La vocera del Gobierno de Santa Fe, Virginia Coudannes, habló en el estudio de RADIO RAFAELA sobre los preparativos de la provincia para recibir los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, el avance de las obras de infraestructura deportiva y las políticas de seguridad que se vienen implementando en el territorio.

En diálogo con este medio, la funcionaria remarcó que los Juegos ODESUR ya comenzaron a tomar forma concreta a partir del avance de la obra pública, tanto en infraestructura deportiva como en los espacios destinados a recibir a atletas y delegaciones.

“Ya están aterrizando, porque la obra pública que se necesita, tanto para infraestructura deportiva como para las villas olímpicas, donde van a estar los deportistas y acompañantes, nos parece muy importante”, expresó.

Coudannes sostuvo que estas inversiones forman parte de un legado que el gobernador Maximiliano Pullaro busca dejar a la provincia. “Es un legado que el gobernador Pullaro le va a dejar a los santafesinos, y ya es un hecho, porque las obras se ven y avanzan”, afirmó.

Uno de los puntos centrales mencionados por la vocera fue el avance del velódromo de Rafaela, una de las obras más importantes vinculadas a los Juegos Suramericanos.

“Acá el velódromo ya tiene más del 81% de ejecución de obra”, precisó.

Coudannes destacó la importancia de esta infraestructura, no solo para Rafaela sino para todo el sistema deportivo provincial. Según señaló, se trata de una obra de características poco frecuentes a nivel internacional.

“Es una obra muy importante porque son muy pocos los velódromos que hay en el mundo. Se construyen dos o tres por año. San Juan es la otra provincia que tiene un velódromo cubierto, y Santa Fe se suma con estas características”, explicó.

Además, remarcó que será un estadio moderno, adaptado a las exigencias actuales del deporte de alto rendimiento. “Es un estadio muy moderno, muy aggiornado y adaptado para los tiempos que corren”, agregó.

La vocera provincial recordó que los Juegos Suramericanos se desarrollarán del 12 al 26 de septiembre y tendrán sedes en Rosario, Santa Fe y Rafaela.

“Son más de 5.000 atletas y 43 deportes. También nos parece muy importante todo el impacto económico que esto va a traer en términos de gastronomía, hotelería y recreación”, señaló.

En ese sentido, aseguró que durante esos días habrá un movimiento importante de personas en las tres ciudades sede, lo que generará beneficios para distintos sectores de la economía.

“Del 12 al 26 de septiembre son varios días donde va a haber un flujo de gente muy importante en Rosario, Santa Fe y Rafaela”, indicó.

Para Coudannes, el evento permitirá mostrar a Santa Fe desde una nueva dimensión. “Nos posiciona como provincia, como capital del deporte en la Argentina”, afirmó.

Consultada sobre la situación en materia de seguridad, Coudannes destacó la política de recompensas vinculada a la lista de los más buscados, a la que consideró una herramienta clave para obtener información y avanzar en investigaciones.

“La lista de los más buscados tiene como herramienta la política de recompensas, que nos parece fundamental”, expresó.

La funcionaria señaló que esa estrategia busca incentivar el aporte de datos que luego permitan concretar allanamientos y detenciones.

“El vecino que los ve va a trasladar la información, el amigo que se dice amigo va a trasladar la información, porque la política de recompensa incentiva obtener información para lo investigativo”, sostuvo.

También se refirió a la captura de personas con pedido de detención vinculadas a organizaciones criminales. En ese marco, mencionó el caso de “Plin” Acosta, quien tenía pedido de captura por asociación ilícita y tenencia de armas de fuego.

“Para nosotros es muy importante, porque son las organizaciones que derramaron sangre en Rosario y en la provincia de Santa Fe, y las vamos cercando”, remarcó.

Coudannes vinculó la política de seguridad con la inversión en infraestructura carcelaria, a la que definió como una obra pública inédita.

“Hay una obra pública desde lo carcelario inédita, con más de 7.000 lugares en las cárceles en estos años de gestión, en relación a 4.000 lugares que se habían realizado en los 40 años anteriores”, afirmó.

La vocera aseguró que existe una decisión política, planificación e inversión, aunque advirtió que el monitoreo debe ser permanente.

“Hay que estar atrás del delito permanentemente y eso no nos puede relajar. Por más que vayamos avanzando y que haya una reducción histórica de los homicidios en la provincia de Santa Fe, no nos podemos relajar”, sostuvo.

En esa línea, indicó que el Gobierno provincial analiza de manera constante los indicadores, los resultados de la operatividad policial y las acciones en calle.

Sobre la realidad de Rafaela, Coudannes afirmó que el Ministerio de Seguridad entiende la preocupación de los vecinos y trabaja con presencia territorial, monitoreo y evaluación permanente.

“Desde el inicio de la gestión acompañamos a los territorios y a las localidades. Hemos estado acá acompañando a la Unidad Regional constantemente”, señaló.

La funcionaria explicó que semanalmente se evalúan distintos indicadores, como el tiempo de respuesta del 911, las identificaciones, los controles vehiculares y las detenciones.

“Semanalmente estamos viendo el tiempo de respuesta al 911, desde que se llama hasta que llega el móvil policial. En Rafaela ya llevamos más de 25.000 identificaciones en lo que va del año y más de 5.000 a vehículos”, detalló.

También destacó el trabajo articulado entre la Policía de Investigaciones y la Fiscalía Regional para avanzar en investigaciones focalizadas.

“Estas reuniones nos habilitan a tomar decisiones y directivas muy puntuales y focalizadas, porque es puntual y focalizado en un territorio”, explicó.

En relación al narcomenudeo, precisó que en el departamento Castellanos se realizaron más de 120 allanamientos en dos años.

“Tuvimos más de 120 allanamientos vinculados a narcomenudeo, más de 90 detenidos, secuestros de armas de fuego y estupefacientes”, enumeró.

Además, mencionó el refuerzo de las PAT en sectores como 2 de Abril, Zazpe y Amancay, tanto para patrullaje preventivo como para acompañar el avance investigativo.

Coudannes también destacó la ampliación del sistema de emergencias 911 en la provincia. Según indicó, actualmente alcanza al 89,7% de los habitantes de Santa Fe.

