La última semana de abril comenzó con cese de actividades de bancarios y universitarios en rechazo a las políticas que lleva adelante la gestión del presidente Javier Milei: por un lado, repudiaron el cierre de 12 dependencias del Banco Central de la República Argentina (BCRA) y, por otro, exigieron la aplicación "inmediata" de la Ley de Financiamiento Universitario.

En un contexto de crisis económica y laboral, la Asociación Bancaria anunció un paro por 24 horas, que finalizará este martes a primera hora, en rechazo al cierre de 12 dependencias, que pone en riesgo 32 puestos de trabajo del BCRA y por la falta de diálogo con las autoridades nacionales. 

Esta medida afectó a los tesoros regionales, a pesar de que las sucursales bancarias abrieron con normalidad; lo que no funcionó fue la red de logística del Central, lo que limitó la reposición de efectivo en cajeros automáticos.

Por su parte, el personal universitario docente y no docente continúan con el plan de lucha, que mantienen desde el inicio de clases, y que incluyó paros y clases públicas durante toda esta semana, para exigir la recomposición salarial y el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario de manera “inmediata”.

Esta semana, se realizaron medidas en todas las Facultades de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y en otras casas de altos estudios: hubo clases públicas, huelgas totales y paros “a la japonesa”, con atención al público, pero sin dictado de clases. Esta modalidad se mantendrá desde hoy hasta el viernes 2 de mayo.

Por su parte, el sector no-docente también realizó paros por sus paritarias, ya que denuncian que sus sueldos siguen pisados desde hace meses.

Más allá de las jornadas de lucha de esta semana y las anteriores, se prepara un paro nacional de todas las universidades y una nueva Marcha federal universitaria a Plaza de Mayo para el próximo martes 12 de mayo, por la aplicación de la Ley de Financiamiento y en “defensa de la universidad pública y gratuita”.

En el marco del conflicto que atraviesa el sistema universitario, se confirmó la convocatoria a una nueva Marcha Federal Universitaria, que se realizará el martes 12 de mayo de 2026 con movilizaciones en distintos puntos del país.

La jornada incluirá marchas en varias ciudades y tendrá su acto central en Plaza de Mayo, donde se espera una amplia participación de la comunidad educativa. La convocatoria es impulsada por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), junto a gremios docentes y la Federación Universitaria Argentina.

En paralelo, el conflicto suma nuevas medidas de fuerza. Se anunció un paro de una semana, del 27 de abril al 2 de mayo, que impactará en la Universidad Nacional del Litoral y sus escuelas preuniversitarias, con suspensión de actividades académicas durante ese período.

Desde el sector advierten además por el deterioro de los recursos y los ingresos. Las transferencias de fondos a las universidades públicas cayeron un 45,6% desde 2023, según denuncian desde el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), organismo que nuclea a los rectores de todo el país. En tanto, los gremios docentes y no docentes señalan que la pérdida salarial ronda el 40% en estos dos años.

Desde las organizaciones convocantes indicaron que tanto las medidas de fuerza como la movilización buscan visibilizar la situación que atraviesan las universidades públicas y reunir a estudiantes, docentes y autoridades en un reclamo común. Será una nueva expresión a nivel nacional en defensa del sistema universitario, en un contexto marcado por debates sobre financiamiento, condiciones laborales y sostenimiento de la actividad académica.

Mientras tanto, la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario se dirime en la Justicia. La Procuración del Tesoro de la Nación presentó un Recurso Extraordinario Federal ante la Cámara de Apelaciones, con el objetivo de que el caso llegue a la Corte Suprema y suspender la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario. El Gobierno busca frenar la ejecución de los fondos adeudados (alrededor de $2.5 billones) a las 56 casas de estudio, argumentando que la ley no establece una fuente clara de financiamiento y genera impacto fiscal.

La primera medida será un paro nacional de 24 horas este miércoles 19 de noviembre, y adhieren la Conadu Histórica -con incidencia en Adul de la Universidad Nacional del Litoral-, ATE y Fatun, de los no docentes, en coincidencia con la tradicional movilización de jubilados.

El plenario de secretarías generales de Conadu Histórica, reunido este martes, resolvió profundizar el plan de acción gremial con dos nuevas jornadas de paro. La segunda instancia será de una semana completa y se llevará a cabo del 1 al 6 de diciembre, marcando una de las acciones de mayor duración impulsadas por la docencia universitaria en este ciclo lectivo.

