La irrupción de nuevos productos de nicotina, como los cigarrillos electrónicos y los dispositivos de tabaco calentado, obligó al Estado a actualizar su marco normativo. En ese escenario, el Ministerio de Salud de la Nación oficializó la Resolución 549/2026, que establece reglas más claras para la registración, comercialización y fiscalización de estos dispositivos en todo el país.

La medida responde a un fenómeno en crecimiento: el uso de vapeadores y otros sistemas de consumo de nicotina, especialmente entre adolescentes.

Según datos oficiales citados en la resolución, el consumo de cigarrillos electrónicos ya alcanza al 35,5% de los estudiantes de nivel secundario en Argentina, lo que posiciona a estos dispositivos entre las sustancias más utilizadas en esa franja etaria.

Hasta ahora, muchos de estos productos estaban directamente prohibidos o en una zona gris normativa. Con la nueva resolución, el Gobierno optó por avanzar hacia un esquema de regulación más integral, que permita no solo restringir, sino también controlar su circulación en el mercado.

Uno de los cambios más importantes es la creación del Registro de Productos de Tabaco y Nicotina (RPTN), una base de datos que centralizará la información sobre fabricantes, importadores, productos y envases. Este registro busca garantizar la trazabilidad y permitir un seguimiento más riguroso de toda la cadena de comercialización.

Además, se establecen requisitos específicos para la importación, producción y venta de estos productos, incluyendo la obligación de presentar certificados de calidad y documentación que acredite su origen y características técnicas.

La resolución introduce una clasificación detallada de los distintos productos alcanzados por la normativa. Entre ellos se encuentran los cigarrillos electrónicos, los dispositivos de tabaco calentado, las soluciones líquidas para vapeo y las bolsas de nicotina, que se consumen por vía oral.

En este nuevo esquema, todos estos productos quedan equiparados a los elaborados con tabaco, por lo que deberán cumplir con las restricciones vigentes en materia de publicidad, promoción y consumo, tal como establece la Ley 26.687.

Uno de los puntos más relevantes es la prohibición de los cigarrillos electrónicos descartables, una medida que apunta a limitar el acceso masivo y el consumo ocasional, especialmente entre jóvenes.

También se establecen límites a los ingredientes, aditivos, saborizantes y aromatizantes, en línea con el objetivo de reducir el atractivo de estos productos, sobre todo en edades tempranas. A su vez, se endurecen las condiciones de etiquetado y empaquetado, con el fin de garantizar información clara sobre los riesgos para la salud.

En cuanto a la publicidad, la normativa refuerza la prohibición de cualquier tipo de promoción engañosa o que incentive el consumo, en especial aquella dirigida a menores de edad.

Desde el Ministerio de Salud sostienen que la medida se enmarca en una política más amplia de control del tabaco, orientada a reducir el daño sanitario, social y ambiental asociado al consumo de nicotina.

En ese sentido, se destaca el rol del Programa Nacional de Control del Tabaco, que busca desalentar el inicio del consumo y promover la cesación entre quienes ya fuman. La nueva normativa refuerza ese enfoque, incorporando a los productos emergentes dentro del mismo esquema de prevención.

Al mismo tiempo, se reconoce que ninguno de estos productos es inocuo, por lo que su regulación debe contemplar sus características específicas y su impacto potencial en la salud pública.

La resolución también prevé un monitoreo constante del mercado y de la evolución tecnológica de estos dispositivos, con la posibilidad de ajustar las regulaciones en función de la evidencia científica disponible.

Sin embargo, la decisión de avanzar hacia una regulación —en lugar de una prohibición total— abre un nuevo escenario. Por un lado, permite al Estado ejercer un mayor control sobre productos que ya circulan en el mercado. Por otro, plantea interrogantes sobre el impacto que esta mayor disponibilidad regulada podría tener en el consumo.

El uso de cigarrillos electrónicos, conocido como vapeo, podría tener efectos perjudiciales para la salud cardiovascular. Un estudio reciente concluyó que la exposición a la nicotina —independientemente del método de consumo— aumenta la presión arterial y el riesgo de sufrir problemas cardíacos.

