El grupo Grassi, adjudicado como ganador del proceso de cramdown de Vicentin por la Justicia, inició los pagos correspondientes a los acreedores incluidos en la categoría A1, integrada por aquellos que optaron por recibir su compensación a través del esquema de abastecimiento de granos.

Según informó la empresa, este sistema contempla un plus sobre el precio de mercado, lo que permite a algunos acreedores recuperar hasta un 200% del equivalente a sus acreencias. La deuda comprendida en esta categoría supera los US$115 millones, involucrando a más de 100 acreedores, quienes recibirán los pagos, en algunos casos, de manera mensual durante un período de 10 años.

Previamente, ya habían cobrado los acreedores de la categoría A2, que optaron por un esquema de anticipo financiero, y los grupos A2 y A3 reúnen alrededor de 600 acreedores con recuperaciones estimadas de hasta el 140% de sus créditos. Paralelamente, los fideicomisos A1.ii, A3 y A4 iniciaron la producción de mercadería para cumplir con sus compromisos, representando acreencias por más de US$140 millones.

Desde la Nueva Vicentin, el directorio señaló que esta etapa constituye “otro paso significativo para regularizar la situación de la empresa” y destacó que todas las unidades productivas están operativas. En Ricardone, la campaña de girasol impulsa la molienda, mientras que en San Lorenzo las líneas de soja funcionan a plena capacidad. En el Nodo Norte, se avanza en la normalización de la producción y en proyectos para ampliar la capacidad operativa.

Durante la noche del martes y madrugada del miércoles 13, un incendio afectó la planta de Ricardone. Los protocolos internos de seguridad se activaron de inmediato, evacuando preventivamente al personal. Afortunadamente, no hubo víctimas ni personas heridas, y el foco fue controlado alrededor de la 1 de la madrugada.

El predio donde ocurrió el siniestro quedó aislado mientras continúan las tareas de enfriamiento, inspección y evaluación para determinar el alcance de los daños y retomar la operación con normalidad.

Varias dotaciones de bomberos locales y regionales asistieron en el operativo, y la empresa agradeció especialmente la cooperación de las compañías vecinas del cordón agroindustrial, gremios y voluntarios que colaboraron durante toda la noche con materiales, insumos y asistencia técnica.

A pesar de estos avances, la causa judicial todavía no cuenta con sentencia firme, ya que Molinos Agro y Louis Dreyfus Company apelaron la resolución del juez Fabián Lorenzini. No obstante, desde Vicentin consideran que la actividad industrial en marcha y los pagos a acreedores dificultan una revisión que modifique el proceso de reestructuración.

Grassi SA, uno de los interesados en el salvataje de Vicentin, comunicó que “alcanzó y superó holgadamente, la mayoría de conformidades requeridas, solicitando de tal manera la homologación y adjudicación de las acciones correspondientes”.

La propuesta de la firma competía contra el consorcio integrado por Molinos Agro y y Louis Dreyfus Company (LDC) Argentina, que por su lado informó que cuenta con más de un 70% de avales de los acreedores, cuando 51% es el requerido.

Ambos competidores tenían que cumplir con los avales de dos partes: la de cápitas, referida a las personas físicas, y la de capital, referida al total del monto adeudado, que incluye préstamos otorgados por diferentes entidades o empresas, con este viernes 31 de octubre como fecha límite para alcanzarlo.

La firma rosarina informó que se quedó con el cramdown

Así las cosas, Grassi informó ante el Juzgado de Primera Instancia de Distrito en lo Civil y Comercial de la ciudad de Reconquista, Provincia de Santa Fe, que reunió los avales necesarios.

La firma rosarina agradeció formalmente el “apoyo y la confianza recibida por una enorme mayoría de acreedores que acompañaron con su voto y su conformidad la propuesta que presentamos a los fines de recuperar una compañía de la enorme envergadura y trascendencia que tiene Vicentín para todo el sector agroindustrial".

"Estamos orgullosos de haber podido representar a todo ese gran universo de actores fundamentales de la industria con una propuesta acorde a sus expectativas, que fue diseñada para poner en pie a Vicentin, devolverle el brillo y el protagonismo que supo tener y llevarla a un siguiente nivel de competitividad y excelencia", sumaron.

Con el reloj marcando el tramo final del proceso de cramdown de Vicentin S.A.I.C., la histórica agroexportadora con sede en Reconquista y Avellaneda, el expediente judicial que definirá el futuro de la firma se volvió un tablero de alta tensión. Este sábado 1 de noviembre a las 00:01 vence el plazo para presentar adhesiones al plan de salvataje, y las dos propuestas en pugna aceleran sus estrategias en los últimos movimientos de esta pulseada empresarial sin precedentes en Santa Fe.

El juez Fabián Lorenzini deberá resolver no solo quién se quedará con la empresa, sino también si acepta las impugnaciones e investigaciones que podrían redefinir el conteo de votos y la validez de adhesiones claves.

Por un lado, el consorcio Molinos Agro S.A. – Louis Dreyfus Company (LDC) sostiene haber alcanzado más del 70% de las conformidades necesarias para quedarse con el control. Su propuesta busca recomponer la estructura financiera, garantizar el pago a acreedores y sostener la actividad exportadora. Subrayan su intención de ofrecer una “solución seria y sustentable” con mirada de largo plazo.

Por el otro, el grupo Grassi S.A., acompañado por la firma cordobesa Porta Hermanos, presentó un proyecto que apuesta a reactivar la planta de bioetanol en el “Nodo Norte”, detenida desde 2020. Aunque su propuesta también busca sostener empleos, se opuso al pedido de auditoría de votos solicitado por su competidor, generando tensiones dentro del expediente.

En las últimas horas, Molinos y LDC impugnaron la adhesión de Vicentin Paraguay, argumentando que no puede ser considerada un acreedor independiente, ya que responde a la casa matriz actualmente intervenida judicialmente. La adhesión de la filial paraguaya podría incidir en el recuento final de apoyos.

Además, el consorcio solicitó al juez una auditoría digital del padrón de adhesiones, con veedores de ambas partes para controlar la validez de cada voto. El objetivo es evitar irregularidades en un proceso que definirá el futuro de una de las empresas más emblemáticas del agro argentino.

Uno de los focos de la disputa es el voto del empresario Esteban Nofal, quien absorbió parte de la deuda bancaria internacional y representa el 37% del pasivo computable. Molinos y LDC denunciaron que los fondos provienen de Avir South, financiada presuntamente por Soripel S.A., firma controlada por Nofal, y que a su vez tendría vínculos con empresas del grupo Grassi, algunas radicadas en paraísos fiscales como Bahamas o Islas Vírgenes Británicas.

