Santa Fe quedó involucrada en un operativo federal de alto impacto que desnudó una compleja trama de tráfico de armas y lavado de dinero con ramificaciones nacionales e internacionales.

La denominada investigación “Operación Armas Sin Fronteras”, encabezada por la Policía Federal Argentina (PFA), culminó con 140 allanamientos simultáneos en distintas provincias —entre ellas Santa Fe— y la detención de 35 personas.

El expediente, que se extendió durante dos años, fue impulsado por el Departamento Investigaciones Antimafia de la PFA, bajo la órbita del Juzgado Federal de Campana y con intervención de la Unidad Fiscal Especializada en Criminalidad Organizada (UFECO).

El punto de partida fue una denuncia vinculada a maniobras irregulares en la compra de armas de fuego. A partir de allí, los investigadores reconstruyeron un circuito que combinaba operaciones legales en apariencia con desvíos sistemáticos hacia el mercado negro, con presencia detectada también en territorio santafesino.

La organización operaba mediante el uso de “testaferros”: personas reclutadas —muchas veces en situación vulnerable— que prestaban sus datos para adquirir armas en el mercado formal. Las compras incluían pistolas semiautomáticas de marcas reconocidas y se realizaban en volúmenes que no guardaban relación con la capacidad económica de los supuestos compradores.

Según la pesquisa, parte del engranaje incluía responsables de armerías, gestores e instructores de tiro que facilitaban la tramitación de permisos y certificaciones. Incluso se detectó la participación de ex empleados del organismo nacional de control de armas, quienes habrían aportado conocimiento técnico para sortear controles.

Una vez obtenidas, las armas eran desviadas al circuito ilegal. En muchos casos, se adulteraban o eliminaban los números de serie y luego eran comercializadas tanto en Argentina como en países limítrofes, principalmente Chile y Uruguay.

Los investigadores señalaron que varias de estas armas fueron posteriormente secuestradas en hechos delictivos, lo que refuerza la hipótesis del alcance y peligrosidad de la organización. El flujo de dinero generado —en efectivo— era reinvertido en bienes muebles e inmuebles, configurando así una estructura de lavado de activos.

El operativo simultáneo abarcó múltiples provincias, incluida Santa Fe, donde también se concretaron procedimientos. En total, fueron detenidas 35 personas —31 hombres y 4 mujeres— sindicadas como integrantes de la red.

Durante los allanamientos, se secuestró un importante arsenal: escopetas, pistolas de distintos calibres, revólveres, fusiles, ametralladoras, carabinas, además de más de 43 mil municiones, cargadores, una máquina de recarga y hasta una granada. También se incautaron teléfonos celulares y estupefacientes.

Los detenidos quedaron a disposición de la Justicia federal, mientras que las actuaciones continúan para determinar el alcance total de la organización y sus ramificaciones.

Hay seis ciudadanos detenidos y cuatro supeditados a la causa. A raíz de una denuncia de AFIP, gendarmería en seis meses desarrollo una investigación interprovincial que desplego 15 registros de inmuebles.

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Efectivos de las Unidad de Investigaciones de Delitos Complejos y Procedimientos Judiciales “Roque Sáenz Peña” de Gendarmería avanzaron con las tareas investigativas junto a personal de AFIP y ANMAC sobre el traslado y recepción de armas de fuego, mediante envíos postales.

Las pesquisas se iniciaron en marzo, por el hallazgo de pistolas y municiones enviadas en cuatro paquetes, que fueron secuestradas por integrantes de la División de Investigaciones Regionales 6 de la Dirección Regional Aduanera Noroeste. Los envíos se efectuaban desde la Localidad de Roque Sáenz Peña, Chaco hacia la Localidad Fronteriza de Bernardo de Irigoyen, Misiones.

Ayer, Unidades investigativas de Gendarmería, dieron cumplimiento al oficio judicial emitido por el Juzgado Federal de Primera Instancia N° 1 Presidencia Roque Sáenz Peña, a cargo del Dr. Alcides Mianovich, el cual autorizaba que se realice el registro de 15 inmuebles ubicados en las provincias de Chaco, Misiones, Buenos Aires y Río Negro. Lugares de destinos de las encomiendas.

Los efectivos lograron determinar que la banda delictiva se dedicaba al acopio y traslado por territorio nacional de armamento con destino a la frontera seca del noreste de la provincia de Misiones, cuyas características geográficas facilitarían el cruce de mercaderías hacia la República del Brasil.

El principal involucrado es una persona con movilidad reducida que posee vínculos con armerías del Chaco y en Mar del Plata.

En los operativos la Fiscalía Federal de Roque Sáenz Peña, Dr. Carlos Amad logró como resultado de las inspecciones llevadas adelante en simultaneo por los funcionarios, secuestraron 69 armas cortas y largas, 306.724 municiones, dos aires comprimidos, máquinas para recargar municiones, 10 miras telescópica, 9.381.470 pesos argentinos, 53.772 dólares, 18.720 reales, nueve rodados y 14 teléfonos celulares.

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Además, los uniformados incautaron 300 cartones de cigarrillos, 102 neumáticos, 600 unidades de mercadería extranjera, cuatro CPU, dispositivos de almacenamiento y demás elementos de interés para la causa. Se detuvo a seis ciudadanos y cuatro personas quedaron supeditados a causa.