El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, defendió este miércoles el paquete de leyes de seguridad enviado por el Poder Ejecutivo a la Legislatura provincial. El mandatario sostuvo que la región necesita nuevas herramientas para profundizar la baja en los índices de violencia. El anuncio se realizó durante el acto de ascenso de 300 agentes penitenciarios en la ciudad de Santa Fe.

“Nosotros necesitamos más herramientas”, afirmó el gobernador al referirse a las iniciativas presentadas. Además, anticipó que el Ejecutivo enviará nuevos proyectos legislativos en el corto plazo. Ante las críticas sobre una posible inconstitucionalidad de las medidas, Maximiliano Pullaro fue tajante: “Yo no voy a mandar ninguna ley que es inconstitucional”, aseguró ante los presentes.

El titular del Poder Ejecutivo respaldó su gestión con cifras oficiales de homicidios. “Hace tres años a esta altura, teníamos 344 homicidios en la provincia de Santa Fe; hoy tenemos 128”, detalló. Sin embargo, advirtió que esta reducción no significa el fin de las bandas delictivas. “Las organizaciones criminales aún están activas en la provincia”, sentenció el mandatario.

Entre las medidas propuestas, se destacan los allanamientos sin orden judicial ante la tenencia de armas en la vía pública y la posibilidad de que la Policía interrogue a sospechosos. El paquete incluye juicios en ausencia para prófugos, decretos penales para penas leves, zonas de intervención policial especial y la facultad de derribar búnkeres de droga por orden fiscal.

Maximiliano Pullaro rechazó las objeciones de sectores de la abogacía penal y cuestionó lo que denominó como “garantismo bobo”. El gobernador defendió también la renovación de la Corte Suprema provincial y la modernización del sistema judicial. Finalmente, pidió valorar el trabajo de las fuerzas de seguridad que permitieron recuperar el uso de los espacios públicos en todo el territorio santafesino.

El grave episodio de violencia ocurrió en la Escuela Secundaria N° 5 “Héroes Nicoleños de Malvinas”, situada en la ciudad de San Nicolás, provincia de Buenos Aires. La docente fue agredida físicamente por una estudiante que se negó a acatar la orden de guardar su dispositivo móvil durante el horario escolar.

Según trascendió, la profesora solicitó en dos oportunidades que la alumna guardara el celular, en el marco de nuevas disposiciones institucionales. Ante la negativa, la adolescente reaccionó con violencia, arrastrando a la docente de los pelos y golpeándola mientras se encontraba en el suelo frente a sus compañeros.

El ataque fue registrado en videos por otros estudiantes, cuyas imágenes circularon rápidamente en redes sociales. En el material se observa a la trabajadora de la educación tendida cerca del pizarrón mientras recibe la agresión. Tras el hecho, la víctima fue trasladada a un centro de salud local, donde permaneció internada por las lesiones sufridas.

🚨#SanNicolás Brutal agresión de alumnos de una escuela secundaria hacia una docente, porque se "atrevió" a pedirle a una chica que dejara de usar su teléfono celular. Ocurrió el 13 de octubre https://t.co/pYejKbOnOh

Paralelamente, surgió una denuncia sobre un supuesto pedido de las autoridades escolares para que se eliminaran los registros fílmicos del aula. Esta situación permanece bajo investigación oficial. Ante la gravedad de lo sucedido, el Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires (SUTEBA) repudió el ataque y exigió medidas urgentes de protección.

“No podemos naturalizar las agresiones ni desproteger a quienes tienen la responsabilidad de enseñar”, manifestaron desde el gremio. La entidad activó el protocolo de resguardo y solicitó a la Jefatura Distrital la conformación de una Mesa Intersectorial para abordar la violencia escolar y prevenir futuros episodios en los establecimientos educativos.

Por su parte, Educadores Nicoleños Asociados (ENIA), entidad adherida a la Federación de Educadores Bonaerenses (FEB), expresó su “profunda preocupación y enérgico rechazo” ante el suceso. El gremio reclamó una intervención inmediata de las autoridades educativas para garantizar espacios seguros, basados en el respeto y la convivencia escolar, mientras continúa el abordaje institucional del caso.