El juez Lorenzini definió que la oferta ganadora será aquella que reúna el apoyo de la mayoría simple de los acreedores (más de 861 votos) y dos tercios del total del capital adeudado (más de $66.941 millones). De acuerdo con la sindicatura, hay 1.722 acreedores habilitados para votar y un pasivo total de $100.412 millones. La Sindicación Plural, designada para supervisar el proceso, advirtió que cualquier análisis sobre la validez de votos impugnados se hará una vez finalizado el plazo de adhesiones.

En Reconquista y Avellaneda, la tensión es creciente. La definición no solo determinará el futuro de una compañía con casi un siglo de historia, sino también el sustento de miles de familias vinculadas a la agroindustria. Trabajadores, proveedores y productores aguardan con ansiedad una resolución clara, que permita recuperar la confianza en la cadena agroexportadora regional.

Mientras el tiempo corre, todas las miradas están puestas en el juez Fabián Lorenzini, quien deberá resolver si habilita la auditoría digital, si da lugar a las impugnaciones, y —finalmente— quién tomará las riendas de Vicentin. Su fallo marcará el cierre de un capítulo judicial y económico clave para Santa Fe y el país.

Este martes, el juez Fabián Lorenzini decidió prorrogar por otros 120 días hábiles judiciales la intervención del órgano societario de administración de Vicentin SAIC, medida vigente desde abril de este año en el marco del proceso concursal que atraviesa la histórica agroexportadora con sede en el norte santafesino.

La nueva resolución extiende la intervención hasta el 8 de abril de 2026 y ratifica la continuidad de los actuales interventores, el CPN Andrés Shocron y el Dr. Guillermo Nudemberg, quienes mantendrán "las mismas e idénticas potestades y atribuciones previamente otorgadas" para ejercer la administración y el control de las unidades de negocio que integran el patrimonio de la firma.

“Es necesario aportar seguridad jurídica y trazabilidad al gobierno de la concursada”, fundamentó el magistrado, titular del Juzgado Civil y Comercial de Segunda Nominación de Reconquista, quien remarcó que la medida busca garantizar la continuidad operativa de la empresa.

Lorenzini recordó que la intervención original se había establecido el pasado 22 de abril de 2025, mediante la Resolución N° 134, en la que se suspendieron los mandatos y funciones del directorio natural de Vicentin SAIC por un plazo inicial de 120 días hábiles.

El objetivo de aquella disposición, explicó el juez, fue “resguardar los negocios, la actividad industrial y la continuidad operativa”, al tiempo que se reconocía la legitimación procesal de los accionistas para seguir ejerciendo sus derechos patrimoniales y societarios.

Si bien el juez admitió que “se ha podido normalizar en gran medida algunos aspectos de aquella situación crítica”, también aclaró que la empresa aún no ha logrado subsanar su problemática de fondo, por lo que resulta indispensable continuar con el actual esquema de intervención.

El proceso concursal se encuentra actualmente en la etapa de concurrencia o salvataje, con la apertura de competencia entre distintas empresas interesadas en alcanzar las conformidades necesarias para un eventual acuerdo concordatario que permita sanear a la compañía.

El juez subrayó que la prórroga dispuesta no excluye la posibilidad de futuras extensiones o ajustes, siempre que las circunstancias del expediente lo ameriten y se resuelvan con el debido fundamento jurídico.

“Hasta tanto exista un nuevo esquema de control societario y de continuidad patrimonial y operativa, resulta razonable y necesario prorrogar la actuación de los interventores”, concluyó Lorenzini.

La situación de Vicentin SAIC ingresó en una etapa clave de su proceso concursal. El Juzgado Civil y Comercial de Reconquista, a cargo del juez Fabián Lorenzini, confirmó oficialmente que el patrimonio neto de la empresa es negativo, es decir, que su pasivo supera al activo, y por lo tanto las acciones no poseen valor económico real.

La resolución judicial fue firmada el jueves 25 de septiembre y se fundamenta en el informe técnico elaborado por el auditor Juan José López Forastier, de la firma Marinozzi-Mazzitelli & Asociados SRL. El especialista sostuvo que, debido a la situación financiera de la empresa, no se puede proyectar un flujo de fondos que permita generar valor ni garantizar recupero para los accionistas actuales.

“Deberían pasar 1.310 ejercicios con los resultados de 2024 o 95 ejercicios con los del 2021 para cancelar la deuda total. Lo cual es absolutamente absurdo”, concluyó el auditor.

Frente a este escenario, Lorenzini habilitó a las siguientes firmas a presentar propuestas de acuerdo preventivo ante los acreedores:

Además, el juez declaró formalmente abierto el período de concurrencia, lo que significa que los acreedores podrán otorgar conformidad a más de una propuesta de reestructuración.

El proceso tiene ahora plazos bien definidos:

El fallo implica que las acciones de Vicentin carecen de valor de mercado y que el único posible recupero surgiría en un escenario de liquidación. Esta situación refuerza la urgencia de encontrar una solución a través de un acuerdo con los acreedores, que evite la declaración de quiebra.

La expectativa ahora está centrada en la capacidad de las empresas interesadas en construir consensos con los acreedores y diseñar propuestas viables en este complejo entramado financiero, en uno de los concursos más relevantes del sector agroexportador argentino.

El Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial de la Segunda Nominación de Reconquista resolvió habilitar la feria judicial a pedido del interventor Guillermo Nudemberg, en el marco del concurso preventivo de Vicentin SAIC. La medida fue dispuesta este lunes por el juez Fabián Lorenzini con el objetivo de dar continuidad al proceso de salvataje de la empresa en crisis.

En el expediente principal ya se había ordenado la apertura del período de concurrencia, con la inscripción de 11 interesados en participar del salvataje empresario: ACA, Grassi SA, Molinos Agro, Bunge SA, Viterra Argentina, LDC Argentina, Unión Agrícola de Avellaneda, Atilio Marotte, Yabitel SA, Barbero Cereales SAU y Bioenergías Agropecuarias.

El magistrado norteño fundamentó su resolución en el alto número de oferentes inscriptos, que demuestra interés real en el proceso; la necesidad de garantizar celeridad y previsibilidad en el trámite; la situación crítica de la concursada; y la obligación de respetar los principios de seguridad jurídica y economía procesal.

Del mismo modo,anticipó que, al evaluar las propuestas, se considerarán los parámetros de abusividad y fraude a la ley establecidos en el art. 52 de la LCQ, y lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe, además de lo decidido previamente en el expediente “Vicentín SAIC s/ impugnación a la propuesta de acuerdo preventivo”.

En tanto, dijo que se fijaron reglas obligatorias de actuación para todos los interesados, con el objetivo de evitar dilaciones innecesarias y favorecer a quienes acrediten interés serio y capacidad técnico-económica suficiente.

