Una denuncia penal presentada ante el MPA (fiscalía de Venado Tuerto) abrió una investigación sobre un presunto caso de mala praxis médica que tuvo como desenlace la amputación de la pierna izquierda de un hombre de 73 años, conocido en el ámbito deportivo por desempeñarse como árbitro de fútbol y que, hasta pocos días antes del episodio, llevaba una vida físicamente activa.

La presentación fue realizada por la abogada Carolina Walker Torres en representación de Luis José Strafella, quien atribuye el grave desenlace a una serie de presuntas falencias ocurridas durante la atención recibida entre el 9 y el 12 de julio en el Samco "Miguel Rueda" de la localidad de Santa Isabel.

La denuncia solicita que se investigue la eventual responsabilidad penal del médico identificado con las iniciales F.C., a quien se le atribuye haber descartado reiteradamente la existencia de una urgencia vascular, manteniendo un diagnóstico de desgarro muscular y omitiendo, según sostiene la presentación, disponer una derivación inmediata hacia un centro de mayor complejidad.

El escrito también pide que la investigación abarque la actuación de las autoridades del establecimiento asistencial y de quienes tenían responsabilidades de conducción y supervisión, con el propósito de determinar si existieron eventuales omisiones institucionales.

Según consta en la denuncia, el episodio comenzó el 9 de julio, cuando Strafella realizaba su entrenamiento habitual. Mientras corría sufrió un dolor repentino e intenso en la pierna izquierda que, siempre de acuerdo con la versión incorporada a la presentación judicial, estuvo acompañado por un inmediato adormecimiento de la extremidad y la imposibilidad de continuar caminando.

Su hijo debió trasladarlo hasta el hospital, donde fue atendido por el médico ahora denunciado.

Siempre conforme al relato presentado ante la Fiscalía, durante esa primera consulta se le practicó una radiografía y se diagnosticó un presunto desgarro muscular. Como tratamiento recibió medicación antiinflamatoria y corticoides, además de indicaciones para regresar en distintas oportunidades a fin de completar las aplicaciones prescriptas.

La denuncia sostiene que durante aquella evaluación no se habrían realizado maniobras clínicas destinadas a descartar un compromiso vascular agudo, extremo que será materia de investigación.

Uno de los ejes centrales de la presentación judicial es que el paciente volvió en reiteradas ocasiones al mismo centro de salud sin experimentar mejoría.

La reconstrucción efectuada por la denunciante indica que, con el paso de las horas, comenzaron a aparecer signos que preocupaban tanto al paciente como a sus familiares: la pierna permanecía fría, el dolor aumentaba, desaparecía progresivamente la sensibilidad y la movilidad era cada vez más reducida.

Pese a ello, sostiene el escrito, el diagnóstico inicial nunca fue modificado.

La denuncia afirma que familiares del hombre comunicaron en más de una oportunidad esos síntomas al profesional denunciado, quien habría atribuido el cuadro a la evolución del supuesto desgarro muscular y mantuvo el tratamiento inicialmente indicado.

Durante esas sucesivas consultas —siempre según la presentación penal— tampoco se habrían solicitado estudios complementarios ni dispuesto una interconsulta especializada o una derivación urgente.

La situación dio un giro durante la madrugada del 12 de julio, cuando Strafella regresó nuevamente al hospital debido al agravamiento del cuadro.

En esa oportunidad fue atendido por otro médico de guardia, quien —de acuerdo con la denuncia— realizó una evaluación orientada a verificar la circulación sanguínea del miembro afectado y advirtió la ausencia de pulsos arteriales, además de la marcada frialdad y el cambio de coloración del pie.

Frente a ese escenario resolvió derivar al paciente a un centro asistencial de mayor complejidad para su inmediata atención por especialistas en cirugía vascular.

Ya en ese establecimiento, un ecodoppler confirmó una obstrucción arterial total del miembro inferior izquierdo y el paciente fue sometido a una cirugía de revascularización mediante un bypass arterial, con el objetivo de recuperar el flujo sanguíneo.

Sin embargo, siempre conforme a la denuncia, el tiempo transcurrido desde el inicio del cuadro habría provocado un daño irreversible en los tejidos, por lo que finalmente los profesionales resolvieron amputar la pierna izquierda por encima de la rodilla para preservar la vida del paciente.