“Sumamos ocho departamentos que no tenían 911 y más de 110 localidades a las que no les llegaba el servicio”, señaló.

La vocera explicó que se realizó una inversión importante en antenas y remarcó que el objetivo del gobernador Pullaro es que el 911 se convierta en el corazón del sistema de seguridad provincial.

También valoró la posibilidad de realizar denuncias penales a través del 911, sin necesidad de trasladarse a una comisaría o centro de denuncia.

“Con un llamado al 911, el operador deriva a un operador del centro de denuncia, que recibe la denuncia, y es válida como si se hiciera en un centro presencial o en una comisaría”, explicó.

Según detalló, en Castellanos se registraron más de 100 denuncias y 35 orientaciones en 2025, mientras que en 2026 ya se superaron las 110 denuncias y 87 orientaciones, con un total de 353 intervenciones.

“Es muy importante que sigamos divulgando y motorizando que la gente utilice este servicio”, pidió.

La vocera también fue consultada por la alcaidía prevista para Rafaela. Explicó que la provincia trabaja en tres proyectos similares, ubicados en Melincué, Reconquista y Rafaela.

“El proyecto de Rafaela está avanzado. Se está trabajando en la contratación de profesionales para el informe de impacto ambiental, y a partir de eso continuar con el camino que esta obra requiere”, indicó.

Coudannes remarcó que el objetivo de la provincia es que los detenidos estén en cárceles y no en comisarías, para descomprimir las dependencias policiales y permitir que la fuerza se concentre en su tarea operativa.

“Para nosotros es un eje fundamental. Tenemos mucha más operatividad en calle que la gestión anterior, y eso hace que crezcan las detenciones. Queremos tener las cárceles, porque es donde tienen que estar los presos, no en las comisarías”, afirmó.

En otro tramo de la entrevista, Coudannes se refirió al abordaje de situaciones de violencia, amenazas y salud mental en las escuelas. Aseguró que las amenazas son hoy “casi nulas” y que, cuando se activa el protocolo, el 911 responde rápidamente.

“El 911 llega entre cinco y seis minutos ante estas situaciones, muy rápido”, afirmó.

La funcionaria destacó el trabajo de los docentes y el acompañamiento del Ministerio de Educación, especialmente luego de lo ocurrido en San Cristóbal, un hecho que, según señaló, “marcó un antes y un después” en las comunidades educativas.

En ese marco, mencionó el dispositivo “Hablar hasta entendernos”, impulsado por el Ministerio de Educación, que reúne a supervisores, directivos y comunidades educativas para generar herramientas de prevención y contención.

“Es un dispositivo que junta supervisores, directivos y comunidad educativa para generar herramientas que permitan sobrellevar situaciones que han sucedido y prevenir otras”, explicó.

También señaló que se trabaja en la conformación de un equipo de intervención para situaciones excepcionales, con participación de Salud Mental del Ministerio de Salud y Educación.

“Hay un equipo que está atrás para esas situaciones excepcionales, esas a las que llegamos y no sabemos cómo arrancar”, dijo.

Coudannes remarcó que la salud mental debe ser abordada de manera transversal y comunitaria, con herramientas para todos los actores: familias, escuelas, comunicadores y equipos territoriales.

“Cuando hablamos de salud mental, hacemos salud mental”, expresó, retomando una definición de uno de los secretarios del área.

La vocera indicó que el Ministerio de Salud cuenta con una guía específica para el abordaje de tentativas y autolesiones, trabajada junto a la OPS, y que esas herramientas también deben llegar a las comunidades educativas.

“Hay un firme compromiso de que la salud mental pueda derramar en otras áreas y en las comunidades educativas en su conjunto”, sostuvo.

Finalmente, destacó el rol de la escuela como espacio comunitario clave para la prevención y la contención.

“Las escuelas son una usina y un lugar muy importante para trabajarlo desde ahí”, concluyó.

A poco más de cinco meses de la implementación de la nueva Ley de Seguridad Privada, el Gobierno de Santa Fe registró una disminución del 30 % en las llamadas al sistema de emergencias 911 derivadas de alarmas fallidas o activaciones sin incidentes reales. La reducción equivale a 15.659 comunicaciones menos respecto del mismo período del año anterior y representa una mejora significativa en la utilización de los recursos operativos de las fuerzas de seguridad.Según datos oficiales, hasta fines de mayo de 2025 se habían contabilizado 48.610 llamados vinculados a alarmas privadas, mientras que en igual período de 2026 la cifra descendió a 32.951.La disminución de estas intervenciones permitió fortalecer la capacidad de respuesta ante emergencias reales y reducir la demanda innecesaria sobre patrulleros y operadores del sistema 911.El subsecretario de Emergencias 911 de la Provincia de Santa Fe, Pablo Polito, destacó que la normativa impulsada por el Gobierno santafesino tuvo un impacto directo en la operatividad policial. “Con las directivas del gobernador Maximiliano Pullaro y del ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni, esta ley ha sido una herramienta fundamental que nos permitió optimizar los recursos policiales en la calle, reduciendo un 30 % las llamadas por falsas alarmas o alarmas no deseadas”, señaló.El funcionario explicó además que la medida contribuyó a mejorar los tiempos de respuesta. “A esta altura del año pasado teníamos un tiempo de respuesta de 7 minutos y 15 segundos. Hoy, en junio de 2026, el tiempo promedio es de 6 minutos y 15 segundos. Haber reducido un minuto la respuesta es sumamente importante porque nos permite llegar más rápido a las urgencias y emergencias”, afirmó.La subsecretaria de Articulación y Enlace con el Sector Privado, Karina Chumpitaz, valoró el trabajo coordinado desarrollado con las empresas prestatarias del servicio y remarcó que la nueva regulación permitió establecer procedimientos más eficientes para la validación de alertas antes de su derivación al sistema de emergencias.