Desde la entidad gremial señalaron que la decisión surge de los mandatos debatidos y consensuados a partir de la consulta nacional realizada en todas las asociaciones de base. "La federación continuará trabajando por la unidad de la comunidad universitaria y sus organizaciones, articulando con las luchas del Garrahan y la emergencia pediátrica, de discapacidad y de jubiladas y jubilados", expresaron.

En un pronunciamiento dirigido al conjunto de los trabajadores, el sindicato llamó a "confluir en la lucha contra el proyecto de ley de flexibilización laboral y las reformas jubilatoria y tributaria que pretende llevar adelante el gobierno nacional".

Reafirmó, asimismo, que la protesta se sostiene "en defensa de la universidad pública, el presupuesto y nuestros salarios; por la efectiva implementación de la Ley de Financiamiento Universitario; y por la urgente convocatoria a paritarias".

El anuncio se produce tras el paro de 72 horas realizado la semana pasada por docentes universitarios de todo el país, también en reclamo de mejoras salariales y presupuestarias.

El eje central del conflicto es la Ley de Financiamiento Universitario, promulgada en octubre de 2025 pero cuya ejecución fue suspendida por el Poder Ejecutivo bajo el argumento de limitaciones presupuestarias. Universidades y gremios denuncian que la suspensión agrava el deterioro salarial y compromete el funcionamiento básico del sistema universitario.

La normativa declara la emergencia presupuestaria del sistema universitario para 2024 y fija una nueva estructura de financiamiento: 85% del presupuesto destinado a salarios y 15% a gastos de funcionamiento; actualización bimestral de estos gastos según la evolución del IPC, el tipo de cambio de referencia para importaciones y las tarifas de servicios públicos; creación de un fondo salarial para recomposición docente y no docente; fondos para infraestructura y aumento progresivo de becas estudiantiles; y financiamiento específico para carreras estratégicas, como inteligencia artificial.

El Litoral

Las autoridades máximas del Consejo Interuniversitario Nacional, el presidente Oscar Alpa y el vicepresidente Franco Bartolacci, dialogaron con los profesionales del Hospital Garrahan sobre la tercera Marcha Federal Universitaria que llevarán a cabo, de manera conjunta, el próximo miércoles 17.

La confirmación de esta nueva movilización tuvo lugar en el encuentro que mantuvieron el viernes pasado, donde acordaron manifestarse el mismo día en que que la Cámara de Diputados trate los vetos a las leyes de Emergencia Pediátrica y de Financiamiento Universitario, ambas normas anuladas por el Ejecutivo Nacional.

X Consejo Interuniversitario Argentino

Quienes también se hicieron presentes en esa reunión fueron el rector de la Universidad de Buenos Aires, Ricardo Gelpi, y el presidente de la Federación Universitaria Argentina (FUA), Joaquín Carvalho; ambos detallaron cuál es la situación presupuestaria actual del sistema universitario y qué medidas consideran que se deberán tomar en lo sucesivo, además de la Marcha Federal.

Por su parte, la secretaria general de la Asociación de Profesionales y Técnicos del Garrahan, licenciada Norma Lezana, declaró a Noticias Argentinas que el presidente Javier Milei “abrió una caja de Pandora" el mismo momento en que decidió vetar esas leyes.

"El pueblo ya lo vetó en las urnas y ahora, con estos atropellos autoritarios contra la salud y la universidad pública, lo único que hace es volver a provocar una reacción. El Presidente es enemigo de las infancias, de la salud pública y de la universidad", aseguró.

Ambas instituciones manifestaron que, ante este contexto, “responderán unificados” debido a que continúan sosteniendo el mismo reclamo masivo que realizan hace meses: “El Garrahan y la universidad pública son una sola causa", concluyó Lezana.

La vicegobernadora Gisela Scaglia, participó este viernes del 94° Plenario de Rectoras y Rectores del Consejo Interuniversitario Nacional, organizado por la Universidad de Rosario, en el Espacio Cultural Universitario de esa ciudad. El eje central del encuentro fue el análisis de la crítica situación que vive el sistema de ciencia y tecnología nacional y la elaboración de un proyecto de presupuesto de funcionamiento para el año próximo. 

