El Senado rechazó hoy el veto presidencial al proyecto de distribución automática de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN), asestando así otro revés al gobierno de Javier Milei, que continúa acumulando derrotas en el Congreso. Fue por 59 votos afirmativos, nueve negativos y tres abstenciones.

La abrumadora mayoría se conformó con votos de la totalidad del interbloque peronista, parte de la Unión Cívica Radical (UCR), PRO y otros representantes provinciales.

Tras romper con los gobernadores a finales de junio pasado en una reunión en el CFI y la derrota electoral en la provincia de Buenos Aires, el Gobierno volvió a tender puentes en los últimos días con los líderes provinciales. Sin embargo, la suerte ya estaba echada en la Cámara alta.

En el horizonte Cámara de Diputados se avizora como el lugar de negociación entre los Estados provinciales y la Nación. La Cámara baja es un territorio menos hostil para Milei, aun cosechando derrotas y alguna victoria pírrica como el sostenimiento del veto al paquete jubilatorio.

También es un terreno en el que los mandatarios provinciales pueden esconder mejor sus cartas tanto para apoyos como para rechazos o ausencias. La semana pasada se efectivizaron varios giros bajo este concepto de ATN, aunque aclaraban que eran por compromisos anteriores.

Un llamado de atención para la Casa Rosada es que el rechazo al veto en el Senado de este jueves cosechó más adhesiones que la media sanción del pasado 10 de julio, cuando el cuerpo legislativo lo aprobó por 56 votos afirmativos. 

El Senado inició la sesión en la que rechazará el veto presidencial al proyecto de cooparticipación automática de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN), impulsado por los gobernadores. 

Senadores opositores acumulan críticas al gobierno del presidente Javier Milei durante la sesión en la que se discutía el veto al proyecto de distribución automática de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN).

Para el senador radical Maximiliano Abad, el veto de Milei "no es un hecho aislado" e indicó que "tiene que ver con una mirada centralista, donde los criterios y las prioridades están invertidas". "El Gobierno nacional quiere sostener el equilibrio fiscal a costa de someter a las provincias", remató.

El senador peronista Daniel Bensusán afirmó que a Milei le falta "compresión de texto o miente" porque, a su criterio, con el veto, "el Presidente quiere hacer creer que las provincias" usarán los fondos de ATN para gastos corrientes".

"En ninguna ley se cambia el criterio del uso de recursos. Este proyecto no altera el equilibrio fiscal, se distribuye lo que se recauda. Lo que pedimos es la distribución. El Gobierno sigue con mentiras, confundiendo a la sociedad. Déjense de joder y empiecen a gobernar para todos los argentinos", enfatizó Bensusán.

La senadora Beatriz Ávila rememoró el clima "consenso" que había logrado el Gobierno meses atrás y criticó a Milei hasta por su vínculo con la vicepresidenta Victoria Villarruel: "Había un clima de consenso que hoy está quebrado y no por nosotros. El Presidente no habla siquiera con su Vicepresidenta". 

Ante la inminencia del rechazo a un nuevo veto presidencial, el ministro de Economía, Luis Caputo, insistió en que el Congreso Nacional “quiere voltear al presidente”.

“El congreso insistirá hoy en romper el equilibrio fiscal. Todos sabemos a esta altura que lo que están tratando de hacer es voltear al presidente que salvó al país de caer en la peor crisis de su historia”, señaló Caputo en X.

El ministro afirmó que “solo quieren recuperar su negocio y para ello están dispuestos a todo”.

“Como ciudadanos, hay una única y muy eficaz herramienta de defensa: el voto. Usémosla este octubre”, afirmó el jefe del Palacio de Hacienda.

X de totocaputo

Ayer el Congreso rechazó los vetos a la ley de financiamiento de universidades y en salud. Caputo apunta a la política, mientras el dólar está en el techo de la banda y el Banco Central tuvo que salir a vender divisas para defender el techo de la banda.

El presidente Javier Milei se expidió tras la derrota legislativa luego de que la Cámara de Diputados rechazara el veto presidencial de las leyes de financiamiento universitario y de emergencia del Hospital Garrahan.

A través de su cuenta de X, y en la previa al tratamiento de la Cámara de Senadores, el mandatario expresó: "En el Partido del Estado tenés a los kukas y a los "antikukas" que votan igual que los kukas pero disfrazados de republicanos".

En la misma línea, remató: “Votar a cualquiera de las versiones del Partido del Estado es votar que tus hijos se vayan para Ezeiza. Ya lo vivimos eso. Ya sabemos cómo termina. La Libertad Avanza o Argentina retrocede. VIVA LA LIBERTAD CARAJO...!!!”. 

X de Javier Milei

Su mensaje fue direccionado a la oposición que respaldó la voluntad peronista de declinar el veto presidencial a las leyes ya sancionadas. El rechazo al veto al Garrahan cosechó 181 contra 60 votos y una abstención, y el de universidades 174 contra 67 y dos abstenciones.

La bancada del PRO expuso divisiones luego de que nueve diputados respaldaran la decisión de insistir con las leyes, 21 se alinearan detrás de la voluntad del Poder Ejecutivo, y uno se abstuviera.

Los diputados del PRO que lo hicieron a favor fueron Avaro González, Héctor Baldassi, Silvia Lospenatto, Sofía Brambilla, María Eugenia Vidal, Gabriela Besana, Emmanuel Bianchetti, José Núñez y Ana Clara Romero, y se abstuvo Karina Bachey.

Después del "7 a 0" que asestó el Senado nacional al gobierno de Javier Milei el 22 de agosto, cuando convirtió en ley el financiamiento universitario y la emergencia en salud pediátrica, además de rechazar los decretos sobre el INTA, INTI, Vialidad, el Banco de Datos Genéticos e institutos culturales, se espera otro revés para el oficialismo este jueves.

Para las 11 está convocada la sesión ordinaria de la Cámara alta en la que figura, como primer tema, el rechazo al veto presidencial a la ley de Aportes del Tesoro Nacional (ATN), uno de los proyectos impulsados por los 23 gobernadores y el jefe de Gobierno de CABA, es decir, por la totalidad de los representantes territoriales.

