El oficialismo buscará aprobar el próximo jueves en el Senado la demorada Ley de Propiedad Privada y avanzar con el debate del Súper RIGI, dos proyectos considerados clave por la Casa Rosada para atraer inversiones.

La Libertad Avanza busca reactivar la agenda en agosto con amplio temario, que incluye también los proyectos Sociedades, Zonas Frías, Salud Mental, mientras aguarda que diputados apruebe la reforma del Banco Central y la reforma de la ley de Inocencia Fiscal.

Por lo pronto, en la primera semana de este mes, el oficialismo buscará aprobar en la sesión convocada para el jueves al mediodía el proyecto de Propiedad Privada, y avanzar en comisión con el debate sobre el Super RIGI que ya fue sancionada por la Cámara de Diputados.

La mesa política del Gobierno, que no se reunió la semana pasada, quiere aprobar en el Senado parte del paquete económico, la reforma electoral y la designación de jueces.

Por quinta vez, la bancada de LLA, que preside Patricia Bullrich, apuesta a sancionar la iniciativa denominada "inviolabilidad de la propiedad privada -que tiene como eje central la eliminación de las restricciones para que los empresarios extranjeros puedan comprar tierras rurales, donde se otorgará un fuerte poder a las provincias para que pueda avalar o rechazar esas compras.

También quiere despejar el camino porque en septiembre el Gobierno quiere destrabar el debate sobre la reforma electoral, que hoy está frenada ya que los bloques dialoguistas se niegan a eliminar la PASO y solo aceptarían tratar una eventual suspensión para las presidenciales del 2027. 

El Gobierno llegará al recinto tras cerrar filas en el gobierno entre Bullrich y el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, quien no estaba de acuerdo con los cambios introducidos en la versión numero 15.

Si bien está confiado en que tendrá los votos para aprobar el proyecto, el miércoles 5 de agosto tendrá una reunión a la tarde con los aliados para tener garantías que no habrá ningún inconveniente.

También tiene la tranquilidad que no presidirá la sesión la vicepresidenta Victoria Villarruel, que estará a cargo del Poder Ejecutivo, con lo cual tampoco tendría que desempatar ya que lo hará el presidente provisional del Senado, Bartolomé Abdala.

La propuesta oficial mantiene que se prohíbe puedan comprar tierra los Estados Extranjeros y empresas con participación estatal extranjera, cualquiera sea la forma jurídica que adopten, salvo autorización de la provincia donde se encuentre ubicado el inmueble y del Poder Ejecutivo Nacional.

Se mantuvo que la adquisición de inmuebles rurales en zonas de seguridad de frontera por extranjeros deberá contar con la autorización de la provincia y del Poder Ejecutivo Nacional, en los términos de dicha normativa.

Se elimina el artículo del silencio administrativo por el cual, si no había un pronunciamiento de la provincia o la Nación en un plazo de seis meses, la venta queda consagrada automáticamente.

El  proyecto de Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones en Nuevas Industrias (Súper RIGI), una de las principales apuestas económicas del Gobierno para atraer inversiones millonarias en sectores de frontera tecnológica, se debatirá el miércoles a las 15.30 en el plenario de las .comisiones de Presupuesto y Hacienda, Economía Nacional e Inversión y Legislación General, a fin de avanzar con el dictamen de este proyecto. 

En el oficialismo confían en contar con los votos necesarios para firmar el dictamen, gracias al respaldo de los bloques aliados que acompañaron el proyecto en la Cámara de Diputados, aunque la negociación continuará hasta el momento de la sesión. La intención de La Libertad Avanza es llevar la iniciativa al recinto antes de fin de mes y convertirla en ley.

El Súper RIGI es un instrumento concebido por el Ministerio de Economía con el objetivo de captar mega inversiones en industrias de frontera tecnológica a partir de exenciones impositivas y beneficios aduaneros y cambiarios, y alcanzará a proyectos vinculados a actividades que aún no existen en Argentina o que están en etapa de experimentación.

El oficialismo buscará dinamizar sectores como la industrialización de minerales críticos como litio y uranio, biotecnología, producción de baterías y energías renovables como hidrógeno verde, vehículos eléctricos, turbinas eólicas y paneles solares, reactores nucleares pequeños y medianos, semiconductores e inteligencia artificial.

Para ingresar a los beneficios de este esquema se requiere un umbral mínimo de inversiones mínimas de 1.000 millones de dólares, superando ampliamente los 200 millones del RIGI original.

El proyecto de ley de inviolabilidad de la propiedad privada que el oficialismo busca aprobar en el Senado incorpora cambios importantes sobre el régimen de tierras en Argentina, especialmente en relación con la compra de campos por parte de extranjeros.

Uno de los puntos centrales de la iniciativa es la eliminación de las restricciones vigentes que limitan la cantidad de tierras rurales que pueden estar en manos de ciudadanos o empresas extranjeras. De esta manera, dejarían de existir los topes de superficie y los porcentajes máximos establecidos por la normativa actual.

Sin embargo, el proyecto contempla un esquema especial de controles para determinados casos, principalmente en zonas de frontera y cuando intervengan Estados extranjeros o empresas con participación estatal.

La reforma propone derogar las restricciones actuales sobre la adquisición de tierras rurales por parte de extranjeros. Si la ley avanza, ciudadanos y compañías extranjeras podrán comprar campos sin límites de extensión ni restricciones porcentuales.

No obstante, quedará prohibida la compra de inmuebles rurales por parte de Estados extranjeros o empresas estatales extranjeras, salvo que exista una autorización expresa del gobierno provincial correspondiente y del Poder Ejecutivo Nacional.

El proyecto también reafirma que las provincias mantienen la potestad sobre sus territorios, por lo que tendrán participación en las operaciones que involucren compradores extranjeros.

Para los terrenos ubicados en áreas fronterizas, la iniciativa establece un mecanismo más estricto. En esos casos será necesario contar con la aprobación conjunta de la provincia donde se encuentra el inmueble y del Gobierno nacional antes de concretar la operación.

Además, incorpora el denominado principio de silencio administrativo: si pasan 180 días sin una objeción formal de ninguna de las jurisdicciones involucradas, la autorización se considerará otorgada.

Otro eje importante del proyecto está vinculado al procedimiento para recuperar inmuebles ocupados. La propuesta habilita un mecanismo de desalojo exprés en casos de usurpación u ocupación precaria, siempre que el propietario pueda acreditar de manera suficiente la titularidad del inmueble.

El juez podrá ordenar la restitución del bien cuando considere verosímil el derecho del dueño y exista documentación que respalde el reclamo. Además, se establece la posibilidad de intimar al ocupante a devolver el inmueble en un plazo de 72 horas desde la solicitud judicial.

El proyecto también modifica algunos aspectos vinculados a los contratos de alquiler. Ante una deuda, el propietario deberá enviar una intimación previa mediante carta documento o medios electrónicos y otorgar un plazo mínimo de 10 días corridos para regularizar la situación.

Si el incumplimiento continúa, podrá iniciar una acción judicial de desalojo. La iniciativa también establece que el propietario no podrá rechazar la devolución de las llaves, aunque podrá dejar asentadas las deudas pendientes para reclamarlas posteriormente.