Scaglia recordó y agradeció en ese contexto cuando el año pasado “la Universidad, en el momento más duro que nos tocó atravesar, se puso al frente y convocó a una mesa de diálogo con todos los sectores de la sociedad rosarina y juntos empezamos a trabajar por recuperar la paz en el territorio”. 

Además, la vicegobernadora, valoró a la universidad pública y aseguró que “en este momento difícil de Argentina, quienes pasamos por la misma universidad y como Gobierno de la Provincia, defendemos siempre la universidad pública y consideramos legítimo el reclamo que llevan adelante”, y señaló que “el Gobierno Nacional tiene que mirar a Santa Fe porque de aquí salen profesionales y líderes pero sobre todas las cosas, se forman personas”.

“La universidad vive en cada pueblo y en cada ciudad de la provincia, llegando a cada rincón, formando de la manera más diversa”, concluyó Scaglia. 

El plenario del CIN se desarrolló en simultáneo con el Congreso Nacional de Innovación Universitaria en el Centro Universitario Rosario.Bajo el lema “Enseñanza, investigación, gestión y territorio”, el evento fue una iniciativa del CIN que cuenta con la organización de la Universidad Nacional de Rosario. En ese contexto, Bartolacci recordó que “cuando nos encontramos en este mismo lugar, hace dos años, fue por un plenario que pedimos con el objetivo de acompañar a la ciudad en un momento complejo que atravesaba la ciudad en materia de seguridad pública”, a la vez que reconoció “hoy es un escenario distinto aunque queda mucho por hacer, pero para nosotros volver a encontrarnos acá, para nosotros es un honor”. Durante dos jornadas se desarrollaron conferencias, paneles y mesas de trabajo en torno a los grandes ejes que atraviesan hoy al sistema universitario: la enseñanza, la investigación, la gestión y la extensión.El objetivo fue pensar la innovación en cada uno de estos campos, en un contexto de profundos cambios sociales, políticos y económicos que exigen nuevas respuestas desde la universidad pública.El encuentro contó con la presentación de más de 800 trabajos académicos, distribuidos en distintas mesas de debate, y un espacio especialmente dedicado a la exposición de buenas prácticas: experiencias innovadoras que distintas universidades están desarrollando y que pueden servir de inspiración y réplica en otras instituciones.

La Cámara de Diputados aprobó hoy en general el proyecto que otorga y actualiza fondos a las universidades nacionales por 158 votos afirmativos, 75 negativos y 5 abstenciones, y otorgó un duro golpe al gobierno de Javier Milei, que rechaza esa iniciativa.

X Cámara de Diputados de la Nación

El proyecto será girado al Senado en las próximas horas y tiene un panorama auspicioso para su sanción definitiva, sobre todo por el mal momento que atraviesa el oficialismo con los gobernadores dialoguistas, quienes ofician de garantes del éxito de La Libertad Avanza (LLA) en ambas cámaras.

La iniciativa fue redactada por los rectores del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y busca elevar el presupuesto al 1 por ciento del PBI.

También se propone otorgar una suma especial para la creación de carreras estratégicas y la convocatoria a paritarias a docentes y no docentes.

El dictamen que tuvo luz verde establece una recomposición presupuestaria de mayo a diciembre del 2024 y, a partir de enero de este año, una actualización bimestral de acuerdo a la inflación.

Los recursos obtenidos se utilizarán para el funcionamiento de establecimientos universitarios, hospitales universitarios, Ciencia y Técnica, actividades de Extensión Universitaria.

Sobre la recomposición salarial que debe otorgar el Gobierno, propone compensar las diferencias entre los aumentos otorgados y la inflación desde el 1 de diciembre del 2023 a la fecha de sanción de la ley y que exista luego una actualización bimestral no menor a la variación del índice de Precios al Consumidor.

Otro de los puntos que plantea el texto aprobado es que en el 2025 debe completarse la incorporación al básico de convenio colectivo de todas las sumas no remunerativas y no bonificables percibidas.

A su vez, la Auditoría General de la Nación (AGN) realizará el control administrativo externo de las instituciones universitarias de gestión estatal y remitirá al Congreso los informes producidos y el plan de seguimiento y control.