La ley obtuvo media sanción por amplia mayoría en el Senado el 10 de julio, salió aprobada de Diputados el 20 de agosto, y el gobierno nacional publicó el veto total el 12 de septiembre, luego de anticipar una convocatoria a una mesa federal con gobernadores "afines" de cara a la etapa que se abrió tras la derrota electoral en las legislativas bonaerenses del 7 de septiembre.

Menos de una semana después, el tema vuelve al Senado, esta vez con la intención opositora de reunir los dos tercios que permitan rechazar el veto. Si se logra este objetivo, el asunto deberá cosechar la misma proporción de votos en Diputados para que la ley quede vigente.

Como se dijo, el presidente Milei vetó en su totalidad la Ley 27.794, que disponía que los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) se distribuyeran de manera automática entre las provincias bajo el mismo esquema que la coparticipación federal. La decisión fue oficializada a través del decreto 652 el 12 de septiembre, el mismo día en que los gobernadores de Provincias Unidas se reunían en Río Cuarto (Córdoba) para plantarse como alternativa "al mileismo y al kirchnerismo".

Allí los mandatarios de Santa Fe, Córdoba, Corrientes y Jujuy (Chubut estuvo presente de manera remota y Santa Cruz no llegó a asistir a la cita) y el ex gobernador Juan Schiaretti cuestionaron la decisión del oficialismo de retacear estos fondos y adelantaron que iban a insistir con la ley.

En los argumentos del veto, se expresa que el proyecto sancionado por el Congreso "altera la finalidad legalmente asignada a los Fondos de Aportes del Tesoro Nacional y priva al Estado nacional de una herramienta de acción inmediata frente a emergencias y desequilibrios financieros".

SE plasma allí que el Gobierno defiende el carácter extraordinario de los ATN, creados por la Ley 23.548, al señalar que "constituyen un instrumento de asistencia inmediata frente a contingencias críticas", como la emergencia sanitaria por la pandemia de COVID-19 o las recientes emergencias hídricas, económicas y alimentarias que afectaron a distintas jurisdicciones en 2024 y 2025. Precisamente, en los últimos días, cuatro provincias, entre ellas Santa Fe, recibieron ATN. En el caso del territorio gobernado por Maximiliano Pullaro, para atender la emergencia por las lluvias.

En ese sentido, el decreto aclara que los ATN no forman parte de la masa coparticipable sino que son un fondo "complementario del régimen automático de coparticipación, destinado a preservar el equilibrio federal frente a contingencias excepcionales".

La Casa Rosada sostuvo que "lejos de constituir una discrecionalidad arbitraria, el carácter no automático de tales fondos responde a la necesidad de contar con un mecanismo de asignación diferenciada frente a situaciones de crisis que no podrían ser adecuadamente atendidas por el régimen ordinario de coparticipación".

Entre los argumentos más fuertes, se advirtió que "el vaciamiento del Fondo de Aportes del Tesoro Nacional podría conducir a una extrema vulnerabilidad de las provincias frente a emergencias, afectando no solo el federalismo fiscal, sino también la prestación de servicios básicos a los ciudadanos en circunstancias excepcionales".

El texto también alude a la necesidad de un debate más amplio sobre el sistema de coparticipación, e invoca el Pacto de Mayo (firmado el 9 de julio de 2024 en Tucumán por la mayoría de los gobernadores). Allí, argumenta, se incluyó como una de sus cláusulas centrales la rediscusión integral del régimen de coparticipación federal de impuestos.

Finalmente, el Gobierno justificó la medida como un acto de responsabilidad institucional: "Corresponde que el Poder Ejecutivo Nacional haga uso de todos los medios constitucionales habilitados para evitar la entrada en vigencia de un proyecto de ley cuya finalidad es financiar gasto corriente de las provincias".

Por ahora todo es expectativa en el Congreso, que este miércoles tenía una agenda cargadísima con el rechazo a dos vetos y el jueves, podría rechazar otra disposición presidencial.

Nancy Balza - El Litoral

En la tarde de este miércoles, la comunidad universitaria de Rafaela se movilizó en defensa de la educación pública con una clase abierta frente al edificio de la Universidad Nacional de Rafaela (UNRaf), ubicado en Bv. Roca y Artigas.

La actividad reunió a estudiantes, docentes y personal no docente de la UNRaf y la UTN Facultad Regional Rafaela, quienes expresaron su compromiso con la universidad pública, gratuita y de calidad.

Durante la jornada, profesores de ambas instituciones brindaron clases abiertas en la vía pública como forma de protesta y concientización.

“Es una forma de seguir enseñando, pero también de defender este espacio que es de todos y todas”, expresaron desde la organización.

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La iniciativa se enmarca en un contexto político clave: la Cámara de Diputados de la Nación rechazó hoy el veto del presidente Javier Milei al financiamiento universitario. De esta forma, se espera que el Senado vote próximamente para ratificar o no el rechazo, lo que podría significar un respaldo legislativo a la ley aprobada que garantiza el sostenimiento económico de las universidades públicas.

La clase abierta fue parte de una serie de acciones federales impulsadas por distintas universidades y gremios docentes en todo el país, en repudio al ajuste presupuestario y en defensa del derecho a la educación superior.

La comunidad universitaria de Rafaela vuelve a salir a la calle en defensa de la educación pública. La convocatoria surge tras el veto del presidente Javier Milei a la Ley de Financiamiento Universitario aprobada por el Congreso, lo que generó fuerte malestar en el sector docente y estudiantil.

Nicolás Nocete, secretario general del Sindicato de Docencia e Investigación de UNRaf, explicó que la medida busca visibilizar el impacto del veto. “Ya vinimos hace un año y medio y seguimos con la misma lucha, los mismos reclamos, los mismos problemas y sin ninguna solución. En principio se buscaba una solución, un acuerdo parlamentario aprobado ya por las dos Cámaras, pero el presidente Javier Milei ha vetado nuevamente la iniciativa, lo que nos convoca de nuevo a una medida de movilización”.

El dirigente remarcó que la ley establecía tres puntos fundamentales: “Que las universidades tengan financiamiento para poder seguir abiertas, que los docentes tengamos una recomposición salarial a fecha de diciembre del 2023 (que haya paritarias), y por último que se recompongan, se actualicen y se vuelvan a habilitar las líneas de financiamiento para los estudiantes, las becas”.