Una ley para modernizar el sector

La Ley de Seguridad Privada fue aprobada por la Legislatura santafesina en noviembre de 2025 y reemplazó una regulación vigente desde 1991 que había quedado desactualizada frente al crecimiento y la transformación del sector.Entre sus principales objetivos, la norma busca ordenar el funcionamiento de las empresas de seguridad privada, transparentar la actividad, combatir la informalidad y establecer reglas claras para la prestación de servicios de monitoreo y vigilancia.Uno de sus ejes centrales fue la reducción de las falsas alarmas que saturaban el sistema 911. Antes de la sanción de la ley, desde el Ministerio de Justicia y Seguridad estimaban que las alarmas privadas representaban cerca del 30 % de las intervenciones policiales y que, en la mayoría de los casos, los móviles enviados no encontraban ninguna novedad al llegar al lugar.Para revertir esa situación, la normativa incorporó nuevos protocolos de actuación para las empresas de monitoreo, exigiendo mecanismos de verificación previos a la derivación de alertas al sistema de emergencias. La medida permitió disminuir activaciones innecesarias, optimizar el patrullaje preventivo y mejorar la articulación entre la seguridad pública y la privada.Los primeros resultados confirman el impacto positivo de la norma, tanto en la reducción de llamados improcedentes como en la mejora de los tiempos de respuesta ante situaciones que requieren una intervención efectiva de las fuerzas de seguridad.

 El Gobierno nacional confirmó que avanza en las gestiones para que los ciudadanos argentinos puedan viajar a Estados Unidos sin necesidad de tramitar una visa tradicional. Así lo anunció la ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, quien explicó que ya comenzaron las negociaciones para incorporar al país al programa Visa Waiver Program (VWP).

La funcionaria señaló que el proceso involucra a distintos organismos del Estado y requiere cumplir con exigencias vinculadas a seguridad, intercambio de información y controles migratorios: “Estamos trabajando desde distintos ministerios, porque no se trata solamente de una cuestión de seguridad nacional, sino de una serie de requisitos técnicos y administrativos”, sostuvo Monteoliva durante una entrevista televisiva.

Además, reveló que en las últimas horas visitó Argentina la subsecretaria de Asuntos Consulares de Estados Unidos, área encargada de coordinar el programa que permite el ingreso sin visa a determinados países aliados. Según indicó la ministra, la expectativa oficial es que el nuevo sistema pueda comenzar a implementarse a partir de los primeros meses de 2027.

El Visa Waiver Program permite ingresar a Estados Unidos por turismo o negocios durante un período de hasta 90 días sin necesidad de realizar el trámite consular habitual. Actualmente, el beneficio alcanza a ciudadanos de países que cumplen determinados estándares de cooperación internacional y seguridad migratoria.

Restricciones para el Mundial 2026

En otro tramo de sus declaraciones, Monteoliva confirmó que el Gobierno argentino ya compartió información con las autoridades estadounidenses sobre personas que tienen prohibido el ingreso a los estadios de fútbol.

La medida forma parte del programa Tribuna Segura y estará vinculada al operativo de seguridad del Mundial 2026, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

“Tenemos un registro de cerca de 21 mil personas con derecho de admisión que no pueden entrar a las canchas y que tampoco podrán ingresar a los estadios durante la Copa del Mundo”, explicó la funcionaria. Además, detalló que recientemente se incorporaron unos 13 mil deudores alimentarios morosos a la base de datos, a partir de un convenio firmado con la Ciudad de Buenos Aires.

De esta manera, serán alrededor de 34 mil las personas que tendrán restricciones para asistir a los partidos del Mundial 2026.

Por último, Monteoliva destacó el vínculo político y estratégico entre Argentina y Estados Unidos, y aseguró que el país se consolidó como “el principal socio estratégico” de la nación norteamericana en la región. 

El Poder Ejecutivo trabaja en un proyecto de ley para establecer un nuevo marco normativo que permita intervenir en los ámbitos escolares cuando se generen situaciones de amenazas o intimidaciones. El punto de partida fue lo sucedido en San Cristóbal y sus derivaciones; cientos de mensajes escritos en las paredes de establecimientos escolares de todo el territorio provincial advirtiendo sobres supuestas "matanzas" o hechos violentos.

El miércoles, los ministros de Seguridad, Pablo Coccocioni; y de Gobierno, Fabián Bastía, se reunieron con un grupo de diputados y senadores oficialistas para interiorizarlos acerca de un anteproyecto de ley que establece protocolos y pautas a seguir en casos como los planteados. En términos generales y según el borrador al que accedió El Litoral, la iniciativa confiere más potestades a la Policía, prevé el monitoreo de redes sociales y establece que los padres deberán pagar los costos de los operativos generados por conductas de sus hijos.

En su primer artículo, el proyecto faculta al Poder Ejecutivo a declarar "Alerta de Riesgo Crítico Emergente, cuando exista un riesgo grave, actual o inminente, susceptible de afectar la vida, la integridad física o psíquica, o la seguridad de personas en ámbitos escolares o en entornos de socialización juvenil vinculados". Ello será detectable a partir de "fenómenos de propagación o contagio social consistentes en conductas, prácticas o consignas que, por su modalidad de difusión, reiteración o replicabilidad, evidencien capacidad de expansión rápida entre personas o grupos, con aptitud para generar daños relevantes. También, a partir de "dinámicas de captación, inducción o influencia en entornos digitales o híbridos, que presenten patrones de validación, refuerzo o promoción de conductas riesgosas, especialmente cuando involucren a niñas, niños o adolescentes". O cuando se detecten "amenazas, manifestaciones o comunicaciones con potencial de escalamiento, que, aun sin configurar delito consumado, resulten objetivamente idóneas para generar temor fundado o anticipar la posible concreción de hechos de violencia". Del igual modo serán consideradas la "circulación, difusión o amplificación de contenidos digitales riesgosos, que por su naturaleza, contexto o modalidad resulten aptos para promover, facilitar, legitimar o replicar conductas lesivas", entre otros puntos.

En el marco de la Alerta de Riesgo Crítico Emergente, el Ministerio de Justicia y Seguridad tendrá las facultades de "requerir informes a las demás áreas del Poder Ejecutivo y convocar a dispositivos interministeriales, asumir la gestión integral de la declaración de alerta, instruir a los organismos policiales y de inteligencia para elaborar perfiles y patrones de riesgo, llevar registros de actividades sospechosas y personas de interés, monitorear redes y entornos digitales, e implementar acciones de ciberpatrullaje e infiltración de agentes digitales encubiertos". También podrá "requerir a los gestores de redes o plataformas digitales la preservación de materiales, el bloqueo de cuentas o usuarios y la limitación de contenidos riesgosos".