El texto incorpora modificaciones al régimen de expropiaciones y establece que las declaraciones de utilidad pública deberán tener una interpretación restrictiva. El Estado deberá fundamentar de manera expresa los motivos de una expropiación y justificar la necesidad de la medida.

En cuanto a las indemnizaciones, se incorpora un límite del 30% para el reconocimiento del lucro cesante y se fija un esquema de actualización basado en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) más la tasa del Banco Nación para depósitos a 30 días.

La iniciativa también propone cambios en la normativa sobre incendios rurales. Uno de los puntos principales es la eliminación de la prohibición que impedía durante 30 años cambiar el uso de terrenos agropecuarios afectados por incendios. La modificación alcanzaría a superficies rurales, pastizales, praderas, matorrales y áreas periurbanas.

En cambio, se mantienen las restricciones para bosques nativos y humedales, donde continuará vigente la prohibición de modificar el uso del suelo durante 60 años después de un incendio. El proyecto forma parte de la agenda de reformas impulsadas por el Gobierno nacional y será analizado por el Senado junto con otros temas legislativos.

El proyecto de Súper RIGI obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados y quedó a la espera de su tratamiento en el Senado. La iniciativa impulsada por el Gobierno nacional busca atraer megainversiones en sectores considerados estratégicos, con beneficios fiscales, cambiarios, aduaneros y regulatorios por un plazo de 30 años.

El régimen establece un piso mínimo de inversión de USD 1.000 millones por proyecto y exige comprometer al menos el 20 % del desembolso durante los primeros dos años.

El esquema deberá canalizarse a través de Vehículos de Proyecto Único (VPU), estructuras societarias creadas exclusivamente para cada emprendimiento. También podrán acceder sociedades constituidas en el exterior.

Entre los principales beneficios previstos se incluye una alícuota del 15 % en el Impuesto a las Ganancias, un gravamen reducido del 3,5 % sobre dividendos y utilidades, eliminación de derechos de exportación, exención para importaciones vinculadas al proyecto y libre disponibilidad progresiva de divisas hasta alcanzar el 100 % en el tercer año.

También se contempla una contribución patronal reducida al 10 % para nuevas relaciones laborales y estabilidad normativa por tres décadas en materia tributaria, aduanera, cambiaria y de seguridad social.

Uno de los puntos más sensibles es la posibilidad de recurrir a arbitrajes internacionales ante controversias con el Estado, una cláusula que despertó objeciones en sectores opositores y entre especialistas que advierten sobre posibles condicionamientos futuros para la política pública.

Desde el oficialismo sostienen que el Súper RIGI apunta a actividades que aún no existen en el país o se encuentran en etapas iniciales, como centros de datos para inteligencia artificial, semiconductores, biotecnología avanzada, infraestructura digital estratégica y otras industrias de alto valor agregado.

La promesa del Gobierno es que el nuevo marco permitirá acelerar exportaciones, generar empleo y crear cadenas de valor vinculadas a sectores tecnológicos considerados claves para el futuro productivo.

Sin embargo, el diseño del régimen también expone una fuerte controversia: el piso de inversión requerido deja afuera a la mayoría de las empresas argentinas, incluso a compañías de peso que no operan en la escala de desembolsos exigida.

Además, el texto excluye iniciativas de ampliación, modernización o reconversión de instalaciones ya existentes, por lo que buena parte del entramado productivo local no podría acceder a los beneficios.

Ese punto concentra las principales críticas del empresariado nacional y de la oposición, que advierten que el esquema prioriza la llegada de grandes capitales globales, pero ofrece pocos incentivos concretos para fortalecer capacidades productivas ya instaladas en el país.

La discusión también alcanza a las provincias. Para adherir al régimen, deberán aceptar compromisos de estabilidad fiscal y límites a la carga tributaria local. Entre otros puntos, el proyecto establece que Ingresos Brutos no podrá superar el 0,50 % para los emprendimientos alcanzados.

Con la media sanción conseguida en Diputados, el debate se trasladará ahora al Senado, donde el oficialismo buscará convertir en ley una de sus principales apuestas económicas para atraer inversiones de gran escala.

A las 11 de este jueves estaba convocado el Senado Nacional para tratar, entre otros temas que tienen el visto bueno del gobierno, la ley de inviolabilidad de la propiedad privada, además de pliegos judiciales y acuerdos internacionales.

Sin embargo, 30 minutos después de la hora de inicio, máximo plazo de tolerancia, la sesión quedó suspendida por el presidente provisional de la Cámara, Bartolomé Abdala que ocupó el sitio reservado a Victoria Villarruel (titular del Senado). ¿La razón? Falta de quórum.

Sin embargo, la cámara que transmite la sesión en vivo mostraba un recinto de lo más concurrido pero con pocos senadores sentados en sus bancas.

En definitiva, la sesión en la que el tema más urticante para el oficialismo era la situación del Jefe de Gabinete Manuel Adorni, investigado por la Justicia por presunto enriquecimiento ilícito, fracasó: de 37 presencias necesarias para abrir la reunión, se llegó en algún momento a un máximo de 25. El resto permanecía de pie, sin registrarse.

El encuentro prometía un arduo debate reglamentario que tiene de fondo, en realidad, a la figura del Jefe de Gabinete y ex vocero presidencial a quien la oposición quiere interpelar y, si se avanza, remover del cargo.

Hay varias iniciativas en ese sentido, incluida la que se conoció en las últimas horas y corresponde al bloque del PRO cuyo presidente Martín Göerling ingresó un pedido para interpelar al funcionario de confianza de los Milei el próximo 2 de julio, fecha en que Adorni iba a concurrir a la Cámara alta a brindar su informe de gestión.

La discusión reglamentaria, que también se suscitó en Diputados dos días atrás, pasa por si se puede aprobar esa medida por mayoría simple o por mayoría especial (48 senadores) y si debe tener dictamen de comisión (en Diputados fue convocada Asuntos Constitucionales para el 30 de junio y en el Senado para el 1° de julio) o se podría dirimir en el recinto.

En la Cámara baja la oposición no logró que prosperase un pedido similar: el martes no consiguió el quórum necesario para abrir la sesión (precisamente, faltó el PRO, además del oficialismo, un sector de la UCR y otros referentes provinciales), y este miércoles tampoco avanzó un apartamiento de reglamento para insistir sobre el tema.

Mientras todo esto ocurría, se conoció la renuncia “irrevocable” de Esteban Bullrich al PRO. Fue en una carta dirigida por el ex ministro de Educación al titular del partido amarillo Mauricio Macri.

Allí, Bullrich funda su decisión en “la protección brindada a Manuel Adorni”, en Diputados, cuando legisladores de esa pertenencia política no dieron quorum para tratar la interpelación del jefe de Gabinete. “Permanecer en el partido implicaba aceptar silencios y decisiones con las que ya no podía identificarme”, advirtió el ex dirigente que atraviesa por una dura enfermedad.

