Un hombre de 21 años identificado como José Daniel Soria fue condenado a cinco años y seis meses de prisión por haber robado en dos locales comerciales en Rafaela (departamento Castellanos).

La sentencia fue impuesta por el juez Nicolás Stegmayer, en el marco de un juicio oral que finalizó este mediodía en los tribunales rafaelinos.

El fiscal Juan Manuel Puig representó al MPA en el debate. Luego de conocer el veredicto señaló que “si bien esperaremos los fundamentos del fallo, valoramos que el juez haya considerado probados los hechos por los que acusamos a Soria”.

Puig sostuvo que “el martes 25 de junio de 2024 aproximadamente a las 21:15, el condenado llevó a cabo su accionar delictivo en una carnicería que además comercializa otros productos, ubicada en la esquina de Juan XXIII y Paul Harris”.

El fiscal relató que “Soria entró con una pistola al negocio y, al ver que el propietario estaba detrás de un mostrador, lo amedrentó para que no opusiera resistencia al robo”. En tal sentido, detalló que “instó a la víctima a abrir la caja registradora y sustrajo el dinero que había allí, así como alimentos que estaban a la venta en el local”.

Asimismo, el funcionario del MPA señaló que “el miércoles 18 de diciembre de 2024 alrededor de las 14:00, el condenado se apoderó de dinero ajeno en un almacén localizado en Río de Janeiro al 400”. Al respecto, remarcó que “para concretar su objetivo, amenazó de muerte con un cuchillo a una empleada del comercio”.

Por otro lado, el fiscal precisó que “a Soria también se le impuso la pena por haber ingresado sin autorización a una vivienda ubicada en Dean Funes al 400”.

Soria fue condenado como autor de dos hechos de robo calificado (por el uso de un arma de fuego, cuya aptitud para el disparo no pudo ser acreditada), robo calificado (por el empleo de arma) y violación de domicilio.

Los tribunales de Santa Fe serán escenario del juicio de uno de los casos más dolorosos y complejos de los últimos años. Este miércoles 27 de mayo, finalmente se dará inicio al debate oral y público por la muerte de Diego Martín Román, el niño de 12 años cuyo cuerpo fue hallado con múltiples heridas en un descampado de la ciudad de Recreo en julio de 2019.

El proceso, que debió sortear años de teorías contrapuestas y una reprogramación de su fecha original en marzo por cuestiones de agenda de las partes, llega finalmente a la etapa de definiciones en la sala de audiencias de los tribunales locales.

El juez penal Pablo Busaniche tendrá la tarea de analizar la conducta de Iván Mercado Reyes y su pareja, Norma Elena Vega. Ambos llegan al juicio acusados de la coautoría de "homicidio con dolo eventual", señalados como los propietarios de la jauría que habría protagonizado el ataque letal contra el menor.

La tragedia ocurrió en un predio rural situado a apenas 200 metros de la vivienda de los imputados, lugar donde los animales permanecían bajo su custodia exclusiva. Durante casi siete años, el proceso judicial transitó entre hipótesis de ataques humanos y pericias científicas que terminaron volcando la balanza hacia el ataque animal.

El punto neurálgico de la estrategia que desplegará el fiscal Andrés Marchi, acompañado por las querellantes Lucrecia Fernández y Vanina Frutero del Centro de Asistencia Judicial (CAJ), gira en torno a que los acusados "conocían perfectamente la potencialidad agresiva y lesiva de sus perros".

La fiscalía sostendrá que Mercado Reyes y Vega omitieron deliberadamente las medidas de seguridad básicas -como el cerramiento adecuado del predio o el uso de bozales y cadenas- a pesar de que ya existían antecedentes de ataques previos a vecinos por parte de sus perros.

La jauría estaba integrada por diez ejemplares de diversas razas y características, incluyendo un Rottweiler apodado "Tronco", varios Boxer conocidos como "Jackson", "Dorotea" y "Malevo", y otros mestizos llamados "Beethoven", "Tacuara", "Mia", "Chocolate", "Uma" y "Negrito".

Las pericias veterinarias y forenses resultaron determinantes para descartar las sospechas iniciales sobre una intervención humana, confirmando que las lesiones que presentaba el cuerpo de la víctima eran compatibles con la "depredación de animales".

Bajo esta premisa, el bloque acusador solicitará penas de diez años de prisión para Mercado Reyes y ocho años para Vega, manteniendo subsidiariamente la figura de "homicidio culposo".

El cronograma judicial fijado por la Oficina de Gestión Judicial (OGJ) prevé que el juicio se desarrolle durante las próximas dos semanas.

Tras la apertura de este miércoles 27 de mayo, las audiencias continuarán los días 28 y 29, para luego retomar el debate durante la primera semana de junio, del 1 al 5 inclusive. Se estima que, si no surgen nuevos imprevistos, el veredicto final será dictado por el juez Busaniche el próximo lunes 8 de junio.

El tribunal deberá escuchar a los 91 testigos citados, una lista depurada de los más de 200 ofrecidos originalmente por las partes. Entre los convocados se encuentran peritos forenses, médicos veterinarios, expertos en genética y vecinos de la zona de Recreo, cuyos testimonios serán fundamentales para reconstruir lo sucedido aquella tarde de julio.

Cabe destacar que sólo la querella constituida por el padre de Diego participará del juicio, dado que la de la madre del niño fue apartada previamente por sostener una teoría -el homicidio por parte de una persona- que resultaba inconsistente con la acusación formal contra los dueños de los canes.

Confirmaron en segunda instancia la prisión preventiva impuesta a Héctor Argentino “El Patrón” Gallardo (de 54 años), que es investigado como instigador del homicidio de Carlos Miguel Cabrera cometido en Frontera (departamento Castellanos).

Así lo ordenó el camarista Sergio Alvira, luego de una audiencia de apelación que se desarrolló en los tribunales de Rafaela.

