Los senadores del bloque peronista Convicción Federal votarían en general el Presupuesto 2026,

Sin embargo, aclararon que no acompañarían el artículo 30 que propone la derogación en materia de Financiamiento del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación; de Educación Técnico Profesional; y del Fondo Nacional de la Defensa. 

De esta manera, se producirá el primero de los quiebre relevantes en el Senado entre los gobernadores del Partido Justicialista y el ala que responde todavía a la ex presidenta Cristina Kirchner, quien recala en la Cámara alta en la otra bancada que preside Mayans. 

El bloque está integrado por Fernando Salino (San Luis), Carolina Moisés (Jujuy), Fernando Rejal (La Rioja), Guillermo Andrada (Catamarca) y Sandra Mendoza (Tucumán). Tanto Andrada como Mendoza responden a sus gobernadores: Raúl Jalil y Osvaldo Jaldo, respectivamente. 

La sesión está prevista para el próximo viernes 26 de diciembre. El oficialismo no incluirá el Capítulo 11, que fue rechazo en su paso por Diputados y que contenía las derogaciones de las leyes de Emergencia en Discapacidad y Financiamiento Universitario.  

Agencia NA

Un total de 24 senadores y senadoras jurarán este viernes a las 11 en la Cámara alta del Senado de la Nación. Son las autoridades electas el 26 de octubre en siete provincias y Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en cumplimiento del artículo 56 de la Constitución argentina, que establece la renovación por tercios cada dos años.

Santa Fe no tendrá cambios en la composición de sus representantes porque en los últimos comicios sólo puso en juego 9 bancas de diputados que jurarán el 3 de diciembre a las 13. Pero ese es otro tema.

Volviendo al Senado, la sesión preparatoria está prevista para el último día hábil del mes, al filo del cierre del período ordinario de sesiones que culmina el 30 de noviembre.

Los nuevos representantes provinciales ocuparán sus bancas desde el 10 de diciembre bajo la dirección de Victoria Villarruel, vicepresidenta de la Nación y, como tal, máxima autoridad del Senado.

La elección del resto de las autoridades, incluida la presidencia provisional, quedará para febrero, tal cual lo establece el artículo 1º del reglamento de la Cámara.

La norma expone que “el 24 de febrero de cada año o el día inmediato hábil anterior en caso que sea feriado, se reúne el Senado en sesiones preparatorias a fin de designar autoridades y fijar los días y horas de sesiones ordinarias, los que pueden ser alterados por decisión de la Cámara”.

El artículo 2º consigna que “acto continuo la Cámara hará sucesivamente y por mayoría absoluta la elección de un presidente provisional para que la presida en los casos determinados en el artículo 58 de la Constitución, un vicepresidente, un vicepresidente 1º y un vicepresidente 2º”.

Actualmente la presidencia pro témpore está a cargo del libertario Bartolomé Abdala (San Luis).

Si bien no está previsto el tratamiento de proyectos en el encuentro de este viernes, sí se espera debate. En particular sobre la situación de Lorena Villaverde (Río Negro), actual diputada nacional por LLA, quien viene siendo cuestionada por sus posibles vínculos con Antonio “Fred” Machado, investigado por lavado de activos y narcotráfico.

Los pliegos de la legisladora electa por la provincia patagónica fueron analizados, como el resto, por la Comisión de Asuntos Constitucionales y su aprobación final quedará en manos del cuerpo en la sesión de este viernes.

La Cámara alta que comenzará a funcionar de manera oficial el 10 de diciembre será más favorable al oficialismo, que pasará de tener 20 legisladores propios de los 6 que contaba hasta ahora.

En CABA tendrá a un alfil de peso: Patricia Bullrich, ex ministra de Seguridad, será la voz del oficialismo en el recinto.

A ellos se suman Agustín Monteverde (CABA), Juan Cruz Godoy y Silvana Schneider (Chaco), Joaquín Alberto Benegas y Romina Almeida (Entre Ríos), Emilia Orozco y Gonzalo Guzmán Coraita (Salta), Agustín Coto y Belén Monte de Oca (Tierra del Fuego), Nadia Márquez y Pablo Cervi (Neuquén) y la rionegrina Lorena Villaverde, si se aprueba su pliego.

