En el marco de investigación por presunto lavado de dinero que tiene bajo la lupa a la firma Sur Finanzas, el juez Luis Armella ordenó la liberación de cuatro empleados que habían sido detenidos el pasado 12 de febrero por destruir pruebas.

Se trata de Daniela Eliana Sánchez, Juan Soler, César Zapaia y Rolando Soloaga.

Los involucrados, acusados de borrar cámaras de seguridad, ocultar computadoras y eliminar planillas, fueron indagados por Armella el fin de semana y luego excarcelados ya que no existen riesgos procesales, como riesgo de fuga o entorpecimiento de la investigación. Sus celulares y todos los dispositivos electrónicos incautados durante los allanamientos quedaron al resguardo de la Justicia.

Durante las indagatorias del viernes, se les ofreció la posibilidad de declarar como arrepentidos, pero los cuatro rechazaron hacerlo.

En los próximos días, Armella deberá decidir si procesa a los cuatro liberados, mientras la causa avanza con el análisis de las pruebas secuestradas.

Según el expediente, Daniela Sánchez, secretaria de Ariel Vallejo, titular de la firma, el pasado 1 de diciembre de 2025, le ordenó a la tesorera Micaela Sánchez que envíe a una persona a recaudar dinero y que se borren archivos de la cámara de seguridad.

Soler, por su parte, mantuvo una comunicación con Susana Hoffman, la jefa de Recursos Humanos de Sur Finanzas, para ordenarle que ingresen a las computadoras de los cajeros y desconecten los programas.

Zapaia es Oficial de cumplimiento de Lavado de Activo y la Justicia comprobó que en comunicación con otros integrantes de la empresa ordenó ocultar computadoras y teléfonos celulares antes de los allanamientos.

Finalmente, Soloaga, jefe de choferes, quién escribió en un grupo de WhatsApp: “Buenas tardes muchachos espero que anden bien, a pedido del jefe vamos hacer unas guardias en el estacionamiento, es estar para que vean que estemos y no se roben nada al ver que no estamos trabajando, la grilla va hacer día x medio de 10 a 18 hs los equipos que ya estaban trabajando, donde también vamos hacer limpieza de nuestro lugar y las camionetas lo que haya que hacerle cómo sacarle el pegamento del ploteado a la 201, más tarde paso como están destinados los equipos para la semana que viene”.

El foco central de la investigación es el vínculo entre Sur Finanzas y distintas instituciones deportivas a las que la firma habría asistido financieramente a cambio de intereses elevados.

En uno de los casos más relevantes, la Justicia detectó un envío de dinero a San Lorenzo con tasas que en la Justicia califican de “usurarias”. Según los elementos reunidos hasta el momento, el club no habría logrado devolver el dinero en los plazos pactados y, como consecuencia, terminó entregando derechos de televisación.

En ese punto, el expediente incorpora una afirmación clave: “La operatoria se ejecutó con el permiso y recomendación de la AFA”, según consta en la documentación judicial. Incluso, siempre de acuerdo a la causa, la propia AFA habría indicado a San Lorenzo que recurriera a Sur Finanzas para obtener el financiamiento.

La investigación también logró establecer que la Liga Profesional de Fútbol depositó los fondos de televisión correspondientes al club en Neblockchain, que en rigor es Sur Finanzas. Esto solo puede ocurrir si la institución enviaba una nota formal solicitando ese mecanismo de pago.

La operatoria bajo análisis no se limita a un solo club: los investigadores trabajan sobre un universo de 17 instituciones, entre ellas Independiente, Racing, San Lorenzo, Barracas Central, Acassuso, Almirante Brown, Banfield, Defensores de Belgrano, Deportivo Armenio, Dock Sud, Excursionistas, Los Andes, Morón, Platense, Estrella del Sur de San Vicente, Temperley y Victoriano Arenas.

La tesorera de Sur Finanzas, Micaela Sánchez, se llamó a silencio este lunes ante el juez federal de Lomas de Zamora Luis Armella, aunque alcanzó a manifestar que “cumplía órdenes”, según indicaron fuentes judiciales a la Agencia Noticias Argentinas.

Sánchez está imputada como coautora del delito de encubrimiento agravado, acusada de ocultar y destruir pruebas en el marco de una investigación por presunto lavado de activos que tiene como principal señalado al empresario Ariel Vallejo.

La mujer fue detenida el jueves pasado durante un allanamiento a un galpón de Turdera, donde —según la imputación— se intentaba ocultar documentación y otros elementos sensibles vinculados a la financiera. En el procedimiento también fueron aprehendidos dos choferes que trasladaban cajas con papeles y teléfonos celulares, hoy bajo análisis pericial.