A la policía se le confieren facultades especiales como "ingresar, recorrer e inspeccionar los establecimientos o ámbitos abarcados por la declaración, pudiendo asegurar los accesos, establecer perímetros o limitar la circulación de personas en horarios o lugares crítico". También, "disponer evacuaciones o confinamientos preventivos ante situaciones de emergencia, practicar requisas de personas y de pertenencias, pudiendo proceder al registro integral de los lugares afectados; proceder a la identificación y resguardo de personas hasta por doce horas, dándose intervención en su caso a los organismos competentes en materia de Niñez; secuestrar dispositivos electrónicos y acceder a su contenido en forma inmediata, pudiendo procederse al desbloqueo biométrico aplicando la fuerza mínima e indispensable, con noticia y remisión posterior a la Fiscalía a sus efectos".

La Fiscalía, de oficio o a requerimiento del Ministerio de Justicia, podrá ordenar preventivamente el bloqueo o la limitación de contenidos digitales riesgosos, pudiendo aplicar en forma directa sanciones a la entidad renuente, sin perjuicio de las responsabilidades civiles, penales y administrativas que pudieran tener lugar".

El proyecto también prevé que "el personal de los establecimientos educativos y de otros ámbitos de socialización juvenil, ya sean públicos o privados, tiene el deber de reportar a la autoridad policial o a los sistemas de emergencia cualquier situación que pudiera resultar sospechosa tales como amenazas, presencia de armas, desafíos virales u otros contenidos peligrosos que llegaran a su conocimiento, independientemente de que dichos fenómenos pudieran o no constituir delito y del grado de avance o de consumación de las posibles conductas implicadas".

Finalmente, se pretende establecer una "responsabilidad parental". En tal sentido, "cuando los hechos que dieran lugar a la Alerta de Riesgo Crítico Emergente fueran ocasionados por niñas, niños o adolescentes, el Estado demandará a los responsables legales el resarcimiento de todos los costos operativos a los que hubiera dado lugar". Asimismo, "cuando se verifique incumplimiento grave o reiterado de los deberes de cuidado, supervisión o acompañamiento de niñas, niños o adolescentes, la autoridad competente podrá disponer medidas administrativas de carácter conminatorio", que van desde apercibimientos o multas, hasta la prohibición de acceso a espectáculos deportivos y otros eventos masivos.

El Litoral

La Ciudad de México se alista para uno de los desafíos más importantes de su historia reciente: la organización del Mundial. En ese contexto, el gobierno confirmó la implementación de un amplio operativo de seguridad que incluirá más de 60 mil efectivos y una fuerte coordinación internacional.

El secretario de Seguridad, Pablo Vázquez Camacho, sostuvo que la capital atraviesa un momento favorable en materia de seguridad y remarcó que los indicadores muestran una tendencia a la baja. Según explicó, en 2019 se registraban más de 150 delitos de alto impacto por día, mientras que en la actualidad la cifra se redujo a menos de 60. Además, el promedio de homicidios descendió a dos por jornada.

Un plan integral con despliegue territorial y monitoreo

De cara al Mundial, el operativo estará basado en la identificación de riesgos, la presencia en territorio y el trabajo coordinado entre distintos niveles del Estado. El dispositivo contará con más de 56 mil agentes locales y el apoyo de unos 6.500 efectivos federales, además de la cooperación con organismos internacionales y fuerzas de seguridad de otros países.

El plan contempla tanto delitos frecuentes, como robos en zonas de alta circulación, como también situaciones de menor probabilidad pero mayor impacto. Para ello, se diseñaron protocolos específicos, se capacitó personal y se reforzó el monitoreo, incluyendo el seguimiento en redes sociales.

Extorsión y violencia, entre los desafíos pendientes

A pesar de los avances, desde el gobierno reconocieron que aún existen problemáticas por resolver, como la extorsión, un delito que muchas veces no se denuncia. En ese sentido, se impulsaron medidas para investigar de oficio, incentivar las denuncias y aumentar las detenciones.

Vázquez Camacho aclaró que, si bien los indicadores son positivos, “no es una misión cumplida”, y remarcó la necesidad de sostener políticas de prevención y control a largo plazo.

Coordinación política y enfoque a futuro

El funcionario también destacó la importancia del trabajo conjunto entre las distintas alcaldías y niveles de gobierno, clave para mantener los avances en seguridad. En paralelo, se implementarán medidas para mejorar la movilidad y el control del tránsito durante el evento.

Además, se impulsa una mirada integral de la seguridad, vinculada a factores sociales como la desigualdad y el acceso a la justicia, con el objetivo de consolidar un modelo sostenido en el tiempo.

Un desafío histórico

La llegada de millones de visitantes pondrá a prueba la capacidad operativa de la ciudad. Sin embargo, desde el gobierno confían en la experiencia acumulada en eventos masivos y aseguran estar preparados para afrontar el reto.

El Mundial no solo será una prueba logística, sino también una oportunidad para consolidar una política de seguridad más eficiente, coordinada y sostenible. 

Durante la jornada participaron el presidente y vicepresidente de la vecinal, junto a integrantes de la nueva comisión, quienes mantuvieron un encuentro de trabajo orientado a conocer las herramientas disponibles, los protocolos de actuación y la articulación con las fuerzas de seguridad.

La visita permitió avanzar en una agenda común entre vecinos y municipio, promoviendo la participación activa y el compromiso colectivo para el cuidado del barrio.

En este sentido, el secretario de Prevención y Seguridad, Juan Manuel Martínez Saliba, destacó: “Es muy importante que los vecinos conozcan cómo funciona el Centro de Monitoreo y las herramientas que tenemos para la prevención. La seguridad se construye con un Estado presente, pero también con vecinos comprometidos y organizados”.

Además, agregó: “Estos espacios nos permiten escucharnos, coordinar acciones y seguir fortaleciendo el programa Vecinos en Alerta como una herramienta clave para el cuidado en cada barrio”.