Con lo que le queda de impulso tras el miércoles pasado, cuando pudo someter al oficialismo en una sesión caliente, la oposición busca dar otro golpe mañana en la Cámara de Diputados, en este caso para dictaminar los proyectos de declaración de la emergencia de la salud pediátrica y de financiamiento universitario, mientras que el Gobierno se sienta con poco aplomo arriba de la caja fiscal para evitar que la intrusionen.

En cumplimiento de los emplazamientos votados el miércoles, en primer turno se reunirá este martes a las 12 hs un plenario de las comisiones de Salud, Familias y Presupuesto para tratar la situación del Hospital Garrahan; y en segundo término lo hará Educación con Presupuesto a las 16 hs para avanzar en una normativa que descomprima el ahogo presupuestario de las universidades públicas.

El común denominador de ambos plenarios es la comisión de Presupuesto y Hacienda, que por disposición de su presidente, José Luis Espert, actuó como tapón para obturar los debates, al punto tal que la oposición debió emplazarle en el recinto.

La bronca acumulada contra el economista fue el detonante del kirchnerismo para romper la sesión del miércoles, una vez que ya se había asegurado los emplazamientos para que se trataran los temas del Garrahan y universidades.

El resto del temario había sido dispuesto de manera unilateral por Democracia para Siempre, que incluso le cedió a los diputados cordobeses de Encuentro Federal la inclusión de la rebaja de retenciones al agro.

Esa discriminación mal predispuso a Unión por la Patria, que después de fracasar en el recinto en su intento por emplazar a las comisiones que deben tratar un nuevo proyecto de resolución sobre la comisión investigadora Libra, hizo levantar a un grupo de diputadas mujeres para ir a buscar a Espert e increparlo por sus repetidas provocaciones.

El tumulto que el kirchnerismo armó alrededor del “linchamiento” a Espert hizo caer el quórum de la sesión, algo que tranquilizó a La Libertad Avanza.

Por eso, desde la oposición del “medio” mascullaron teorías sobre un pacto inexistente entre los dos polos de la política vernácula.

Al margen de esa escena cinematográfico que sentenció el final de la sesión, el marco general de la política encuentra a un Gobierno debilitado, que enfrenta el Congreso más hostil desde que llegó a la Casa Rosada. 

Ni siquiera el momento inmediatamente posterior al estallido del escándalo Libra le fue tan adverso. 

Se deshilachó su anillo de aliados, que quedó reducido a una parte del PRO y un sector minoritario de la UCR.

De esta manera, se ahuecó el escudo protector anti veto que le había permitido resistir las embestidas opositoras el año pasado con las leyes de movilidad jubilatoria y financiamiento universitario.

En aquel momento, el Gobierno pudo parar una línea defensiva, una barrera de "héroes" superior al tercio para defender los vetos.

En la última sesión, los gobernadores le soltaron la mano en medio de los tironeos por los recursos coparticipables. Ese cordón sanitario de contención ya no está garantizado.

En este contexto, el Gobierno puede pedir leyes, pero difícilmente tengan tránsito liviano en las dos cámaras. 

Hoy abundan las críticas al Poder Eejecutivo por "mal pagador", ya sea de recursos materiales o de lugares en las listas para los aliados. La Casa Rosada no les garantiza a los aliados provinciales ni una cosa ni la otra. 

En este contexto, es entendible el malestar y el espíritu de rebelión: el poder de fuego que tengan las provincias podrá ser utilizado de acá a diciembre a más tardar. 

Es un rango de oportunidad corto ya que en diciembre La Libertad Avanza va a crecer en representación y no va a necesitar a los aliados en la misma medida que en la actualidad.

El quórum en la última sesión fue una fuerte señal de que los gobernadores se habían replanteado sus lealtades y ya no tenían un alineamiento automático. 

Solamente Chubut, Corrientes y Tucumán mantuvieron la lealtad. 

El resto, incluyendo Córdoba, Catamarca, Entre Rïos, Río Negro, San Juan, Salta, Jujuy y Santiago del Estero, Misiones y Santa Fe le soltaron la mano y dieron quórum.

La votación de los emplazamientos fue todavía más nítida esta tendencia. Y además se sumaron otros actores al quórum como el grueso de la UCR, el MID, Marcela Pagano, Lourdes Arrieta, tres diputados del PRO y tres radicales peluca (Martín Arjol, Mariano Campero y Francisco Monti). 