El operativo se inició tras el llamado de un vecino que alertó sobre movimientos sospechosos: camionetas ploteadas de Sur Finanzas descargaban cajas en una mudanza apurada. La intervención de la Policía Federal permitió hallar a Sánchez cargando cajas; en uno de los vehículos se encontraron documentos y cinco celulares ocultos. En el galpón se secuestraron numerosas cajas, una computadora y cajas fuertes. También se allanaron su domicilio y un local de computación.

El juez negó la excarcelación a pedido de la fiscal Cecilia Incardona, quien además ofreció a Sánchez declarar como imputada colaboradora; hasta ahora no hubo respuesta.

La pesquisa reveló que semanas antes un técnico informático fue contratado para resetear computadoras de la empresa. La causa ya acumula más de 35 allanamientos, incluidos sedes de la AFA, clubes como San Lorenzo, Racing, Independiente y Excursionistas, el predio de AFA en Ezeiza, la Superliga y domicilios particulares.

En paralelo, Armella tramita de forma interina una investigación vinculada a Banfield, por un préstamo de dos millones de euros incorporado al patrimonio del club y no devuelto. La fiscalía sostiene que existe un nexo entre esa operatoria, fideicomisos y los servicios de Sur Finanzas para canalizar fondos de origen ilícito.

Vallejo se presentó voluntariamente para entregar su celular a peritaje. La Cámara Federal de La Plata deberá definir si unifica este expediente con otra investigación iniciada por una denuncia de ARCA.

La causa Sur Finanzas sumó una nueva avanzada judicial. Este miércoles, el juez federal Luis Armella ordenó otros nueve allanamientos en la investigación por presunto lavado de dinero que involucra a la financiera de Ariel Vallejo, vinculado comercialmente a la AFA y a su presidente, Claudio “Chiqui” Tapia.

Los procedimientos alcanzan empresas y sedes vinculadas al negocio futbolero y financiero. Entre ellas figuran Minella Stadium S.A., cuatro domicilios de Pro Entertainment S.A. —dedicada a la organización de eventos deportivos y espectáculos— y Roma Inversiones S.A., todos en la ciudad de Buenos Aires.

Al mismo tiempo se allanaron una caja de seguridad de Sur Finanzas en Lomas de Zamora y tres locales de la financiera en una galería porteña. Otro de los puntos bajo la lupa es “Lilian”, joyería y compra de oro situada en Lomas de Zamora y administrada por una firma que encabeza Maite Lorenzo, pareja de Vallejo.

La Justicia también puso la mira en la concesión del estadio “José María Minella”, de Mar del Plata. Minella Stadium S.A. es la empresa que explota el escenario, y Armella reclamó al municipio toda la documentación del proceso licitatorio para reconstruir la trama comercial detrás del contrato.

En todos los casos, el magistrado ordenó secuestrar documentación contable, evidencia digital, celulares, dinero, vehículos y cualquier elemento que pueda servir para seguir la ruta del dinero. Los operativos están a cargo de la Policía Federal y de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).

Los nuevos allanamientos se suman a los 33 realizados el martes en las dos sedes de la AFA, el predio de Ezeiza, la Superliga y 18 clubes de distintas categorías, entre ellos Racing, San Lorenzo, Independiente, Banfield, Barracas Central, Platense, Temperley, Los Andes, Morón, Excursionistas y Brown de Adrogué.

En varios casos se intervinieron más de una sede por institución, buscando contratos de sponsoreo, registros de préstamos y posibles movimientos irregulares. También fueron allanados el club Recreativo Estrella del Sur y su estadio, que lleva el nombre de Claudio “Chiqui” Tapia, otro símbolo del vínculo entre la financiera y el entramado del fútbol.

El expediente que llevan Armella y la fiscal federal Cecilia Incardona nació por sospechas de maniobras con Banfield y se agrandó tras una denuncia de la DGI-ARCA. La financiera está acusada de evadir unos $3.300 millones del impuesto al cheque y de manejar más de $800.000 millones de pesos de clientes sin capacidad económica demostrable o directamente inexistentes.

No es la única investigación abierta. Sur Finanzas y Vallejo también figuran en causas por lavado de dinero en la Justicia en lo Penal Económico y por compras de dólares a tipo oficial en 2019, en pleno cepo cambiario. La combinación de fútbol, financiera y sospechas de blanqueo convirtió el caso en una de las causas más sensibles del cierre de 2025.

Mientras se multiplican los comunicados de clubes que intentan despegarse de la firma y ofrecer colaboración, la Justicia avanza sobre oficinas, cajas de seguridad y contratos. El mapa de las relaciones entre Sur Finanzas, la AFA y los dirigentes promete seguir ampliándose a medida que se abran más puertas… y más cajas fuertes.

El Litoral

La Justicia federal ejecuta este martes 35 allanamientos en el marco de la causa que investiga a Sur Finanzas, la financiera señalada por presuntas maniobras de lavado de dinero y evasión fiscal y vinculada al presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia.

