La Justicia federal autorizó a Bárbara Yamila Cantero, integrante del clan Los Monos y actualmente bajo prisión domiciliaria, a salir de su vivienda para acompañar a su hijo al shopping El Portal, ubicado en la zona norte de Rosario.

La salida fue permitida para este miércoles 5 de agosto y responde a un pedido presentado por la defensa de la condenada.

El camarista federal Otmar Paulucci resolvió hacer lugar a la solicitud al considerar que la medida estaba vinculada con la protección del interés superior de los niños involucrados.

La autorización fue concedida pese a la oposición del fiscal federal Tomás Malaponte.

Cantero fue detenida en 2022 durante una serie de allanamientos realizados en distintos sectores de Rosario, principalmente en el asentamiento de Vía Honda.

Posteriormente fue condenada a cuatro años de prisión por su participación en una organización dedicada a la comercialización de estupefacientes en la zona oeste de la ciudad. Más tarde, accedió al régimen de detención domiciliaria.

La investigación había sido impulsada por la fiscal federal Adriana Saccone y los procedimientos fueron ordenados por el juez federal Carlos Vera Barros.

Según la hipótesis acusatoria, Cantero cumplía el rol de “jefa de calle”, encargándose de transmitir órdenes, coordinar puntos de venta y recaudar el dinero obtenido mediante el narcomenudeo.

Los procedimientos fueron ejecutados por la División Antidrogas Rosario de la Policía Federal y alcanzaron domicilios de Vía Honda, barrio Toba, Villa Urquiza, Villa Nueva, el Fonavi de Rouillón y Seguí, además de un inmueble en Cañada de Gómez.

También se realizaron requisas en las cárceles de Piñero y Coronda, donde se encontraban detenidos otros presuntos integrantes de la organización.

Durante el operativo se secuestraron 1.500 dosis de estupefacientes preparadas para la venta, flores de marihuana, dinero en efectivo, teléfonos celulares, balanzas digitales, anotaciones, municiones calibre 9 milímetros y un automóvil.

La investigación había comenzado en marzo de 2022 como desprendimiento del denominado “Operativo Giya”, que analizaba el abastecimiento de cocaína a distintos puntos de venta de Rosario.

De acuerdo con la acusación, la estructura respondía a órdenes impartidas desde establecimientos penitenciarios y contaba con vendedores, cobradores y personas encargadas de trasladar mensajes y recaudar dinero.