Buenos Aires, 24 de junio de 2026Al Ing. Mauricio MacriPresidente del PRODe mi mayor consideración:Por medio de la presente quiero presentar mi renuncia irrevocable al PRO, partido que tuve el honor de fundar junto a vos hace más de veinte años.No es fácil escribir estas…

En ese sentido, planteó que “la protección brindada a Manuel Adorni fue, para mí, el hecho que terminó de hacer evidente esa distancia entre los principios que decimos defender y las decisiones que finalmente adoptamos”.

Desde el Partido Justicialista hay un pedido de interpelación ingresado el 12 de junio que hasta el momento no se trató.

En las últimas horas se conoció el texto el PRO, que lleva la firma del jefe de bancada y de María Victoria Huala (La Pampa), y dispone citar a Manuel Adorni a concurrir al recinto del Senado el día 2 de julio “con el objeto de ser interpelado en los términos del artículo 101 de la Constitución Nacional, a efectos de considerar una moción de censura o remoción”.

El artículo 2 establece que el Jefe de Gabinete deberá “brindar las explicaciones e informes correspondientes sobre la evolución de su patrimonio, en función de las omisiones e inconsistencias que han surgido entre sus declaraciones juradas presentadas, las falsedades reconocidas, sus declaraciones en la Cámara de Diputados de la Nación y sus manifestaciones públicas”.

A renglón seguido se le pide que “informe las medidas de gobierno adoptadas que le corresponden en virtud del artículo 100 de la Constitución Nacional, especialmente las derivadas del inc. 7 (“Hacer recaudar las rentas de la Nación y ejecutar la ley de presupuesto nacional.”), siendo que ha reconocido públicamente su condición de evasor, sin perjuicio de que el origen lícito de los fondos que ahora declara aún no ha sido demostrado”.

Por último, se dispone que “en caso de no concurrir de Gabinete a la citación del art. 1°, la Cámara pasará de inmediato a considerar sin más trámite la moción de remoción del art. 101 de la Constitución Nacional".

La cita de Adorni con el Senado ya estaba acordada para el 2 de julio pero, como se dijo, para brindar su informe de gestión.

La jefa de la bancada de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, hizo pública su opinión acerca de la inconveniencia de que el funcionario se presente en el recinto donde seguramente sería “castigado” durante varias horas por la oposición. Desde allí se viene reclamando el apartamiento del funcionario, luego de las sucesivas inconsistencias patrimoniales que se conocen desde marzo.

Luego, el propio Adorni dijo que estaba dispuesto a concurrir ese día a la Cámara.

La última vez que un Jefe de Gabinete fue a la Cámara alta a dar un informe fue el 26 de junio de 2025. En ese momento el lugar estaba ocupado por Guillermo Francos.

Por el momento es una incógnita si el aun jefe de Gabinete cumplirá con su compromiso y, en todo caso, si tendrá preguntas de gestión para responder (apenas 10 legisladores hicieron consultas hasta el miércoles, cuando vencía el plazo para formularlas) o si todas estarán dirigidas a su evolución económica que cada día abre más interrogantes.

Se abra o no se abra el recinto de cualquiera de las cámaras, el tema Adorni sigue ocupando la atención de la oposición y hasta de algunos aliados, que lo quieren fuera de la gestión, y del oficialismo, que redobla esfuerzos e interpretaciones reglamentarias para sostenerlo.

La senadora nacional Patricia Bullrich (LLA) sigue anotando "desmarcaciones", por no decir diferencias, con la cúpula del gobierno nacional. Aunque no es la única y ya se verá por qué.

El año pasado fue por el caso del ex diputado José Luis Espert a quien, luego del respaldo obtenido por parte del presidente Javier Milei, le pidió explicaciones tras quedar expuesto por sus vínculos por Fred Machado, investigado en EE.UU por lavado de dinero y fraude.

Después fue el tema Adorni: Bullrich adelantó la presentación de su declaración jurada aún antes del plazo de vencimiento y reclamó la misma actitud al Jefe de Gabinete, a quien se investiga por presunto enriquecimiento ilícito.

En las últimas horas, la ex presidenta del PRO le presentó su renuncia como jefa de la bancada libertaria en la Cámara alta al propio Milei quien, según afirman medios nacionales, no se la aceptó.

¿Las razones? Su disconformidad con la decisión de retirar el pliego, ya evaluado y aprobado por la Comisión de Acuerdos junto con otras 70 postulaciones, de María Verónica Michelli para jueza de la ciudad de La Plata.

Michelli transitó sin sobresaltos la audiencia pública en la que se postuló para el cargo pero el proceso para su designación, que tiene que completar el Senado, quedó en suspenso, según coinciden todas las versiones, por ser pariente política de Hugo Alconada Mon, reconocido periodista que investigó, entre otros temas, el caso $Libra.

Un dato: este martes Michelli fue recibida por la vicepresidenta de la Nación y titular del Senado Victoria Villarruel, distanciada desde hace largo tiempo de los hermanos Javier y Karina Milei.

Así las cosas, este miércoles antes del mediodía la ex ministra de Seguridad del gobierno libertario arribó al Senado para participar de la reunión de labor parlamentaria en la que se definirá el temario para la sesión que, en principio, se concretará este jueves.

Antes de ingresar fue consultada por la decisión que adoptó en las últimas horas y si esa renuncia a la jefatura del bloque entrañaba una ruptura con el Ejecutivo. "De ninguna manera", afirmó para agregar que "las divergencias son parte de la vida política".

Bullrich se refirió de ese modo a su decisión de ejercer "la objeción de conciencia" para rechazar el pedido del Gobierno de retirar el pliego.

"De ninguna manera hay una fractura, el bloque está consolidado en sus ideas, tiene un trabajo de unidad muy claro y por eso hemos votado todos los proyectos que el Poder Ejecutivo ha enviado", manifestó Bullrich en diálogo con el periodismo, tal cual recoge la Agencia Noticias Argentinas.

Además, anticipó que "este jueves vamos a tener una sesión muy importante, porque no vamos a parar nuestra labor ni por el mundial, vamos a seguir trabajando", en alusión a la compulsa mayor del fútbol que arranca el 11 de junio.

Para la sesión a la que alude está previsto incorporar el proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada y el Acuerdo de Conciliación con los holdouts, además de los cargos judiciales ya convalidados, menos el pliego de Michelli que quedará en suspenso para la próxima semana.

En su voluntad de mostrar apoyo a presidente Milei, a quien se sumó en 2023 para confrontar a la oposición en el ballotage, aseguró que "este es el primer Gobierno que toma la decisión de no dejar a la Justicia como está ahora, con subrogantes, con problemas, con jueces que tienen que viajar 1.000 kilómetros de un lugar a otro".

Explicó que debido a la gran cantidad de pliegos enviados al Congreso "en la masividad puede haber habido algún problema", pero aclaro: "Yo lo dije con claridad y punto, el Presidente lo sabe".

Precisamente, este miércoles el PEN envió otros 32 pliegos.

Bullrich no es la única legisladora dispuesta a contradecir el retiro del pliego en cuestión, ni siquiera dentro de su partido.