El fiscal de la Sección Homicidios de la Fiscalía Regional 5, Martín Castellano, está a cargo de la investigación y representó al Ministerio Público de la Acusación (MPA) en la audiencia de segunda instancia.

Castellano indicó que “el camarista coincidió con el juez de primera instancia en que la atribución delictiva está acreditada con el grado de probabilidad que requiere esta etapa procesal, en que la pena en expectativa es de cumplimiento efectivo y en que los peligros de fuga y de entorpecimiento probatorio estaban latentes”.

Al respecto, el fiscal explicó que “cualquier medida alternativa a la prisión preventiva era insuficiente para mitigar esos riesgos”.

En tanto, el funcionario del MPA recordó que “hasta diciembre del año pasado, el imputado integró el listado de prófugos más buscados de la provincia”, y destacó que “actualmente está alojado en un establecimiento penitenciario, bajo el régimen de alto perfil”.

Castellano afirmó que “el homicidio de Cabrera fue precedido por amenazas de muerte que el hombre investigado le había hecho entre 2021 y principios de 2022, tanto de forma directa como por intermedio de otras personas”.

El fiscal indicó que “las intimidaciones tenían como objetivo que la víctima le pagara al imputado una supuesta deuda y abandonara su lugar de residencia en Frontera”. No obstante, subrayó que “a pesar de los amedrentamientos, Cabrera nunca se mudó”.

“El sábado 23 de abril de 2022, dos personas que aún no fueron identificadas le quitaron la vida a la víctima por orden del hombre de iniciales HAG, quien les dio instrucciones precisas”, sostuvo Castellano. “Entre las 21:45 y las 22:00, los autores materiales fueron en moto hasta un complejo de departamentos en el que vivía Cabrera, ubicado en calle 74 al 300”, especificó.

“Una de las personas enviadas por el imputado entró al domicilio de la víctima y le disparó con un arma de fuego en el rostro”, remarcó el funcionario del MPA. “Como consecuencia, el hombre agredido falleció momentos más tarde en el hospital de la localidad cordobesa de San Francisco, vecina de Frontera”, puntualizó.

El imputado es investigado como instigador de homicidio agravado (por el uso de arma de fuego) y como autor de amenazas coactivas calificadas (por haber tenido como propósito compeler a una persona a abandonar su lugar de residencia habitual).

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Un hombre identificado como Marcelo Eduardo Troncoso, de 28 años, fue condenado a ocho años y seis meses de prisión por haber agredido con un arma de fuego a otro hombre en la ciudad de Frontera, departamento Castellanos.

La sentencia fue dictada por el juez Javier Bottero en el marco de un juicio oral y público que concluyó este miércoles al mediodía en los tribunales de Rafaela.

La investigación estuvo a cargo del fiscal Martín Castellano, quien también representó al Ministerio Público de la Acusación durante el debate.

Tras conocerse el fallo, Castellano señaló que desde la Fiscalía consideran “positivo el fallo condenatorio”, aunque indicó que la pena impuesta fue menor a la solicitada durante los alegatos. Además, explicó que aguardarán los fundamentos de la sentencia para definir los pasos a seguir.

Según expuso el fiscal, el hecho ocurrió el miércoles 3 de julio del año pasado alrededor de las 19:30, en inmediaciones de un domicilio ubicado sobre calle 72, a pocos metros del Camino Interprovincial.

De acuerdo con la investigación, Troncoso se trasladaba en una motocicleta conducida por otra persona cuando efectuó disparos con un arma calibre .32 contra la víctima, quien se encontraba en la vía pública.

El hombre recibió el impacto de tres proyectiles y sufrió heridas en distintas partes del cuerpo. Además, el fiscal precisó que el condenado llevaba el arma sin autorización legal y que la portación fue considerada agravada debido a antecedentes condenatorios previos vinculados a delitos cometidos con armas de fuego.

Troncoso fue condenado como autor de los delitos de lesiones graves dolosas agravadas por el uso de arma de fuego y portación de arma de fuego de uso civil sin autorización legal.

La pena total de ocho años y seis meses surgió de la unificación de una condena de seis años de prisión con otra sentencia anterior que el acusado aún no había terminado de cumplir.

Este lunes comenzó en los tribunales de Rafaela el juicio oral y público contra un hombre de 33 años, identificado por sus iniciales GSP, acusado de cometer una tentativa de homicidio con arma de fuego en la ciudad de Sunchales.

El debate es encabezado por el juez Juan Gabriel Peralta, mientras que el fiscal Martín Castellano, de la Unidad Fiscal Especial Homicidios de la Fiscalía Regional 5, representa al Ministerio Público de la Acusación. El funcionario adelantó que solicitará una pena de 13 años de prisión para el imputado.

De acuerdo con la acusación fiscal, el hecho ocurrió el jueves 13 de junio de 2024, cerca de las 11:30, cuando la víctima caminaba junto a su novia por calle Alem al 1300.

Según detalló Castellano, el acusado los persiguió desde atrás, se les cruzó en el camino y extrajo de su cintura un revólver calibre 32, color plateado, el cual portaba sin autorización legal.

En ese contexto, el imputado le apuntó al hombre y le exigió que entregara sus pertenencias. Mientras la víctima se disponía a sacarse la mochila, también amenazó a la mujer, advirtiéndole que no interfiriera.

El fiscal remarcó que, en ese momento, el acusado disparó a una distancia aproximada de medio metro directamente al rostro del hombre, con la intención de provocarle la muerte.

Tras el ataque, el agresor escapó corriendo del lugar, mientras que la víctima sobrevivió gracias a la rápida intervención médica, lo que impidió que se consumara el homicidio.

El imputado será juzgado como autor de tentativa de homicidio doloso agravado por el uso de arma de fuego y por portación ilegal de arma de uso civil.

Según el cronograma dispuesto por la Oficina de Gestión Judicial (OGJ), tras los alegatos de apertura, las declaraciones testimoniales continuarán durante la semana.