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En ese sentido, cuestionaron los argumentos del Ejecutivo nacional. “El presidente disfraza de números y grandilocuencias lo que es un recorte que viene haciendo hace dos años. La recomposición que se hace en este nuevo presupuesto 2025 es del 11,7% cuando la inflación estimada es del 17,1%. No hay ningún aumento real, sino una pérdida”, explicaron.

Por su parte, Franco Lizarriaga, integrante del Centro de Estudiantes de UNRaf, señaló que la medida excede a la universidad y compromete a toda la ciudadanía. “A nosotros no nos gusta estar en esta posición que es tener que suspender actividades para tener que marchar para que los docentes cobren. Pero la labor que hacen los docentes, haciendo la protesta también, demuestra a los estudiantes que nada viene de arriba. Todo es una lucha, todo es una construcción”, indicó.

El referente estudiantil remarcó que la convocatoria busca ser amplia. “Esta lucha no es aislada, sino que implica también a jubilados, a quienes invitamos a participar hoy de la actividad, e implica también los recortes en discapacidad, los recortes en salud. A nosotros nos interesa que el presidente abra el diálogo”, agregó.

La concentración se realizará hoy, miércoles 17 de septiembre, a las 18 horas en la intersección de bulevar Roca y Artigas, en Rafaela.

El Senado sesionará el próximo jueves desde las 11 en busca de rechazar el veto el proyecto de distribución de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y sancionar la Ley Nicolás, aprobada en diciembre del 2023 por la Cámara de Diputados.

Se sumarán al temario dos proyectos con dictamen que convierte en ley el Sistema de Alerta Sofía y otro que agrava las penas para accidentes viales, según quedó definido este martes en una reunión de Labor Parlamentaria presidida por el presidente Provisional del Senado, Bartolomé Abdala.

Más allá de los intentos que pueda hacer el gobierno del presidente Javier Milei para recomponer los vínculos con los gobernadores de las próximas horas, la Cámara de Diputados se avizora como el lugar de negociación para intentar desactivar la embestida por los ATN.

La Cámara baja es un territorio menos hostil para el oficialismo, aun cosechando derrotas en las últimos meses y alguna victoria pírrica como el sostenimiento del veto al paquete jubilatorio y la moratoria.

El proyecto de los ATN fue impulsado por los mandatarios provinciales y recibió 56 votos afirmativos en el recinto senatorial, con ausencias no solo de los libertarios, sino también de aquellos senadores que responden a gobernadores que sellaron alianzas provinciales con LLA y otros que juegan libres.

La Ley Nicolás tiene como objetivo evitar mala praxis y diagnósticos erróneos, a raíz de la muerte del joven Nicolás Deanna por meningitis no detectada a tiempo.

En el caso de la Alerta Sofía se trata de dos proyectos presentados por el senador Juan Carlos Romero (Salta).

En el primero, se proponía darle un marco normativo a la búsqueda de personas extraviadas o desaparecidas.

En la segunda iniciativa, buscaba convertir en ley el Programa Alerta Sofía, creado en el año 2019 por el Ministerio de Seguridad de la Nación bajo la gestión de la actual titular de la cartera, Patricia Bullrich, con el objetivo de difundir de manera urgente desapariciones de menores.

Ambos textos fueron unificados en un solo dictamen de mayoría en la plenaria, luego de dos encuentros anteriores que fueron de carácter informativo.

Según detalla el dictamen de mayoría, la ley tiene como objeto "la sistematización y centralización de la información, los procedimientos y los protocolos para la búsqueda de las personas, tanto menores como adultas, cuyo paradero se desconozca, y de la información, los procedimientos y los protocolos para la identificación de personas de identidad desconocida halladas con vida o fallecidas, promoviendo acciones efectivas, con información actualizada y completa sobre todas las novedades ocurridas en territorio nacional".

En su artículo 2, se crea el "Registro Nacional de Búsqueda de Personas Extraviadas y Desaparecidas y de Identificación de Personas de Identidad Desconocida Halladas con Vida o Fallecidas, bajo la órbita del Ministerio de Seguridad Nacional.

Mientras que el artículo 6 constituye el Programa de Alerta Rápida Sofía que "se activará dentro de las 6 horas de realizada la denuncia en sede policial, Ministerio Público o Poder Judicial, por desaparición y/o extravío del menor de 18 años, que se encuentre bajo una situación de extrema gravedad y urgencia que puede causar daños irreparables en la integridad física y biopsicosocial del mismo".

En el caso del proyecto que agrava penas para siniestros viales. "Será reprimido con prisión de dos (2) a cinco (5) años e inhabilitación especial, en su caso, por cinco (5) a diez (10) años el que, por conducción imprudente, negligente, con impericia o antirreglamentaria de un vehículo con motor causare a otro la muerte", dice el dictamen.

A su vez, eleva la pena "de cuatro (4) a ocho (8) años e inhabilitación especial por el doble de tiempo de la condena, si se diera alguna de las circunstancias previstas en el párrafo anterior y el conductor hubiere consumido estupefacientes, o hubiere consumido medicamentos que disminuyan su aptitud para conducir, o tuviere un nivel de alcoholemia superior a cero, o excediere en un treinta por ciento (30%) la velocidad máxima permitida en el lugar del hecho, o condujese un vehículo con motor sin encontrarse habilitado para conducir".

La Asociación de Trabajadores del Estado confirmó un nuevo paro nacional en rechazo a los vetos del Ejecutivo.

La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) exige rechazar, en el Congreso de la Nación, los vetos firmados por el presidente Javier Milei y anunció un paro nacional para este miércoles

El secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, sostuvo que “no se puede ajustar sobre la salud y la educación” porque es un accionar “criminal” y señaló que, recortes de esta naturaleza, configuran un país “en el que sólo los que tengan plata se podrán curar y estudiar, y los que no, morirán”.

X Rodolfo Aguiar

“El Congreso tiene que rechazar los vetos presidenciales. Frente a la mentira, agresión y difamación del Gobierno, los estatales tenemos la certeza de que nuestros reclamos son absolutamente justos y razonables. El autoritarismo creciente del Gobierno es peligroso y es inadmisible que pretendan incumplir con las leyes emanadas del Congreso. Por eso, tenemos que volver a poner por encima de todo a la Constitución Nacional”, indicó el gremialista.