Y las dos diputadas del gobernador de San Juan, Claudio Poggi, votaron junto a la oposición por primera vez. 

Lo mismo ocurrió con los santacruceños. Por primera vez,  el diputado José Luis Garrido votó con la oposición. Siempre se dividían las posturas con Sergio Acevedo. 

Este nuevo escenario marca un punto de inflexión en la relación entre los gobernadores Claudio Vidal y Claudio Poggi con el Poder Ejecutivo.Noticias Argentinas

Bloques opositores se volverán  a unir este martes en la Cámara de Diputados firmar los dictámenes de los proyectos de aumentos de los fondos para las universidades y de declaración de emergencia del hospital Garrahan, en una nueva ofensiva contra el Gobierno Nacional.

La intención de las bancadas opositoras es sancionar esas iniciativas en la primera semana de agosto, luego del receso invernal, y en ese lapso harán todas las negociaciones para garantizar los dos tercios, ante un eventual veto del Gobierno Nacional.

Pero los opositores de Unión por la Patria, Democracia para Siempre, Encuentro Federal, la Coalición Cívica, y la izquierda, así la como la UCR, deberán garantizar el quórum para que puedan deliberar los dos plenarios que deben emitir los dictámenes, que es la llave para que esas iniciativas se discutan en una sesión. 

Uno de los datos salientes de la última sesión, que terminó en forma agrupa por la pelea entre Unión por la Patria y la Libertad Avanza, es que muchos legisladores aliados incondicionales del oficialismo respaldaron los dos emplazamiento para avanzar en esas leyes que rechaza el presidente Javier Milei.

Respaldaron los emplazamientos los diputados del PRO Héctor Baldassi y Sofia Brambilla;  los radicales “peluca” de Liga del Interior Mariano Campero y Martín Arjol, , la libertaria Marcela Pagano, la ex libertaria Lourdes Arrieta, del MID Oscar Zago y Eduardo Falcone el misionero Alberto Arrua, y la salteña Yolanda Vega.

La postura asumida por estos legisladores es una llamado de atención porque será difícil sostener los vetos ya que con la decisión de estos legisladores, la LLA no podrá alcanzar los 87 votos como sucedió el año pasado cuando Milei rechazó las leyes jubilatorias y de Universidades 

Las votaciones de emplazamiento sobre Garrahan salió por 164 a 66 votos y de Universidades de 168 a 61, lo cual demuestra las dificultades que tiene el oficialismo es para sostener la posición de rechazo del Gobierno Nacional.

La primera reunión agendada para el martes será a las 12 para realizar el plenario de las comisiones de Acción y Salud Pública, Familia, Niñez, y Juventudes y  Presupuesto y Hacienda, que tendrá que debatir y firma un dictamen en base a los proyectos de los diputados de UP Pablo Yedlin, y de Encuentro Federal, Monica Fein, sobre el Garrahan.

Sobre tema Yedlin ya que había logrado dictamen en Salud había emitido dictamen para declarar por dos años la emergencia en el hospital Garrahan, mientras que la presidenta de Familia, Roxana Reyes, ya había avanzado en el debate de la situación de esa institución con la visita de especialistas.

El dictamen establece que el Gobierno deberá garantizar "la continuidad, fortalecimiento y sustentabilidad de los sistemas de residencias médicas y de profesionales de la salud, reconociendo su rol formativo, asistencial y estratégico en la atención sanitaria mediante condiciones laborales adecuadas, una retribución digna acorde al nivel de responsabilidad y una planificación que asegure la cobertura de especialidades críticas”.

El punto más destacado del proyecto es que exhorta al Ministerio de Salud a efectuar “la recomposición inmediata de los salarios del personal de salud asistencial y no asistencial que atiende a la población pediátrica, incluyendo a los residentes nacionales”.

En todos los casos, se dispone que “la recomposición no podrá ser menor a la que recibían en términos reales en noviembre del año 2023”.

Posteriormente, a las 16 el plenario de las comisiones de Educación, que preside el diputado del PRO Alberto Finocchiaro, y de Presupuesto y Hacienda, conducida por José luis Espert, se reunirán para tratar el despacho sobre aumento de recursos para las Universidades.