Los alegatos de clausura están previstos para el viernes, mientras que la sentencia podría conocerse el próximo martes 28.

Se trata de quien era la pareja de la víctima, Julián Federico Obregón, y de Lucas Sebastián Paez, de 26 y 25 años respectivamente. El veredicto fue resuelto por unanimidad por el jurado popular y, tras conocerse la decisión, se realizó la audiencia de cesura en la que la jueza Cecilia Labanca determinó la pena. La fiscal María Laura Urquiza y el fiscal Estanislao Giavedoni representaron al MPA en el debate.

En el marco de un nuevo juicio por jurados que se realizó en los tribunales de la ciudad de Santa Fe, Julián Federico Obregón y Lucas Sebastián Paez fueron declarados culpables y condenados a prisión perpetua por el femicidio de Alejandra Agustina Vargas cometido en San Justo.

El veredicto fue resuelto por unanimidad por el jurado popular luego de la deliberación secreta que mantuvieron durante dos horas. Una vez que se conoció la decisión, se realizó la denominada audiencia de cesura, en la que la jueza Cecilia Labanca determinó la pena de prisión perpetua, tal como lo habían solicitado la fiscal María Laura Urquiza y el fiscal Estanislao Giavedoni, quienes representaron al MPA en el juicio.

Obregón, de 26 años, era la pareja de la víctima y fue condenado como coautor del delito de homicidio calificado (por el vínculo, por ser cometido con alevosía y por ser perpetrado por un hombre en contra de una mujer en contexto de violencia de género –femicidio). En relación a Paez, la condena fue por la coautoría de homicidio calificado (por el vínculo, por ser cometido con alevosía y por ser perpetrado por un hombre en contra de una mujer –femicidio)

Los hechos

Los fiscales precisaron que “el femicidio de Vargas fue cometido entre las 6:30 y las 8:00 de la mañana del miércoles 1 de marzo de 2023 en una vivienda ubicada en calle Enrique Rodríguez al 2.100 de San Justo”.

           “La víctima estaba dormida y los condenados le colocaron un cable alrededor del cuello”, detallaron. “Los dos hombres actuaron de acuerdo a un plan previo y se distribuyeron las tareas que realizó cada uno con el objetivo de quitarle la vida a la mujer”, resaltaron.

Urquiza y Giavedoni precisaron que “en uno de los extremos del cable realizaron un nudo, la otra punta la ataron a un parante del techo de la casa y dejaron a la mujer colgada, lo cual le provocó la muerte por asfixia por ahorcamiento”.

“Obregón y Paez actuaron sobre seguro, sin riesgos para sí mismos y aprovechando el estado de absoluta indefensión en que encontraba la víctima para lograr su cometido de darle muerte”, plantearon los funcionarios.

Los representantes del MPA explicaron que “el hecho ocurrió en el marco de una relación de pareja entre Obregón y la víctima, signada por la violencia física y psicológica”. En este sentido, remarcaron que “se trataba de una relación desigual de poder, en la que Obregón era capaz de atentar contra la seguridad y la vida de Vargas”.

“En el caso de Paez, actuó a sabiendas del vínculo de pareja que mantenían Obregón y Vargas y las características de esta relación”, puntualizaron y explicaron que “según las previsiones legales, la calificante del vínculo se traslada al coautor siempre que se pueda comprobar que conocía la relación de pareja, tal como ocurrió en este caso”, finalizaron.

La Justicia de Rafaela otorgó la prisión domiciliaria a Luis Carlos Cavaile, condenado por prácticas abortivas, tras analizar un pedido presentado por su defensor, el abogado Carlos Farías Demalde. Argumentó que el estado de salud del imputado hacía inviable su permanencia en la Alcaidía.

La audiencia estuvo presidida por el juez penal Nicolás Stegmayer. Allí, la defensa detalló que Cavaile, de más de 70 años, padece una enfermedad degenerativa en la columna y otras afecciones que requieren controles médicos frecuentes, una medicación específica y condiciones de tratamiento que —según planteó el abogado— no pueden garantizarse dentro del establecimiento penitenciario. Farías Demalde sostuvo que mantenerlo alojado en prisión “supondría un deterioro irreversible”.

El fiscal Martín Castellano intervino señalando que la prisión domiciliaria no es un beneficio automático para personas de edad avanzada. Sin embargo, reconoció que en este caso existían particularidades que ameritaban un análisis individual, especialmente por la situación sanitaria expuesta.

Tras un cuarto intermedio, el juez Stegmayer resolvió conceder la medida. Consideró como factores determinantes la edad del imputado, las patologías acreditadas y las limitaciones del sistema carcelario para asegurar un tratamiento adecuado. Ordenó que Cavaile cumpla la condena en su domicilio en Rafaela, con controles periódicos y un monitoreo semanal destinado a verificar el cumplimiento de las condiciones impuestas. También dispuso que la víctima sea notificada conforme a la normativa vigente. La decisión se enmarca en una causa que lleva más de una década en el ámbito judicial.

La Corte Suprema de Justicia de Santa Fe definió este miércoles su presidencia para 2026 y consagró a Rafael Gutiérrez. La votación llegó luego de dos postergaciones en los acuerdos previos.

Aunque el magistrado santafesino contaba con apoyos, se buscaba unanimidad. Eso no ocurrió: Gutiérrez se abstuvo de votar y hubo otra abstención adicional. Aun así, obtuvo los votos necesarios para ser elegido.

Horas antes, Gutiérrez había confirmado a El Litoral que en noviembre dejará la Corte. Su último año lo encontrará nuevamente al frente del tribunal, al que encabezará por décimo cuarta vez.

La salida anunciada de Gutiérrez se suma a la de varios integrantes del cuerpo. En el último tiempo dejaron sus cargos María Angélica Gastaldi y Mario Netri; Eduardo Spuler presentó su renuncia, efectiva en septiembre de 2026; y el actual presidente Roberto Falistocco también se retirará en noviembre.

