 millones. A ello se suma la falta de pago de sueldos de abril a agosto, aguinaldo 2025 y aportes a la obra social Ospil y mutuales. Según Atilra, esta deuda suma más de $14.000 millones adicionales en apenas cinco meses.

“Estamos ante obligaciones alimentarias esenciales e inexcusables de plazo vencido”, denunciaron desde el sindicato.

En paralelo a la crisis económica, SanCor redujo su planta de personal con un recorte de 370 trabajadores en las últimas semanas, mientras sigue acumulando deudas con proveedores y servicios públicos como la electricidad.

Pese a todo, la empresa logró quintuplicar su producción, pasando de procesar 60.000 litros diarios a más de 300.000, pero solo para terceros: produce quesos semiduros para La Tarantela y Punta del Agua, y manteca Tonadita para Elcor. Ya no se encuentran productos de marca SanCor en góndolas de supermercados ni cadenas comerciales.

“Sobrevive generando productos para terceros en las plantas de Devoto, Balnearia y La Carlota”, confirmaron fuentes del sector.

El drama humano detrás del colapso es tan crudo como real. Regali relató que los extrabajadores que representa son personas mayores, muchos enfermos, sin ingresos ni obra social, y que “están pidiendo dinero prestado para sobrevivir”. La situación también golpea a proveedores rurales, tambos y comunidades del interior que históricamente giraron en torno a la empresa.

SanCor, que pidió su concurso en febrero, quedó en una situación crítica: debe salarios, indemnizaciones, servicios, y carga sobre sí una deuda acumulada de más de 83.000 millones de pesos.

Mientras tanto, el expediente judicial en Rafaela podría tener un desenlace definitivo en las próximas semanas si el juez acepta los pedidos de quiebra.

Sancor Cooperativas Unidas Limitada comienza a dar señales de recuperación en medio del proceso judicial por el concurso preventivo de acreedores. En las últimas semanas, reanudó la producción en su planta de Devoto (Córdoba) y avanza en la puesta en marcha de La Carlota y Balnearia, con el objetivo de retomar presencia en el mercado sin ceder el control de sus productos.

La planta de Devoto volvió a operar a pleno, con todos sus turnos activos. Allí se produce manteca bajo la marca Tonadita, y también se reactivó la elaboración de Mendicrim y crema, mediante un acuerdo con la empresa Elcor SA.

En paralelo, Sancor ya realizó pruebas técnicas para comenzar a operar su planta de La Carlota, donde se prevé la fabricación de queso cheddar. También la planta de Balnearia fue reactivada, con producción de quesos de pasta blanda y semidura.

Mientras tanto, en su histórica sede de Sunchales, la cooperativa sostiene dos acuerdos productivos para la elaboración de leche descremada en polvo: uno destinado al mercado interno y otro para exportación hacia Brasil. Estas producciones se realizan utilizando infraestructura propia, pero sin leche de origen propio, dado el volumen limitado que maneja actualmente.

La recuperación operativa se dio en paralelo a la resolución de un conflicto por deuda energética en Devoto. La planta enfrentó cortes programados de energía por falta de pago a la Cooperativa de Electricidad de Devoto, pero se logró un acuerdo de pago para evitar nuevas interrupciones.

A pesar de los avances, la cooperativa mantiene una situación financiera delicada, con sueldos que se abonan en forma fraccionada desde hace más de siete años y una deuda en concurso hasta febrero de 2025. La mejora productiva genera cierto alivio, aunque persisten tensiones internas.

Uno de los focos de conflicto es con Atilra, el gremio lechero, que en plena campaña interna busca garantizar el cobro de deudas sindicales. El sindicato se ampara en un acuerdo firmado en julio de 2024 ante la Secretaría de Trabajo, que establece que debe priorizarse el pago de obligaciones gremiales antes de la facturación. Este compromiso permitió destrabar un bloqueo de diez meses, pero hoy representa un nuevo punto de disputa entre la cooperativa y el sindicato.

La crisis en SanCor sumó esta semana un nuevo capítulo. Representados por la Asociación de Trabajadores de la Industria Láctea de la República Argentina (ATILRA), los empleados de la histórica cooperativa denunciaron una situación “desesperante” por la falta de pago de salarios y anunciaron el inicio de un plan de lucha nacional para defender sus fuentes de trabajo.

A través de un comunicado del Cuerpo de Delegados, los operarios remarcaron que la empresa “nos adeuda hacia atrás del concurso, y tampoco nos paga hacia adelante”. A pesar de estar en concurso preventivo de acreedores, la situación se agrava día a día: el 90% de las plantas industriales permanece inactivo.