El Gobierno de la Provincia de Santa Fe, a través del Ministerio de Justicia y Seguridad y en coordinación con fiscales del Ministerio Público de la Acusación (MPA), supervisó este miércoles el derribo de un búnker de venta de estupefacientes en la ciudad de Las Parejas, el primero en el departamento Belgrano.Se trata de la inactivación número 114 en todo el territorio provincial desde la implementación de la Ley de Microtráfico, promulgada a fines de 2023 en el marco de la gestión del gobernador Maximiliano Pullaro. Los procedimientos se desarrollan desde comienzos de 2024 mediante un trabajo articulado entre el Gobierno de Santa Fe, el MPA, la Justicia provincial, la Policía y, en algunos casos, fuerzas federales y gobiernos locales. 

La normativa contempla la clausura y demolición de puntos de venta de drogas y de inmuebles asociados a dinámicas de violencia altamente lesiva. Según fuentes oficiales, el objetivo es desarticular estructuras de narcomenudeo y reducir su impacto en barrios y zonas urbanas.El secretario de Seguridad Pública, Omar Pereira, destacó la relevancia del operativo al señalar que “este primer derribo en el departamento Belgrano muestra que se consolida el trabajo de investigación del Ministerio Público de la Acusación junto con el Ministerio de Justicia y Seguridad”. En esa línea, subrayó que la Ley de Microtráfico “resultó ser una herramienta clave para combatir el narcomenudeo, porque apunta a espacios donde se genera violencia”.Pereira advirtió que “la venta de estupefacientes es, en sí misma, una actividad violenta, especialmente cuando se instala en zonas residenciales cercanas a escuelas y clubes”. Además, indicó que tras la demolición se mantienen controles sobre el lugar para evitar nuevas ocupaciones. 

Por su parte, la fiscal Mercedes Banchio precisó que la investigación se inició a partir de denuncias vecinales y permitió documentar al menos siete maniobras vinculadas a la comercialización de drogas. 

Con esa evidencia se autorizó un allanamiento, en el que se secuestraron elementos para fraccionamiento, balanzas de precisión, más de 60 gramos de cocaína y más de 130 gramos de marihuana. 

La funcionaria judicial confirmó que hay personas identificadas con pedido de captura vigente. También indicó que un adulto permanece detenido y es investigado por su presunta participación en los hechos, mientras que menores fueron puestos a disposición de la Justicia correspondiente. Otros sospechosos continúan prófugos y, según la causa, serían quienes administraban el punto de venta.En relación con el inmueble, Banchio explicó que pertenece a un vecino que lo había alquilado de buena fe. “Con el tiempo detectó irregularidades en el pago y comenzó a sospechar de la actividad que se desarrollaba en el lugar, por lo que se puso a disposición de la Justicia y aportó información relevante para la investigación”, concluyó.

En el marco de las tareas preventivas que lleva adelante la Guardia Urbana de Rafaela (GUR) en distintos sectores de la ciudad, se detectaron situaciones que evidencian la necesidad de reforzar hábitos de cuidado por parte de la ciudadanía.

Durante recorridas recientes, el personal identificó bicicletas sin medidas de seguridad en la vía pública, así como también una motocicleta estacionada con la llave colocada. En este último caso, los agentes actuaron de manera preventiva, dejando constancia para que el propietario pueda recuperarla.

Estas intervenciones forman parte de los patrullajes y caminatas preventivas que se desarrollan de manera permanente, con el objetivo de anticiparse a posibles hechos delictivos y promover conductas responsables en el uso del espacio público.

Desde el Municipio se recuerda la importancia de no dejar llaves colocadas en vehículos, incluso por períodos breves, y de asegurar correctamente bicicletas y motocicletas mediante candados u otros dispositivos de seguridad. Asimismo, se recomienda mantener medidas de resguardo en los domicilios, verificar puertas y ventanas, y evitar publicar en redes sociales ausencias prolongadas del hogar en tiempo real.

La prevención es una tarea compartida. El compromiso de cada vecino resulta fundamental para construir una ciudad más segura y ordenada.

Nada será igual en la Escuela Normal Superior N° 40 Mariano Moreno de la ciudad de San Cristóbal. Sin embargo, se regresará a donde ocurrió el trágico hecho que terminó con la vida de Ian Cabrera, un alumno de primer año, con todo lo que eso significa.

Para recordar, las actividades se retomaron el pasado jueves 16 con una dinámica abierta y flexible. La modalidad fue por grupos, con docentes elegidos por los alumnos y de manera ordenada.

Finalmente se anunció la decisión de que la comunidad educativa del nivel secundario, en su totalidad, regrese a clases este martes de 8:35 a 11:40 y, paulatinamente, se irá ampliando el horario. Aclarando que la materia Educación Física que se dicta en contraturno continúe con los días y horarios habituales para cada curso.

En la escuela se ultiman detalles y preparan las instalaciones para el reencuentro con actividades pensadas especialmente por lo que sucedió, atendiendo las necesidades de los chicos de hablar, escucharse y reflexionar. Desde el establecimiento informaron a las familias que estarán pendientes de las individualidades y de las situaciones particulares y pidieron acompañamiento en el proceso.

La semana pasada, los chicos volvieron a la escuela por turnos y realizaron encuentros programados y organizados. En el edificio histórico de la escuela 40 izaron la bandera nacional como se hacía cada mañana al comenzar la jornada. Después se dirigieron al edificio central, los docentes les consultaron a los chicos si se sentían preparados para trabajar allí o si querían estar trabajando en otra dependencia de la institución o en un aula específica. Cada grupo eligió el espacio según donde estaban más cómodos y tranquilos.

Sobre esto se le consultó al director de la Regional IX de Educación, Maximiliano Rodríguez, quien contó que “estuvimos el jueves en la escuela cuando comenzaron las actividades con los chicos, empezando a transitar nuevamente el espacio, a tratar de volver a una cotidianeidad, con actividades que fueron planeadas para que ellos de a poquito puedan acceder a los espacios áulicos”.

“Los mismos alumnos pidieron ingresar al edificio central porque querían hacerlo propio nuevamente, recorrerlo, transitar esas emociones que ellos han vivido ahí”, amplió.

Según sus declaraciones, el primer día fue muy auspicioso porque había mucha expectativa sobre cómo iban a reaccionar los estudiantes, pero lo hicieron de una manera muy madura; se notó que deseaban volver al establecimiento escolar y que tampoco quieren perderse las actividades que tiene la escuela 40 a lo largo del año.