En paralelo, ingresaron Jorge Baclini, Margarita Zabalza y Rubén Weder. Ellos, junto a Daniel Erbetta y los futuros ministros que surjan de la propuesta del Ejecutivo y el aval legislativo, conformarán la Corte renovada que comenzará a funcionar en 2027.

La transición, que llegó a tensarse con advertencias sobre eventuales reemplazos “por decreto”, finalmente se ordenó sin rupturas. El gobernador Maximiliano Pullaro destacó el aporte de los ministros salientes y reiteró la necesidad de actualizar la composición.

Con la nueva Constitución, la Corte quedará integrada por siete miembros, consolidando un esquema que busca equilibrar funciones y recambios.

La elección se realizó después de la entrega anual de premios a los mejores promedios de abogacía de las universidades santafesinas. Concluido el acto, los ministros sesionaron y definieron la presidencia del último año antes de la renovación total.

Un hombre de 22 años cuyas iniciales son TAS quedó en prisión preventiva en el marco de un legajo penal en el que se le atribuyó la autoría del delito de homicidio culposo agravado de Leonel Eduardo Sosa, cometido el domingo 26 de octubre pasado en el marco de un siniestro vial en Rafaela (departamento Castellanos).

La medida cautelar fue dispuesta el sábado por la mañana por el juez de la Investigación Penal Preparatoria (IPP), Gustavo Bumaguin, en una audiencia desarrollada en los tribunales rafaelinos.

La fiscal a cargo de la investigación es María Cecilia Doro, quien solicitó que el imputado transite el proceso judicial en prisión preventiva por el término de ley. El magistrado resolvió dictar la medida cautelar por el término de 60 días.

Doro manifestó que “el domingo 26 de octubre pasado, aproximadamente a las 3:30 de la madrugada, el hombre investigado transitaba en una moto marca Guerrero modelo CG150 Urban de manera imprudente, antirreglamentaria y con exceso de velocidad sobre bulevar Lehmann a la altura del autódromo”.

Aseguró que “en esas circunstancias, el imputado perdió el control de su rodado y embistió a la motocicleta marca Honda modelo Twister que maniobraba Leonel Eduardo Sosa para incorporarse al bulevar”.

“Como consecuencia del impacto la víctima sufrió una fractura de cráneo de tal gravedad que le provocó la muerte en forma instantánea”, agregó.

Sostuvo la fiscal que “según las personas que presenciaron lo ocurrido, el imputado estaba participando junto con otro motociclista aún no identificado de una competencia de velocidad o de destreza no autorizada (picada)”. Además, Doro subrayó que “no poseía licencia para conducir motocicletas”.

Doro valoró que “el juez haya considerado que el hecho atribuido está debidamente acreditado con el grado de probabilidad exigido en esta etapa del proceso en virtud de las evidencias recolectadas en la investigación y con el análisis efectuado por la Fiscalía”.

La fiscal continuó diciendo que “el magistrado también argumentó que la pena en expectativa en virtud de la calificación legal aplicable, las características particulares del hecho y su consecuencia fatal, sería de cumplimiento efectivo, lo que impacta de manera directa sobre los riesgos procesales y el entorpecimiento probatorio”.

“Bumaguin sostuvo que aún falta identificar a la persona que participaba con el imputado en la picada y determinar la velocidad exacta a la que se conducía al momento de la colisión, como así también se debe cautelar el testimonio de los testigos ya que no hay cámaras de seguridad en el lugar”, agregó Doro.

Finalmente, la representante del MPA manifestó que “el magistrado consideró que las medidas alternativas propuestas por la defensa del imputado no resultan adecuadas para resguardar los riesgos del proceso”.

Al hombre de 22 años se le endilgó la autoría del delito de homicidio culposo agravado en accidente de tránsito.

Un hombre de 29 años identificado como Cristian Martín Montaña fue condenado a 12 años de prisión por la autoría del homicidio de Nahuel Agustín Gaitán cometido el 3 de junio del año pasado en Rafaela (departamento Castellanos).

La sentencia fue impuesta por el juez Javier Bottero en el marco de un juicio oral y público que se llevó a cabo en los tribunales rafaelinos.

El fiscal Martín Castellano, a cargo de la Unidad Fiscal Especial Homicidios de la Fiscalía Regional 5, dirigió la investigación del hecho ilícito y representó al MPA en el debate.

Luego de conocer la sentencia del tribunal, el fiscal expresó su conformidad con la decisión del magistrado. “Si bien aún no conocemos los fundamentos del magistrado, valoramos que se haya condenado a Montaña tal como lo solicitamos en el debate”, manifestó Castellano.

El fiscal del MPA recordó que “el homicidio fue cometido entre las 21:00 y las 21:22 aproximadamente del lunes 3 de junio del año pasado”, y detalló que “el condenado fue a buscar a Gaitán, quien estaba escondido en una zona de pastizales y árboles bajos a la vera de un camino de tierra que conduce al asentamiento denominado Villa del Parque”.

“Gaitán se quedó esperando a un amigo que había ido a comprar estupefacientes a ese asentamiento”, explicó el fiscal, y agregó que “no quería mostrarse porque sabía que en el lugar estaba el acusado, con quien tenía conflictos personales previos”.

El funcionario del MPA planteó que “Montaña se enteró de que Gaitán estaba escondido y fue a buscarlo con la clara intención y voluntad de matarlo”. En tal sentido, subrayó que “con un cuchillo o cuchilla de entre 20 y 30 centímetros de largo le asestó una puñalada en la región abdominal, la cual le produjo una herida de tal gravedad que le provocó su fallecimiento momentos después a pocos metros del lugar de la agresión”.

Montaña fue condenado como autor de homicidio doloso simple.