Una médica del Hospital Papa Francisco de Salta sufrió una doble fractura del maxilar superior luego de ser agredida a golpes por la hija de un paciente internado. El episodio ocurrió el martes 20 de octubre, en un área de acceso restringido al personal sanitario.

Según explicó el director del establecimiento, Rodrigo Maroni, la mujer había solicitado que la profesional volviera a informar sobre el estado de salud de su padre a otro familiar. Ante la falta de respuesta, ingresó de manera intempestiva al sector donde trabajaban varios médicos y le dio un puñetazo en el rostro.

Como consecuencia de la agresión, la profesional recibió atención médica y una licencia laboral. Además de las lesiones físicas, fue amenazada de muerte por la atacante, quien continuó insultándola cuando ambas volvieron a encontrarse fuera de la sala, en presencia de la directora médica del hospital.

Después del episodio, la médica se comunicó con el 911 y dos efectivos policiales acudieron al establecimiento. Sin embargo, Maroni cuestionó que la agresora no fuera detenida y afirmó que los policías la acompañaron a presentar una denuncia contra el hospital.

“Le dije que estaba prohibido su ingreso y les comenté a los oficiales que la retiren del hospital porque no debía permanecer en el hospital”, sostuvo el director, quien expresó su indignación por lo ocurrido.

Tanto la médica como las autoridades del centro de salud realizaron las denuncias correspondientes. Mientras continúa con su recuperación, la profesional recibe acompañamiento médico y psicológico.

El caso volvió a poner en discusión las condiciones de seguridad en los hospitales y la protección de quienes trabajan en el sistema sanitario, especialmente frente a episodios de violencia dentro de los establecimientos.

Maroni advirtió que el Hospital Papa Francisco dispone actualmente de dos vigiladores privados por turno, una cifra inferior a la que, según indicó, había años atrás, cuando contaba con seis o siete trabajadores destinados a esas tareas.

Además, señaló que el establecimiento lleva dos años con un espacio previsto para una dependencia policial que todavía no está en funcionamiento.

El hospital cuenta con más de 500 trabajadores y atiende diariamente a numerosos pacientes de la zona sudeste de Salta. Tras la agresión, las autoridades insistieron en la necesidad de reforzar las medidas de protección para prevenir nuevos hechos de violencia contra el personal de salud.

El Litoral

Un grave episodio de violencia sacudió la tarde del domingo en el norte de la ciudad de Santa Fe. Un joven de 22 años, identificado como Franco Calabreses, se encuentra en estado crítico tras recibir un disparo en la cabeza en la intersección de Facundo Zuviría y Espora.

El hecho ocurrió alrededor de las 17.22. La víctima fue asistida por una ambulancia del servicio de emergencias 107 y trasladada de urgencia al Hospital José María Cullen. Según el parte médico, el joven presentaba una herida de arma de fuego con orificio de entrada y sin salida en la región temporal-maxilar izquierda. Debido a la gravedad del cuadro, fue ingresado al shock room y posteriormente derivado a la unidad de terapia intensiva.

Tras el ataque, personal de la Unidad Regional I inició un operativo de búsqueda basado en testimonios recolectados en el lugar. Las investigaciones permitieron identificar a un sospechoso de 18 años, quien fue localizado y aprehendido en una vivienda ubicada en la calle Luciano Leiva al 8300.

Durante el procedimiento, que contó con la autorización del propietario del inmueble y la presencia de testigos civiles, se realizó una requisa voluntaria. Además de la detención, personal técnico de la Policía de Investigaciones efectuó las tareas de dermotest al sospechoso y procedió al secuestro de dos teléfonos celulares sin marca visible.

La causa, caratulada como tentativa de homicidio, busca ahora determinar el vínculo entre el agresor y la víctima, así como las circunstancias precisas en las que se produjo el ataque. La evolución del estado de salud de Franco Calabreses será un factor determinante para el avance de las actuaciones judiciales.

Santa Marta, uno de los principales destinos turísticos del Caribe colombiano, amaneció con un fuerte despliegue de fuerzas de seguridad luego de una jornada marcada por ataques armados, vehículos incendiados, bloqueos de rutas y amenazas contra comerciantes y transportadores.