El formoseño Francisco Paoltroni también manifestó su decisión de no acompañar la medida presidencial. "Yo tengo una línea en la que, cuando no estoy de acuerdo con algo, planteo mi disidencia. Ya lo hice con (Ariel) Lijo y con (Manuel) Adorni, que no presentó su declaración jurada".

"Vengo acompañando todo, sobre todo con la decisión económica, pero hay algunas cosas de moral de política de Estado en donde doy mi opinión y no por eso soy opositor, ni enemigo y no quiero generar daño", aclaró.

Desde el radicalismo, la santafesina Carolina Losada anticipó que el bloque que integra tampoco va a apoyar el retiro del pliego. Y por el PRO se manifestó a primera hora el presidente del bloque, Enrique Goerling Lara.

Poco después se supo que la misma línea seguirá la senadora Flavia Royón, del monobloque Primero los Salteños.

Por ahora, oficialismo y oposición hacen cuentas. Para la sesión de este jueves y para 2027.

 El Gobierno nacional envió este sábado al Congreso una reforma a la Ley de Salud Mental y otra a la Ley de Emergencia en Discapacidad, con lo que busca reactivar la agenda parlamentaria en las próximas semanas.

Así lo confirmaron fuentes legislativas a la Agencia Noticias Argentinas, y señalaron que ambos proyectos ingresaron por la Cámara de Senadores.

La estrategia fue definida tras una reunión de la "mesa chica" en Casa Rosada, de la que participaron figuras como Karina Milei, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y el secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio Devitt.

Las dos reformas ingresaron por el Senado, donde el gobierno logró construir una mayoría sólida y le servirá que sea Cámara de origen, por si aparecen modificaciones en el debate en Diputados.

Con estos temas, el oficialismo busca retomar la iniciativa parlamentaria en la previa al informe de gestión del jefe de Gabinete, Manuel Adorni. Además de los nuevos proyectos, el Ejecutivo evalúa acelerar el tratamiento de las leyes de Inviolabilidad de la Propiedad Privada y Hojarasca._

La idea del Gobierno es avanzar con Hojarasca el martes en comisión y, de no mediar dificultades, llevarlo al recinto al día siguiente.

Respecto a la Inviolabilidad de la Propiedad Privada, el debate continúa abierto en el Senado, aunque sin fecha de dictamen debido a reparos de la oposición dialoguista sobre modificaciones que no fueron consensuadas tras la defensa del ministro Federico Sturzenegger en comisiones. Debido a los plazos reglamentarios, se estima que su llegada al recinto ocurriría recién en mayo. NA

El Poder Ejecutivo de la provincia de Santa Fe remitió al Senado de la Nación el pliego de Santiago Joaquín Saux para ocupar el juzgado federal de primera instancia de Rafaela cuyo único titular fue Miguel Abásolo quien se acogió a los beneficios jubilatorios a fines del 2020. Desde ese momento, el juzgado fue subrogado por diferentes magistrados.

Saux ocupó el segundo lugar en la terna elaborado por el Consejo de la Magistratura en el marco del concurso Nº 448. El primer ternado fue Santiago Díaz Cafferata y la tercera Verónica Andrea Medina. El 17 de abril de 2024 la terna fue elevada al ministerio de Justicia y dos años después va la propuesta al Senado.

Es el tercer pliego enviado en dos semanas para ocupar vacantes en la justicia federal de Santa Fe. La semana anterior, el Ejecutivo propuso a Emilio Rosatti como integrante del Tribunal Oral Federal I de esta capital y a Walter Rodríguez como titular del juzgado federal nº 2 de esta capital.

El juzgado federal de Primera Instancia de Rafaela es de creación relativamente reciente ya que comenzó a funcionar operativamente en febrero de 2014. Desde su inauguración, ha tenido un juez titular (Abásolo) y, tras su jubilación, una serie de subrogantes. Reinaldo Rodríguez, Marcelo Bailaque, Carlos Vera Barros, Aurelio Cuello Murúa y Carlos Villafuerte Ruzzo estuvieron interinamente a cargo del juzgado.

En tanto, en el Consejo de la Magistratura hay siete concursos en trámite para completar 19 vacantes, muchas surgidas de los cambios en el sistema de procesamiento penal federal.

En el marco del concurso Nº 493 se definen seis cargos de jueces penales federales con funciones de Garantía para las ciudades de Santa Fe, Rafaela, Reconquista, Rosario, San Lorenzo y Venado Tuerto. El trámite se encuentra en la fase de evaluación de las entrevistas a los candidatos.

En el concurso Nª 494 se buscarán cubrir tres cargos con funciones de revisión para Rosario y Santa Fe. La comisión del Consejo de la Magistratura está en la etapa de evaluar las impugnaciones efectuadas por los concursantes.

Por el concurso Nª 495 se apunta a cubrir dos jueces federales penales con funciones de juicio y ejecución para Santa Fe y Rosario, también en etapa de evaluación de impugnaciones.

En los concursos 496, 521 y 522 también está en la etapa de evaluación de impugnaciones. Por el primer concurso se seleccionan dos cargos para las salas de la Cámara Federal de Rosario. Por el segundo, el titular del juzgado federal Nº 1 -con competencia electoral- en Santa Fe y para el tercero el juzgado federal Nº 2 de Rosario.

Finalmente para el concurso del juzgado federal Nº 4 de Rosario se está en la etapa de presentación de antecedentes de los inscriptos.

Para la cobertura del juzgado federal Nº 1 de Santa Fe, juzgado con la competencia electoral se inscribieron 23 abogados y de la prueba de oposición se elaboró un listado provisorio que es encabezado por Emilio Rosatti, ahora propuesto como integrante del TOF I. Saux también participa del concurso.

El Litoral

El ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, defendió este jueves la reforma laboral aprobada en el Senado y sostuvo que la iniciativa busca revertir un problema estructural del mercado argentino: la falta de generación de empleo formal.

“Esta ley viene a solucionar el problema de que en la Argentina más de la mitad de los trabajadores son informales y hace una década que no se crean puestos de trabajo formales”, afirmó el funcionario en declaraciones a la prensa.

Según explicó Sturzenegger, la reforma se apoya en tres grandes líneas: la reducción de gravámenes sobre nuevos empleos, la modificación del sistema de negociaciones colectivas y la revisión de la denominada “industria del juicio”.

En relación a los impuestos laborales, aseguró que la norma busca terminar con lo que definió como el “carancheo” del Estado sobre los puestos de trabajo que se crean. “Se acabó el ‘carancheo’ del Estado con esos gravámenes sobre los puestos de trabajo que se crean”, sostuvo.

Respecto de las convenciones colectivas, explicó que el proyecto elimina el esquema de negociación única a nivel nacional y habilita convenios fraccionados, donde “el convenio menor va a prevalecer sobre el mayor para no tener un esquema rígido”. Además, señaló que se incorporó la posibilidad de crear sindicatos por empresa.

En cuanto al capítulo vinculado a los juicios laborales, el ministro aclaró que la ley no modifica la indemnización tradicional de un mes por año trabajado, sino que apunta a limitar criterios judiciales que, según su visión, incrementaban significativamente los montos finales.