En medio del desarrollo del juicio por el homicidio de Nahuel Gaitán, una de sus sobrinas redactó una carta dirigida al Tribunal en la que expresó el dolor y la esperanza de toda la familia. “Nos dirigimos a ustedes con el corazón lleno de tristeza, pero con la esperanza de que en este juicio se haga justicia por Nahuel”, comienza el texto.

La carta recuerda la personalidad del joven, su vínculo con la familia y sus deseos de cambiar y salir adelante. “Soñaba con convertirse en alguien mejor, en un ejemplo para su hija y para toda su familia”, expresó la sobrina en la misiva, destacando el cariño que todos sentían por él.

También remarcó el impacto que su muerte causó en el entorno familiar. “Su partida dejó un vacío enorme que nada ni nadie podrá llenar. No buscamos venganza, solo verdad y respeto”, sostuvo.

El juicio se desarrolla en los Tribunales de Rafaela y está presidido por el juez Javier Bottero. El fiscal Martín Castellano solicitó 16 años de prisión efectiva para el acusado, Cristian Montaña, de 29 años.

Durante su exposición, el fiscal recordó que el crimen ocurrió el 3 de junio de 2024. Según la acusación, Montaña habría atacado a Gaitán con un arma blanca en una zona de pastizales cercana a Villa del Parque.

“Se va a hacer justicia, tenemos fe, porque surgieron pruebas importantísimas”, afirmó Paula, hermana de la víctima, tras su declaración ante el tribunal.

“A las autoridades presentes, al Sr. Juez, a las partes presentes y a los que hoy nos acompañan:

Nos dirigimos a ustedes con el corazón lleno de tristeza, con la voz quebrada por el dolor, pero también con la esperanza de que en este juicio se haga justicia por Nahuel, ya no fue hijo, hermano, padre, tío y ser querido, a quien le arrebataron la vida de manera injusta y cruel.

Nahuel era una persona buena, simpática y cariñosa, siempre tenía una sonrisa, una palabra de aliento o un gesto de amor para quienes lo rodeaban. Tenía ganas de cambiar, de mejorar, de salir adelante. Soñaba con convertirse en alguien mejor, en un ejemplo para su hija, para sus sobrinos y sobrinas, y para toda su familia, a la que amaba profundamente.

Amaba a su madre, a su padre, a sus hermanas y hermanos, y disfrutaba cada momento compartido. Su hija era su mayor esperanza y sus sobrinos lo adoraban. Todos lo queríamos por su forma de ser, por su alegría, por su nobleza y por su deseo de llevar amor a quienes lo rodeaban.

Hoy su ausencia nos duele, duele en el alma, duele cada día que pasa sin su voz, sin su risa, sin su presencia. Nos duele pensar en todo lo que le arrebataron: sus sueños, su futuro, su oportunidad de seguir creciendo y compartiendo la vida con nosotros. Su partida dejó un vacío enorme que nada ni nadie podrá llenar.

Estamos acá como familia, unida por el amor hacia él, para pedir justicia. No buscamos venganza, solo verdad, respeto y que se reconozca el valor de su vida. Que no quede en el olvido, que se entienda que detrás de este juicio hay una familia destruida, que intenta seguir adelante con el dolor de una pérdida irreparable.

Les pedimos a todos los presentes que no vean este caso como un número o un expediente más. Detrás de cada palabra hay un corazón roto, una familia que extraña, una hija que crece sin su padre, unos padres que lloran a su hijo, y hermanos, sobrinos y sobrinas que aún no entienden por qué ya no está.

Nahuel Agustín era, y siempre será, parte de nosotros. Y aunque el dolor no se va, seguimos de pie, pidiendo justicia en su nombre, con la esperanza de que su historia sea honrada con verdad y con humanidad.

Gracias por escucharnos y por permitirnos hablar en nombre de quien ya no puede hacerlo.

Con respeto, amor y profunda tristeza.

Familia de Nahuel Agustín Gaitán.”

La crisis de SanCor sumó un nuevo capítulo judicial tras la imputación de dos de sus expresidentes por una presunta evasión fiscal superior a los $1.644 millones. El Juzgado Federal de Rafaela citó a José Pablo Gastaldi y Alberto Eduardo Sánchez a declaración indagatoria para el próximo 12 de noviembre, en el marco de la causa “SanCor Cooperativas Unidas Limitada y otros s/ infracción Ley 27.430”.

De acuerdo con la investigación impulsada por el Ministerio Público Fiscal, los expresidentes habrían incurrido en el delito de apropiación indebida de recursos de la seguridad social, según lo estipulado en el artículo 7 del Régimen Penal Tributario.

La causa abarca 32 períodos fiscales y se originó a partir de denuncias de trabajadores y auditorías realizadas por la AFIP, a través del área ARCA, junto al INAES. Los peritajes detectaron retenciones salariales no depositadas en los sistemas previsionales ni en las cuentas de las obras sociales correspondientes.

Además, informes del Comité Provisorio de Control señalaron irregularidades en el destino de fondos de la mutual y el sindicato, situación que derivó en la notificación formal al Juzgado Federal por parte del juez del concurso preventivo que tramita SanCor ante el fuero civil y comercial de Rafaela.

La cooperativa atraviesa una de sus etapas más críticas. A las dificultades financieras se suman acusaciones por maniobras fraudulentas que habrían continuado bajo la actual conducción, presidida por Oscar Juan Sapino.

Más de 400 trabajadores aportaron recibos y constancias que probarían la falta de depósito de los aportes retenidos. En paralelo, la Justicia evalúa si existió un concurso fraudulento, mientras la cooperativa mantiene deudas con proveedores, organismos públicos y empleados.

El conflicto laboral también escala. La Asociación de Trabajadores de la Industria Lechera (ATILRA) realizó una multitudinaria movilización en Rafaela, con más de 600 trabajadores frente a los tribunales para rechazar el “Plan de Crisis” presentado por la empresa.