Por el lado de la oposición, renuevan sus bancas Mariano Recalde (CABA) y Cristina López (Tierra del Fuego). En tanto, ingresan Gerardo Zamora, Elía Esther del Carmen Moreno y José Neder (Santiago del Estero), Martín Soria y Ana Marks (Río Negro), Adán Humberto Bahl (Entre Rios) y Jorge Capitanich (Chaco).

En representación de los gobernadores, estarán Flavia Royón (Salta) y Julieta Corroza (Neuquén).

Santa Fe seguirá representada por Eduardo Galaretto, Marcelo Lewandowski y Carolina Losada, con mandato hasta el 10 de diciembre de 2027.

Nancy Balza - El Litoral

El Senado sesionará el próximo jueves desde las 11 en busca de rechazar el veto el proyecto de distribución de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y sancionar la Ley Nicolás, aprobada en diciembre del 2023 por la Cámara de Diputados.

Se sumarán al temario dos proyectos con dictamen que convierte en ley el Sistema de Alerta Sofía y otro que agrava las penas para accidentes viales, según quedó definido este martes en una reunión de Labor Parlamentaria presidida por el presidente Provisional del Senado, Bartolomé Abdala.

Más allá de los intentos que pueda hacer el gobierno del presidente Javier Milei para recomponer los vínculos con los gobernadores de las próximas horas, la Cámara de Diputados se avizora como el lugar de negociación para intentar desactivar la embestida por los ATN.

La Cámara baja es un territorio menos hostil para el oficialismo, aun cosechando derrotas en las últimos meses y alguna victoria pírrica como el sostenimiento del veto al paquete jubilatorio y la moratoria.

El proyecto de los ATN fue impulsado por los mandatarios provinciales y recibió 56 votos afirmativos en el recinto senatorial, con ausencias no solo de los libertarios, sino también de aquellos senadores que responden a gobernadores que sellaron alianzas provinciales con LLA y otros que juegan libres.

La Ley Nicolás tiene como objetivo evitar mala praxis y diagnósticos erróneos, a raíz de la muerte del joven Nicolás Deanna por meningitis no detectada a tiempo.

En el caso de la Alerta Sofía se trata de dos proyectos presentados por el senador Juan Carlos Romero (Salta).

En el primero, se proponía darle un marco normativo a la búsqueda de personas extraviadas o desaparecidas.

En la segunda iniciativa, buscaba convertir en ley el Programa Alerta Sofía, creado en el año 2019 por el Ministerio de Seguridad de la Nación bajo la gestión de la actual titular de la cartera, Patricia Bullrich, con el objetivo de difundir de manera urgente desapariciones de menores.

Ambos textos fueron unificados en un solo dictamen de mayoría en la plenaria, luego de dos encuentros anteriores que fueron de carácter informativo.

Según detalla el dictamen de mayoría, la ley tiene como objeto "la sistematización y centralización de la información, los procedimientos y los protocolos para la búsqueda de las personas, tanto menores como adultas, cuyo paradero se desconozca, y de la información, los procedimientos y los protocolos para la identificación de personas de identidad desconocida halladas con vida o fallecidas, promoviendo acciones efectivas, con información actualizada y completa sobre todas las novedades ocurridas en territorio nacional".

En su artículo 2, se crea el "Registro Nacional de Búsqueda de Personas Extraviadas y Desaparecidas y de Identificación de Personas de Identidad Desconocida Halladas con Vida o Fallecidas, bajo la órbita del Ministerio de Seguridad Nacional.

Mientras que el artículo 6 constituye el Programa de Alerta Rápida Sofía que "se activará dentro de las 6 horas de realizada la denuncia en sede policial, Ministerio Público o Poder Judicial, por desaparición y/o extravío del menor de 18 años, que se encuentre bajo una situación de extrema gravedad y urgencia que puede causar daños irreparables en la integridad física y biopsicosocial del mismo".