“Esto reducirá los márgenes de incertidumbre para que no haya sorpresas” vinculadas a intereses o pagos de peritos, indicó. También destacó la incorporación de la caducidad de instancia, que fija un plazo de seis meses para evitar que los litigios se prolonguen indefinidamente.

“Estos litigios podían durar para siempre y ahora tienen un plazo de reducción bastante rápido”, afirmó.

Otro de los puntos mencionados fue el Banco de Horas, una herramienta que permitiría mayor flexibilidad en la jornada laboral. Sturzenegger explicó que el objetivo es adaptar la modalidad de trabajo a las nuevas dinámicas.

“Si una persona quiere trabajar un día menos a la semana y lo puede compensar con más horas el resto de los días”, ejemplificó.

Finalmente, sostuvo que las reformas buscan adecuar la oferta laboral “al nuevo mundo del trabajo que es muy cambiante”, con la expectativa de que más personas puedan insertarse en el mercado formal.

El proyecto ahora deberá ser tratado en la Cámara de Diputados para su eventual sanción definitiva.

El Honorable Senado de la Nación Argentina aprobó este jueves el proyecto de ley de Modernización Laboral tras la votación llevada a cabo en horas de la madrugada.

Tras un intenso debate de idas y vueltas en el recinto, el oficialismo plasmó en números los acuerdos alcanzados en las horas previas con la oposición “dialoguista” y entidades gremiales, confirmando las especulaciones de resultados.

“El tango se baila de a dos”, había escrito Patricia Bullrich en su cuenta de X el miércoles por la mañana y en su rol de presidenta de la Comisión de Trabajo y Previsión Social logró bailarlo junto a el PRO, la UCR, bloques provinciales y gremios como la CGT.

La sesión se extendió, como es habitual, ante el Plan de Labor Parlamentaria que otorga un máximo de 20 minutos por discurso a cada legislador y otros 40 para los cierres de bancadas.

La votación cerró con números finales de 42 votos a favor, 30 votos en contra.

Ahora, el proyecto será remitido a la Cámara de Diputados de la Nación en busca de su sanción, donde se prevén posibles nuevas negociaciones ante un espectro más variado de legisladores.

Las reformas que si sobrevivieron a la negociación previa fueron los cambios en indemnizaciones, el nuevo esquema de actualización de créditos laborales, la creación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), el proceso de registración laboral simplificada y digital, redefinición de beneficios sociales no remunerativos, habilitación del banco de horas (los convenios podrán fijar métodos de cálculo de la jornada máxima por promedio, siempre respetando descansos mínimos de 12 horas entre jornadas y 35 horas semanales), reducción de cargas sociales, entre otros puntos destacados.

Sobre asambleas y huelgas, el texto también introduce limitaciones. Durante estos eventos, el trabajador no percibirá salario y se consideran infracciones graves afectar la libertad de quienes no participan de la medida de fuerza mediante amenazas o intimidación, bloquear o tomar un establecimiento y generar daños a personas o bienes de la empresa o de terceros, o retenerlos indebidamente.

Se introduce el concepto de "salario dinámico", que puede establecerse por tiempo o por rendimiento, incluyendo comisiones individuales o colectivas. Las remuneraciones podrán liquidarse en pesos, moneda extranjera o en especie.

En total, son 28 las modificaciones establecidas previamente entre las partes de cara al texto final del proyecto de ley de Modernización Laboral:

Se elimina la reducción en Ganancias. Desde diciembre, cuando ingresó la propuesta al Senado, las provincias alertaron sobre el impacto del capítulo fiscal de la reforma laboral que provocaba una baja de $ 1,9 billones en los fondos coparticipables. Finalmente se eliminó el artículo que impulsaba una reducción del 30 al 27% en las alícuotas del Impuesto a las Ganancias para grandes empresas.

Seguirá por 2 años el aporte solidario a los gremios, aunque con un tope del 2%. En la actualidad hay gremios que cobran 4%.

Tampoco avanzó el artículo que rebajaba las cargas patronales para las obras sociales. Seguirán en 6%, y no en 5% como pretendía originalmente el proyecto original.

Las empresas seguirán siendo agentes de retención de las cuotas de afiliación sindicales.

La derogación de los estatutos y regímenes especiales será a partir de los 180 días desde la sanción de la ley.

Se mantiene el aporte obligatorio a las cámaras empresariales con un tope del 0,5%.

Se ratificó la bancarización desestimando las billeteras virtuales para el pago de los sueldos.

Se crea el Fondo de Asistencia Laboral (FAL) para financiar despidos sin causa. Un 2.5% irá para las pymes y el 1% para las grandes empresas.

Los juicios laborales se limitarán a considerar los salarios de los trabajadores, sin considerar aguinaldos y vacaciones. Se podrán pagar en 6 cuotas en el caso de las grandes empresas y en 12 las pymes.

Se amplían los servicios esenciales y trascendentales. La CGT no consiguió que se eliminara del proyecto la limitación del derecho de huelga por este concepto. Tampoco tuvo éxito con el artículo que establece que se deberá pedir autorización a la patronal para hacer una asamblea en los lugares de trabajo.

EL

La vicepresidenta Victoria Villarruel habilitó un régimen de retiro anticipado previo a la jubilación para trabajadores del Senado tanto de planta permanente como temporaria que adeudan hasta cinco años para acceder a ese beneficio.

Así fue establecido por Villarruel en el decreto 0362/25 firmado el pasado 17 de junio, al que tuvo acceso la Agencia Noticias Argentinas.

En los considerandos, Villarruel resaltó que esa iniciativa busca "reafirmar su compromiso de adoptar medidas destinadas al fortalecimiento institucional y a la optimización de sus recursos" con el "propósito de atender las necesidades del personal, impulsar la modernización administrativa, promover la reorganización y garantizar la eficiencia de los recursos públicos".

El alcance abarca al personal de la planta permanente y temporaria al que le "faltaren hasta cinco años para acceder a la edad mínima exigible en el régimen jubilatorio general vigente", actualmente fijado en 65 para hombres y 60 para mujeres.

El plazo para adherir es de 60 días y, quienes deseen acceder al beneficio, deben contar "con los años de servicios con aportes requeridos para iniciar el trámite".

El personal de planta temporaria, en tanto, deberá "estar afectado a alguna de las estructuras orgánicas estables con una antigüedad mayor a los 2 años".

Quedará excluido el personal que se encuentre con sumario administrativo del que pudieran "surgir sanciones de cesantía o exoneración", así como tampoco podrán hacerlo aquellos que tuvieran ausencias injustificadas, reclamos administrativos iniciados y cuyos casos aún estén pendientes de resolución, salvo cuestiones vinculadas por la ley de Riesgos del Trabajo.

Muchos menos serán alcanzados por la disposición quienes tengan un procesamiento por delitos en perjuicio de la administración pública; personal que "hubiera presentado su renuncia, aunque se encontrara pendiente el acto formal de aceptación; personal que tenga otorgado o en trámite una jubilación ordinaria", dice el decreto.

La evaluación quedará en manos de la Dirección General de Recursos Humanos, que "eventualmente podrá denegar la petición", ya que la mera presentación de la solicitud de adhesión al régimen no implica el "otorgamiento del beneficio". NA

El presidente Javier Milei cuestionó la decisión del Senado de la Nación de rechazar los pliegos propuestos para cubrir vacantes en la Corte Suprema de Justicia, al considerar que la negativa se fundamenta en intereses políticos y no en la idoneidad de los candidatos.