En cuanto a las otras escuelas de la ciudad, las clases se desarrollan normalmente durante toda la jornada, con actividades pedagógicas y, a su vez, adquiriendo aprendizajes. También tuvieron reuniones con los padres sobre lo ocurrido y se respondieron sus consultas e inquietudes.

Fue amplia la concurrencia de los padres a las reuniones que se planificaron, con algunas preocupaciones sobre el tema de la seguridad, cómo se estará trabajando en la escuela y qué acciones se están coordinando. Este lunes continuaban las reuniones que se suspendieron por el mal clima.

Sobre la información que se les brinda a los papás, Rodríguez indicó que “las familias tienen que saber que en coordinación con el gobierno provincial, con todos los ministerios intervinientes como Educación, Salud, Desarrollo e Igualdad, Seguridad, y la Municipalidad se está trabajando en lo que se denomina una ‘mesa chica’. El objetivo es tomar decisiones y acciones entre todos y después transmitirlas a la comunidad”.

Este grupo “se reúne todos los martes, pero esta semana se hará una ‘mesa ampliada’ porque van a estar otras instituciones como clubes, vecinales, escuelas para escuchar también cuáles son sus ideas, sus propuestas y buscar la manera para que todos los sancristobalenses podamos ir en el mismo sentido y trabajar en conjunto”.

Recogiendo todas la voces de la sociedad, escuchando a los padres y a los alumnos, las autoridades decidieron que fuera de las escuelas esté un móvil policial con uniformados viendo lo que sucede y otorgando seguridad a la comunidad educativa no sólo de la escuela 40 sino que de todas las demás.

“Les da esa seguridad de que el personal policial los cuida y está observando todo. Se garantiza que esté al inicio de la jornada, cuando finaliza y durante el día están pasando y reforzando el patrullaje por las zonas escolares”, aseguró el director regional de Educación.

Mirador Provincial

El Gobierno de la provincia de Santa Fe oficializó cambios en la conducción de las Unidades Regionales y, en ese marco, Marcela Fernández asumió al frente de la Unidad Regional XIII del departamento San Cristóbal, convirtiéndose en la primera mujer en ocupar ese cargo en la historia local.

Fernández reemplaza a Alejandro Tognolo, quien fue designado como nuevo titular de la Unidad Regional V de Castellanos.

Durante el acto, el ministro de Justicia y Seguridad de la provincia, Pablo Cococcioni, explicó que la designación responde a la experiencia y conocimiento territorial de la nueva jefa.

“Cuenta con un vasto conocimiento de la labor policial y del departamento San Cristóbal, lo que es lo más importante para nosotros”, señaló el funcionario, quien además remarcó la necesidad de fortalecer una policía con presencia activa en la calle y cercana a la ciudadanía.

En la misma línea, el senador departamental Felipe Michlig destacó el acompañamiento institucional y valoró el trabajo conjunto con la fuerza policial.

La designación de Fernández representa un hito para el departamento. “Es la primera vez, en 135 años desde la creación de la jefatura, que estará a cargo de una mujer. Marcela está haciendo historia”, subrayó Michlig.

El jefe de Policía de la provincia, Luis Maldonado, sostuvo que el nombramiento es resultado de una trayectoria basada en el compromiso y el trabajo sostenido dentro de la institución.

Al asumir el cargo, Fernández expresó su emoción y destacó su vínculo con la región. “Hace varios años que estoy acá, conozco cada lugar del departamento y tengo un equipo espectacular que me acompaña”, afirmó.

Además, agradeció el respaldo de su familia y de las autoridades que confiaron en su designación para conducir la Unidad Regional XIII.

El cambio de jefatura se enmarca en una reorganización provincial que busca reforzar la operatividad y la presencia territorial de la Policía en Santa Fe.

En el marco de las acciones de fortalecimiento de la seguridad urbana y en cumplimiento de los lineamientos definidos en el último Foro de Seguridad, el Municipio concretó la instalación de una nueva cámara de videovigilancia en la intersección de Santa Rosa y San Juan, en barrio Villa Rosas, frente al club Peñarol.

Esta intervención responde a uno de los ejes priorizados en ese espacio participativo, donde se planteó la necesidad de ampliar y reforzar la cobertura de cámaras en sectores estratégicos, especialmente en las inmediaciones de clubes. En este caso puntual, el dispositivo fue instalado con el objetivo de monitorear el ingreso, egreso y entorno del club Peñarol, atendiendo a lo acordado junto a vecinos e instituciones.

La incorporación de este nuevo equipamiento permitirá mejorar las tareas de prevención, monitoreo y capacidad de respuesta ante situaciones que puedan afectar la seguridad, al tiempo que contribuye al acompañamiento y fortalecimiento de las instituciones barriales.

Desde el Municipio destacaron que se continuará avanzando con la instalación de cámaras en distintos puntos de la ciudad, priorizando aquellos espacios definidos junto a la comunidad como áreas clave para la prevención del delito.

La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, confirmó en conferencia de prensa que, tras el crimen escolar en San Cristóbal, se logró detectar la presencia de culturas subdigitales en la Argentina ligadas a conductas violentas y que no están ligadas al bullying.

“Este caso pone en evidencia que no es aislado, que no es está ligado al bullying, sino que estamos frente a la presencia de culturas subdigitales en las que jóvenes, niños y adolescentes integran y que tienen que ver con el estudio y análisis de asesinatos y tiroteos masivos, las cuales tienen pautas de conductas misantrópicas que apuntan a admirar la violencia y ejecutar actos”, explicó Monteoliva.

La funcionaria, quien se encontraba junto con el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, informó que con el análisis exhaustivo de la Policía Federal y el FBI se detectaron en los últimos dos años 15 casos y cuatro que están en análisis que hacen referencia de la presencia de este tipo de culturas violentas.

La Municipalidad de Rafaela lanzó "Denunciá", una campaña de concientización ciudadana que tiene como objetivo promover la realización de denuncias y visibilizar la cifra real de delitos en la ciudad. La iniciativa busca que más vecinos se animen a reportar situaciones, permitiendo contar con información más precisa para planificar y optimizar las políticas de seguridad.