A diferencia de lo que sucede con la discusión sobre el Garrahan, Finocchiaro, no convocó a ninguna reunión informativa para debatir los proyectos sobre aumentos de los recursos para las Universidades, con lo cual no se descarta que intente hacer reuniones informativas, lo cual será rechazado por la oposición que quiere emitir dictamen.

En la comisión de educación hay seis proyectos para la iniciativa que tiene mas consenso es la propuesta de los gobernadores que está plasmada en una iniciativa presentada por las legisladoras de UxP, Blanca Osuna y de DPS, Danya Tavela.

La propuesta del rectores es otorgar un porcentaje fijo del PBI a las Universidades del 1 por ciento en el 2026, para que alcance al 1,5% en el 2031,y  la creación de un fondo de 10 mil millones para carreras estratégicas que se debe actualizar de acuerdo al Indec.

También fija que se deberá otorgar un aumento a docentes y no docentes para compensar la inflación de diciembre del 2023 a la fecha, y que a partir de ese aumento en lo sucesivo haya paritarias cada tres meses para que se actualicen los sueldos en base al aumento del IPC.

El proyecto establece que el Gobierno Nacional deberá a convocar a paritarias para recomponer los salarios docentes y no-docentes de las universidades nacionales garantizando la recuperación del poder adquisitivo, tomando como base la variación acumulada de la inflación informada por el INDEC desde el 1 de diciembre de 2023 hasta la sanción de la presente Ley.

“Todo aumento salarial deberá ser remunerativo y bonificable, y deberá asegurarse la completa incorporación de las sumas no remunerativas y no bonificables dentro de los básicos de la convención colectiva correspondiente”, agrega

Fija que la citación a paritarias “no podrá exceder los tres meses calendario, asegurando una actualización mensual no inferior a la inflación publicada por el INDEC, salvo acuerdo más favorable para las y los trabajadores”.

“Es un orgullo que por primera vez llegue una mujer a la presidencia del CUR”, expresó la directora del Instituto Superior del Profesorado, durante la última reunión del año del Consejo Universitario de Rafaela llevado a cabo en la sede de UCES Centro.

Este miércoles se llevó a cabo la última reunión del año del Consejo Universitario de Rafaela, en las instalaciones de la UCES Centro.

La actividad contó con la presencia de la secretaria de Educación Mariana Andereggen, y de todas las autoridades de las diferentes casas de estudio de la ciudad: el decano del Departamento Académico Rafaela de UCSE, Edgardo Allochis; el decano de la Facultad Regional Rafaela de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), Oscar David; el secretario Académico de la Sede Rafaela de la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales (UCES), Héctor Sierra; la directora del Instituto del Profesorado Nº 2 "Joaquín V. González", Laura Culzoni; el vicerrector Académico de la Universidad Católica de Santa Fe (UCSF), Guillermo Kerz; el director Ejecutivo del Instituto Tecnológico Rafaela (ITEC), Ignacio López y el rector de la Universidad Nacional de Rafaela (UNRaf), Rubén Ascúa.

LEE: Vecinales: Reducirán impuestos en facturas de la EPE

Durante el encuentro se hizo un balance de las actividades realizadas a lo largo de este año. También se llevó a cabo el cambio de autoridades de la presidencia del CUR.

A partir del próximo año, Héctor Sierra dejará la coordinación y asumirá Laura Culzoni. Al respecto, la directora del Instituto Superior del Profesorado Nº 2, expresó: “Es un orgullo que por primera vez llegue una mujer a la presidencia del CUR”.

Al mismo tiempo, Laura Culzoni agregó que “más que una conducción, es una coordinación, porque las decisiones las tomamos entre todos los integrantes. Es una linda oportunidad, que agradezco que se me tenga la confianza necesaria para poder ocupar este rol. Tengo la expectativa de que sea un espacio dinámico donde haya proyectos, donde haya acuerdos que nos permitan crecer a todos individualmente desde cada institución, pero también como espacio común”.

A través de un un comunicado, solicitaron además que se investigue el accionar del juez federal Julián Ercolini, uno de los involucrados en el viaje a la Patagonia del que participaron magistrados, funcionarios porteños y empresarios de medios de comunicación.