A través de un tuit, Milei habló de "principio de revelación" y preguntó: "¿Dónde están todos los que decían que yo tenía un pacto de impunidad con la ex Presidente doblemente condenada?", en referencia a Cristina Fernández de Kirchner.

PRINCIPIO DE REVELACIÓN¿Dónde están todos los que decían que yo tenía un pacto de impunidad con la ex Presidente doblemente condenada?¿Pedirán perdón todos los políticos y periodistas que afirmaron esa mentira ahora que dos sectores de la oposición PACTARON voltear los dos…

"¿Pedirán perdón todos los políticos y periodistas que afirmaron esa mentira ahora que dos sectores de la oposición PACTARON voltear los dos jueces y Ficha Limpia en la misma sesión?", continuó.

Y sentenció: "Parece que el pacto era de aquellos preocupados por sus causas penales", para luego solicitar: "Espero avance el proyecto de Ficha Limpia!!! VLLC!"

El senador por el departamento Castellanos realizó un balance del 2024, destacando los desafíos de la región y su trabajo legislativo.

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Alcides Calvo, senador provincial por el departamento Castellanos, pasó por los estudios de Radio Rafaela y compartió su visión sobre el año que termina.

"Creo que estamos en una gran provincia, pero principalmente en una región que es Cuenca Lechera y que tiene actividades muy diversificadas, principalmente la primaria, como la ganadería, la agricultura y la lechería", expresó. En esa línea, el senador destacó que estas actividades brindan "una ventaja que muchas veces permite que las crisis se demoren".

Entre otros temas, recordó que "el 2023 fue una de las sequías más duras de la historia", afectando a toda la región y al país, pero señaló que "por suerte, el clima nos acompañó este año".

La actualidad nacional

También reflexionó sobre los nuevos desafíos económicos con el cambio de gobierno. "Tenemos un nuevo presidente que tiene una mirada distinta, donde el eje fundamental fue la parte económica y financiera, y principalmente la cambiaria", dijo, resaltando la importancia de "tener un Estado que no sea deficitario".

Sin embargo, advirtió sobre los riesgos para las pequeñas y medianas empresas. "La baja del consumo genera una baja también en la generación de empleos y recursos", afirmó.

Aunque confesó no haber votado por Milei, expresó: "Estoy ansioso y deseo que ese equilibrio se pueda dar, que no exista déficit, pero que también haya un fuerte apuntalamiento al sector productivo".

Por esa línea, dejó su opinión respecto al cuidado de la industria nacional. "Bajar los aranceles sirve para mejorar tecnológicamente y hacer más competitiva la industria, pero no debemos destruir nuestra industria ni nuestro empleo", subrayó, señalando que este es un "fantasma" recurrente en la historia del país.

Su trabajo como legislador

En el plano legislativo, resaltó una labor intensa durante el año. "Prácticamente presentamos tres proyectos de ley por mes, casi 37 en total. Lo lindo es que pudimos obtener la sanción definitiva de siete proyectos de ley", detalló.

Entre ellos, mencionó la imposición del nombre de la Ruta 62 en honor a Jorge Nene Ternengo, y el caso de la Escuela Técnica 565 de Humberto Primo, que llevará el nombre de Nikola Tesla tras una elección realizada por estudiantes y docentes.

Merecido reconocimiento: Se promulgó la Ley impulsada por Calvo que designa con el nombre de "Jorge Ternengo" un tramo de la Ruta N° 62

Calvo destacó la importancia de iniciativas como la Ley de Cardiopatías Congénitas y su acompañamiento a los proyectos del Ejecutivo. "Hemos hecho nuestro aporte, en otras hemos acompañado, y en otras no, pero siempre fuimos proclives a que en este primer año de gestión las cosas funcionen", aseguró.

El mensaje de fin de año

"Estamos cerrando un año que viene lo mejor que se pueda, pero con expectativa para el 2025", concluyó.

Mirá la nota completa:

Durante un plenario de comisiones en el Senado, entre ellas la de Relaciones Exteriores y Culto, un grupo de legisladores de la oposición exigió que la canciller Diana Mondino comparezca para explicar un reciente comunicado en el que se refirió a las Islas Malvinas como “Islas Falklands/Malvinas”. La denominación, considerada inapropiada y contraria a la postura oficial argentina, fue eliminada, pero no evitó que los senadores solicitaran explicaciones urgentes.

El radical fueguino Pablo Blanco fue uno de los más enfáticos en su reclamo: “Ya se está pasando de claroscuro. Es hora de dar explicaciones”, afirmó. Blanco recordó que la comparecencia de Mondino había sido solicitada meses atrás, pero la reunión fue pospuesta por problemas de agenda. "Si no, tendremos que plantear una interpelación", agregó el senador.

En sintonía con Blanco, el peronista disidente Juan Carlos Romero, senador por Salta, subrayó que para Argentina la cuestión de las Islas Malvinas "no es neutral", y condenó el uso del término “Falklands”, incluso si fue editado posteriormente. “No podemos aceptar que diga eso”, remarcó Romero, sugiriendo la posibilidad de presentar un proyecto de declaración por el mal uso de las palabras en áreas de tanta sensibilidad.

El presidente de la comisión de Relaciones Exteriores, Francisco Paoltroni, trató de mitigar el conflicto asegurando que no se trataba de un comunicado oficial del Gobierno, pese a la evidencia que circulaba antes de la modificación del texto original. Además, se leyó una invitación para que Mondino diserte ante la Cámara Alta en los próximos días.

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Un trasfondo de tensiones por las Malvinas

Este no es el primer incidente que involucra a la canciller Mondino en cuestiones sensibles respecto a las Malvinas. Durante la sesión, Blanco recordó otro error diplomático reciente: en la presentación del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) ante inversores extranjeros, un mapa oficial de Argentina omitió a las Islas Malvinas.

“Sencillamente las borraron”, comentó con ironía Blanco, quien también criticó al Ministerio de Defensa, encabezado por el exdiputado radical Luis Petri, por permitir que se propaguen estos “agravios para nuestros héroes y sus familias”.

El incremento será del 8,1 por ciento y pliega su actualización mensual al Índice de Precios al Consumidor (IPC).

El Senado de la Nación aprobó hoy por dos tercios, en general y en particular, el proyecto que aumenta las jubilaciones en un 8,1 y pliega su actualización mensual de los haberes al Índice de Precios al Consumir (IPC), que ya tuvo la media sanción de la Cámara de Diputados y por la cual el presidente Javier Milei advirtió que haría uso del veto.

Fue por 61 votos afirmativos, ocho negativos y cero abstenciones, en general. En particular, la oposición logró blindar todos los artículos sensibles y que ponen en jaque al Gobierno nacional con dos tercios.

Además del aumento de 8,1 y el cambio en la fórmula de actualización, la iniciativa contempla que, en marzo de cada año, se aplicará un aumento del 50 por ciento de la variación de la de la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE) por sobre la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del año anterior.