El gremio denuncia una deuda salarial de cinco meses, la falta de aportes y el intento de despedir a 304 empleados adicionales, cifra que se sumaría a más de mil despidos desde 2019.

“Marchamos por nuestros derechos, nuestras familias y la justicia. Este plan es inaceptable”, expresó un vocero de ATILRA durante la protesta. La organización sindical impulsa más de 300 pedidos de quiebra con continuidad productiva, solicitando que la Justicia garantice el funcionamiento de la planta y el pago de las obligaciones laborales.

El 12 de noviembre, los ex directivos deberán declarar ante el Juzgado Federal de Rafaela, mientras continúa la investigación de la PDI y el Ministerio Público Fiscal. La audiencia se desarrollará en un contexto de máxima tensión gremial.

Quedó en prisión preventiva un hombre de 28 años, cuyas iniciales son SDP, al que se investiga por vender cocaína al menudeo en Ceres (departamento San Cristóbal). Así lo ordenó por un plazo de 90 días el juez de la Investigación Penal Preparatoria (IPP), José Luis Estévez, en una audiencia que se desarrolló de manera remota en los tribunales sancristobalenses.

El fiscal Emiliano Odriozola está a cargo de la investigación y es quien solicitó que el imputado transite el proceso judicial privado de su libertad.

En tanto, el funcionario del MPA puntualizó que “al imputado además se le endilgaron ilícitos cometidos con un hombre de 36 años e iniciales MHP que es su primo y también es investigado en el marco del legajo”. En relación a esa otra persona, el fiscal detalló que “en una audiencia diferente que se llevó adelante de forma remota, el juez Estévez le impuso la prisión preventiva sin plazo”.

El fiscal afirmó que “desde principios de septiembre de este año hasta el sábado 4 de este mes, el hombre de 28 años vendió en su domicilio cocaína fraccionada en pequeñas dosis”.

“A partir de diligencias realizadas por la División Microtráfico de la Policía de Investigaciones (PDI) en Ceres, se concretó un allanamiento en el que se secuestró material estupefaciente que el investigado tenía en su poder con fines de comercialización”, precisó Odriozola.

En cuanto a los ilícitos cometidos por ambos imputados, el fiscal señaló que “el miércoles 1 de octubre, los primos circulaban en un automóvil de color gris por Suipacha al 900, y, al pasar frente a un domicilio, efectuaron tres disparos con un arma de fuego en dirección a la vivienda”. Según mencionó, “la persona que reside allí estaba en la vereda en ese momento”.

“Si bien nadie resultó herido, uno de los proyectiles impactó en una reja del frente de la propiedad”, especificó Odriozola.

Por otro lado, refirió que “en otra oportunidad, los hombres investigados rompieron la puerta de ingreso a un inmueble ubicado en Pellegrini al 900, entraron y sustrajeron un aire acondicionado de 3.200 frigorías”, y añadió que “luego, lo vendieron”.

El fiscal manifestó que “en un allanamiento realizado el sábado 4 de este mes en la casa del imputado de 36 años, se advirtió que él tenía en su poder un revólver calibre 22, cargado con seis cartuchos intactos, que era apto para efectuar disparos”, y añadió que “no contaba con la correspondiente autorización legal”.

“Además, se detectó que el imputado de iniciales MHP poseía una motocicleta Honda Twister que había sido sustraída en la ciudad de Santa Fe y tenía un pedido de secuestro vigente”, resaltó el funcionario del MPA.

En relación a las preventivas, Odriozola valoró que “el juez consideró que las evidencias que presentamos desde la Fiscalía son suficientes para acreditar las atribuciones delictivas con el grado de probabilidad necesario en esta etapa del proceso penal”.

“A su vez, el magistrado sostuvo que las penas en expectativa son de cumplimiento efectivo, en función de las características de los ilícitos que investigamos y de que ambos imputados poseen antecedentes condenatorios”, remarcó el fiscal.

“El juez además hizo hincapié en la necesidad de proteger a los testigos y a las víctimas, lo cual impacta de manera directa en los riesgos procesales, particularmente en el de entorpecimiento probatorio”, explicitó Odriozola.

Al imputado de 28 años se le atribuyó la autoría de comercialización de estupefacientes, robo calificado (por efracción) y daño agravado (por el uso de arma de fuego).

Por su parte, el hombre de 36 años es investigado como autor de robo calificado (por efracción), abuso de armas, tenencia indebida de arma de fuego de uso civil y encubrimiento por receptación.

Un hombre de 57 años fue condenado a 14 años de prisión por haber abusado sexualmente de un niño de su entorno familiar en Humberto 1º (departamento Castellanos). La pena también se le impuso por haber filmado el hecho ilícito.

La sentencia fue ordenada por el juez Nicolás Stegmayer, en el marco de un juicio oral que finalizó ayer en los tribunales de Rafaela.

La fiscal que representó al MPA en el debate es Favia Burella, de la Sección Violencia de Género, Familiar y Sexual de la Fiscalía Regional 5. Tras conocer el veredicto, la funcionaria indicó que “más allá de que valoramos positivamente que el hombre que fue juzgado haya sido condenado, aguardaremos los fundamentos de la resolución para poder analizarlos”.

Burella sostuvo que “el condenado cometió el abuso sexual entre el viernes 22 y el domingo 24 de septiembre de 2023 en un inmueble en el que él residía en la zona rural de Humberto 1º”. En tal sentido, planteó que “se aprovechó de que estaba a cargo de cuidar al niño, en virtud de la relación familiar y de confianza que mantenían”.

Además, la fiscal afirmó que “el hombre de 57 años filmó las situaciones abusivas sufridas por la víctima”. La representante del MPA aseguró que “con su accionar, el condenado vulneró el desarrollo libre y progresivo de la integridad sexual del niño”.