En el caso del proyecto que agrava penas para siniestros viales. "Será reprimido con prisión de dos (2) a cinco (5) años e inhabilitación especial, en su caso, por cinco (5) a diez (10) años el que, por conducción imprudente, negligente, con impericia o antirreglamentaria de un vehículo con motor causare a otro la muerte", dice el dictamen.

A su vez, eleva la pena "de cuatro (4) a ocho (8) años e inhabilitación especial por el doble de tiempo de la condena, si se diera alguna de las circunstancias previstas en el párrafo anterior y el conductor hubiere consumido estupefacientes, o hubiere consumido medicamentos que disminuyan su aptitud para conducir, o tuviere un nivel de alcoholemia superior a cero, o excediere en un treinta por ciento (30%) la velocidad máxima permitida en el lugar del hecho, o condujese un vehículo con motor sin encontrarse habilitado para conducir".

A partir de julio, los senadores nacionales percibirán más de $9,5 millones en bruto, tras una nueva actualización salarial derivada de la paritaria firmada por el personal del Congreso. El acuerdo fue avalado por los presidentes de ambas cámaras, Martín Menem y Victoria Villarruel, y contempla incrementos del 1,3% para marzo, abril y mayo.

Desde abril de 2024, los sueldos de los senadores quedaron atados al valor de los módulos que se utilizan para calcular los salarios legislativos. Cada senador percibe el equivalente a 2.500 módulos de dieta, más 1.000 por gastos de representación y 500 por desarraigo. Además, en abril se sumó un nuevo módulo equivalente a una “dieta aguinaldo”. Actualmente, cada módulo vale $2.376.

Hasta marzo, los senadores cobraban en mano alrededor de $5,4 millones, con un haber bruto que rondaba los $7,5 millones. Con la finalización del congelamiento de dietas —que regía por decreto hasta marzo— se incorporaron aumentos acumulados del 6,6% (de julio y agosto del año pasado) y los correspondientes a enero (1,5%) y febrero (1,2%). Así, el ajuste salarial acumulado en 2025 alcanza el 11,6%, superando incluso las paritarias de gremios como camioneros, bancarios, transporte y metalúrgicos.

La presidenta del Senado, Victoria Villarruel, afirmó que no puede frenar este aumento: “Es una decisión que corresponde a los senadores”. A través de sus redes sociales, Villarruel expresó su malestar por el esquema salarial: “Yo gano menos que ellos, que los diputados, y mi sueldo está congelado hace un año. En breve me pagan dos chirolas y soy vice”, ironizó.

También agregó que no percibe beneficios como vivienda oficial y que, en comparación con otros cargos del Estado, su salario está desfasado: “Gano menos que el Presidente, diputados, ministros, jueces, diplomáticos...”.

La medida, de cumplimiento obligatorio, fue adoptada a través de una resolución firmada este miércoles, en el marco de una presentación realizada por el abogado Jorge Rizzo y el constitucionalista Andrés Gil Domínguez. Ambos impugnaron la designación de García-Mansilla en el Juzgado Nacional en lo Civil y Comercial Federal N°2, por entender que vulnera la independencia judicial.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, Ramos Padilla entendió que el artículo 99 inciso 19 de la Constitución Nacional impide que un juez designado en comisión ejerza funciones jurisdiccionales, en tanto no haya recibido acuerdo del Senado.

“La falta de acuerdo del Senado de la Nación no puede ser soslayada ni sustituida por una decisión del Poder Ejecutivo Nacional”, expresó el magistrado platense, y recordó que esa es una “condición esencial para la validez del nombramiento” y que, en su defecto, “no puede válidamente ejercer la función jurisdiccional”.

En su fallo, Ramos Padilla advirtió que la situación de García-Mansilla “compromete gravemente el cumplimiento de los estándares constitucionales e internacionales de independencia e imparcialidad judicial”.

García-Mansilla había sido designado como juez en comisión por el presidente Javier Milei el 22 de enero, en medio de una serie de nombramientos que también generaron cuestionamientos desde distintos sectores del ámbito judicial.