“La paralización de la actividad conlleva directamente a una quiebra donde quedaremos todos sin trabajo”, advirtieron los trabajadores. Además, señalaron que el único respaldo recibido proviene del sindicato ATILRA, que viene acompañando los reclamos.

Los delegados exigen transparencia y respuestas inmediatas sobre las posibles alternativas de reactivación y propuestas de inversión. “Queremos conocer en detalle cada propuesta para evaluarla en asamblea”, expresaron.

Según los propios trabajadores, la situación económica de la cooperativa es insostenible: “El pasivo supera largamente el activo”, afirmaron en base a datos del expediente judicial. Alertaron que sin una salida productiva, “ni nosotros ni los demás acreedores cobraremos un peso, lo que llevará al desguace y cierre definitivo de las plantas”.

Como parte del plan de lucha, los trabajadores propusieron una movilización frente al juzgado que interviene en el concurso. Allí exigirán que se garanticen “los medios necesarios para asegurar la continuidad laboral y evitar despidos masivos”.

En ese sentido, remarcaron que sus reclamos tienen un componente vital: “Nuestros créditos son alimentarios, el salario es nuestro único sustento”, enfatizaron, subrayando el impacto social que la caída de SanCor tendría en miles de familias.

Los delegados lanzaron un mensaje claro: “La única opción es resistir organizadamente para no desaparecer”. El conflicto en SanCor no solo pone en juego una marca emblema de la industria láctea nacional, sino también cientos de puestos de trabajo en una de las regiones más productivas del país.

La cooperativa láctea SanCor, en concurso de acreedores, llegó a un convenio con Elcor, el grupo cordobés productor de la marca Tonadita, para reactivar tres plantas inactivas y elaborar productos lácteos como manteca, queso y crema.

En un contexto de crisis financiera, donde SanCor enfrenta una deuda superior a los US$400 millones y está en concurso de acreedores desde febrero pasado, la cooperativa cerró un acuerdo estratégico con el grupo Elcor, fabricante de la marca Tonadita. El objetivo es reactivar varias de sus plantas actualmente inactivas y reintroducir productos bajo la marca SanCor en el mercado.

El acuerdo alcanzado entre SanCor y Elcor contempla la reactivación de tres plantas, comenzando con las ubicadas en Devoto (Córdoba) y Gálvez (Santa Fe), mientras que la tercera planta aún se encuentra en proceso de definición. Tonadita, una marca que ha ganado popularidad en los comercios, especialmente en Buenos Aires, será la encargada de producir y comercializar productos bajo la marca SanCor, como manteca, queso y crema. Se prevé que el portafolio de productos se amplíe gradualmente.

El convenio no implica la compra ni la transformación societaria de SanCor, sino un acuerdo comercial enfocado en reactivar unidades productivas que estaban completamente paralizadas. Fuentes cercanas al acuerdo indicaron que el esquema comenzó a funcionar la semana pasada y se extenderá por tiempo indefinido.

SanCor, que llegó a procesar hasta 4 millones de litros de leche diarios en su pico de actividad en los años 80, ahora procesa solo entre 50.000 y 60.000 litros diarios. La cooperativa enfrenta serias dificultades, con varias de sus plantas cerradas, una estructura comercial desarticulada y una plantilla de empleados que se redujo de 1.350 a 850 trabajadores en los últimos tiempos.

A pesar de la grave situación financiera, el acuerdo con Elcor representa una oportunidad para revitalizar la cooperativa y recuperar parte de su capacidad productiva. Las fuentes indicaron que, aunque las negociaciones con otros inversores siguen en pie, el convenio con Tonadita se considera un paso positivo para SanCor en su proceso de reactivación.

Fuentes cercanas al acuerdo señalaron que Elcor había intentado acercarse a SanCor durante los últimos dos años sin éxito. Sin embargo, después de varias negociaciones, finalmente lograron concretar el acuerdo, con la mira puesta en sumar nuevos productos y reactivar el mayor número posible de plantas.

El acuerdo con Elcor llega en un momento clave para SanCor, que sigue lidiando con una deuda millonaria. El 13 de junio vence el plazo prorrogado para que los acreedores presenten sus solicitudes en el concurso preventivo. Entre los principales acreedores figuran el Fondo IGG y otros fondos internacionales que están evaluando estrategias para el futuro de la cooperativa.