A su vez, dispone que la ANSES "garantizará, para el caso de las personas que perciban un solo beneficio, el pago de una prestación con un suplemento dinerario de carácter alimentario, de forma tal que los ingresos totales no sean menores al último valor de la canasta básica total por adulto multiplicado por 1,09".

También instruye a la institución a que cancele la totalidad de las deudas que mantiene con las provincias cuyos sistemas previsionales "no fueron transferidos al Estado nacional, como así también con los beneficiarios que cuenten con sentencia firme, dentro de los 6 meses de la promulgación de esta ley".

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Su aprobación significará un gasto del 0,43 por ciento, según especificó un estudio realizado por la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC). Ante este panorama, Milei aseguró que utilizará, por primera vez, su facultad de veto. El jefe de Estado calificó como "degenerados fiscales" a los diputados cuando le dieron luz verde al proyecto en Diputados.

Semanas atrás, la Casa Rosada envió al secretario de Hacienda, Carlos Guberman, y al titular de la ANSES, Mariano de los Heros, para defender el "déficit cero" que promueven Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo.

Los funcionarios postularon que aceptaban el 8,1, pero no harían lugar al resto de los puntos. No obstante, la propuesta del 8,1 también fue condicionada por los emisarios del Poder Ejecutivo al sostener que no sería de forma retroactiva a enero, mes en el que las jubilaciones subieron 12,5 frente al 20,6 que fue la inflación, sino al mes siguiente de la promulgación de la ley.

El debate

El inició de su discusión en el hemiciclo se demoró varios minutos porque, según pudo consignar la Agencia Noticias Argentinas, la senadora del PRO y presidenta de la Comisión de Previsión Social, Carmen Álvarez Rivero (Córdoba), se habría negado a ser la miembro informante del proyecto.

Por lo tanto, la presentación del proyecto, que cuenta solo con 13 artículos y que consiguió ser dictaminado por una mayoría construida por el kirchnerismo, radicales y un bloque federal, quedó en manos del senador Mariano Recalde (CABA), de Unión por la Patria, que comenzó su alocución pasadas las 12.30.

Uno de los primeros en tomar la palabra fue el radical Martín Lousteau (CABA), uno de los firmantes del despacho dictamen de mayoría. El presidente de la Unión Cívica Radical (UCR) hizo un punteo de ejes principales y citó a la OPC por su informe para explicar cómo, en su parecer, el Gobierno podría haber afrontado el costo.

"El costo es un poco menor de haber bajado los Bienes Personales, es decir, del impuesto que se les cobra a los más ricos de los más ricos. Nuestro bloque hizo una propuesta y el Gobierno no quiso cobrar mas por el Blanqueo. Incluso, el Presidente fue a un programa que había método inclusive para ganar plata blanqueando", argumentó Lousteau.

En esa línea, continuó: "Al que nunca pagó IVA, Ganancias, Bienes Personales le condonamos. Ahora, darle a los jubilados está mal. El Presidente dijo que el evade es un héroe. Claro, después falta la plata para pagarle a los jubilados que pusieron el lomo durante muchos años".

El senador de Unión por la Patria Fernando Salino (San Luis) siguió la senda de Lousteau: "Esto de enamorarnos de la baja de la inflación y creer que si la bajamos resolvimos todos los problemas de la humanidad. Los funcionarios afirman que mejoraron las jubilaciones y, por otro, dicen que disminuyeron el gasto previsional. Es contradictorio y no lograron explicarlo".

Uno de los que bancó la parada del oficialismo fue el senador libertario Bartolomé Abdala (San Luis). Si bien dijo que su espacio entiende el reclamo de la ciudadanía, pero cargó con la oposición: "Nos quieren venir a decir que el problema es desde el 10 de diciembre y le faltan la palabra a la ciudadanía".

Además, Abdala salió en defensa del programa económico de Milei y Caputo y cargó contra el Congreso por el retraso en la sanción de la Ley Bases y el paquete fiscal: "Falta mucho y somos conscientes. Tenemos mucha sensibilidad con la tercera edad. Si nos hubieran dado la Ley Bases antes, los jubilados estarían mejor".

A su turno, la senadora de Unión por la Patria Juliana Di Tullio calificó al presidente Javier Milei como un "degenerado social" en respuesta a Milei: "Si quienes vamos a votar este proyecto que viene con dos tercios de la Diputados que somos degenerados fiscales, es un degenerado social".

El Senado tratará esta semana, en sesión especial, el proyecto de Presupuesto 2023, en una discusión que se extenderá por varias horas y en la que oficialismo - con votos propios y de fuerzas aliadas- buscará darle sanción definitiva y enviarlo al Poder Ejecutivo para su promulgación.

La sesión, cuya fecha podría ser miércoles 16 o jueves 17, también incluirá la discusión del proyecto de ley, aprobado hace dos meses en Diputados, que prorroga por cinco años la vigencia de los impuestos a las Ganancias, a los Débitos y Créditos Bancarios, conocido como Ley del Cheque; del Monotributo, el Capital de la Cooperativa y el adicional de Cigarrillo, que vencen a fines de 2022 y explican el 32% de la recaudación impositiva.

El proyecto de Presupuesto 2023 fue aprobado por la Cámara de Diputados en los últimos días de octubre, tras una extensa sesión en la que el Frente de Todos logró sancionarlo con votos propios, de fuerzas provinciales y de legisladores del radicalismo encuadrados en Juntos por el

De hecho, en esa reunión, que se llevó a cabo entre el 25 de octubre y la madrugada del 26, el proyecto obtuvo 180 votos a favor, 22 votos en contra y 49 abstenciones y se convirtió en el que mayor cantidad de respaldos obtuvo en la Cámara baja desde 2012 a la fecha.

El proyecto de ley de Presupuesto 2023 pasó al Senado donde, tras dos reuniones de la Comisión de Presupuesto y Hacienda -celebradas el 2 y 3 de noviembre-, obtuvo dictamen de mayoría con las firmas de los legisladores del Frente de Todos y de su aliado de Juntos Somos Río Negro, Alberto Weretilneck.

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La primera de las jornadas sirvió para que los legisladores escucharan a los secretario de Programación Económica, Gabriel Rubinstein; de Hacienda, Raúl Rigo; y de Finanzas, Eduardo Setti.

Al día siguiente, el interbloque que es la primera minoría en la Cámara alta logró las firmas necesarias para llevar el proyecto al recinto.

Sin embargo, el oficialismo se tomó una semana más antes de que el tema sea discutido en una sesión.

Esta semana, en la que la actividad en el Senado fue escasa, sólo hubo un puñado de reuniones con temas ajenos a la economía y a la política.

El Senado prefirió esperar un poco más antes de llevar el tema al recinto porque algunos legisladores no estaban disponibles.

De hecho, el rionegrino Weretilneck, de Juntos Somos Río Negro, y el chubutense Ignacio Torres, de Juntos por el Cambio, viajaron a los Estados Unidos para observar el desarrollo de las elecciones de medio término que se realizaron el martes pasado.