Asimismo, desde ATE, manifestaron que las normas vetadas por el Presidente “contemplan una serie de resguardos y protecciones frente al feroz ajuste y la crisis originada” por el mismo oficialismo.

La ley de Emergencia de Salud Pediátrica “contempla una recomposición salarial; la exención del pago del Impuesto a las Ganancias para el personal de Salud por horas extras, guardias y otras actividades; un aumento presupuestario que garantiza el funcionamiento de los hospitales públicos de atención pediátrica como el Garrahan; y la continuidad del sistema de residencias y formación” de todos los profesionales.

Por otro lado, la ley de Financiamiento Universitario, “propone un aumento del presupuesto de acuerdo con la inflación acumulada de los últimos dos años, con actualizaciones bimestrales por inflación” y, al mismo tiempo, “ordena al Poder Ejecutivo aplicar una recomposición salarial para docentes a partir del Índice de Precios al Consumidor (IPC)”.

“Desde que asumió Milei, las partidas presupuestarias de los hospitales cayeron entre un 30 % y un 40 %, mientras que se incrementaron los gastos en inteligencia. Están destruyendo el sistema sanitario público. Esta política no la podemos tolerar más, por eso, este miércoles vamos a un paro nacional de Salud, donde solamente se van a garantizar guardias mínimas”, concluyó Aguiar.

Esta medida se replicará en todo el país y las conducciones sindicales de cada distrito serán quienes definan la modalidad de las acciones y los puntos de concentración. Para brindar más detalles de esta iniciativa, ATE realizará una conferencia de prensa, mañana lunes a las 15hs. en las puertas del Congreso de la Nación. NA

El Gobierno de Javier Milei consumó este jueves un nuevo veto total a una ley sancionada por el Congreso, esta vez al Proyecto de Ley Nº 27.794, que establecía la redistribución automática de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) a las provincias. La medida, formalizada a través del Decreto 652/2025, representa un duro golpe para los gobernadores, que esperaban esta normativa para asegurar fondos y reducir la discrecionalidad en su asignación.

El veto, que se suma al rechazo de la Ley de Financiamiento Universitario y la de Emergencia en el Garrahan, profundiza el enfrentamiento entre el Poder Ejecutivo y las provincias. La decisión agudiza el malestar en los distritos, que ven cómo se bloquean iniciativas clave para sus finanzas en un momento de tensión económica y política.

El Proyecto de Ley Nº 27.794, sancionado por el Congreso el 20 de agosto de 2025, buscaba modificar el régimen de los ATN, un fondo creado por el artículo 3º, inciso d) de la Ley N° 23.548 de Coparticipación Federal de Recursos Fiscales, con la finalidad de atender "desequilibrios financieros y situaciones de emergencia" de las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Los puntos centrales de la ley vetada eran:

Redistribución automática: Establecía que los recursos de los ATN serían redistribuidos "en forma diaria y automática" y en las mismas condiciones que la coparticipación federal.

Integración a la masa coparticipable: Los recursos que la compusieran serían considerados "integrantes de la masa de fondos coparticipable".

Inclusión de TDF y CABA: Consideraba los porcentajes reconocidos a la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

El Gobierno, en los considerandos del Decreto 652/2025, argumenta que el Fondo de ATN fue instituido con una "finalidad específica" de atender emergencias y desequilibrios financieros, bajo la asignación del entonces Ministerio del Interior (actual Vicejefatura de Gabinete del Interior). Implícitamente, el veto busca preservar la capacidad del Ejecutivo de asignar estos fondos de manera discrecional, rechazando la automatización y la integración a la masa coparticipable.

Este nuevo veto se da en un contexto de recomposición de la estrategia política del oficialismo tras la derrota en las elecciones de Buenos Aires, que incluyó la designación de Lisandro Catalán como ministro del Interior y una mesa de diálogo encabezada por Guillermo Francos. Sin embargo, estas medidas se ven opacadas por la intransigencia del Presidente ante cualquier iniciativa que considere un riesgo para el equilibrio fiscal, generando más roces con los gobernadores que reclaman mayor autonomía y previsibilidad en la recepción de fondos nacionales.

Trabajadores del Hospital Garrahan nucleados en la Asociación de Profesionales y Técnicos (APyT) anunciaron un nuevo paro que comenzará el viernes 12 a las 7.00hs., en rechazo al veto de la Ley de Emergencia Pediátrica y aseguraron que al presidente Javier Milei "lo van a vetar en las calles".

X Asociación Profesionales y Técnicos del Garrahan

En declaraciones a Noticias Argentinas, confirmaron la realización de una asamblea para mañana, donde acordarán los pasos a seguir. También informaron una conferencia de prensa en el mismo hospital para el próximo lunes 15.

"Vamos a proponer en la asamblea, entre otras iniciativas, que el lunes 15 convoquemos a una conferencia de prensa de todos los sectores que apoyan la causa del Garrahan, la Salud Pública y la Universidad, consensuada en un Cabildo Abierto de más de 30 organizaciones, para que diputados y senadores traten urgente los vetos", manifestaron los trabajadores de APyT.

Asimismo, indicaron que cuando se traten los vetos en Diputados convocarán "masivamente" a la sociedad a manifestarse, en las inmediaciones del Congreso "y en todas las plazas del país": "El pueblo ya votó y fue a favor del Garrahan y la Universidad Pública", agregaron.

Para finalizar, recordaron que todo el equipo médico y no médico del Garrahan se adherirá al cese de actividades, desde el viernes 12 a las 7.00hs, durante 24hs. y sólo contarán con asistencia en internaciones y guardia. Además, invitaron a participar a toda la comunidad a la asamblea que se realizará mañana a las 13hs.

El Gobierno de Javier Milei vetó en su totalidad la Ley de Emergencia Pediátrica El Gobierno de Javier Milei profundizó su postura de ajuste fiscal al vetar por completo la Ley de Emergencia Pediátrica en el Hospital Garrahan, una decisión que se suma al rechazo total de la Ley de Financiamiento Universitario. Ambas medidas, publicadas en el Boletín Oficial, se argumentan en la necesidad de preservar el "equilibrio fiscal" y evitar lo que la administración libertaria considera un "aumento desmedido e irresponsable del gasto público".