La sentencia judicial que determine el valor definitivo de las acciones representativas del capital social de la empresa será dictada dentro de los 10 días siguientes al vencimiento del plazo de observaciones y "las decisiones adoptadas en este marco tendrán carácter inapelable”, aseguró.

Lorenzini dejó en claro que los interesados en adquirir los activos y acciones de Vicentin SAIC deberán presentar un escrito en el expediente judicial manifestando su voluntad de participar y aceptando expresamente las condiciones establecidas por el juzgado, y depositar $1.100 millones (mil cien millones de pesos) per cápita en efectivo como garantía de “seriedad de la oferta".

Asimismo, impuso un lapso para realizar el depósito de 3 días corridos desde la notificación de la resolución judicial, y no concedió plazos de gracia ni la admisión de seguros de caución. El plazo final para cumplir con estos requisitos vence el lunes 14 de julio de 2025 a las 12:30. “Quienes no cumplan serán excluidos sin recurso” del proceso de salvataje, advirtió.

El 25% del monto depositado será retenido para cubrir gastos del proceso judicial, incluyendo publicaciones de edictos y otros costos procesales. El 75% restante será reintegrado a quienes no resulten adjudicatarios, una vez finalizado el procedimiento.

Los fondos serán colocados en un plazo fijo renovable automáticamente cada 30 días hasta el momento de restitución, incluyendo los intereses devengados.

De esta manera, desde el juzgado a cargo del concurso preventivo se reafirmó el compromiso con la celeridad procesal, la transparencia y la seguridad jurídica, con el objetivo de garantizar una salida razonable para el default privado más importante de la historia argentina.

El Litoral

En una decisión clave para el futuro del grupo Vicentin SAIC, el Juzgado Civil y Comercial de Segunda Nominación de esta ciudad, a cargo del juez Dr. Fabián Lorenzini, resolvió este 27 de junio de 2025 abrir un nuevo pre-registro de oferentes en el marco del proceso de cram down o salvataje empresarial.

La medida se produce luego de que la Cámara de Apelaciones de Rafaela confirmara el rechazo a la homologación del acuerdo preventivo presentado por la empresa en concurso, lo que habilitó la posibilidad de que terceros interesados formulen una propuesta de reestructuración para evitar la quiebra.

El magistrado hizo mención al extenso tiempo que ha trascurrido desde la resolución que dispuso la apertura del período de concurrencia (Resolución del 15/09/2023), y fundamentó su decisorio en “la crítica situación de la caja de la empresa, conforme fuera informado por los interventores, la proximidad del vencimiento de los contratos de fasón, los plazos naturales de los ciclos de cosecha y siembra, la necesidad de mantener en funcionamiento el complejo industrial”.

Asimismo, consideró los apremiantes montos referidos a deuda posconcursal y la proximidad de la feria judicial para “de manera inmediata tornar operativo los plazos judiciales correspondientes a reencausar el proceso de salvataje”, de acuerdo de la Ley de Concursos y Quiebras.

El pre-registro de oferentes estará abierto del 30 de junio al 4 de julio de 2025, sin necesidad de presentar garantías económicas en esta instancia inicial. Sin embargo, la inscripción será requisito excluyente para participar luego en el período de concurrencia propiamente dicho.

Los interesados deberán presentarse formalmente en el expediente judicial, acompañando documentación legal y societaria, poderes, constitución de domicilio procesal y boletas de iniciación.

El tribunal evaluará más adelante la posibilidad de convocar a una audiencia con los inscriptos para “garantizar el acceso equitativo a información contable y establecer los requisitos definitivos de postulación, el monto de mantenimiento de oferta y los plazos de evaluación, observaciones, audiencias e incluso de votación”, conforme al procedimiento previsto en la legislación.

El juzgado dejó abierta la posibilidad de convocar a una audiencia con los interesados que se inscriban en el pre-registro, para que estos puedan informar qué documentación contable requieren consultar. El objetivo de esta instancia es garantizar igualdad de condiciones y trato entre todos los potenciales oferentes que pretendan presentar una propuesta de reestructuración para Vicentin SAIC.

Una vez concluida esa etapa, el tribunal avanzará con la definición de los plazos procesales siguientes, que incluyen la inscripción definitiva, con pago o depósito del canon correspondiente; la designación del evaluador independiente; la presentación de la valuación del grupo empresario; el plazo para formular observaciones; una audiencia informativa; y la determinación del plazo para la obtención de mayorías (necesarias para validar la propuesta).

El juez Lorenzini aclaró que todos estos pasos podrán ser modulados o ajustados según lo requieran las circunstancias del proceso y conforme a lo establecido en la Ley de Concursos y Quiebras, que regula los mecanismos de salvataje empresario.

El tribunal justificó la urgencia de esta medida en la "crítica situación de caja" de la empresa, los plazos agrícolas del ciclo de siembra y cosecha, la proximidad de la feria judicial, la necesidad de mantener el funcionamiento del complejo industrial, y los montos pendientes de deuda posconcursal.

Desde la apertura del período de salvataje -dispuesto el 15 de septiembre de 2023-, el proceso ha estado marcado por múltiples impugnaciones, idas y vueltas judiciales, y una fuerte tensión entre los acreedores, la empresa, los trabajadores y la justicia.

Norte24

Como era de esperar, la Sala II de la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y Laboral de la Quinta Circunscripción Judicial denegó la concesión del recurso de inconstitucionalidad interpuesto por Vicentin SAIC contra la resolución dictada en el 13 de mayo pasado por esa instancia de alzada.

El fallo, firmado este martes 17 por los jueces Duilio Hail, María José Álvarez Tremea y Pablo Lorenzetti, cargó las costas a la cerealera, que fijó en el 25 % de los honorarios que se regulen en primera instancia.

La decisión llegó luego de trasladar la pretensión empresaria a las partes: Commodities S.A., la Fiscalía de Cámaras y la Sindicatura concursal, quienes respondieron entre los días 5 y 10 de junio. 

El recurso había sido formalizado el 28 de mayo por la concursada con motivo del rechazo judicial a su propuesta de pago en el marco del concurso preventivo. Entre los principales argumentos, la empresa había expresado varios agravios constitucionales que, según su criterio, invalidaban lo resuelto primeramente por la Corte provincial, y luego refrendado por la Cámara de Rafaela.

En esa línea, sostuvo que la tribunal supremo de la provincia se había extralimitado al intervenir en cuestiones que eran propias de los tribunales ordinarios, al anular una sentencia dictada por la Cámara de Apelaciones de Reconquista -que había homologado su acuerdo- y ordenar un reenvío a Rafaela, condicionando así la nueva resolución. Para la empresa, esto violó los principios del juez natural, el debido proceso y la igualdad ante la ley.

También arguyó arbitrariedad de la sentencia debido a que la resolución de la Cámara de Rafaela carecía de fundamentación suficiente" y respondía a discrepancias formales con el fallo anterior, sin considerar adecuadamente las constancias del expediente ni los argumentos presentados.