En ese marco, se habilitó una plataforma digital que permite realizar denuncias de manera simple y rápida desde cualquier dispositivo con acceso a internet. El sistema se encuentra disponible en https://denuncia.rafaela.gob.ar/Inicio, donde los ciudadanos pueden completar un formulario con los datos del hecho que desean informar.

Desde el municipio destacaron que la herramienta apunta a fortalecer la participación ciudadana y mejorar la calidad de la información disponible, ya que muchas situaciones no llegan a registrarse formalmente. Contar con datos más completos permite analizar mejor la realidad de la ciudad y gestionar de manera más eficiente los recursos destinados a la prevención y la seguridad.

La campaña busca instalar la importancia de denunciar como un acto de compromiso con la comunidad, entendiendo que cada información aportada contribuye a construir un diagnóstico más claro de lo que ocurre en Rafaela y a diseñar respuestas más efectivas por parte del Estado.

A primeras horas de este lunes se conoció un trágico hecho en la ciudad de San Cristóbal, en el norte de la provincia de Santa Fe, donde un alumno mató a otro en el interior de una escuela.

Con el correr de los minutos se fueron confirmando datos del horror vivido en el establecimiento Mariano Moreno de la ciudad norteña.

[AHORA] Por el alumno que entró armado al colegio Mariano Moreno, Pullaro destacó que "están llegando los ministros" que van a "contener a la comunidad educativa" y "se está trabajando" para "empezar el proceso penal sobre el victimario". pic.twitter.com/LC73tSdZKd https://t.co/A4QLcI7tsQ

Al respecto, el gobernador Maximiliano Pullaro brindó declaraciones desde Rosario: “Inmediatamente suspendimos la actividad que teníamos con los ministros, están viajando para allá para poder acompañar a las familias y la comunidad educativa en este momento tan duro y trágico que nos toca vivir”.

Al mismo tiempo, el mandatario provincial aclaró que “es muy difícil analizar una hora después , solo puedo decir lo que estamos haciendo en este momento” y señaló: “Se está trabajando sobre la persona que cometió este delito y activar el proceso penal sobre el victimario”.

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Tras conocerse el trágico episodio en la Escuela Mariano Moreno de la ciudad de San Cristóbal, el Gobierno Provincial envió al lugar un equipo de acción interministerial. En el lugar estarán presentes el ministro de Educación; José Goity; de Igualdad y Desarrollo Humano, Victoria Tejeda; y el ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni.

Además estarán trabajando en el lugar Claudia Soria, de Atención a la Víctima; Juan Musuruana, coordinador de Seguridad Pública; Daniela León Secretaría de Niñez; y Diana Gallo Secretaria de Territorio del Ministerio de Educación. Todas las tareas se están llevando adelante en coordinación con los efectores de Salud de la región.

De este modo, el Estado provincial recabará toda la información necesaria, para tomar las medidas pertinentes, que serán informadas en un encuentro con la prensa en el transcurso de la mañana.

El Litoral

En la mañana de este jueves, en el Salón Blanco de la Jefatura de la Unidad Regional V del Departamento Castellanos, se llevó a cabo una nueva reunión semanal del Comando Unificado, con la participación de autoridades de las distintas fuerzas de seguridad y del Gobierno local.

El encuentro fue encabezado por el jefe de la Unidad Regional V, director general de Policía Lic. Carlos Duilio Pagano, y contó con la presencia del coordinador operativo Sebastián Rancaño; el secretario de Prevención y Seguridad del municipio de Rafaela, Juan Manuel Martínez Saliba; y representantes de distintas áreas operativas, entre ellas la División Operaciones, la Agrupación Unidades de Orden Público, la Guardia Provincial, la Guardia Urbana Rafaelina, Protección Vial y Comunitaria, Gendarmería Nacional, la Dirección General de Seguridad Rural “Los Pumas”, la Policía de Investigaciones y el sistema 911.

Durante la reunión se abordaron distintos temas vinculados al trabajo preventivo y articulado entre las fuerzas, haciendo hincapié en la coordinación de operativos y estrategias conjuntas para fortalecer la seguridad en la ciudad. Asimismo, se expusieron las intervenciones más relevantes desarrolladas durante la semana anterior, permitiendo evaluar resultados y ajustar las acciones en territorio.

La Municipalidad de Rafaela lanzó un llamado a licitación pública para contratar el servicio de guardia y vigilancia del programa “La Muni en tu Barrio”, con el objetivo de garantizar la seguridad del dispositivo en los distintos barrios de la ciudad.

La iniciativa se enmarca en la continuidad de este programa territorial que acerca servicios municipales, asesoramiento y acompañamiento a vecinos y vecinas. Tras los resultados positivos obtenidos durante su implementación, el Ejecutivo decidió reforzar su funcionamiento incorporando un esquema de vigilancia fuera del horario de atención al público.

El presupuesto oficial destinado a esta contratación asciende a 15.750.000 pesos, y contempla la prestación del servicio durante ocho meses. Las propuestas deberán presentarse en la Dirección de Compras del municipio y la apertura de sobres se realizará el 18 de mayo de 2026.  

De esta manera, el municipio cumple con el objetivo del programa, fortaleciendo la presencia del Estado en el territorio, garantizando condiciones adecuadas para el desarrollo de políticas públicas en cada barrio de Rafaela.

El jefe de Policía, director general Lic. Luis Maldonado, participó de la “I Reunión Nacional del Consejo de Seguridad Interior”, realizada en la ciudad de Córdoba.

El encuentro tuvo lugar en el Centro de Convenciones “Juan Bautista Bustos”, dentro del complejo ferial cordobés, y reunió a autoridades de seguridad de todo el país.

La jornada fue encabezada por la ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, junto al ministro de Seguridad de Córdoba, Juan Pablo Quinteros.

Durante la reunión, los funcionarios analizaron distintas estrategias para mejorar la seguridad a nivel nacional, con eje en una mirada federal y de cooperación entre las provincias.

Entre los principales temas abordados se destacaron:

En ese marco, la ministra Monteoliva remarcó la importancia de haber logrado una disminución en los índices de homicidios y subrayó la necesidad de profundizar las acciones conjuntas entre jurisdicciones.