La investigación fue realizada por especialistas de la Universidad de Finlandia Oriental y de la Universidad Rutgers, y sus resultados fueron publicados en la revista científica The American Journal of Physiology.

Los investigadores detectaron que tanto vapear como fumar cigarrillos tradicionales se asocia con un aumento de la presión arterial, especialmente de la presión diastólica.

Este efecto se relaciona con la acción de la nicotina, que puede provocar cambios en el metabolismo del colesterol y dañar los vasos sanguíneos, favoreciendo la aparición de problemas cardiovasculares.

Con el tiempo, estas alteraciones pueden derivar en arritmias, insuficiencia cardíaca o ataques cardíacos.

El trabajo analizó datos de 6.262 personas en Estados Unidos y evaluó su presión arterial, frecuencia cardíaca y distintos indicadores sanguíneos.

Los resultados mostraron que quienes vapean o fuman al menos una vez por semana tienen un 46% más de probabilidades de desarrollar hipertensión en comparación con quienes no consumen nicotina. Entre los fumadores exclusivos de tabaco, el riesgo aumenta aún más y llega al 51%.

Los investigadores midieron la presión arterial de los participantes con un brazalete colocado en el brazo superior, realizando tres mediciones para obtener un promedio confiable. En el estudio se consideró presión arterial elevada a valores superiores a 120/70 mmHg, mientras que se definió hipertensión cuando los registros alcanzaban 140/90 mmHg o más.

Además, se analizaron muestras de sangre para medir colesterol total y proteína C reactiva, un marcador de inflamación asociado a enfermedades cardiovasculares.

Aunque los resultados señalan riesgos vinculados al vapeo, algunos especialistas advierten que el estudio presenta ciertas limitaciones. La investigadora Nicola Lindson, del Science Media Centre, explicó que el trabajo no analizó en detalle el historial de tabaquismo previo de los vapeadores. Esto significa que no se puede determinar con precisión cuánto del riesgo se debe al vapeo y cuánto al consumo previo de tabaco.

El vapeo se ha vuelto especialmente popular entre adolescentes y adultos jóvenes, superando en algunos países el consumo de cigarrillos tradicionales. Organismos como la Organización Mundial de la Salud advierten que la mayoría de estos dispositivos contiene nicotina, una sustancia altamente adictiva que puede generar dependencia.

Además, diversas investigaciones indican que los jóvenes que comienzan a vapear tienen más probabilidades de iniciar el consumo de tabaco convencional en el futuro. En este contexto, especialistas en salud pública señalan la necesidad de mayor información y prevención, especialmente en edades tempranas, ante los posibles efectos del vapeo sobre el corazón y el sistema respiratorio.

Una investigación de la Justicia Federal de Morón permitió desarticular una red dedicada a la venta ilegal de vaporizadores con derivados de THC, una nueva modalidad del mercado clandestino de marihuana en la Argentina. Los operativos fueron realizados por la Policía Federal Argentina (PFA) en distintos puntos del país, donde se secuestraron más de 340 dispositivos, gomitas con cannabis, dinero y armas de fuego.

Por orden del juez Jorge Rodríguez, la División Precursores Químicos y Drogas Emergentes de la Superintendencia de Investigaciones contra el Narcotráfico efectuó 17 allanamientos en Del Viso, San Nicolás, Castelar y Córdoba capital, tras detectar una red que ofrecía los productos en posteos de Instagram y grupos de Telegram.

En los procedimientos, se incautaron 87 paquetes de gomitas de cannabis, 16 balanzas de precisión, 3,5 millones de pesos, 42 mil dólares, 12 teléfonos celulares y una pistola Bersa calibre 9 mm. Seis personas fueron detenidas, aunque ninguna con antecedentes ligados a grandes estructuras del narcotráfico.