Vicentin SAIC también hizo alusión al impacto económico y social del decisorio: el rechazo al acuerdo preventivo “pone en riesgo la continuidad de una empresa con 95 años de historia, que emplea directa e indirectamente a miles de personas, y aseguró que la propuesta formulada -rechazada- resultaba ”más beneficiosa" que una eventual quiebra.

Por último, acusó gravedad institucional al alertar sobre los efectos institucionales de esta intervención judicial que “comprometen la seguridad jurídica, la economía procesal y el orden jerárquico del Poder Judicial”, con repercusiones no solo sobre la compañía sino sobre la comunidad en su conjunto.

En su análisis, el Tribunal consideró que el planteo de la empresa no cumplió con uno de los requisitos formales exigidos por la Ley 7055, en particular el referido a la “propuesta y mantenimiento de la cuestión constitucional en todas las instancias del proceso”.

Si bien la Cámara reconoció que Vicentin cumplió con varios de los recaudos exigibles -como la legitimación, la fundamentación coetánea y la interposición en término-, entendió que no sostuvo de forma oportuna ni explícita la supuesta violación constitucional que invocó.

Según se explicó en la resolución, buena parte del recurso se enfocó en denunciar la intervención “extralimitada” de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe, que anuló un fallo anterior de la Cámara de Reconquista y ordenó el reenvío de la causa a Rafaela. Sin embargo, la empresa no planteó esa objeción constitucional al momento de producirse el reenvío, ni tampoco lo hizo cuando el expediente ingresó nuevamente a la Sala, subrayó el Tribunal .

En los fundamentos, citó jurisprudencia y doctrina que establecen que la cuestión constitucional debe ser sostenida expresamente en cada instancia, y que no alcanza con invocarla por primera vez al presentar un recurso extraordinario. En este caso, al no haber planteado dicha cuestión en forma oportuna, “corresponde desestimar el recurso por inadmisibilidad formal en sentido estricto”, sentenció.

“La exigencia del planteo oportuno no responde a un mero ritualismo, sino al debido respeto del sistema de control constitucional y a la defensa en juicio”, expresaron los camaristas en la resolución.

El rechazo por inadmisibilidad formal impide que la Cámara se pronuncie sobre el fondo del planteo. De este modo, quedó firme el fallo que rechazó la homologación del acuerdo preventivo de Vicentin. 

En primer lugar, el tribunal analizó los requisitos formales de admisibilidad del recurso, tal como exige la Ley 7055. Si bien se constató que la presentación fue en tiempo y forma, con adecuada fundamentación y por parte de un sujeto legitimado, se advirtió que Vicentin no mantuvo la cuestión constitucional a lo largo de todas las instancias del proceso.

Según señala el fallo, la empresa no manifestó en su momento —cuando la causa fue reenviada a esta Sala por decisión de la Corte Provincial— la supuesta extralimitación de dicha Corte que ahora invoca como central en su agravio. Esa omisión, para la Cámara, obstaculiza la admisibilidad formal del recurso, al no haberse planteado oportunamente el vicio que se denuncia.

“La exigencia del planteo oportuno no responde a un mero ritualismo”, remarca la resolución, sino que responde al respeto del sistema de control constitucional y al debido proceso.

Tampoco se verificó arbitrariedad en el fallo cuestionado. Los jueces, ante el planteo recursivo de que no formularon fundamentos propios y se limitaron a replicar los criterios de la Corte provincial, refutaron esa crítica y contrarrestaron que la técnica de fundamentación por remisión a fallos anteriores, incluso del mismo proceso judicial, “no constituye vicio de arbitrariedad, no implica arbitrariedad ni invalida la sentencia, especialmente cuando el fallo citado -como en este caso- contiene un análisis detallado y suficiente sobre los puntos controvertidos”.

Además, recordó que la Corte Suprema de Santa Fe estableció en múltiples precedentes que no resulta descalificable que un tribunal de alzada fundamente su decisión sobre la base de resoluciones anteriores. Buscar lo contrario “constituye una pretensión decididamente formalista y sin sustento constitucional”, afirmaron los integrantes del tribunal cimero.

Por último, la Cámara también desestimó los argumentos referidos a la supuesta gravedad institucional e impacto económico que implicaría la negativa a homologar el acuerdo. Consideró que esos planteos han devenido abstractos, ya que la Corte Provincial ya se pronunció sobre el fondo de la cuestión constitucional planteada.

La firma en default, al momento de presentar el recurso de inconstitucionalidad, había admitido su deriva judicial en el expediente al revelar que no albergaba "esperanza alguna” de que vaya a modificarse la no homologación del plan de pago a acreedores dispuesta por la Corte provincial por mayoría el pasado 18 de febrero. 

Al respecto, en aquel momento, la concursada se sinceró al dar cuenta que “el destino final de este este recurso no es otro que alcanzar la tutela jurídica de la Corte Suprema Nacional, que garantice el pleno ejercicio de los derechos constitucionales de legalidad, igualdad, debido proceso, defensa en juicio y propiedad, y para ello, se requiere agotar las instancias locales”. En rigor de verdad, eso fue exactamente lo que ocurrió: con el reciente fallo de la Cámara rafaelina, todas las instancias provinciales quedaron agotadas. De ahora en más, la cerealera juega su última suerte para homologar su acuerdo con acreedores en la Corte nacional, donde tiene ingresado un recurso federal.

En palabras

“La exigencia del planteo oportuno contenida en la ley 7055 no responde a un mero ritualismo sino a nuestro sistema de control constitucional, y el debido respeto a la defensa en juicio, pues se basa en la necesidad de que las cuestiones que se traigan a la Corte por vía del recurso extraordinario hayan sido, en lo posible, previo debate, ventiladas y resueltas dentro del trámite ordinario y por los jueces de la causa”. - Sala II de la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y Laboral de la Quinta Circunscripción Judicial 

Norte24

El juez de Primera Instancia en lo Civil y Comercial de la Segunda Nominación de Reconquista firmó una resolución en la que convocó a una asamblea de accionistas para el próximo 3 de julio y detalló la profunda crisis económica, financiera y operativa que atraviesa Vicentin SAIC, actualmente bajo intervención judicial en el marco de su concurso preventivo.

El cónclave tendrá lugar en la sede administrativa de Avellaneda de la firma y estará presidida por el interventor Guillermo Nudenberg. La orden del juez concursal es que informe acerca de la situación actual de la sociedad con el fin de que los accionistas evalúen, propongan o autoricen alternativas para la viabilidad de la empresa, y sus distintas unidades de negocios, y sobre las deudas de empresas controladas, vinculadas y relacionadas directa o indirectamente, alternativas de cobro en dinero y/o en especie.