Del encuentro participaron autoridades de seguridad de las 23 provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, consolidando un espacio de articulación nacional para el diseño de políticas públicas en materia de seguridad.

Además, el domingo previo, Maldonado también formó parte de la “Primera Reunión Nacional del Convenio Policial Argentino 2026”, donde compartió actividades con jefes policiales de distintas provincias.

En ese ámbito, se analizaron y debatieron diversos temas vinculados a la seguridad, en línea con la coordinación interjurisdiccional que promueve el Consejo.

El secretario de Prevención y Seguridad del municipio, Juan Manuel Martínez Saliba, junto al jefe de la Unidad Regional V de Policía, Carlos Pagano; los coordinadores operativos del Ministerio de Justicia y Seguridad de la provincia, Eduardo Cosentino y Sebastián Rancaño; y el jefe de Relaciones Vecinales, Cristian Molina, mantuvieron un encuentro con integrantes de la comisión vecinal de barrio Villa Rosas.

De la reunión participaron la presidenta de la vecinal, Mariana Bertolin, y un grupo de vecinos del sector. El motivo del encuentro fue abordar diferentes temas vinculados a la seguridad del barrio, además de escuchar requerimientos e inquietudes planteadas por los residentes.

Durante el encuentro se dialogó sobre distintas situaciones que preocupan a los vecinos y se intercambiaron miradas respecto a posibles acciones para fortalecer la prevención en el sector.

En ese marco, el Secretario de Prevención y Seguridad destacó la importancia de mantener estos espacios de diálogo directo con la comunidad para conocer de primera mano las necesidades de cada barrio.

Asimismo, se remarcó el valor del trabajo coordinado entre el municipio, la Policía y el Gobierno provincial para continuar desarrollando estrategias que contribuyan a mejorar la seguridad y la convivencia en los distintos sectores de la ciudad.

El Gobierno de Santa Fe tiene a la seguridad como prioridad central de su gestión y, en ese marco, sumó ahora la puesta en marcha de un plan integral para las fuerzas de seguridad destinado a mejorar de manera sustancial las condiciones laborales y de vida de la Policía provincial. 

La iniciativa se  desarrolla con “diálogo permanente y perfeccionamiento continuo, sin escatimar recursos”, remarcó este viernes el ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni y se articula en cuatro ejes:

Mejoras económicas

En el plano sanitario, la Provincia puso en marcha un programa de cobertura integral de salud mental sin costo ni coseguro para los efectivos que adhieran. El esquema incluye atención profesional, provisión de medicamentos y acompañamiento al grupo familiar, bajo la premisa de que la labor policial impacta también en el entorno cercano.

El Gobierno garantizará alojamiento gratuito en Rosario y Santa Fe para efectivos con residencia en otras localidades, en condiciones equivalentes a las que hoy reciben las fuerzas federales desplegadas en la provincia. 

Asimismo, el ministro ratificó “la decisión política del gobernador de lanzar un programa de apoyo al alquiler en el lugar de destino”. Según explicó, “en vez de financiar traslados diarios, preferimos apoyar el alquiler y garantizar que el policía pueda descansar adecuadamente donde presta servicio”.

Para quienes no puedan radicarse mediante un alquiler, la Provincia ofrecerá alojamiento en hoteles o instalaciones adecuadas en el lugar de destino, con un esquema similar al que ya se aplica para las fuerzas federales en Rosario.

Finalmente, se ampliará el transporte gratuito para el personal policial, con más destinos y mayores frecuencias, con el objetivo de reducir tiempos de traslado y gastos de bolsillo.“Pasamos de seis a doce colectivos para el traslado del personal, con una inversión mensual de 1.000 millones de pesos, y sumaremos nuevas líneas si la demanda lo requiere en cada zona”, precisó Cococcioni.

Durante el 2025, el programa Ojos en Alerta continuó consolidándose como una herramienta para la prevención y la seguridad. Al día de hoy, son 9.051 vecinos adheridos desde su celular para alertar al Centro de Monitoreo Urbano en cualquier momento que lo necesiten.

Con el objetivo de difundir su existencia y utilidad, desde el Gobierno municipal se ofrecen capacitaciones en sedes vecinales, instituciones y de forma virtual. En un año, se realizaron un total de 52 instancias de capacitación en donde se adhirieron 954 personas.

Es importante señalar que, en estos encuentros, no solo se enseña cómo usar este canal de comunicación, sino también que se informa la inversión sostenida en materia de seguridad que se realiza para complementar este trabajo.

Además, como balance de la Secretaría de Prevención y Seguridad a cargo de Juan Manuel Martínez Saliva, comunicaron que se recibieron un total de 9.660 reclamos y 4.287 alertas por actitudes sospechosas.

“Ojos en Alerta es una herramienta clave de seguridad ciudadana que fortalece la prevención del delito mediante la participación activa de los vecinos”, destacó el director de la Guardia Urbana Rafaelina, Gabriel Fernández.

También explicó que “el programa promueve una comunidad más comprometida, donde cada ciudadano puede convertirse en un actor fundamental en la detección temprana de situaciones sospechosas o emergencias, contribuyendo a una respuesta más rápida y eficaz”.

Con respecto al funcionamiento del sistema, Fernández dijo que “los avisos enviados por los vecinos a través de WhatsApp son recibidos directamente en el Centro de Monitoreo Urbano, donde operadores capacitados analizan la información en tiempo real”.

A partir de allí, “se coordinan las acciones necesarias con móviles de Guardia Urbana Rafaelina, los móviles policiales a través de la comunicación directa con la central de 911, cámaras de videovigilancia y otros servicios de emergencia, optimizando la intervención y el seguimiento de cada evento”.

El director de la GUR también habló de las ventajas del uso de WhatsApp como canal de comunicación: “Como herramienta de comunicación ofrece ventajas significativas frente a otros sistemas ya que es una aplicación ampliamente utilizada, de fácil acceso y uso inmediato, lo que elimina barreras tecnológicas. Permite enviar mensajes, audios, imágenes y ubicaciones en tiempo real, agilizando la transmisión de información precisa y reduciendo los tiempos de respuesta. Además, genera un canal directo, rápido y confiable entre el vecino y el sistema de seguridad municipal”.