El reciente fallo judicial sobre YPF genera expectativas y desafíos para la economía argentina. La Cámara de Apelaciones revocó parte de la sentencia previa que obligaba al país a pagar miles de millones de dólares, y ahora el gobierno podrá ajustar el marco legal para evitar futuras controversias.

Según el economista Germán Rollandi, “es un gran fallo, nos saca un enorme peso de encima y despeja el horizonte de una política de estado que se venía arrastrando desde hace varios años, pero todo está a verse. Pensemos que este es el segundo escalón”.

El experto recordó que en la primera instancia el juicio había condenado a Argentina al pago de 16.000 millones de dólares, que con intereses actuales ascendían a 18.000 millones.

“La Cámara de Apelaciones falló en contra y dice: ‘Devuélvase esto a los tribunales inferiores para que vuelvan a jugar teniendo en cuenta la posición argentina’”, explicó, destacando la importancia de jerarquizar la ley de expropiación por sobre el estatuto de YPF.

Asimismo, añadió que el perdedor del juicio, Burford, sufrió un fuerte golpe en sus acciones, con una caída del 50%, y ahora deberá decidir si continúa con el proceso, lo da de baja o busca un fallo en la Corte Suprema de Estados Unidos.

Rollandi señaló que “esto debería ser por lo menos el principio del fin de este juicio de más de 10 años de una empresa que sigue siendo argentina y que con esto debería tener un perfil mucho mejor en el sentido de poder atraer inversiones y no estar sujeta a ningún embargo por parte de terceras partes”.

El conflicto en YPF se originó por la compra de acciones a través de un alto endeudamiento, lo que limitó la capacidad de reinversión y generó perspectivas negativas para la empresa. La intervención del Estado se dio para proteger la estabilidad y el futuro del sector petrolero.

Según el economista: “Eskenazi con el grupo Petersen se endeudó para adquirir el 15% de las acciones de YPF, hicieron un arreglo con Repsol sobre cómo pagar los créditos y la empresa terminó sin capital para reinvertir. Ahí es donde ingresó el Estado y expropió ese porcentaje”.

El fallo judicial coincide con un contexto económico complejo, donde los salarios formales pierden terreno frente a la inflación.

Rollandi señaló: “Lo que se observa ahora es que el sector público está respecto a enero de 2022 un 20% por debajo. El sector privado inició una recuperación que se fue frenando sobre los últimos meses, sobre todo después de septiembre; la aceleración de la inflación hizo que la recuperación del sector formal sea cada vez menor”.

El economista destacó la situación del sector no registrado: “Lo llamativo es esta fuerte recuperación del sector no registrado, que está en niveles salariales iguales al año 2019, mientras que el privado y el público está por debajo. Esto obviamente tiene su impacto en los números de pobreza, que muestran un nivel por debajo del 30%”.

Sin embargo, advirtió que el aumento de horas trabajadas y la caída del poder adquisitivo en los sectores informales y formales “hará que los salarios empiecen a caer considerablemente respecto de la inflación producto del estancamiento económico y la aceleración inflacionaria”.

Rollandi concluyó que, aunque algunos sectores como la cosecha en ciertas provincias puedan generar mayor movimiento económico, “el resto del país, sobre todo las zonas industriales y el conurbano bonaerense, va a estar bastante golpeado y veremos qué pasa hacia mediados de año si esto cambia un poco”.

Tras el fallo de la Justicia de Estados Unidos favorable a la Argentina en el caso YPF, el presidente Javier Milei anunció el envío al Congreso de un proyecto para modificar la ley de expropiaciones, con el objetivo de evitar situaciones similares en el futuro.

La propuesta oficial apunta a restringir los procesos de expropiación a situaciones “estrictamente excepcionales”, reforzando el principio de protección de la propiedad privada.

Desde el Gobierno sostienen que la falta de previsibilidad jurídica afectó la llegada de inversiones en el pasado, por lo que buscan establecer reglas más claras y reducir la discrecionalidad estatal.

Uno de los ejes centrales del proyecto es la redefinición de los criterios de compensación económica.

La iniciativa establece que:

Además, la indemnización deberá abonarse en efectivo —salvo acuerdo entre las partes— y la transferencia del bien solo se concretará una vez realizado el pago completo.

El proyecto aclara que la compensación cubrirá el valor real del bien y los daños directos derivados de la expropiación, pero excluye:

Asimismo, se establece que la indemnización estará exenta de impuestos.

La iniciativa también introduce restricciones a las ocupaciones temporales:

El proyecto, impulsado también por el ministro Federico Sturzenegger, busca reducir la “inseguridad jurídica” y generar condiciones más previsibles para la inversión y el desarrollo económico.