Asimismo, que se aborde la cuestión de la venta de activos ociosos o non core de Vicentin que no comprometan su negocio principal, tales como oficinas, silos, participaciones accionarias, etc., y se indague sobre los acuerdos desvinculatorios celebrados con posterioridad al 31 de agosto de 2024, más la gestión del directorio intervenido judicialmente y de la comisión fiscalizadora.

En una comunicación anterior, Lorenzini había sugerido el cierre de filiales sin actividad en el exterior, como Vicentin Uruguay y Vicentin Europa, y la repatriación de fondos del exterior con los que podría contar Vicentin para afrontar sus compromisos cada vez más onerosos.

El Dr. Fabián Lorenzini reflejó en su decisorio el informe recibido de los interventores respecto a la paralización en la que estuvo inmersa la empresa en los primeros meses del año, sin operar ni cumplir con pagos a proveedores ni empleados, y graficó que los directivos habían evaluado incluso cerrar sus plantas, lo que puso a la cerealera al “borde de la quiebra liquidativa”.

En ese detalle, se presentó la realidad desigual de las plantas industriales de la otrora agroexportadora. La planta de San Lorenzo, con capacidad de molienda de 370 mil toneladas/mes, no está operativa desde enero/febrero y genera pérdidas estimadas en U$S 2 millones mensuales.

A su vez, en Ricardone, que procesa girasol, está operativa de enero a julio, y los períodos sin producción también generan pérdidas estimadas en U$S 4.8 millones.

En marzo de 2025 “los centros de San Lorenzo y Ricardone tuvieron un resultado negativo de U$S 3,9 millones, que aumenta por gastos de estructura”, reseñó el parte situacional, que puso de relieve que solo la planta de bioetanol en Avellaneda opera al máximo, aunque sus ingresos no compensan el déficit general. “Aunque esa actividad fue rentable -en U$S 558 mil positivos-, otras actividades la tornaron negativa”.

“El resultado económico preliminar de marzo arrojó un rojo de U$S 4.576.076, esperándose que sea superior en abril, con un capital de trabajo negativo y una deuda posconcursal estimada en U$S 32 millones al 31 de marzo, la cual sigue creciendo”.

Esto genera que la concursada se encuentra en una “situación de mucha debilidad frente al mercado; su estructura está sobredimensionada para su actual esquema de negocios, centrado exclusivamente en efectuar fazones a terceros, lo que trae aparejados resultados económicos negativos”, trazó el magistrado.

La endeblez descripta ameritó la adopción de medidas urgentes. En ese esquema, se destaca la solicitud -por parte de la intervención- de la homologación de la prórroga del Procedimiento Preventivo de Crisis ante la Secretaria de Trabajo de la Nación para el periodo abril/junio de 2025; las gestiones para estructurar el pago de los meses de abril y mayo a los trabajadores, amén de la delicada situación de caja; la necesidad de adecuar la plantilla al nivel de actividad actual (empresa fazonera).

Y una acción más: la decisión de suspender el pago de acuerdos de retiro anticipado millonarios firmados después de agosto de 2024 y que beneficiaron a exdirectivos. “Estos acuerdos fueron mencionados en la imputación penal de los directores desplazados. El objetivo es proteger el patrimonio y no convalidar situaciones sospechadas de afectar indebidamente a la empresa”, afirmó Lorenzini.

Otro dato llamativo, incluido en el informe de los interventores Nudemberg y Schocrón y recogido por el juez en su decisión reciente, es que se han detectado áreas sin razón de ser por falta de actividad (comercio exterior, originación de semillas) y situaciones donde no hay prestación del debito laboral a pesar de percibir salario, o personal de Vicentin que trabajaría para otras empresas", en un virtual cuadro de empleados fantasmas.

Los interventores había elevado al juez un plan de acción de recuperación de la cerealera basado en cuatro ejes: revertir el déficit operativo y adecuar la estructura, contener la generación de nueva deuda, generar ingresos genuinos y proteger activos y fuentes de empleo. Para tal fin, requirieron en la primera mitad del mes en curso la autorización judicial para avanzar con contratos de fazón con por 400.000 toneladas mensuales para la planta de San Lorenzo con ACA, Bunge, Cargill, LDC, Molinos Agro, Viterra, Commodities S.A. y la Unión Agrícola de Avellaneda.

“Ese tema se resolvería en la semana en curso”, adelantaron fuentes judiciales. “Lo que tenemos es que estaban ultimando detalles. Entendemos que está todo bastante bien, acá está entrando girasol y soja, y bastante”, confiaron desde el ámbito gremial de San Lorenzo.

EL

n la jornada del martes, la Sala Segunda de la Cámara de Apelación en lo Civil, Comercial y Laboral de la Quinta Circunscripción Judicial, integrada por los jueces María José Álvarez Tremea, Duilio M. Francisco Hail y Pablo Lorenzetti, resolvió sobre los recursos que obraban en la causa.

Uno, de apelación interpuesto por Vicentin, y los restantes de apelación y nulidad promovidos por la acreedora Commodities SA, fueron tratados luego del reenvío ordenado por la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe, mediante un fallo del 18 de febrero de 2025.

Por unanimidad de sus miembros, la instancia revisora con sede en Rafaela declaró desierto el recurso de nulidad formulado por Commodities SA y paralelamente admitió en forma parcial la apelación interpuesta por la firma, revocando los puntos 1° y 4° de la resolución inicial de septiembre de 2023, con lo cual impuso que las costas de esa intervención sean asumidas por Vicentin.

Más adelante, rechazó el recurso de apelación interpuesto por Vicentin y confirmó los puntos 2° y 3° de la resolución dictada por el juez de primera instancia Fabián Lorenzini, en los cuales el magistrado desestimó el pedido de homologación de la propuesta concordataria presentada por la concursada y ordenó la apertura del período de concurrencia (cram down).

Asimismo, el tribunal cimero rafaelino solicitó al al juez de origen que una vez que las actuaciones retornen a su juzgado, reformule los puntos 5° a 7° de dicha resolución para volver a establecer un cronograma definitivo para el período de concurrencia y fijar fecha para apertura del registro de oferentes.

“Sí, eso reabre el cram down”, confiaron fuentes del juzgado concursal de Reconquista a este medio, tras conocerse el decisorio de la Cámara en la tarde del martes.

El martes 29 de abril pasado, cerealera en default acudió con un recurso de queja a la Corte Suprema de Justicia de la Nación para tratar de revertir el fallo de la Corte provincial que desestimó el recurso extraordinario federal.

En esa presentación ante el máximo tribunal de justicia argentino en una suerte de profecía autocumplida, Vicentin había alertado sobre "la incertidumbre a la que se expondrá a toda la comunidad, clientes de fasón, acreedores interesados en el cram down, trabajadores, si la Cámara de Rafaela abriese el proceso de cram down y luego la Corte de Justicia de la Nación admitiese la queja que se presenta. Ambas instancias no deberían avanzar en conjunto”.