El hombre de 57 años fue condenado por la autoría de abuso sexual gravemente ultrajante agravado (por la guarda), promoción a la corrupción de menores agravada (por tratarse de una víctima menor de 13 años y por la guarda) y producción de material de presentación sexual de menores.

Las iniciales del condenado son DAE. Su nombre completo no se brinda para evitar la revictimización de la persona abusada, ya que la madre de la víctima tiene el mismo apellido que el agresor. 

El fiscal Adrián Darío Soria presentó la imputación esta mañana contra F. D. T (21) y J. J (27), quienes fueron detenidos el jueves durante un procedimiento de la División Microtráfico de la Policía de Investigaciones. En el operativo también se encontró y asistió a un joven de 17 años. Según la Fiscalía, en la vivienda se secuestraron 43,7 gramos de marihuana fraccionados en cinco envoltorios, que —según la hipótesis investigativa— estaban destinados a la venta al menudeo dentro de una escuela secundaria de Rafaela, con el menor actuando como enlace para la comercialización.

En la audiencia celebrada en Tribunales, Soria explicó que la investigación se inició a raíz de una denuncia formal de la Regional III de Educación. Como parte de la prueba, el fiscal mencionó actas de reuniones de padres y entrevistas realizadas en el marco de la pesquisa, documentos que se profundizarán en la próxima audiencia de medidas cautelares. Soria anticipó que solicitará la prisión preventiva para los imputados.

El menor de ellos fue asistido por el abogado Federico Scarinci y el mayor por Gerardo Ordóñez. El juez interviniente es Nicolás Stegmayer. Por el momento, el menor quedó fuera de detención y las autoridades continuarán las diligencias destinadas a determinar la dinámica delictiva y si hay más involucrados o distribución en otros puntos.

Quedó en prisión preventiva un hombre de 34 años que es investigado como autor del homicidio de Javier Gustavo Ortiz, cometido por exceso en la legítima defensa en Frontera (departamento Castellanos). Así lo ordenó el juez de la Investigación Penal Preparatoria (IPP), Gustavo Bumaguin, en una audiencia que se desarrolló ayer en los tribunales de Rafaela.

El fiscal Pedro Machado está a cargo de la investigación y es quien solicitó que el imputado, cuyas iniciales son ACG, transite el proceso judicial privado de su libertad. El magistrado dispuso la prisión preventiva del hombre investigado con un plazo de 45 días.

Machado relató que “el domingo 14 de este mes, aproximadamente a las 23:30, Ortiz fue a una vivienda en la que estaba el imputado, lo agredió con una barra de cremallera de vehículo y le provocó lesiones”.

El fiscal sostuvo que “el hombre que quedó en prisión preventiva, luego de ser agredido, excedió los límites de la legítima defensa, tanto en intensidad como en extensión”. En tal sentido, precisó que “fue a una casa lindera, de la cual tomó un palo de madera tipo ‘palo de gomero’, y al ser atacado nuevamente por Ortiz, usó el elemento contundente para golpearlo en distintas partes de su cuerpo”.

Machado adujo que “tanto el imputado como Ortiz resultaron heridos y recibieron atención médica en el nosocomio de San Francisco, donde la víctima falleció el miércoles de la semana pasada como resultado de los golpes que le propinó el hombre investigado”.

El fiscal también brindó precisiones de otro hecho ilícito atribuido al imputado. “El viernes 8 de agosto de este año alrededor de las 9:00 de la mañana, ingresó a una vivienda en la que reside una mujer que es su expareja”, informó y subrayó que “entró a la casa sin la autorización de ella”.

“El hombre investigado amenazó de muerte a la mujer y también le dijo que prendería fuego la casa, lo que provocó el lógico temor de la víctima”, afirmó Machado.

Finalmente, Machado especificó que “antes de irse del inmueble, el imputado agredió físicamente a la mujer y rompió una cartera que era de ella”. En tal sentido, concluyó que “todo el accionar ilícito del hombre se enmarcó en un claro contexto de violencia de género”.

Machado manifestó que “con el grado de probabilidad requerido en esta instancia del proceso, el juez dio por acreditado –con las evidencias que presentamos– que los hechos se sucedieron del modo en el que lo planteamos desde la Fiscalía y que el imputado es el posible autor”.

Asimismo, el funcionario del MPA sostuvo que “el magistrado contempló que la pena en expectativa es de cumplimiento efectivo, por lo que entendió que estaban vigentes el peligro de fuga y el de entorpecimiento probatorio”.

Al hombre de 34 años se le atribuyó la autoría de los delitos de homicidio con exceso en la legítima defensa; lesiones leves dolosas calificadas (por haber sido perpetradas por un hombre contra una mujer, en un contexto de violencia de género); amenazas coactivas; violación de domicilio y daño. 

Se confirmó en segunda instancia la prisión preventiva impuesta a un hombre de 23 años, cuyas iniciales son EMCL, al que se investiga por delitos cometidos con un arma de fuego en Rafaela (departamento Castellanos). Así lo dispuso el camarista Matías Drivet, quien ratificó la cautelar de máxima sin plazos que había sido ordenada en abril de este año.

El fiscal Martín Castellano, a cargo de la Sección Especial Homicidios, representó al MPA en la audiencia de apelación.

Castellano indicó que “el camarista consideró que el juez de primera instancia hizo una correcta valoración de los elementos de prueba que aportamos desde la Fiscalía”, y añadió que “contempló que la materialidad y la autoría de los hechos estaban acreditadas con el grado de probabilidad suficiente para esta etapa”.

Asimismo, el representante del MPA señaló que “el magistrado sostuvo que, en base a la calificación legal propuesta por la Fiscalía, la pena en expectativa es de cumplimiento efectivo, lo cual se proyecta a los riesgos procesales”. Al respecto, explicó que “el juez de la Alzada remarcó que había peligro de entorpecimiento probatorio y que por lo tanto era necesario resguardar a víctimas y testigos para evitar posibles interferencias del hombre de investigado”.