La Casa Rosada, sin embargo, estiró la definición sobre la Ley de Redistribución Automática de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN), una normativa clave para los gobernadores, cuya suerte se conocerá a última hora de este viernes. Esta dilación se da en un contexto de reorganización de la estrategia política oficialista tras la derrota en las elecciones de la provincia de Buenos Aires y la búsqueda de un nuevo diálogo con las provincias. Según supo Noticias Argentinas, el veto al Garrahan y la incertidumbre por los ATN generaron preocupación en los mandatarios provinciales.

El Decreto que veta la Ley de Emergencia Pediátrica en el Garrahan lleva la firma del Presidente y de todo el gabinete nacional. Sus fundamentos son contundentes:

Impacto Fiscal Directo: El Gobierno estimó un "impacto fiscal directo" de $115.030.000.000 por la recomposición salarial prevista en la ley.

Desfinanciación de otros programas: Aduce que este gasto debería financiarse con "reasignaciones dentro del presupuesto del Ministerio de Salud y con reservas destinadas a contingencias sanitarias", lo que "inevitablemente conduciría a la desfinanciación de programas sanitarios vigentes y a la erosión de los recursos destinados para prestar asistencia en emergencias".

Comparaciones alarmantes: Para ejemplificar el impacto, el Gobierno comparó el monto con "un tercio del calendario total de vacunas, tres veces el crédito destinado para políticas de cobertura en VIH, lepra, tuberculosis, ITS y hepatitis virales o al financiamiento de un año y medio de la Dirección Nacional de Asistencia Directa y Compensatoria (DINADIC)".

"Aumento desmedido e irresponsable": El decreto sostiene que el proyecto "carece de un financiamiento genuino", tiene una "redacción ambigua que fomenta la arbitrariedad", "profundiza distorsiones salariales, compromete programas esenciales, erosiona la coparticipación federal y pone en jaque la estabilidad presupuestaria de la Nación y de las provincias".

"Nuevamente, el Congreso pretende impulsar una medida que, bajo la apariencia de defender una causa noble, genera un aumento desmedido e irresponsable del gasto público, poniendo en riesgo el equilibrio fiscal", concluyen los fundamentos.

Los vetos a la Ley Universitaria y la Ley del Garrahan se producen en un momento delicado para el Gobierno. Tras los 13 puntos de diferencia que le sacó Fuerza Patria en la provincia de Buenos Aires, la Casa Rosada busca reorganizar su estrategia política:

Mesa de diálogo con Francos: Se decidió que Guillermo Francos encabece una nueva mesa de diálogo con los gobernadores aliados.

Lisandro Catalán en Interior: La designación de Lisandro Catalán como nuevo ministro del Interior es vista como una señal para las provincias.

Sin embargo, los gobernadores, que esperan gestos "en serio" y "negociación", se sienten "fuertes" con su alianza de Provincias Unidas. La posibilidad de que Milei vete también la ley de ATN genera incertidumbre y dificulta un encuentro fructífero. 

El Presidente busca evitar nuevos fracasos en el Congreso, pero mantiene su intransigencia frente a iniciativas con costo fiscal, una postura que genera "ruidos internos" en la gestión sobre la necesidad de mostrar mayor flexibilidad. "No nos moveremos ni un milímetro del programa económico: equilibrio fiscal, mercado monetario ajustado y, en lo cambiario, se mantienen las bandas cambiarias pactadas con el FMI. Además, seguiremos desregulando", reafirmó Milei en X. NA

El Gobierno de Javier Milei vetó en su totalidad el Proyecto de Ley Nº 27.795, que proponía un nuevo esquema de financiamiento para la educación universitaria pública y la recomposición salarial de docentes y no docentes. La medida fue formalizada a través del Decreto 647/2025, publicado este miércoles 10 de septiembre, y representa un fuerte rechazo a la iniciativa sancionada por el Congreso el pasado 21 de agosto.

La decisión del Poder Ejecutivo, que se produce en un contexto de tensión entre el Gobierno y las universidades por recortes presupuestarios, fue confirmada por fuentes oficiales. Según supo Noticias Argentinas, el veto generará una nueva escalada en el conflicto con el sector educativo y con la oposición parlamentaria, que había impulsado la norma.

El Proyecto de Ley de "Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición del Salario Docente" Nº 27.795 buscaba:

La norma planteaba medidas claras para consolidar el financiamiento de la Universidad Pública en todo el país. A continuación, se resumen los puntos centrales:

Garantizar el financiamiento: Establecía como objeto “garantizar la protección y el sostenimiento del financiamiento de la educación universitaria pública en todo el territorio de la REPÚBLICA ARGENTINA”.

Partidas presupuestarias específicas: Determinaba que el Poder Ejecutivo Nacional debía definir partidas presupuestarias destinadas al programa 26 “Desarrollo de la Educación Superior” para:

Afianzar el ingreso, la permanencia y la terminalidad del estudiantado.

Garantizar la formación continua.

Asegurar las condiciones laborales y salariales de docentes y no docentes.

Incrementar recursos para tecnología digital.

Impulsar la formación y fortalecimiento del personal.

Ampliar la oferta de carreras universitarias y preuniversitarias.

Promover la función de extensión universitaria.

Desarrollar la función de investigación.

Prever la provisión y mantenimiento de infraestructura y equipamiento.

Impulsar la internacionalización inclusiva de la enseñanza, investigación y extensión.

Asegurar y profundizar programas de bienestar estudiantil e incrementar la inversión en becas.

Actualización por IPC: Encomendaba al Poder Ejecutivo Nacional actualizar al 1 de enero de 2025 el monto de los gastos de funcionamiento de las universidades públicas, según la variación acumulada del Índice de Precios al Consumidor (IPC) informado por el INDEC entre el 1 de mayo y el 31 de diciembre de 2024.

La objeción total al proyecto de ley se fundamenta en la visión del Gobierno de mantener el control sobre el gasto público y evitar lo que considera intromisiones en las facultades del Poder Ejecutivo para administrar los recursos del Estado. Sin embargo, la medida abre un nuevo frente de conflicto con un sector que reclama mayores fondos para garantizar la calidad y accesibilidad de la educación superior. NA

El candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, Juan Grabois, celebró este jueves la decisión del Senado de la Nación de rechazar el veto presidencial a la ley de emergencia en Discapacidad. El dirigente de Fuerza Patria consideró que se trató de una derrota política para Javier Milei y un triunfo para las personas con discapacidad.