Este reciente fallo representa un nuevo revés para la empresa agroexportadora en su proceso de reestructuración y refuerza la posición de algunos acreedores que cuestionan la propuesta de acuerdo preventivo formulada en sede concursal, que había sido calificada como “abusiva” y con ribetes de “fraude” por el juez del proceso.

Con una resolución que no superó los 24 folios, pero que dejó en evidencia la deficitaria gestión del actual Directorio de Vicentin para sobrellevar el período posconcursal, el juez Fabián Lorenzini dispuso la intervención del órgano de administración de la concursada por el término (prorrogable) de 120 hábiles judiciales.

En el decisorio, el magistrado del concurso de acreedores de la cerealera designó como interventores societarios al CPN Andrés Shocrón y al Dr. Guillermo Nudemberg y los emplazó a presentar un informe de situación, plan de actuación y conformación de un grupo de colaboradores y auxiliares, en un plazo máximo de 10 días.

En la parte resolutiva, impuso bajo el “principio de prevención del daño” que todos los proveedores de servicios públicos y privados, o insumos y servicios públicos o privados considerados esenciales o indispensables para la operación industrial de las plantas fabriles, sedes administrativas y unidades de negocios de la concursada -proveedores de gas, energía eléctrica, servicios informáticos, seguridad, transporte, telefonía, seguros, etc.- “se abstengan de interrumpir o suspender la provisión de tales bienes o servicios por el término de 60 días hábiles”.

Lo que Lorenzini, en su buena fe e infinita paciencia, calificó como necesidad de “emplear todos los recursos y mecanismos disponibles para evitar la liquidación de la concursada”, en realidad podría terminar colisionando con los intereses y la supervivencia de la Cooperativa Cooperativa de Servicios Públicos y Vivienda de Avellaneda, que abastece de energía eléctrica a la planta del Nodo Norte de Vicentin ubicada en la misma ciudad.

Fuentes confiables dejaron entrever el temor reinante en la entidad fundada el 11 de noviembre de 1939 tras la determinación judicial que la obliga a seguir prestando el servicio de suministro eléctrico por 60 días hábiles -unos 3 meses, estimaron- sin percibir un peso de los 598 millones de pesos que la empresa en default les adeuda en concepto de 2 meses de luz, sin contar lo que lleva consumido en el mes de abril en curso. Algo que cayó como un baldazo de agua fría en la institución con 84 años de vida.

Off the récord, los consultados advirtieron las dificultades y vaticinaron que en caso de no reverse tal medida se avecine un escenario de quebranto “porque no hay espalda para aguantar ese déficit”, que superaría los 1.200 millones de pesos cuando se cumpla el plazo anunciado por el juez.

En concreto y ante el panorama desolador en ciernes, en la jornada del jueves miembros de la conducción de la prestataria se reunirían en audiencia con el juez Lorenzini para plantear la inquietud y buscar una salida. Este medio pudo saber que también se apura un contacto con los interventores para el viernes.

Luego de la audiencia pública que tuvo lugar el viernes 11 de abril en el Auditorio del Palacio de Tribunales de Reconquista, el Directorio -ahora desplazado- había adelantado la posibilidad de reactivar sus plantas paralizadas con dos fasones, bajo condición de que “los servicios de electricidad y gas no serán interrumpidos”.

En lo que podría considerarse un anticipo de lo que sobrevendría, en aquel encuentro autoridades municipales de Avellaneda mocionaron que toda solución que se alcanzara, para volver a poner operativos los complejos industriales de la cerealera, debía tener como premisa la no afectación de otras instituciones, entidades o industrias de la ciudad de manera de no generar un círculo vicioso.

La compañía tiene una deuda posconcursal de U$S 30 millones, en los cuales se incluye U$S 18 millones que se le debe a Renova y el resto es deuda nueva que está centrada en insumos básicos: primero U$S 3 millones de sueldos; energía eléctrica y gas alrededor de U$S 5 millones; y deudas con contribuciones y con el fisco de unos U$S 2 millones.

El informe fue brindado por el exinterventor y actual veedor Andrés Schocron, quien sostuvo que “esto hace muy dificultoso poder sobrellevar esto, máxime cuando no hay actividad industrial”. "A eso hay que adicionarle mínimo U$S 1 millón para poder acondicionar para poner en marcha la planta de San Lorenzo", agregó.

El Dr. Lorenzini, al momento de intervenir el órgano de administración de la concursada Vicentin hizo referencia al “difícil escenario que se presenta en la faz comercial, financiera, tributaria, operativa y laboral”, y fustigó “la falta de actuación tempestiva, preventiva y suficiente por parte del actual Directorio de la sociedad”.

En su amonestación, incluyó “la imposibilidad de contar, en el momento de asumir este camino procesal, con información clara y precisa acerca de cuestiones tales como las cuentas por cobrar entre compañías en las cuales Vicentin tiene algún grado de injerencia, las posibilidades de concretar dichas cobranzas en todo o en parte mediante el swap (o cambio) de activos que formaba parte de la propuesta concordataria; o aspectos relativos al funcionamiento operativo de las plantas, como surge del informe presentado en fecha 21 de abril de 2025 por parte de los veedores", en el cual ”se refleja un faltante de 2.880 toneladas de maíz en la planta de Avellaneda".

Las plantas de Ricardone, San Lorenzo y Avellaneda de la conflictuada empresa Vicentin volverán a operar luego de un trabajoso acuerdo precario alcanzado por directivos de la firma concursada, gremio y funcionarios santafesinos. Las actividades se retomarán mientras el expediente del concurso sigue en manos de la Corte Suprema de Justicia de la provincia, que debe decidir sobre un recurso extraordinario federal presentado por la sociedad con sede en el norte santafesino.

"En una muy larga jornada, que empezó a las 7am con una asamblea frente al portón de Ricardone y continuó en una audiencia ante el Ministerio de Trabajo convocada por el ministro Roald Báscolo, se trató la oferta de la sociedad comunicada ayer (por el martes) , y luego escuchar y atender las necesidades y los pedidos de los sindicatos, se pudo alcanzar un acuerdo consistente en pagar 40% de los haberes netos, comenzar las tareas mañana (este miércoles) en el primer turno, pagar un 20% más el viernes 25, y finalmente otro 20% el Miércoles 30".

El comunicado empresario destacó que los pagos se efectuarán gracias a los adelantos de fazones que tanto la Unión Agrícola de Avellaneda, como la empresa Bioenergías, se comprometieron a depositar. "Este acuerdo alcanza a todos los trabajadores de la sociedad y a las plantas de San Lorenzo, Ricardone y Avellaneda".