El consejo directivo de la Facultad de Filosofía y Letras (FILO) de la Universidad de Buenos Aires, rectores del bloque peronista de universidades nacionales y el Sindicato de Docentes de la universidad pública (Feduba) repudiaron este jueves las "prácticas corporativas en Lago Escondido" y solicitaron se investigue el accionar del juez federal Julián Ercolini -docente en esa casa de estudios- uno de los involucrados en el viaje a la Patagonia del que participaron magistrados, funcionarios porteños, empresarios de medios de comunicación.

Por su parte, el Consejo Directivo de la FILO repudió el "accionar antidemocrático perpetrado por jueces federales, funcionarios de CABA, empresarios de medios de comunicación y exagentes de inteligencia", al tiempo que exigió "una rápida investigación judicial de lo sucedido con una correspondiente condena a los participes".

LEE: Trabajadores de prensa del Grupo Clarín repudiaron el viaje a Lago Escondido

En un comunicado de prensa, el Consejo solicitó además que "se inicie una investigación sumaria para evaluar la incompatibilidad ética entre la participación de Julián Ercolini en estos hechos con su función docente".

El texto de la declaración aprobada en la casa de altos estudios este miércoles precisa que en virtud de la noticia sobre "una reunión entre jueces, fiscales, funcionarios del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y empresarios de medios de comunicación realizada la estancia de Lago Escondido, cuyo acceso público permanece usurpado por Joe Lewis", se "repudia los hechos y se solicita una rápida investigación judicial de lo sucedido con una correspondiente condena a los participes".

???? El Consejo Directivo de la Facultad de Filosofía y Letras repudia enérgicamente los hechos de público conocimiento referidos al accionar antidemocrático perpetrados por jueces federales, funcionarios del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, --> pic.twitter.com/YGtnLrWUkP

Asimismo solicitan al consejo superior de la UBA que inicie una investigación sumaria para evaluar la incompatibilidad ética entre la participación de Ercolini en estos hechos y su función docente.

Por su parte, la Universidad Nacional de las Artes (UNA) adhirió al comunicado de repudio del bloque peronista de rectoras y rectores de las universidades nacionales "ante las prácticas corporativas realizadas en Lago Escondido", según afirmaron en un comunicado.

"Nuestro bloque de rectoras y rectores expresa su más enérgico repudio a las prácticas corporativas entre poderes concentrados que desconocen los principios de institucionalidad y convivencia democrática", sostiene el texto.

En el documento agregan que "el grado de impunidad exhibido en la planificación, ejecución, e intento de ocultamiento de un encuentro pautado a espaldas de la sociedad argentina marca la irresponsabilidad en el ejercicio de la función pública de quienes tomaron parte".

En tanto, añaden que se trata de "rancios sectores que actúan en defensa de los privilegios y en contra de cualquier proceso de transformación política y social que garantice derechos".

Asimismo, señalaron que "perturba el grado de brutalidad exhibido tanto en el viaje como en su intento de ocultamiento", y que "no es menor la coordinación ejercida por el multimedio (Clarín) único actor privado presente en la conversación" de los chat difundidos vinculados al viaje a Lago Escondido.

Solicitaron al consejo superior de la UBA que inicie una investigación sumaria a Julián Ercolini.

Por su parte, el Sindicato de Docentes de la UBA (Feduba) expresó -desde su cuenta de Twitter- su "repudio y preocupación por la clara vulneración de la independencia judicial, la división de poderes, y la total falta de capacidad ética y moral de estas personas para dictar clases" en la universidad.

El pronunciamiento del sindicato se da "a partir de los hechos de público conocimiento que involucran específicamente a docentes de la facultad de derecho de la Uba en chats y en reuniones en el sur, junto a autoridades, empresarios de medios, funcionarios del GCBA y operadores políticos, dónde hablan de falsificar pruebas, armar causas, amenazar periodistas, y hasta de matar a funcionarios a cargo de fuerzas de seguridad".

LEE: Stolbizer pidió la renuncia de D'Alessandro para no "entorpecer" la investigación

"Nos referimos puntualmente al caso de Julián Ercolini, actual director de la carrera de Especialización en administración de Justicia; Carlos Mahiques; Juan Bautista Mahiques; Pablo Casey, director del grupo Clarín y sobrino de Héctor Magnetto; Juan Yadarola; entre otros", puntualizaron.

Del mismo modo, señalaron que "esta falta de ética e integridad, además de vulnerar la responsabilidad institucional que les cabe por los cargos que ostentan, es totalmente incompatible con los fines y principios de la universidad pública".