“En función de las circunstancias del caso, el camarista desestimó todos los agravios planteados por la Defensa”, mencionó Castellano.

El fiscal recordó que “el hecho ilícito fue cometido por el imputado entre las 3:30 y las 4:00 de la madrugada del domingo 20 de abril de este año, en el asentamiento Demarchi de Rafaela”.

“El hombre de 23 años se asomó por un pasillo y realizó varios disparos con un arma de fuego hacia personas que estaban en las inmediaciones de sus domicilios”, relató Castellano. “Con su accionar, el investigado hirió en distintas partes del cuerpo a dos vecinos”, precisó.

Por otro lado, Castellano afirmó que “sin la correspondiente autorización legal, el imputado tuvo bajo su esfera de custodia y disponibilidad, en condiciones de uso inmediato, el arma de fuego con la cual llevó a cabo el amedrentamiento”.

Al hombre de 23 años se le endilgó la autoría de abuso de armas, así como la portación ilegítima de un arma de fuego.

Un hombre de 33 años identificado como Maximiliano Daniel Paiva fue condenado a 21 años de prisión por haber abusado sexualmente de dos niños que son hijos de una mujer que era su pareja en Rafaela (departamento Castellanos). Así fue resuelto en el marco de un juicio oral que finalizó ayer en los tribunales rafaelinos.

La fiscal que representó al MPA en el juicio es Gabriela Lema. Luego de escuchar el veredicto, señaló que “si bien valoramos que se haya dispuesto la condena del acusado, esperaremos a conocer los fundamentos del fallo para evaluar los pasos a seguir”.

El tribunal que tuvo a su cargo la conducción del debate estuvo integrado por los jueces Nicolás Stegmayer, Javier Bottero y Juan Gabriel Peralta.

Lema manifestó que “entre 2019 y 2022, Paiva agredió sexualmente de manera reiterada a dos hijos de su pareja”, y aclaró que “por entonces, los niños transitaban los primeros años de su escolaridad primaria”.

La fiscal remarcó que “el condenado se aprovechó de la inmadurez de las víctimas, así como de la situación de convivencia con ellos”. Según indicó, “cometía los abusos en momentos en los que la madre de los niños no estaba cerca de ellos o cuando salía del domicilio familiar”.

Asimismo, Lema aseguró que “el accionar de Paiva tuvo entidad suficiente para vulnerar el desarrollo libre y progresivo de la sexualidad de ambos niños”.

Paiva fue condenado como autor de abuso sexual con acceso carnal y promoción a la corrupción, ambos delitos agravados (por la convivencia preexistente con las víctimas, quienes son menores de 18 años), en perjuicio de ambos niños.

Este miércoles, el Tribunal de Rafaela dictó sentencia en la causa por el crimen de Julio Funes, asesinado en marzo de 2020 en el barrio Fasoli. Iván Alejandro Belizán fue condenado a 28 años de prisión de cumplimiento efectivo por homicidio simple, abuso sexual simple, abuso sexual agravado con acceso carnal y promoción de la corrupción de menores, todos en concurso real.

Por su parte, Marianela Pairetti, hermana del condenado, fue absuelta de la acusación como partícipe necesaria del homicidio. El Tribunal consideró que su conducta encuadró en una figura de encubrimiento, pero que debía ser eximida de responsabilidad penal por el vínculo familiar. Se dispuso el cese inmediato de las medidas cautelares y su libertad inmediata, salvo requerimiento de otra autoridad.

La lectura estuvo a cargo del juez José Luis Estévez, con los votos de los conjueces Sergio Beceyro y Cecilia Álamo. En la sentencia también se ordenó la toma de muestras biológicas de Belizán para su incorporación al Registro de Huellas Genéticas Digitalizadas.

El caso, que conmocionó a Rafaela, se reconstruyó en base a indicios, sin testigos presenciales. El fiscal Martín Castellano había solicitado 40 años de prisión para Belizán y 9 años para Pairetti. Las defensas públicas habían pedido la absolución de ambos.

En la mañana de este viernes se llevó a cabo una audiencia imputativa en los Tribunales de Rafaela, en la que Gabriel Sebastián M. fue formalmente acusado por la fiscal Lorena Korakis por dos hechos delictivos. La audiencia fue presidida por el juez Javier Bottero y la defensa estuvo a cargo de la doctora Romina Cristóbal.

La fiscal Korakis imputó a Moreira por robo calificado por escalamiento y robo calificado de vehículo dejado en la vía pública en grado de tentativa, ambos en calidad de autor.

El primer hecho ocurrió el 20 de marzo en una vivienda de calle Ciudad Esperanza al 900. Según la acusación, el imputado ingresó a una propiedad tras escalar tapiales y techos, forzar aberturas y acceder a través de un patio cubierto con media sombra. Una vez adentro, robó una mochila con 2.800 dólares, 57.000 pesos, joyas de oro con inscripciones personales, y una máquina de cortar cabello, entre otros elementos. El acusado escapó del lugar con el botín y fue captado por cámaras de seguridad mientras se desplazaba con la mochila sustraída.

El segundo episodio tuvo lugar el 21 de abril, alrededor de las 10:25 horas, cuando el sujeto intentó sustraer una bicicleta SLP rodado 29, que estaba asegurada con candado en un bicicletero de calle Sarmiento. Fue interceptado por la Guardia Urbana antes de concretar el robo, y se le secuestró una llave tipo pulsiana y el rodado en cuestión.

La imputación fue respaldada por una serie de pruebas, entre ellas filmaciones de cámaras de seguridad, actas de secuestro, inspecciones oculares, entrevistas a las víctimas y reconocimiento de objetos robados. Además, se secuestró en su domicilio una máquina de cortar cabello coincidente con la sustraída.

Gabriel M. permanece detenido y se aguarda la audiencia de medidas cautelares para definir su situación procesal.