La Cámara Federal de Casación Penal puso punto final a las especulaciones sobre la situación habitacional de Cristina Fernández de Kirchner. Este viernes, la Sala IV confirmó que la ex presidenta no podrá prescindir de la tobillera electrónica ni de los controles estrictos de ingreso a su domicilio en la calle San José 1111.

Para la justicia, las reglas de una unidad de detención siguen vigentes y no hay margen para la libre circulación, ni siquiera dentro de las áreas comunes del edificio.

La resolución llevó las firmas de los jueces Gustavo Hornos y Diego Barroetaveña, quienes sostuvieron que las restricciones actuales no constituyen un "agravamiento ilegíitimo" de la pena de seis años de prisión. Bajo esta óptica, el dispositivo de monitoreo y la solicitud previa de permisos para visitas son herramientas "razonables" de organización para que la condena se cumpla de forma efectiva.

En contraste, el juez Mariano Borinsky votó en disidencia, inclinándose por una flexibilización que permitiera retirar el dispositivo electrónico y agilizar los encuentros, buscando un equilibrio menos rígido en la ejecución de la pena domiciliaria.

La ex mandataria también había sido noticia el jueves cuando los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola solicitaron al Tribunal Oral Federal N°2 el decomiso de más de 140 inmuebles de Fernández de Kichner y el empresario Lázaro Báez, incluido el departamento de San José 1111 donde la ex jefa de Estado cumple prisión domiciliaria.

“Solicitamos el decomiso de 141 inmuebles —13 pertenecientes a sociedades de la familia Kirchner y 128 a sociedades vinculadas a Lázaro Báez—; 46 automotores; US$4.664.000 de la caja de seguridad a nombre de Florencia Kirchner; US$992.134 de la caja de ahorro del Banco de Galicia, y $53.280,24″, señalaron los fiscales.

El detonante del endurecimiento judicial tiene fecha y hora: el 17 de noviembre de 2025. Ese día, la titular del PJ transformó su living en un centro de debate al recibir a nueve economistas, difundiendo luego las imágenes en sus redes sociales.

Aquel evento fue leído por el tribunal como un “desborde del marco autorizado”. Según los magistrados, esa situación justificó la necesidad de mantener el control riguroso para evitar que el cumplimiento de la condena se diluya en reuniones políticas que "ignoren" la condición de detención de la sentenciada.

La defensa buscaba, además de retirar la tobillera, ampliar los permisos para que la ex mandataria pudiera permanecer en la recepción y la terraza del edificio sin las limitaciones actuales. Sin embargo, la resolución de hoy ratifica que el perímetro de detención es inamovible.

Con este escenario, la justicia reafirma que la residencia de la calle San José debe seguir los protocolos de una unidad penitenciaria, blindando la autoridad de la sentencia frente a los intentos de la defensa por "normalizar" la actividad política de Kirchner desde su lugar de reclusión.

Por otro lado, la Cámara Federal de la Seguridad Social dejó sin efecto este jueves la resolución que había dado de baja la pensión no contributiva de la ex presidentapor el fallecimiento del ex mandatario Néstor Kirchner, aunque el Ministerio de Capital Humano apeló esa medida.

La Cámara resolvió “declarar formalmente admisible el recurso” presentado por Cristina Kirchner y, en consecuencia, “suspender los efectos” de la resolución de la ANSES que había dado de baja la pensión por la muerte de Néstor Kirchner en octubre de 2010.

Hasta hace dos años, cuando fue suspendida, la pensión rondaba los 8 millones de pesos mensuales.

El Litoral

El Tribunal Supremo de Brasil dispuso que el ex presidente Jair Bolsonaro cumpla arresto domiciliario y deberá estar con tobillera, al igual que la ex mandataria de la República Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, según informaron medios internacionales.

Además, se informó que a Bolsonaro se le prohíbe salir de su domicilio durante la noche y los fines de semana, utilizar redes sociales, comunicarse con su hijo Eduardo y acercarse a embajadas.

El Supremo Tribunal de Justicia (STF) de Brasil dictó este viernes nuevas medidas cautelares contra el expresidente Jair Bolsonaro, en una causa en la que está procesado por un supuesto entramado golpista, de acuerdo con la información del sitio France 24.

El exmandatario de extrema derecha y 7 de sus antiguos colaboradores están siendo investigados por el máximo tribunal por un presunto intento de golpe de Estado en 2022 contra su sucesor, Luiz Inácio ‘Lula’ da Silva.

Esta etapa del proceso ha estado marcada por las críticas de Donald Trump, quien considera que Bolsonaro es víctima de una “caza de brujas” y amenazó al gobierno brasileño de imponer aranceles del 50% a las importaciones que Estados Unidos realiza desde el país sudamericano.

Desde entonces, la familia Bolsonaro insistió que en que la única alternativa para que Trump no avance con esa política arancelaria sería que el Congreso de Brasil determine una amnistía contra el expresidente, que ya fue inhabilitado a ejercer cargos públicos en otra causa a cargo de la justicia electoral.

“Solo existe ese camino” [el de la amnistía], señaló el diputado Eduardo Bolsonaro, hijo del exmandatario que está desde marzo pasado en Estados Unidos abogando ante el Gobierno de Trump por “justicia” para su padre y se atribuye haber influido en la amenaza del líder republicano en torno a los aranceles para presionar a Lula da Silva.