Los operativos —la mayor cantidad desde que comenzó la investigación— fueron ordenados por el juez Luis Armella y llevan la coordinación de la Policía Federal Argentina. Los procedimientos se desarrollan de manera simultánea en la sede central de la AFA, el predio de Ezeiza, las oficinas de la financiera y 17 clubes de distintas categorías.

Entre las instituciones allanadas figuran Independiente, Racing, San Lorenzo, Argentinos Juniors, Morón, Excursionistas, Los Andes, Deportivo Armenio, Banfield, Barracas Central, Acassuso, Brown de Adrogué, Platense y nuevamente San Lorenzo, además de otras entidades que mantienen acuerdos comerciales con la firma investigada.

Según fuentes judiciales, algunos clubes tienen a Sur Finanzas como sponsor, mientras que otros habrían recibido préstamos cuyos pagos se realizaban a través de derechos de televisación o de marketing, un mecanismo que ahora es analizado como posible vía para el lavado de activos.

La fiscal Cecilia Incardona solicitó el levantamiento del secreto fiscal y bancario de los 17 clubes para determinar si existió un circuito financiero paralelo o maniobras irregulares.

En el centro de la investigación se encuentra Ariel Vallejo, titular de Sur Finanzas y actualmente el principal sospechoso. La semana pasada, el empresario se presentó en la fiscalía para entregar su teléfono celular, luego de haberse negado inicialmente.

La Justicia también sigue la pista de presuntas maniobras de vaciamiento de cajas fuertes y movimientos sospechosos, como supuestos “deliverys” de dinero en Pinamar, elementos que podrían ampliar el alcance del expediente.

La Justicia federal avanzó este lunes con una investigación que sacude las bases del fútbol argentino: la sede central de Sur Finanzas, ubicada en Adrogué, y oficinas de Banfield fueron allanadas por orden del juez federal Luis Armella, en el marco de una causa por presunto lavado de dinero y triangulación de fondos vinculada a la transferencia del futbolista Agustín Urzi.

El operativo, confirmado por fuentes del Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N°2 de Lomas de Zamora, incluyó 19 allanamientos simultáneos en domicilios privados, oficinas comerciales y espacios vinculados directamente a la financiera fundada en 2022.

La causa se inició tras una denuncia de la Dirección General Impositiva (DGI), que detectó movimientos económicos irregulares, uso de empresas fantasma y evasión del Impuesto a los Débitos y Créditos. El presunto volumen de operaciones sospechosas superaría los $800.000 millones.

Uno de los elementos que volvió la causa explosiva proviene de un informe interno de San Lorenzo, donde se detalla que el presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, gestionó a través de Sur Finanzas un adelanto de $300 millones para el club bajo la figura de “asistencia financiera transitoria”. La operación se concretó el 8 de mayo de 2025 y reconocía características ajenas a un préstamo convencional.

La figura detrás de Sur Finanzas es Ariel Vallejo, patrocinador de Barracas Central y prestamista de clubes como San Lorenzo y Racing. Solo al conjunto de Boedo le transfirió más de $1.900 millones, incluyendo $1.600 millones en préstamos con intereses altos.

Estos vínculos fortalecen la sospecha de que la financiera funcionaba como plataforma para triangulación de fondos, interviniendo en contratos publicitarios, salvatajes económicos y adelantos financieros a una larga lista de clubes del Ascenso y Primera División.

Creada en 2022, Sur Finanzas pasó rápidamente de ser una financiera de perfil discreto a protagonizar rescates económicos y patrocinios deportivos. Según la investigación de la DGI, utilizaba su plataforma PSP para mover fondos mediante:

Además de Banfield, la denuncia involucra al Fideicomiso de Reconstrucción Banfileña, asociado a la transferencia de Agustín Urzi y a directivos como Oscar Tucker y Federico Spinosa.

La sede social de Banfield también fue allanada el lunes. El club confirmó el procedimiento mediante un comunicado oficial, asegurando que se puso “a entera disposición de la Justicia”.

Los allanamientos abarcaron documentación contable, contratos y registros vinculados a operaciones entre 2019 y 2023, período en el que Sur Finanzas se convirtió en patrocinador principal de la institución. Aun con el cambio de conducción en 2024, el logo de la financiera continuó ocupando el pecho de la camiseta.

Por el momento, Tapia no brindó explicaciones. Desde la AFA evitaron responder sobre el rol de Sur Finanzas en adelantos de derechos televisivos o en préstamos a clubes.

El escándalo estalla en medio de un desgaste creciente para el presidente de la AFA, cuestionado recientemente por decisiones arbitrales polémicas y por el campeonato otorgado a Rosario Central.

La causa crece y promete derivaciones institucionales profundas, con un volumen económico inusual y vínculos políticos y deportivos que aún están bajo análisis.