“Ganaron los discapacitados y perdió la crueldad”, escribió Grabois en su cuenta de la red social X (ex Twitter), donde compartió un mensaje cargado de contenido político y emocional.

“Los últimos, los más golpeados por la crueldad y la corrupción, lograron con la fuerza de los débiles quebrar la prepotencia de Milei, marcando el principio del fin del régimen de la deshumanización”, expresó el líder del Frente Patria Grande.

En su mensaje, Grabois destacó el rol de los movimientos sociales y del colectivo de personas con discapacidad, a quienes reconoció como protagonistas fundamentales de esta conquista legislativa. “Como siempre, desde abajo, los movimientos sociales, esta vez el colectivo de personas con discapacidad, rompen con su lucha los muros de la exclusión y abren el camino hacia la justicia social”, afirmó.

En el tramo final de su publicación, dedicó unas palabras personales: “Con todo mi amor y admiración, a Jony y a todos los disca (sic), sus familiares y los que laburan con ellos, felicitaciones por este triunfo”.

La ley de emergencia en Discapacidad había sido vetada por el presidente Javier Milei, pero fue ratificada por ambas cámaras del Congreso, lo que representa un revés para el Poder Ejecutivo y un respaldo a los reclamos del sector.

En otro dura derrota para la Casa Rosada, el Senado rechazó hoy el veto del presidente Javier Milei a la ley que declara la emergencia en Discapacidad, por lo que el proyecto deberá ser promulgado por el Poder Ejecutivo.

La oposición, nucleada en el interbloque peronista, UCR, PRO y provinciales, se impuso con 63 votos afirmativos y siete en contra. Para intentar sostener el veto, el oficialismo recibió el apoyo de la senadora del PRO Carmen Álvarez Rivero y Francisco Paoltroni, quien volvió a alinearse por completo con la Casa Rosada.

Desde el 12 de marzo de 2003 que el Congreso no rechazaba un veto total. Fue durante la administración de transición de Eduardo Duhalde, quien asumió el 1° de enero de 2002 tras la renuncia de Fernando de la Rúa en medio del gran estallido del 2001.

La ley de discapacidad aprobada -por abrumadora mayoría- por el Poder Legislativo declara la emergencia hasta el 31 de diciembre del 2026, prorrogable hasta 2027, y una actualización de las prestaciones para compensar la diferencia entre los valores actuales y la inflación desde el 2023 a la fecha.

Según la oficina de Presupuesto del Congreso, la ley que contempla un actualización de las presiones y asignaciones para los talleres para las personas con discapacidad tiene un impacto que oscila entre el 0,22% al 0,42% del PBI, ya que depende de la cantidad de altas que se produzcan hasta diciembre del 2026.

Un punto clave de esta ley es que las 200 mil contribuciones por invalidez serán equivalentes al 70 por ciento del haber mínimo jubilatorio y las personas que cobran este beneficio podrán trabajar mientras que no supere los dos salarios mínimos.

Otro eje central es que se deberá saldar la deuda con los prestadores y actualizar mensualmente los aranceles del Sistema de Prestaciones Básicas, de acuerdo a los índices de la inflación que informa el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC).

Noticias Argentinas

El Senado sesionará este jueves desde las 11 para votar el rechazo al veto de la ley de emergencia en discapacidad y un proyecto de ley para regular los Decretos de Necesidad de Urgencia.

De esta manera, el Gobierno Nacional sufrirá un duro golpe, ya que hace 22 años que el Parlamento no insiste con una ley aprobada por el Congreso, ya que el último veto rechazado fue en abril de 2003.

La Cámara de Diputados rechazó el veto a la ley de discapacidad el pasado 20 de agosto, votada por 172 contra 73 votos y tres abstenciones el pasado 20 de agosto y mañana hará lo propio el Senado, con lo cual quedará vigente la ley de emergencia en materia de discapacidad hasta el 31 de diciembre de 2026.

La decisión de debatir el veto a la ley de emergencia en discapacidad y una reforma de la ley sobre DNU se adoptó en una reunión de Labor Parlamentaria, donde se discutió el temario de la sesión citada para mañana a las 11, informaron fuentes parlamentarias a Noticias Argentinas.

Durante la sesión también habrá cinco cuestiones de privilegio donde se objetará la decisión del Gobierno de denunciado a periodistas y logrado conseguir que el magistrado Alejandro  Maraniello, que prohibió la difusión de audios atribuidos a la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei.

Las principales críticas están dirigidas a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien defendió la denuncia contra los periodistas y pedir el allanamiento de  los estudios de Carnaval Streaming y de los domicilios de Franco Bindi, Jorge Rial, Pablo Toviggino, y Mauro Federico .

La ley de discapacidad aprobada por el Congreso declara la emergencia hasta el 31 de diciembre del 2026, y  actualización de las prestaciones para compensar la diferencia entre los valores actuales y la inflación desde el 2023 a la fecha.

La oficina de Presupuesto del Congreso estimo que esta ley que contempla un actualización de las presiones y asignaciones para los talleres para las personas con discapacidad tiene un impacto que oscila entre el 0,22% al 0,42% del PBI, ya que depende de la cantidad de altas que se produzcan hasta diciembre del 2026.

Un punto clave de esta ley es que las 200 mil contribuciones por invalidez serán equivalentes al 70 por ciento del haber mínimo jubilatorio y las personas que cobran este beneficio podrán trabajar mientras que no supere los dos salarios mínimos.

 Otro punto clave es que se deberá saldar la deuda con los prestadores y actualizar mensualmente los aranceles del Sistema de Prestaciones Básicas, de acuerdo a los índices de la inflación que informa el INDEC.

DNU

El Senado debatirá el dictamen del proyecto que regula los decretos confluyeron el kirchnerismo, PRO, la UCR y bloques provinciales, que buscan limitar así la herramienta que utilizó Milei a lo largo de estos meses para saltear al Poder Legislativo.

