La Asociación del Fútbol Argentino atraviesa un momento delicado en el plano institucional a raíz de distintas causas judiciales que avanzan sobre el manejo de fondos vinculados a la Selección campeona del mundo.

Las investigaciones incluyen operaciones relacionadas con la firma Sur Finanzas y el destino de aproximadamente 40 millones de dólares correspondientes a premios obtenidos en la Copa Mundial de la FIFA 2022.

Allanamientos y delitos bajo análisis

La Justicia ordenó el martes más de treinta allanamientos tanto en la sede central de la AFA como en distintos clubes del país. Las actuaciones se enmarcan en indagatorias por presunto lavado de dinero, evasión impositiva y administración fraudulenta.

En ese contexto, también se registraron detenciones vinculadas a la operatoria de Sur Finanzas. Los investigadores buscan reconstruir el circuito completo del dinero generado por la actividad comercial de la Selección argentina y establecer si existieron irregularidades en intermediaciones financieras, retenciones fiscales o en la distribución de los premios.

Más allá del impacto deportivo del título en Qatar, el proceso judicial tiene derivaciones políticas e institucionales. El presidente de la AFA, Claudio Tapia, quedó en el centro de la escena pública mientras la entidad intenta sostener su funcionamiento habitual en medio de las causas abiertas.

Las líneas de investigación abarcan también el análisis de retenciones previsionales y tributarias, así como contratos comerciales con patrocinadores. El volumen económico involucrado y la proyección internacional del seleccionado argentino incrementaron el nivel de exposición judicial del organismo.

Desde Viamonte, la conducción respondió con comunicados oficiales y presentaciones judiciales. La AFA negó cualquier tipo de evasión o desvío de fondos y defendió la legalidad en la administración de los recursos provenientes de premios y acuerdos comerciales, al tiempo que cuestionó la motivación de las denuncias.

Mientras la Justicia continúa con la recolección de pruebas y el análisis contable, el frente judicial se consolidó como el principal foco de tensión política y administrativa para la dirigencia del fútbol argentino.

El avance de las causas mantiene bajo observación el funcionamiento económico de la AFA y abre un período de fuerte incertidumbre institucional en uno de los organismos más influyentes del deporte nacional.

La tesorera de Sur Finanzas, Micaela Sánchez, fue procesada con prisión preventiva por encubrimiento a la Justicia, en una resolución dictada este martes por el juez federal Luis Armella, del Juzgado de Lomas de Zamora.

Según pudo confirmar la Agencia Noticias Argentinas, la medida judicial también alcanzó a los choferes que se encontraban junto a Sánchez durante un allanamiento realizado en un galpón de la localidad bonaerense de Turdera. No obstante, el magistrado resolvió otorgarles el beneficio de la prisión domiciliaria, tras un planteo de las defensas.

El procedimiento inicial permitió el secuestro de seis teléfonos celulares, una computadora y una caja con documentación, entre otros elementos de interés para la causa. A partir de ese operativo, el juez Armella ordenó dos nuevos allanamientos, uno en el mismo local y otro en el domicilio particular de Sánchez, con el objetivo de ampliar la recolección de pruebas.

La investigación apunta a la empresa Sur Finanzas, vinculada a Ariel Vallejo, y analiza maniobras presuntamente relacionadas con lavado de dinero. La firma es señalada por sus estrechos vínculos con el ámbito de la AFA, que conduce Claudio Tapia, lo que le dio mayor visibilidad pública al expediente.

Con el procesamiento y la prisión preventiva ya dictados, la causa entra ahora en una etapa clave, mientras la Justicia avanza en el análisis del material secuestrado y en la reconstrucción de los movimientos financieros bajo sospecha.