A pesar de las dificultades, este convenio con Tonadita abre una ventana de esperanza para SanCor, permitiéndole retomar la producción y recuperar parte de su presencia en el mercado lácteo argentino.

El Juzgado Civil y Comercial de Rafaela prorrogó hasta el 13 de junio el plazo para que los acreedores de la cooperativa láctea SanCor presenten la verificación de sus créditos en el marco del concurso preventivo en curso. La medida se da en un contexto de creciente presión de acreedores y con un volumen de deuda que, según estimaciones, superaría los 400 millones de dólares.

El plazo original vencía este jueves 29 de mayo, pero ante el alto número de presentaciones, y la posible adhesión de grandes acreedores institucionales como bancos y fondos extranjeros, se optó por otorgar más tiempo para facilitar el acceso a la instancia judicial.

Desde la sindicatura se analiza la documentación recibida y anticipa que el pasivo final podría ser significativamente mayor al declarado inicialmente por SanCor. La diferencia se explicaría por créditos laborales y comerciales no informados, además del ingreso de nuevos acreedores de peso.

La histórica cooperativa atraviesa una de sus peores crisis: procesa apenas entre 50.000 y 60.000 litros diarios, perdió presencia en góndolas y redujo su plantilla de 1.350 a unos 850 trabajadores. Esta situación limita severamente su capacidad operativa y de generar ingresos genuinos.

El Ministerio de Trabajo de Santa Fe, junto a ATILRA y productores, trabaja en una estrategia para sostener la producción en las plantas aún operativas, como la de Sunchales. Una de las propuestas en análisis es un sistema de fasón, donde tambos o cooperativas aporten leche cruda para que SanCor la procese, a cambio de un canon.

Con la nueva prórroga, se espera que a mediados de junio cierre la etapa de verificación, lo que habilitará luego el proceso de observaciones e impugnaciones. El informe general de créditos se conocería en septiembre y será clave para delinear una propuesta de pago o reestructuración.

En paralelo, no se descarta la venta de activos si aparecen interesados con capacidad financiera. Pero cualquier salida dependerá de los avances judiciales y del equilibrio entre las partes involucradas. Por ahora, SanCor continúa a la deriva. La única certeza es que el tiempo apremia y el margen de maniobra se reduce día a día.

SANTA FE.- La láctea SanCor Cooperativas Unidas Limitada (CUL), que está en concurso de acreedores desde el 3 del actual, tiene que lidiar con la amenaza de un nuevo remate de quesos puestos como garantía de préstamos internacionales. El fondo inversor IIG Structured Trade Finance Fund Ltd, uno de sus acreedores, decidió ejecutar la garantía de 436.922 kilos de quesos. Hay una subasta programada para el próximo viernes. IIG Structured Trade Finance Fund Ltd ya quiso subastar productos de la empresa en julio del año pasado, pero desactivó la acción tras un acuerdo de pago.

Según el detalle publicitado, ahora quiere rematar 268.672 kilos de queso de pasta dura y 168.250 kilos de queso semiduro. La subasta tiene una base de casi US$3 millones, se resaltó. Los quesos se encuentran en SanCor de La Carlota, provincia de Córdoba, y en Gálvez, Santa Fe. Fuentes consultadas indicaron que, según lo dispuesto por el juez del concurso, la subasta en realidad no se podría llevar adelante.

El jueves pasado, la láctea realizó una asamblea extraordinaria en la que se aprobó por unanimidad la decisión del Consejo de Administración de presentar a la empresa en concurso preventivo. “Esta resolución reafirma la decisión de la cooperativa de avanzar en la búsqueda de soluciones definitivas de su actividad industrial, comercial y empresarial”, dijo la firma.

El juez Guillermo Adrián Vales, titular del Juzgado Civil y Comercial de la 4ta. Nominación de Rafaela, Santa Fe, a cargo del concurso de la láctea SanCor, ordenó, el 14 del actual, “la suspensión de trámites de procesos contenciosos judiciales que tengan origen previo al día 3 de febrero de 2025″. Este punto es señalado por fuentes del mercado lácteo para señalar que no se podría llevar adelante la subasta en cuestión.

También instruyó la constitución de una Sindicatura Plural para entender en el desarrollo del proceso. Y fijó el 29 de mayo próximo como fecha límite para la presentación de pedidos de verificación de créditos y el 1 de julio como plazo para las eventuales impugnaciones. SanCor precisó que el magistrado comprobó que la cooperativa “no puede hacer frente a las obligaciones que pueden ser exigidas por sus acreedores”.