Según planteó el oficialismo, la reforma intenta evitar que decisiones de expropiación generen costos millonarios para el Estado y afecten la confianza de los mercados, como ocurrió en el litigio por YPF.

La condena del TOF 2 no obedece a un "lawfare ni a un partido judicial", aseguró la ex mandataria en redes sociales, quien justificó sus dichos sobre la "mafia judicial" señalando que la "confirmación" de esa situación fue la filtración de un viaje de exfuncionarios, magistrados y exagentes de inteligencia a Lago Escondido.

La vicepresidenta sostuvo que la condena de 6 años de prisión en su contra no obedece a un "lawfare ni a un partido judicial; esto es un Estado paralelo y mafia judicial".

La exmandataria señaló que la "confirmación" de esa situación fue la filtración de un viaje de exfuncionarios, magistrados y exagentes de inteligencia a Lago Escondido.

Anunció que no será candidata a ningún cargo en las elecciones de 2023 en un mensaje que emitió apenas se conoció el veredicto del tribunal que la juzgó en la causa Vialidad.

"No voy a someter a la fuerza política que me dio el honor de ser dos veces Presidenta y una Vicepresidenta a que la maltraten en periodo electoral con una candidata condenada, con inahibiltacion perpetua", afirmó Fernández de Kirchner en una transmisión por su canal de YouTube, luego de que el Tribunal Oral Federal 2 diera a conocer el veredicto en la causa que sigue la administración de obra pública en Santa Cruz.

Al dirigirse en un mensaje público al CEO del Grupo Clarín, Héctor Magnetto, la Vicepresidenta expresó: "El 10 de diciembre de 2023 no voy a tener fueros, así que podrá darle la orden a sus esbirros de Casacion y la Corte Suprema de que me metan presa".

"No voy a ser candidata a nada. Termino el 10 de diciembre y me vuelvo, como en 2015, a mi casa", subrayó.

► Lee también: Cristina Kirchner fue condenada a 6 años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos

Y agregó: "Eso si, a algunos Caputos de la vida no se les ocurre financiar bandas marginales y antes del 10 de diciembre de 2023 me peguen un tiro, que es lo que quiere. Presa o muerta", apuntó sobre el intento de magnicidio que sufrió el 1 de septiembre en las inmediaciones de su casa.

El Tribunal Oral Federal 2 condenó hoy a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner a 6 años de prisión e inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos por administración fraudulenta en perjuicio del erario público con la obra pública en Santa Cruz.

"No voy a someter a la fuerza política que me dio el honor de ser dos veces Presidenta y una Vicepresidenta a que la maltraten en periodo electoral con una candidata condenada, con inahibiltacion perpetua"

"A mi inhabilitación perpetua y a estos los amarillos, que nos dejaron 45 mil millones de dolares con el FMI, se pasean en los aviones de Clarín", señaló la Vicepresidenta.

Fernández de Kirchner sostuvo que la condena en su contra no obedece a un "lawfare ni a un partido judicial; esto es un Estado paralelo y mafia".

Y señaló que la "confirmación" de esa situación fue la filtración de un viaje de exfuncionarios, magistrados y exagentes de inteligencia a Lago Escondido, y sobre el cual el presidente Alberto Fernández hizo referencia ayer por cadena nacional.

Además, sostuvo que la condena por administración fraudulenta con la obra pública "estaba escrita" y planteó que "no es que fuéramos clarividentes, ni adivinos", pero "si una causa en la cual un juez, el inefable (Julián) Ercolini, se había declarado incompetente luego de una denuncia de diputados de la oposición por obras en Santa Cruz y la enviara a la provincia, y luego, 8 años después, la resucita cuando llega el Gobierno de (Mauricio) Macri, y las 51 o 49 obras que había mandado al sur, las trae de nuevo, aun habiendo sido sobreseídas, está claro que la idea era condenarme".

"Apareció una mujer con las características de gente que no es una mascota", aseguró y afirmó: "Yo no soy mascota ni nunca voy a ser mascota del poder. No voy a mover la patita ni hacerme la muertita", al citar una canción del grupo Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota.

"No voy a ser candidata a nada. Termino el 10 de diciembre y me vuelvo, como en 2015, a mi casa"

En esa línea, señaló que "la condena real que dan es la inhabilitación perpetua a acceder a cargos públicos", porque "condenan el modelo económico" del peronismo.

"El poder económico y mediático controla en una suerte de Estado paralelo y coarta. Es un sistema disciplinador de la dirigencia política argentina. No a los que piensan como ellos, los de Juntos por el Cambio. Hablo de nosotros, del peronismo, de los que tenemos un compromiso con los derechos de la gente. Me condenan porque condenan un modelo económico. La condena real que dan es la inhabilitación perpetua a acceder a cargos públicos", afirmó la Vicepresidenta.