El Gobierno del Reino Unido ratificó este viernes su postura sobre la soberanía de las Islas Malvinas y aseguró que el archipiélago tiene derecho a desarrollar sus recursos naturales, incluidos los hidrocarburos, al tiempo que expresó su respaldo a las empresas y particulares que mantienen actividades comerciales en la zona.

La declaración fue realizada por la subsecretaria parlamentaria de Estado para los Territorios de Ultramar, Uma Kumaran, quien sostuvo que “la posición del Reino Unido es clara: las Islas Malvinas son británicas y tienen derecho a desarrollar sus recursos naturales como consideren apropiado”.

Desde Londres señalaron que esa postura se fundamenta en el principio de autodeterminación de los habitantes de las islas y remarcaron que el Gobierno británico y su red diplomática continuarán respaldando a las compañías vinculadas con actividades económicas en el archipiélago.

El pronunciamiento británico se produjo luego de que la Cancillería argentina rechazara una guía publicada por Londres el pasado 15 de septiembre, en la que se respaldaban las actividades económicas desarrolladas en las islas y la explotación de sus recursos naturales.

El documento británico sostiene que las actividades hidrocarburíferas en la plataforma continental de Malvinas están reguladas por la legislación local y plantea que la Argentina no tiene jurisdicción para aplicar sus normas sobre empresas o personas vinculadas con negocios en el archipiélago.

Desde el Gobierno nacional sostienen que las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes forman parte del territorio argentino y consideran ilegítimas las actividades hidrocarburíferas realizadas sin autorización de las autoridades nacionales.

La Cancillería indicó que las leyes 26.659 y 26.915 establecen sanciones para empresas, inversores y proveedores que participen directa o indirectamente en actividades hidrocarburíferas no autorizadas en áreas de la plataforma continental argentina.

Según informó el Gobierno argentino, fueron enviadas cerca de 180 notas de advertencia y asunción de riesgos a personas físicas y jurídicas de 30 países, además de iniciarse 60 procedimientos administrativos.

Uno de los puntos centrales del conflicto está relacionado con el proyecto petrolero Sea Lion, ubicado en la Cuenca Malvinas Norte, impulsado por las compañías Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum.

Mientras Argentina sostiene que esas actividades no cuentan con autorización y afectan sus derechos soberanos, el Reino Unido afirma que continuará respaldando el desarrollo económico de las islas.

“Trabajaremos incansablemente con el Gobierno de las Islas Malvinas para garantizar que se respeten sus deseos”, señaló Kumaran, quien aseguró que existen “enormes oportunidades” para las empresas interesadas en operar en el archipiélago.

Una serie de documentos conservados en el Archivo Histórico de la Provincia de Tucumán permitió reconstruir uno de los primeros reclamos oficiales argentinos tras la ocupación británica de las Islas Malvinas en 1833.

Se trata de una carta enviada por el Gobierno de Buenos Aires al entonces gobernador tucumano Alejandro Heredia, fechada en enero de ese año, en la que se relata la llegada de una fuerza británica a Puerto Soledad, el desplazamiento de la autoridad argentina y la decisión de iniciar gestiones diplomáticas.

El documento fue encontrado durante una investigación sobre la gestión de Heredia en la década de 1830 y, por su valor histórico, permite observar cómo se comunicó el episodio apenas semanas después de ocurrido.

La carta está firmada por el gobernador de Buenos Aires Juan Ramón Balcarce y relata la llegada a la capital de la goleta de guerra argentina Sarandí, comandada por José María Pinedo, con la noticia de la ocupación.

Según el documento, el 2 de enero de 1833 el comandante británico John James Onslow, a bordo del buque Clio, comunicó que tenía órdenes de tomar posesión de las islas en nombre de Gran Bretaña.

Tras las protestas del comandante argentino, las fuerzas británicas desembarcaron al día siguiente, izaron su bandera y arriaron el pabellón argentino.

El Gobierno de Buenos Aires calificó el hecho como una “escandalosa agresión” y expresó su rechazo mediante comunicaciones enviadas a distintas provincias.

La carta dirigida a Heredia no tenía como objetivo solicitar tropas ni apoyo militar inmediato, sino informar a una provincia clave sobre la situación y las gestiones diplomáticas que Buenos Aires pretendía llevar adelante.

El documento, fechado el 26 de enero de 1833, fue encabezado con la fórmula oficial de la época: “Año 24 de la Libertad y 18 de la Independencia”.

En su contenido se describe cómo Onslow intimó a Pinedo a retirar la bandera argentina y cómo el comandante nacional dejó asentado que responsabilizaba a Gran Bretaña por la acción.

La comunicación señalaba la intención de sostener los derechos argentinos y buscar una reparación diplomática por la ocupación.

El material, según los responsables del Archivo Histórico tucumano, presenta un excelente estado de conservación pese al paso de casi 200 años.

La carta mantiene características propias de la documentación del siglo XIX: papel de tono marfil, escritura manuscrita, tinta con distintas intensidades y anotaciones posteriores realizadas por archivistas.

Su lectura permite observar no solo el contenido político del mensaje, sino también la forma en que circulaban las comunicaciones oficiales en una época previa a los medios modernos.

El hallazgo permite reconstruir cómo, desde los primeros momentos posteriores a la ocupación británica, el Gobierno argentino expresó su decisión de sostener el reclamo sobre las islas.

La carta enviada a Tucumán muestra que el episodio fue comunicado rápidamente al interior del país y que la cuestión Malvinas ya era considerada un asunto que excedía las disputas políticas provinciales.

Casi dos siglos después, el documento recuperado del archivo vuelve a poner en primer plano las palabras de quienes, en 1833, dejaron registrado el reclamo argentino por la soberanía sobre las islas.