La iniciativa establece un plazo de 90 días corridos para la aprobación del DNU por ambas cámaras o se considera “derogado”, y solo deja a salvo los derechos adquiridos durante su vigencia.

 Además, el rechazo de una de las cámaras ya lo deja sin efecto, entre otros puntos.

Este miércoles la  Càmara de Diputados trató los vetos del presidente Javier Milei a las leyes de emergencia en discapacidad y de aumentos a las jubilaciones.

La primera iniciativa recibió la insistencia de parte de los legisladores. En tanto que la segunda norma no alcanzó los dos tercios necesarios para su rechazo por lo que fue ratificado el veto presidencial.

Santa Fe con su peso de 19 bancas, repartió sus votos durante la maratónica sesión: los votos de los representantes provinciales se dividieron entre la oposición al gobierno y el apoyo al oficialismo.

La votación sobre la insistencia de la ley de discapacidad fue la que mostró mayor contundencia opositora. A nivel nacional, 172 diputados se pronunciaron por la afirmativa, 73 por la negativa y 2 se abstuvieron. Se alcanzó la mayoría especial requerida y el rechazo al veto presidencial pasó ahora al Senado.

En el caso de los legisladores santafesinos, la votación fue de doce voluntades que se inclinaron por insistir en la norma, seis que lo hicieron por respaldar al Ejecutivo y una legisladora que estuvo ausente.

Los respaldos provinieron de un arco político amplio. Desde Unión por la Patria, Germán Martínez, Florencia Carignano, Diego Giuliano, Magalí Mastaler y Eduardo Toniolli sumaron sus avales a la ley. A ellos se les agregó Roberto Mirabella, enrolado en el espacio Defendamos Santa Fe, mientras que desde Futuro y Libertad sorprendió la adhesión de Gabriel Chumpitaz y Verónica Razzini, que en este tema se desmarcaron del oficialismo. También acompañaron Melina Giorgi, de Democracia para Siempre, y los dos referentes del socialismo santafesino en Hacemos Federal, Mónica Fein y Esteban Paulón. El radical Mario Barletta, integrante del bloque Unidos, completó la lista de quienes rechazaron la postura presidencial.

En el otro extremo, la defensa del veto quedó en manos de los tres representantes de La Libertad Avanza en la provincia: Romina Diez, Nicolás Mayoraz y Rocío Bonacci. A ellos se sumó Alejandro Bongiovanni, de Futuro y Libertad, que dejó expuesta la diferencia con sus compañeros de bancada. El PRO también aportó su cuota de respaldo a Milei, con los votos negativos de Luciano Laspina y José Núñez.

Por su parte,Germana Figueroa Casas, también del PRO, se ausentó de la votación.

El segundo capítulo del día fue aún más áspero. Tras cinco horas de debate, la Cámara de Diputados dejó firme el veto presidencial a la ley previsional, que incluía un aumento del 7,2% en los haberes, la actualización del bono extraordinario a 110 mil pesos y la obligación de la ANSES de transferir fondos a las provincias con cajas no transferidas.

El resultado nacional fue ajustado: 160 votos afirmativos contra 83 negativos y 6 abstenciones. La oposición quedó a tan solo seis voluntades de lograr los dos tercios y forzar la promulgación de la norma.

En Santa Fe, los números reflejaron un escenario mucho más parejo: diez legisladores votaron por rechazar el veto y nueve se pronunciaron en defensa de la decisión presidencial.

Los apoyos a la oposición volvieron a reunir a los cinco diputados de Unión por la Patria: Martínez, Carignano, Giuliano, Mastaler y Toniolli. A ellos se les sumaron Mirabella, desde Defendamos Santa Fe; Giorgi, desde Democracia para Siempre; y los socialistas Fein y Paulón, de Hacemos Federal. Una vez más, el radical Mario Barletta acompañó esa postura y completó el grupo de diez santafesinos que votaron por los jubilados.

En la otra vereda, el oficialismo logró blindarse con mayor firmeza. Chumpitaz y Razzini, que habían roto filas en discapacidad, esta vez se alinearon detrás de la Casa Rosada y se opusieron a la ley. A ellos se les agregó Alejandro Bongiovanni, reforzando la idea de que Futuro y Libertad quedó partido en dos mitades con estrategias diferentes según el tema. El PRO aportó cuatro voluntades negativas: Laspina, Núñez, Figueroa Casas y el propio Bongiovanni, que actúa como socio político de ese sector. La Libertad Avanza cerró filas con Mayoraz, Diez y Bonacci, consolidando el bloque duro del mileísmo en la provincia.

Mauro L Muñoz. El Litoral

Con poco más de un tercio de los votos, el Gobierno logró hoy blindar el veto del presidente Javier Milei a la ley que apuntaba a aumentar los haberes previsionales en un 7.2%, además de ampliar el bono excepcional a 110 mil pesos para los jubilados de la mínima.

La oposición rechazaba el veto y buscaba propinarle otro embate al Gobierno, pero se quedó a las puertas: logró 160 votos a favor de insistir con la norma, mientras que 83 lo hicieron en contra, y seis diputados se abstuvieron.

Unión por la Patria, Encuentro Federal, Democracia para Siempre, la Coalición Cívica, el Frente de Izquierda y un sector del bloque de la UCR votaron en contra del veto, mientras que La Libertad Avanza y el PRO se abroquelaron y levantaron un muro para defender la decisión presidencial.

La diputada nacional del Frente de Izquierda Vilma Ripoll instó a “quebrar este veto indigno al presidente Milei y después ir por todo”.

Su compañero de bancada Alejandro Vilca aclaró que “este proyecto no es una solución sino que es algo paliativo”.

“Hay que tirar abajo este nefasto veto de Javier Milei, para defender la jubilación digna”, exhortó el jujeño del FIT.

A su turno, el jefe del bloque de la Coalición Cívica, Juan Manuel López, sostuvo que “el ajuste que quieren hacer es intolerable”.

“Siempre estuvimos para recomponer de manera razonable y responsable, sin impedir el plan de estabilización al gobierno de Milei”, añadió.

En tanto, el jefe de bloque de Democracia para Siempre, Pablo Juliano, advirtió a los diputados que habían votado a favor cuando se aprobó la media sanción de la ley, y que ahora podrían revisar sus posturas para ayudar al Gobierno.