Más allá del accionar atribuido al profesional denunciado, la presentación judicial sostiene que la investigación no debería limitarse únicamente al acto médico.

La abogada patrocinante solicita que el Ministerio Público de la Acusación determine si existieron responsabilidades por parte de quienes tenían a su cargo la conducción del establecimiento sanitario, al considerar que podrían haber existido omisiones en las tareas de supervisión y control.

En ese sentido, la denuncia menciona que con anterioridad al caso de Strafella ya habrían existido cuestionamientos públicos sobre el desempeño del médico denunciado. Según el escrito, esos antecedentes se habrían reflejado en reclamos efectuados por pacientes, publicaciones en redes sociales, intervenciones en programas radiales y supuestas anotaciones en el libro de quejas del efector sanitario.

Mientras tanto, Luis José Strafella continúa atravesando un complejo proceso de recuperación. Según la denuncia, además de la amputación debió afrontar nuevas complicaciones clínicas posteriores, entre ellas una hemorragia digestiva que motivó estudios, transfusiones sanguíneas y un nuevo ingreso a terapia intensiva.

La causa quedó ahora en manos del Ministerio Público de la Acusación, organismo que deberá resolver las primeras medidas de investigación para reconstruir el recorrido asistencial del paciente y determinar si existieron responsabilidades penales individuales o institucionales.

Dos personas fueron detenidas en Santa Isabel en el marco de una causa por infracción a la Ley de Drogas 23.737, luego de una investigación que se inició por una denuncia pública difundida en redes sociales sobre presuntas maniobras de venta de estupefacientes en la localidad.

La investigación fue impulsada por la División Microtráfico de la Región 3 de la Policía de Investigaciones (PDI), con intervención del fiscal Iván Raposo, del Ministerio Público de la Acusación (MPA) de Venado Tuerto. A partir de las publicaciones, se elaboró un informe que derivó en la apertura formal de una causa penal.

Con el avance de las tareas de inteligencia criminal, se logró reunir evidencia que permitió solicitar dos órdenes de allanamiento. Los procedimientos se realizaron el jueves 20 de junio en dos domicilios ubicados en San Martín al 1800 y Güemes al 1100, ambos en cercanías del Club Deportivo Juventud Unida, en el barrio centro de Santa Isabel.

Durante los operativos, personal de la PDI detuvo a una mujer de 27 años y a un joven de 19, a quienes se les secuestraron elementos que refuerzan las sospechas de comercialización de estupefacientes.

En los allanamientos se incautaron 57,3 gramos de marihuana fraccionada, una balanza digital, siete teléfonos celulares, recortes de nylon, bandas elásticas, una pipa, una “tuca”, fertilizantes líquidos, abono y la suma de $294.450 en efectivo.

Por disposición del fiscal Raposo, ambos detenidos fueron trasladados a la sede policial, permanecen incomunicados y fueron imputados por el delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización. La investigación continúa bajo la órbita de la justicia federal.

Sur24

Poco después, se puso a disposición de los efectivos.

En la tarde de ayer, un productor rural de la localidad de Santa Isabel denuncio que había visto una persona en un automóvil con la aparente intención de llevarse chapas y hierros del lugar. La oportuna llegada del propietario del campo evitó que el hecho se concretara y el intruso se retiró.

En el lugar se hizo presente un móvil policial, cuyo personal fue informado sobre lo sucedido y que el automovilista había salido por un camino rural rumbo a la ruta 94.

La comitiva policial se encaminó hacia la ruta, observando a los pocos kilómetros un automóvil con características similares a las denunciadas. El conductor, al ver el móvil, aceleró la marcha hasta ingresar a la zona urbana deteniendo la marcha en un domicilio al cual ingresó rápidamente sin hacer caso a la voz de alto del personal.

Mientras la policía estaba fuera de la vivienda, el sospechoso desde el interior soltó tres canes de mediano tamaño los cuales se acercaron con actitud agresiva al personal policial. Por esto, efectuaron un disparo disuasivo hacia el piso con el arma reglamentaria para amedrentarlos.

Posteriormente el sujeto salió del domicilio por su propia voluntad y se puso a disposición por lo que fue trasladado con el auto hasta la Cría 5ta de la localidad. Se informó al fiscal de turno, Horacio Pueyrredón quien ordenó que se forma causa por desobediencia y se le otorgue la libertad.

Primero La Noticia.