Según fuentes judiciales, los vaporizadores incautados —de marcas Lost y Torch— contenían derivados de THC no mencionados explícitamente en la Ley de Drogas, como THC-A (ácido tetrahidrocannabinólico) y THC-P, un análogo más potente. Aunque el primero no es psicoactivo en su forma ácida, al calentarse se transforma en THC, la molécula que sí tiene efectos psicoactivos y cuya tenencia está penalizada en el país.

Un funcionario judicial explicó que “son variantes sintéticas que están dentro de la definición de la ley argentina. No están nombradas, pero están penadas”.

El negocio de los vaporizadores, que en Estados Unidos representa el 25 % del mercado de cannabis recreativo —valuado en unos 45.000 millones de dólares—, ha crecido en el país y se comercializa por internet a precios de entre 75.000 y 90.000 pesos por unidad. Su aparente discreción y la ausencia de humo los convirtieron en un producto atractivo, aunque los especialistas advierten sobre los riesgos para la salud, incluyendo enfermedades pulmonares como EVALI, identificada en 2019 por el Centro de Control y Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos.

Los investigadores destacan que esta modalidad representa un cambio en el mercado ilegal del cannabis, que ya no se centra en la marihuana prensada sino en productos elaborados con extractos y derivados químicos de alto valor comercial.

Por una disposición del Ministerio de Salud, desde este martes 28 de marzo quedará prohibida la importación, distribución, comercialización, la publicidad y promoción en todo el país de los dispositivos electrónicos destinados a inhalar vapores o aerosoles de tabaco.

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El Ministerio de Salud prohibió este lunes la importación, distribución, comercialización, la publicidad, y cualquier modalidad de promoción y patrocinio "en todo el territorio argentino de los sistemas o dispositivos electrónicos destinados a inhalar vapores o aerosoles de tabaco" habitualmente llamados "Productos de Tabaco Calentado" (PTCs).

Según la Resolución 565/2023 de la cartera sanitaria, la prohibición se extiende "al funcionamiento de dichos sistemas o dispositivos, como asimismo a cartuchos y barras de tabaco para ser calentadas en dichos sistemas".

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La Resolución entrará en vigencia a partir de este martes, se indica en el artículo 3 de la norma que firma la ministra Carla Vizzotti.

En la normativa, se explica se prohíben los nuevos productos alternativos introducidos por las compañías tabacaleras tales "como los dispositivos electrónicos para fumar o inhalar aerosoles con o sin nicotina, que son los llamados cigarrillos electrónicos (CE) y más recientemente los productos de tabaco calentado (PTCs)".

Estos dispositivos, se explica, son promovidos en reemplazo de los cigarrillos convencionales,"especialmente en los lugares donde se prohíbe fumar, aduciendo que están desprovistos de los efectos deletéreos de los productos de la combustión del tabaco".

La Resolución indica que los Productos de Tabaco Calentado producen "aerosoles con nicotina y otras sustancias químicas como el acetaldehído, la acroleína y el formaldehído, las cuales son dañinas y potencialmente dañinas para la salud".

En la Argentina, el consumo de cigarrillos electrónicos presenta valores relativamente bajos, al alcanzar al 1,1% de la población adulta según la Encuesta Nacional de Factores de Riesgo 2018, "aunque se observó un alarmante porcentaje de uso entre los adolescentes, que según la Encuesta Mundial de Tabaco en Jóvenes del año 2018, alcanzó al 7% de la población de 13 a 15 años", se agrega.

El Ministerio considera que los PTCs pueden ser "un potencial riesgo para la salud de la población y el desarrollo de comportamientos adictivos en los jóvenes".

La Resolución recuerda también que el cigarrillo electrónico fue prohibido por la Administración Nacional de Medicamentos y Tecnología Médica (Anmat) por Disposición 3226/2011.

La medida publicada este lunes será comunicada a las autoridades provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la Secretaría de Comercio, a la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip), a la Dirección Nacional de Aduanas, al Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom), a la Secretaria de Relaciones Económicas Internacionales y/o todo otro organismo competente del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto. AIRES DE SANTA FE.