En tanto, cooperativistas y empresarios del sector evalúan como “dramática” la situación de la empresa. Citan, como ejemplo, que cada vez menos tamberos asociados entregan su leche a la cooperativa. Por ese motivo procesa cada vez menos leche. De la última referencia conocida a fines del año pasado, de un ingreso de alrededor de 200.000 litros diarios, se redujo fuertemente la entrega. “Hoy están ingresando no más de 70.000 litros diarios, lo que evidencia el deterioro de la relación entre la cooperativa y sus productores”, dijeron. Ese total de leche alcanza apenas para sostener una o dos variedades de productos por semana.

La firma tiene hoy deudas por 250 millones de dólares, por lo que se está ingresando a una etapa muy complicada. Una versión que se viene escuchando en Sunchales, su sede, es que el modelo de gestión conocido como “empresa recuperada”, es decir gestionada por sus propios asociados, podría ser útil para encarar el sostenimiento de la firma y después avanzar hacia la recuperación económica, financiera y operativa, algo que demandará no menos de 5 años. Tres de las cinco plantas que hoy tiene están prácticamente desactivadas, porque no hay dinero ni para abonar el servicio eléctrico.

La compañía láctea SanCor Cooperativas Unidas Limitada (CUL) solicitó la formación y apertura del concurso de acreedores en medio de la crisis que atraviesa por las deudas acumuladas y la merma en la producción que incluyó despidos en los últimos días.

El proceso que corre por vía judicial fue asignado por sorteo al Juzgado de Primera Instancia de distrito en lo Civil y Comercial de la Cuarta Nominación de la ciudad de Rafaela, en la provincia de Santa Fe, donde tiene residencia legal la firma. El juez a cargo es Guillermo Vales.

La decisión de SanCor se dio a conocer mediante un comunicado en el que se detalló el dificultoso devenir que afrontó en los últimos años indicando que "tras atravesar una profunda crisis en 2017, la cooperativa inició un proceso de reestructuración que fue cumpliendo distintas etapas".

Al respecto, precisaron que "este plan incluyó una instancia extrajudicial, así como la venta y cierre de varias dependencias productivas, comerciales y administrativas", asegurando que "estas medidas permitieron una paulatina estabilización de la situación que transitaba la cooperativa". Durante este transcurso, la empresa pasó de tener 12 plantas a seis.

En relación a la reducción del personal de las diferentes plantas, que también forma parte de la mencionada reestructuración, a finales del mes pasado se produjo la desvinculación de 300 empleados. Esta realidad se viene acentuando ya que en 2017, la compañía contaba con 4.000 trabajadores, mientras que actualmente apenas supera los 1.000.

Continuando con la recopilación de lo sucedido en los calendarios pasados, la cooperativa sostuvo que "con el paso del tiempo, SanCor evaluó diferentes alternativas y mantuvo negociaciones con un grupo empresarial interesado en desarrollar un fideicomiso que impulsara su recuperación. Sin embargo, luego de dos años, esa iniciativa no prosperó, lo que marcó un punto crítico en el camino de la Cooperativa".

Al mismo tiempo, recordó que "a fines de 2023, y hasta agosto de 2024, SanCor, por razones que son de público conocimiento, vio reducida sustancialmente su operatoria, afectando su recuperación", haciendo alusión al conflicto con la Asociación de Trabajadores de la Industria Láctea Argentina (Atilra). Aún ante este escenario, se explicó que "SanCor continuó dialogando con nuevos interlocutores interesados en participar del negocio, logrando progresos significativos en dichas gestiones".

Sin embargo, desde la firma informaron que "antes de avanzar con cualquier iniciativa concreta, la cooperativa debe resolver los problemas derivados de sus deudas y otras circunstancias que podrían frustrar futuras negociaciones", por lo que "en este contexto, y con el objetivo de ofrecer una solución a todos los interesados, SanCor decidió dar este paso judicial".

Ante esta determinación, expresaron que "aunque los resultados de esta medida no pueden preverse con certeza, la cooperativa confía en que las partes involucradas llegarán a un entendimiento", remarcando que "esto permitirá concretar, con el apoyo de herramientas técnicas y financieras adecuadas, una solución definitiva que garantice la consolidación de SanCor".

Asimismo, el comunicado aclaró que "en virtud de lo mencionado anteriormente, se aplicarán todos los pasos determinados por los procedimientos que establece la justicia actuante, y de los cuales iremos informando a medida que corresponda".

El Litoral.