Por el entendimiento se firmó un acta en el Ministerio, en la que se establece el cronograma de pagos por un lado y el compromiso del sector laboral para cargar un barco que espera en puerto, así como camiones con granos para moler, a efectos de restablecer la actividad. "Esta solución permite descomprimir el impacto social de la falta de pago de remuneraciones, y a la vez dar principio de solución al stock de semilla que quedó sin procesar.

"Reiteramos -dice el comunicado de Vicentin- el agradecimiento al apoyo de la UAA y de Bioenergías, y especialmente a la intervención del Ministerio de Trabajo de la Provincia, confiando en que la situación procesal de la sociedad se resuelva rápidamente para permitir el retorno al giro ordinario de la empresa".

El Litoral

En una fuerte declaración que buscó dejar en claro la postura del Ejecutivo santafesino, el gobernador Maximiliano Pullaro se refirió al complejo escenario que atraviesa la empresa Vicentín, y fue categórico al descartar una eventual intervención estatal para evitar su quiebra: “Esto no es un Estado comunista, donde el Estado o el gobierno tiene que intervenir cuando quiebra una empresa”, sostuvo el mandatario, al ser consultado por la posibilidad de que la Provincia asuma algún tipo de control o rescate sobre la firma en crisis.

Vale recordar que la Justicia dejó sin efecto el acuerdo que Vicentín había alcanzado con sus acreedores. Esa decisión reabrió el proceso de concurso preventivo.Las palabras del gobernador tuvieron lugar tras una actividad oficial en Rosario, y llegaron luego de que se conocieran novedades de la empresa, sobre las plantas Avellaneda y Ricardone de la empresa. Pullaro expresó su compromiso con los trabajadores y aseguró que el Estado santafesino no los dejará solos. “Vamos a estar al lado para que ninguna familia la pase mal o que realmente sufra”, afirmó. En ese sentido, recordó que la Provincia ya ha intervenido en otros momentos críticos, como ante los recortes de partidas alimentarias y de medicamentos dispuestos por el Gobierno nacional. Sin embargo, marcó un límite: “No se puede hacer el gobierno cargo de la empresa o de cada una de las empresas que quiebran”.

El mandatario atribuyó parte de la responsabilidad del actual panorama de incertidumbre a las decisiones políticas que, en su visión, distorsionaron el accionar de la Justicia: “Recordemos que desde la Provincia en un momento se intentó intervenir la empresa y desde el Gobierno nacional se la intentó expropiar. Un trámite judicial que debería estar resuelto hace tres años y medio, hoy sigue trabado por las intromisiones del poder político”, marcó.Para Pullaro, es fundamental respetar los procesos judiciales en curso, más allá de las simpatías o rechazos que generen sus resoluciones. “Vamos a respetar lo que resolvió la Justicia de la provincia de Santa Fe, nos guste o no nos guste”, enfatizó.

Los pidió el fiscal Miguel Moreno, quien preside las investigaciones sobre el desempeño del directorio que estaba al frente al momento del default. Oficiales irrumpieron en domicilios de Rosario, Avellaneda y Reconquista.

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Este viernes se realizaron nuevos allanamientos en domicilios de Rosario, Avellaneda y Reconquista vinculados a la causa Vicentin que fueron pedidos por el fiscal Miguel Moreno, quien preside las investigaciones sobre el desempeño del directorio que estaba al frente al momento del default en 2019, el más grande en la historia del mercado de granos.

Los allanamientos, de los que participan la PDA y la PDI, en busca de nuevos documentos, siguen la pista de uno de los delitos por el que están imputados los ejecutivos de la aceitera y que es el de administración fraudulenta.

En efecto, además, de estar imputados por estafa -al recibir granos que sabían que no iban a pagar o tomar créditos que sabían que no iban a devolver falseando balances- también fueron señalados por administrar fraudulentamente el grupo en beneficio personal de algunos directores y accionistas y en perjuicio de la empresa.

Pullaro: “Vamos a defender a la producción, a la industria, al campo y a las economías regionales”

Internas

La última novedad conocida sobre la causa en materia penal, más puntualmente en lo que hace a las investigaciones por administración fraudulenta, habían ocurrido en octubre. Ese mes, un grupo de accionistas de Vicentin se presentó en la Fiscalía de Delitos Económicos de Rosario para solicitar “ser admitidos como querellantes por considerarse víctimas de las maniobras defraudatorias de los miembros del directorio que llevaron a la empresa al default” a finales de 2019.

El fiscal Moreno les tomó luego declaración para ver qué datos aportaban en relación con el delito de administración fraudulenta, y con esa nueva información es que pidió los allanamientos que se realizan este viernes.

Los imputados por diversos delitos (estafa, administración fraudulenta, asociación ilícita, etc., que para Fiscalía explican que el default no fue producto de una situación comercial, sino parte de una estafa a gran escala, ya que falseaban balances para conseguir millonarios créditos y recibían granos a sabiendas de que no iban a poder pagarlos) son: Daniel Buyatti, Alberto Macua, Roberto Gazze, Omar Scarel, Máximo Padoan, Cristián Padoan, Martín Colombo, Sergio Roberto Vicentin; Pedro Germán Vicentin, Yanina Colomba Boschi, Javier Gazze y Miguel Vallaza.

El pedido de este grupo de accionistas de constituirse en querellantes marca un fuerte quiebre en el frente interno de la empresa, cuyos dueños (nucleadas en cuatro grandes ramas familiares) venían actuando en bloque. Pero ahora la novedad es que apareció un grupo que fue la Justicia a decir que se sienten defraudados por los directores, que son familiares.

La empresa quedó debiendo más de 1.500 millones de dólares (entre granos y créditos tomados, pero no pagados) en lo que se convirtió en el default más grande en la historia del mercado cerealero.

En los últimos días, una de las empresas que participa en el concurso preventivo de Vicentin denunció que el juez Civil que tiene a su cargo ese proceso intenta interferir a favor de ex directivos de la compañía investigados en Rosario por delitos graves.

La denuncia de la empresa Commodities SA cuestiona gravemente la conducta del juez en lo Civil y Comercial de Reconquista Fabián Lorenzini, quien, según una presentación judicial realizada por esa compañía acreedora de Vicentin ante la Cámara de Apelación en lo Civil, Comercial y Laboral de Reconquista, pretende levantar las medidas cautelares que pesan sobre la cerealera.

Sobre ello, Gustavo Feldman -abogado integrante del estudio jurídico que representa a Commodities SA- hizo declaraciones en Radio Rafaela. “Verdaderamente, cuesta creerlo”, aseguró, incluso teniendo 37 años de ejercicio profesional de la abogacía.