Tendrá que estar bajo arresto domiciliario desde la noche hasta la mañana (desde las 19hs a las 7hs), y también los fines de semana, precisa el sitio del canal francés.

Bolsonaro fue llevado a la PF para que le colocaran el dispositivo en el tobillo, informaron medios locales.

El máximo tribunal de Brasil aún no definió una sentencia, pero según fuentes del STF citadas por el diario O Globo, la misma podría conocerse entre septiembre y octubre.

La Policía Federal se encontraba en la mañana de este viernes realizando un operativo en la casa de Bolsonaro en Brasilia, coincidían distintos medios de Brasil e internacionales como France 24 y Reuters.com.

El ministro de Justicia y Seguridad de la provincia de Santa Fe, Pablo Coccocioni, confirmó que la provincia sugirió un cambio en el protocolo para abordar los casos de violencia de género.

La propuesta consiste en implementar tobilleras electrónicas con dispositivos duales, que permiten un monitoreo más eficiente y una mayor capacidad de respuesta ante situaciones de riesgo. En esa línea, la intención es invertir la carga que hoy recae sobre la víctima, y fijar la atención en el presunto agresor.

Actualmente, las víctimas cuentan con botones de pánico o aplicaciones móviles, pero Cococcioni señaló que estos métodos tienen limitaciones. "En muchos casos, el agresor sabe de la existencia del botón o la app, lo primero que hace es quitarle el celular a la víctima”, remarcó el ministro ante los micrófonos de RADIO RAFAELA.

“Además, hay problemas como quedarse sin batería o que el dispositivo se moje, lo que aumenta la carga de estrés para quien ya está en una situación de vulnerabilidad", afirmó.

El sistema de tobilleras electrónicas plantea un cambio de enfoque, invirtiendo la responsabilidad tecnológica. "Con esta modificación el que tiene que preocuparse es el agresor. Con la tobillera, él será quien deba evitar que se moje, que se corte la señal o que se acerque al perímetro restringido. Así, la víctima puede vivir con mayor tranquilidad", destacó el ministro.

Cococcioni también subrayó que esta tecnología es una herramienta clave para frenar el ciclo de violencia antes de que escale. "El 73% de los femicidios en la provincia se cometieron dentro de un domicilio y 4 de cada 5 fueron perpetrados por personas conocidas de la víctima”, detalló.

“Más patrulleros en la calle no solucionan este problema. Es fundamental que el Estado actúe en los contactos previos con la situación de violencia para evitar que se convierta en una espiral ascendente", explicó.

El ministro destacó que, en experiencias de otras jurisdicciones, la tobillera ha demostrado ser efectiva. "La primera vez que alguien viola el perímetro establecido, se envía un patrullero. Nunca hay una segunda vez", afirmó.

La implementación de esta tecnología busca, además, fortalecer el monitoreo electrónico en otros ámbitos, como las detenciones domiciliarias, con el objetivo de modernizar y optimizar los recursos de seguridad en Santa Fe. Cococcioni concluyó que este cambio sería un paso significativo en la protección de las víctimas y en la prevención de hechos de violencia extrema.

También adelantó que las nuevas pulseras ya fueron solicitadas y que llegarán a la provincia desde el mes de marzo.

La resolución fue tomada por el juez Federal Di Giulio en base a la denuncia por explotación, lesiones, abuso y privación ilegal de la libertad que presentó Guillermo Pérez Roldán, hijo del acusado.

El juez federal de Azul Gabriel Di Giulio impuso la prohibición de salida del país y el uso de tobillera electrónica al padre del ex tenista Guillermo Pérez Roldán, quien lo acusó por maltratos y tormentos, así como del manejo irregular de su fortuna durante la época en la que el deportista llegó a ser N°13 del ranking ATP.

En una denuncia que hizo junto con el lanzamiento de un documental el año pasado. Guillermo Pérez Roldán contó que su padre Raúl lo maltrataba frecuentemente y le imponía tormentos mientras era su entrenador en la escuela de tenis del club Independiente de Tandil que dirigía.

LRF: programación de la 3°fecha de la A.

En la denuncia que patrocinó el abogado Ignacio Pascual, también estuvo la tenista Gabriela Pérez, quien contó los maltratos por parte de Pérez Roldán padre. A ella, la Justicia le otorgó un botón antipático, ya que vive cerca de su casa y dijo tener temor de que haya represalias tras la denuncia.

Junto con la prohibición de salida del país, el juez Di Giulio también dictó la inhibición general de bienes sobre Pérez Roldán padre. En el testimonio que brindó el tenista, lo acusó de haberse quedado con el dinero que ganó como tenista profesional. Además, se dio intervención a la Justicia Federal porque los hechos también refieren supuestas situaciones de trata de personas.

"Sé de lo que es capaz mi padre… por lo tanto quisiera tener algo de seguridad”, le pidió Guillermo Pérez Roldan al tribunal. Graciela Pérez, por su parte, también pidió seguridad. Vive a pocas cuadras de la casa de su victimario. “Vivo con miedo desde que decidí hablar. No sé de qué puede llegar a ser capaz”, afirmó.

Fuente: Página 12