"Si vos venís a transfugar tu voto acá y traicionás a los jubilados que no pueden llegar a fin de mes, no sos digno de estar sentado en estas bancas", remarcó.

"No podés decir una cosa hace media hora y darte vuelta. No lo podés hacer. No hay llamado del gobierno nacional, no hay llamado del gobernador de tu provincia, no hay llamado de nadie que te tenga que dar vuelta el voto, agregó. 

A su turno, el diputado del MID Eduardo Falcone ratificó que “hay fuentes alternativas” para financiar el aumento a los jubilados, por lo que ratificó el apoyo de su espacio a la ley.

La diputada nacional del PRO Silvana Giudici aseguró que este “conjunto de medidas” que impulsa la oposición basado en una “narrativa de la sensibilidad “tiraría por la borda el esfuerzo que se le ha pedido a los argentinos en estos 22 meses” del Gobierno de Milei.

“Lo que buscan es volver al pasado. No quiero ser cómplice del fracaso de la Argentina”, enfatizó la legisladora cercana a Patricia Bullrich.

El jefe del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez, apuntó contra los que “están mirando para otro lado” en este debate luego de haber colaborado con la media sanción de la ley de aumento jubilatoria el 4 de junio pasado.

El santafesino habló de posibles “prebendas” a gobernadores como herramienta de presión para que algunos diputados cambien su voto y blinden el veto de Milei, por lo que pidió ser “serios” y “responsables” para “defender los derechos de los jubilados”.

Francisco Monti (Liga del Interior-LLA) llamó a “terminar con décadas de voluntarismo” y afirmó que "es mucho más fácil levantar alguna bandera con demagogia y discursos bonitos".

“Pero venimos aquí con responsabilidad a defender el principal ancla que tiene el plan de estabilización que es el programa fiscal”, explicó el catamarqueño.

En la misma sintonía, el libertario Álvaro González justificó la defensa del veto y señaló que la ley se presenta como “solidaria” pero no lo es.

“Esconde una trampa que es aumentar el gasto publico, atacar el equilibrio fiscal, y para colmo sin decir ninguna fuente de financiamiento. Es decir que buscan pan para hoy y hambre para mañana”, concluyó el mendocino.

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La Cámara de Diputados rechazó esta tarde por 172 votos contra 73 el veto a la ley de discapacidad, al haber logrado los dos tercios para insistir con la sanción de la norma aprobada por el Congreso.

El rechazo al veto fue respaldado por los diputados de Unión por la Patria (UxP), Encuentro Federal, Democracia para Siempre, la Coalición Cívica, Innovación Federal y el grueso de una decena de radicales.

El juez federal de Campana, Adrián González Charvay, declaró la inconstitucionalidad del veto presidencial a la ley 27.793 de Emergencia Nacional en Discapacidad. La resolución fue dictada en el marco de un amparo presentado por una familia con dos hijos menores con discapacidad.

En su fallo, el magistrado sostuvo que el veto vulnera compromisos internacionales asumidos por la Argentina en materia de protección de la infancia y de los derechos de las personas con discapacidad.

En el escrito, dio lugar a una presentación de dos padres de niños con discapacidad, quienes argumentaron su presentación a raíz del "estado de incertidumbre provocado por las autoridades ha incrementado significativamente los padecimientos por el riesgo de discontinuidad de los tratamientos que reciben y la falta de certeza acerca de la continuidad de funcionamiento del Sistema de Prestaciones Básicas".

Asimismo, al presentar el amparo, le advirtieron al juez sobre "un riesgo inminente de interrupción de tratamientos de los niños" por "insuficiencia arancelaria", a lo que se le agrega "la imposibilidad de los prestadores de mantener la calidad del servicio en esas condiciones". Ese escenario, constituye una "afectación actual y concreta a la continuidad prestacional de los hijos de los amparistas, generando un potencial daño irreparable a la salud de ambos".

Tras presentar los argumentos de los padres, el magistrado resolvió hacer lugar al amparo y declarar la invalidez del decreto 534/2025 “reafirmando que el derecho a la salud, educación y rehabilitación de niños con discapacidad debe prevalecer frente a restricciones presupuestarias, y que el Estado Argentino está obligado a cumplir con los estándares constitucionales e internacionales que garantizan la protección integral de los grupos más vulnerables” y la “obligación de no regresividad establecida en la Convención Americana sobre Derechos Humanos”.

La resolución judicial responde a una demanda iniciada por dos personas contra el Estado Nacional y tiene efectos directos sobre las prestaciones que reciben dos menores de edad involucrados en la causa. La Justicia hizo lugar parcialmente al amparo presentado por dos personas, cuyas iniciales son O.G.J. y D.R.N.

El fallo ordena que se comunique a la obra social de los menores para que adecúe sus prestaciones de acuerdo a lo que establecía la ley de emergencia, ahora restituida para ellos. Además, impuso que los costos del proceso judicial queden a cargo del Estado Nacional.

La Ley de Emergencia en Discapacidad había sido aprobada por el Congreso, pero luego fue vetada por el Poder Ejecutivo. Con esta decisión judicial, el debate se reabre y el Gobierno podría apelar la medida. El caso podría sentar un precedente en materia de control judicial sobre los vetos presidenciales, al tiempo que refuerza el alcance de los tratados internacionales incorporados a la Constitución Nacional.

Desde el Foro Permanente para la Promoción y la Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad convocaron para este martes a las 19 a "una vigilia y movilización en defensa de la Ley de Emergencia en Discapacidad, frente al inminente tratamiento del veto presidencial en la Cámara de Diputados".

La acción se llevará adelante en Plaza de Mayo y en compañía de personas con discapacidad, familias, organizaciones, artistas "y toda la comunidad, encendiendo la esperanza en la antesala de la sesión en el Congreso".

Además, para este miércoles 20 de agosto a partir de las 11 de la mañana se hará una concentración en la Plaza del Congreso "y en las de todo el país": "Nos concentraremos para exigir a los legisladores nacionales que rechacen el veto presidencial y defiendan la Ley de Emergencia en Discapacidad", expresó el documento.

Desde la organización advirtieron que "ambas acciones se realizan igual en caso de lluvia". Es muy importante la presencia y el acompañamiento para que nuestra voz se escuche con más fuerza.