“He visto varias cosas porque estuve en muchas causas. Pero una toma de posición tan rotunda, pocas veces he visto. Lamentablemente, la conducta de Lorenzini siempre fue a favor de Vicentín y ahora de los exdirectivos de Vicentín, en desmedro de los acreedores del concurso. En este caso, son víctimas de un desfalco y del accionar de una asociación ilícita. Y esto no lo digo, lo dice el fiscal Moreno y el derrotero procesal que venimos teniendo hace ya casi tres años”, afirmó.

“La conducta absolutamente tendenciosa y parcial de Lorenzini no es un suceso, es un jalonamiento de su sede. Es todo un proceso, tenemos el proceso de concursar en Reconquista, el proceso penal en Rosario y el proceso de la conducta a favor de Vicentin y de los exdirectivos de Lorenzini. En este caso, además, ha cometido una torpeza. Pero es evidente que tiene un compromiso invencible porque, de lo contrario, no se justifica una postura tan desembozada contraria a la ley. Lo que ha hecho es contrario a la ley”, afirmó Feldman.

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Con información de La Capital

La Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de Reconquista desestimó la excusación presentada por el juez de Fabián Lorenzini, quien deberá seguir tramitando el concurso preventivo de la agroexportadora Vicentin, declarada en default a fines de 2019.

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Nuevo giro en la Causa Vicentin. La Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de Reconquista desestimó la excusación presentada por el juez de Fabián Lorenzini, quien deberá seguir tramitando el concurso preventivo de la empresa agroexportadora declarada en default a fines de 2019.

A través de un fallo firmado por los jueces Dalla Fontana, Sánchez y Román (este último en abstención), la Cámara resolvió rechazar la excusación presentada por Lorenzini y le ordenó seguir adelante con el concurso de acreedores de Vicentin.

El pasado 16 de marzo, el juez civil y comercial N°3 de Reconquista, Ramiro Avilé Crespo, rechazó en primera instancia la excusación del magistrado que lleva adelante el proceso, quien había aducido “violencia moral” por el pedido de juicio político por parte de un representante de los acreedores. Además, Avilé Crespo le recomendó a Lorenzini que reflexione sobre sus argumentos para excusarse y en caso de no compartir los criterios que rechazaron su intención de correrse de la causa, eleve el expediente a la Cámara Civil y Comercial de Reconquista. Ahora la Cámara le dio la razón a Avilé Crespo y devolvió el expediente al despacho de Lorenzini.

La resolución del juez civil y comercial N°3 de Reconquista resolvió “rechazar la excusación formulada por el Sr. Juez de Primera Instancia de Distrito Judicial N° 4 en lo Civil y Comercial de la Segunda Nominación” y le solicita que “reflexione conforme los considerandos precedentes y de compartirlos revoque su Resolución de fecha 10/03/2023”.

Asimismo, Avilé Crespo le hace saber a Lorenzini que, en caso de no compartir lo resuelto, “forme el incidente correspondiente, y eleve el mismo al superior para su resolución” (Cámara Civil y Comercial de Reconquista).

El pasado 10 de marzo y tres años después de habilitar el concurso preventivo de Vicentin, el más grande de la historia al menos en Santa Fe, el juez civil y comercial N°2 de Reconquista, Fabián Lorenzini, había resuelto abandonar la causa. En un escrito, comunicó su decisión de excusarse, aduciendo “violencia moral”, y enviar todo el expediente al juzgado civil y comercial N°3 de la misma ciudad.

“Considero indispensable formular mi excusación para continuar actuando como juez en este expediente, con fundamento en la violencia moral que me produce una solicitud de Juicio Político presentada ante la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe, por parte de un representante de acreedores”, dice Lorenzini en su resolución. El expediente del proceso concursal, que Lorenzini describe como “de dimensiones nunca antes conocidas en la historia judicial de la Argentina”, había retornado a sus manos el 27 de febrero pasado, después que la Corte Suprema rechazara el que había solicitado el acreedor Commodities SA.

Uno de los abogados de esa firma, Gustavo Feldman, fue quien el año pasado motorizó el pedido de jury contra Lorenzini. Lo hizo a título personal, no en representación de sus clientes. En su excusación, el juez sostiene: “Soy consciente de mis deberes funcionales, pero no puedo soslayar la violencia moral que me genera dicho planteo, porque siento que me condiciona a la hora de continuar ejerciendo libremente la jurisdicción en este proceso tan relevante y complejo”. Recuerda que en esos tres años sorteó “numerosos pedidos de recusación, planteos de incompetencia, críticas y postulaciones de la más diversa índole jurídicas, políticas y económicas, pero un pedido de juicio político en las actuales circunstancias de alta sensibilidad, me expone en un grado que no me parece apropiado ni digno tolerar. Desde mi perspectiva, implica una agresión desmedida y me genera la necesidad de ponerme a disposición de quienes deben analizar aquel pedido, favoreciendo el pleno escrutinio de los fundamentos que pudiera esgrimir semejante planteo”. Remata: “Considero indispensable remover cualquier condicionamiento que mi continuidad en el caso Vicentin pudiera representar”.

Al mismo tiempo, Lorenzini dice que “no habiéndose expedido hasta el momento nuestra Corte Suprema sobre aquella postulación (el pedido de jury), me siento inhibido de continuar ejerciendo mi rol”. Y un párrafo más adelante ofrece “disculpas a los acreedores que aguardan pacientemente el trámite de este proceso y a las personas que trabajan para la concursada”.

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La primera reacción fue del propio denunciante. El abogado Feldman dijo que no cree que los motivos que expuso Lorenzini sean ciertos. “Creo que se excusa para no tener que firmar la caducidad del período de exclusividad y la apertura del cram down”, afirmó. En diálogo con AIRE, abundó, duró con el magistrado. “¿Ahora siente violencia moral? ¿Ahora reconoce que estábamos ante un caso sui generis en el que el cuidado de los acreedores debió ser mucho mayor? Todo lo que los fiscales (penales) de Rosario le enviaron (en relación a las imputaciones al directorio por estafa y otros delitos) Lorenzini siempre puso «ténganse presente» y ahí quedó”.

Si bien la Corte en noviembre pasado rechazó avocarse el concurso y ordenó devolvérselo a Lorenzini, lo hizo con una serie de requerimientos que condicionaban al juez del concurso y que prácticamente hacían inviable que homologara la oferta de pago de Vicentin, por más que esta había conseguido los pisos de aceptación que exige la ley. El máximo tribunal, en apretada síntesis, le marcó la cancha: que tenga cuidado de no interferir en el proceso penal que se sigue en Rosario a los directivos (la oferta de pago estaba condicionada a la venta de activos de la agroexportadora que están inhibidos, o sea que no pueden venderse); que la propuesta de pago no sea abusiva; que atienda las advertencias que hizo la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (en relación a que el ingreso de inversores para pagar podría derivar en una mayor concentración del mercado agroexportador); y que preserve las fuentes de trabajo. AIRES DE SANTA FE.