A la ausencia de ambos legisladores se suma la del jefe del interbloque del Frente de Todos, José Mayans, quien permanece internado por atravesar problemas de salud.

En base a las previsiones, si el Frente de Todos sienta a todos sus integrantes, con la excepción de Mayans, y mantiene el apoyo de sus aliados de Río Negro, de Hay Futuro Argentina y del Frente Renovador de la Concordia, no necesitará incluso de ningún voto de la oposición para lograr la aprobación del proyecto.

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El detalle de la ley de leyes

El proyecto de Presupuesto 2023 enviado por el Poder Ejecutivo, y que fue modificado durante su paso por Diputados, prevé un gasto global de casi $ 29 billones, un déficit fiscal de 1,9%, una pauta inflacionaria del 60% y destina el 70% de los recursos a rubros sociales.

El cálculo de recursos previstos para el próximo año es de 22.554.178.961.624, por lo que se busca reducir el déficit del 2,5 por ciento de 2022 al 1,9 en 2023, lo que equivaldría a aproximadamente 6.400 millones de pesos.

Este será el segundo Presupuesto de los cuatro que debió haber tenido el Gobierno de Alberto Fernández, ya que al asumir, en 2019, el Poder Ejecutivo resolvió reconducir para 2020 el cálculo de gastos y recursos del año anterior, sin tomar en cuenta el proyecto elaborado por la administración de Mauricio Macri.

En 2020 logró aprobar el Presupuesto para 2021, a fin de ese año, tras el cambio en la conformación de las Cámaras por la derrota del Frente de Todos en las legislativas de medio término, la oposición se negó a brindar sus votos y el Gobierno se quedó sin Ley en 2022.

Con la aprobación de Diputados, arrancó en la Cámara Alta el debate del Presupuesto 2023 con la palabra de los secretarios de Hacienda, Raúl Rigo, de Finanzas, Eduardo Setti y de Programación Económica, Gabriel Rubinstein.

El proyecto de Presupuesto 2023, aprobado por la Cámara de Diputados la semana pasada, comenzó a ser debatido en la tarde del miércoles en la Comisión de Presupuesto y Hacienda del Senado, con las exposiciones de los secretarios de Programación Económica, Gabriel Rubinstein; de Hacienda, Raúl Rigo; y de Finanzas, Eduardo Setti.

"Para bajar el impuesto inflacionario lo más importante es bajar el déficit todo lo que sea necesario", dijo Rubinstein en el Salón Azul del Palacio Legislativo.

Ante los senadores de la Comisión, el secretario destacó que "este es un presupuesto de transición".

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"Sirve para tener la situación más ordenada fiscalmente; en camino hacia el equilibrio fiscal y para pensar en la macroeconomía que logramos hace 20 años, cuando teníamos un supéravit fiscal de tres puntos del PBI", subrayó el economista.

Rubinstein, Rigo y Setti concurrieron a la Comisión presidida por el senador oficialista Ricardo Guerra acompañados por el secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca, Juan José Bahillo; el secretario de Economía del Conocimiento, Ariel Sujarchuk; y el jefe de asesores de la Secretaría de Agricultura, Juan Manuel Fernández Arocena.

También se hicieron presentes en el Salón Azul del Parlamento Leonardo Madcur, titular de la Unidad de Gabinetes de Asesores; Matias Tombolini, secretario de Comercio; Flavia Royon, secretaria de Energía; Ricardo Casal, secretario Legal y Administrativo; y Jorge Neme, secretario de Planificación de Desarrollo y Competitividad.

La intención del oficialismo en el Senado es discutir el tema a lo largo de dos jornadas, miércoles y jueves, para luego prepararse para emitir dictamen.

El proyecto de Presupuesto 2023 tiene como puntos centrales la previsión de un gasto global de casi $ 29 billones, un déficit fiscal de 1,9%, una pauta inflacionaria de 60% y destina el 70% de los recursos a rubros sociales.

El proyecto original enviado por el Poder Ejecutivo fue modificada durante la discusión de comisión en Diputados y luego en el recinto de la Cámara baja obtuvo 180 votos positivos, 22 negativos y 49 abstenciones.

Resultados en DiputadosEl proyecto de Presupuesto 2023 tiene como puntos centrales la previsión de un gasto global de casi $ 29 billones, un déficit fiscal de 1,9%, una pauta inflacionaria de 60% y destina el 70% de los recursos a rubros sociales.

La norma, modificada en su discusión de comisión y luego en el recinto de la cámara baja, obtuvo 180 votos positivos, 22 negativos y 49 abstenciones.

La oposición logró bloquear artículos que propiciaban que jueces y empleados judiciales pasen a pagar el impuesto a las Ganancias y el artículo que permitía al Gobierno manejar las alícuotas de las retenciones al campo.

Además de los legisladores del FdT y de sus aliados, el proyecto también fue apoyado por el peronismo disidente y el radicalismo; en tanto la izquierda, la Coalición Cívica y los bloques de derecha se opusieron y el PRO se abstuvo.

Situación en el SenadoEn la Cámara alta, el oficialismo necesita que todos sus senadores estén sentados en las bancas, además de los representantes de Juntos Somos Río Negro, del Frente Renovador de la Concordia y de Hay Futuro Argentina.

El interbloque del FdT posee 35 senadores propios, a los que se suman esos tres legisladores que son sus aliados.

El jefe de la bancada oficialista, José Mayans, permanece internado en el Hospital Italiano de la ciudad de Buenos Aires, y su ausencia deja al principal bloque del Senado con el número justo para habilitar el debate.

No obstante, se espera que la representante de Córdoba Federal, Alejandra María Vigo, se sume para completar el número necesario para el quórum.

El Senado debatirá en comisión el Presupuesto este miércoles y este jueves.

Postura de la oposición: JxC y el RadicalismoPor el lado de la oposición, el bloque de Juntos por el Cambio (JxC), compuesto por 33 integrantes, resolverá durante la semana cómo se plantará ante la sesión y, luego, la posición que adoptará al momento de votar la ley.

Si la principal bancada de la oposición repite la postura de sus pares de Diputados, el oficialismo tendrá asegurada la ley cuando llegue al recinto.

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No obstante, algunos representantes del radicalismo ya dejaron trascender que no quieren prestar su aprobación al Presupuesto, por lo que el oficialismo debe asegurarse sí o sí de alinear a todos sus integrantes y a sus aliados.

Objetivos del oficialismoEl objetivo del oficialismo es que el proyecto sea aprobado tal como vino de Diputados, para que sea ley y que no deba volver en segunda revisión a la Cámara baja.

Por otro lado, el oficialismo también dejó trascender la idea de que, además del proyecto de ley de Presupuesto, se incluya en el temario de la sesión el proyecto de ley que prorroga por cinco años la vigencia de los impuestos a las Ganancias, a los Débitos y Créditos Bancarios, conocido como Ley del Cheque, del Monotributo, del Capital de la Cooperativa y el adicional del Cigarrillo que vencen a fines de 2022 y representan el 32% de la recaudación impositiva.

Esta iniciativa, que ya fue aprobada en Diputados, obtuvo dictamen en la Comisión de Presupuesto y Hacienda del Senado el 21 de septiembre pasado.