Las acciones fueron atribuidas a las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN), una organización armada con presencia en el área de Santa Marta y otros sectores del departamento de Magdalena. El grupo había anunciado un “paro armado” de 48 horas tras la muerte de uno de sus principales integrantes en un operativo de la Fuerza Pública.

El llamado “paro armado” implicó restricciones a la circulación y a la actividad comercial. Durante la jornada circularon imágenes de vehículos incendiados y de hombres armados en distintos puntos de la ciudad, mientras varios establecimientos permanecieron cerrados.

La escalada se produjo después de una operación realizada en la zona de Quebrada del Sol, en las estribaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta. Según autoridades colombianas, el procedimiento dejó siete integrantes de las ACSN muertos y tres capturados.

Entre los fallecidos se encontraba José Luis Pérez Villanueva, alias “Cholo”, señalado por las autoridades como segundo cabecilla y responsable financiero de la organización.

Tras el operativo, las ACSN anunciaron el paro armado y se registraron acciones violentas en Santa Marta y sobre corredores viales de la región. La situación también generó afectaciones en la movilidad y el funcionamiento de comercios.

Ante la situación, el presidente Abelardo de la Espriella ordenó reforzar la presencia de la Fuerza Pública en Santa Marta y dispuso la militarización de la ciudad.

“He ordenado como presidente de la República que Santa Marta sea militarizada”, declaró el mandatario, quien también sostuvo que las amenazas de la organización estaban dirigidas contra comerciantes, pobladores y transportadores de la región Caribe.

La Policía reforzó los operativos en las zonas comerciales con unidades especializadas, mientras efectivos del Ejército fueron desplegados en distintos sectores y en las rutas que conectan Santa Marta con La Guajira.

El mandatario llegó además a Santa Marta y participó de las acciones de seguridad junto a integrantes de la Fuerza Pública. En las últimas horas difundió imágenes de patrullajes en distintos barrios de la ciudad.

La crisis se produce en un contexto de enfrentamientos entre las autoridades colombianas y las ACSN, una estructura armada vinculada por las autoridades con actividades de narcotráfico y extorsión. El Gobierno de De la Espriella había endurecido su estrategia frente a los grupos armados ilegales desde el inicio de su mandato.

La diputada provincial Lionella Cattalini reclamó que se investigue qué ocurrió con cerca de 8 mil expedientes que permanecieron sin avances en los juzgados federales de Rosario a cargo de los jueces Marcelo Bailaque y Carlos Vera Barros.

La legisladora sostuvo que la situación obliga a revisar el rol que tuvo la Justicia Federal durante los años en los que la ciudad atravesó un fuerte crecimiento del narcotráfico y niveles inéditos de violencia.

“Durante años nos preguntamos cómo pudo crecer tanto el narcotráfico, cómo pudieron consolidarse determinadas organizaciones criminales y cómo Rosario llegó a atravesar los niveles de violencia que vivimos. Saber ahora que miles de expedientes permanecieron frenados en esos juzgados necesariamente nos obliga a mirar hacia atrás”, afirmó.

Cattalini planteó que la demora en los expedientes debe ser analizada caso por caso y advirtió que pueden existir diferentes explicaciones para esa situación.

“No podemos meter todo en la misma bolsa. Pero tampoco podemos aceptar que semejante cantidad de expedientes se explique como un simple problema administrativo”, sostuvo.

En ese sentido, reclamó conocer qué investigaciones quedaron paralizadas, durante cuánto tiempo y qué consecuencias tuvieron esas demoras.

“Hay que saber cuánto hubo de desidia e inoperancia y cuánto de intencionalidad. Acá puede haber una parte importante de la explicación de lo que nos pasó”, expresó.

La diputada recordó además que viene siguiendo desde hace años el funcionamiento de la Justicia Federal rosarina y que fue denunciante del ex juez Marcelo Bailaque.

En ese marco, cuestionó las demoras que, según indicó, atraviesan las investigaciones contra el exmagistrado.

“Con Bailaque vemos cómo funciona este mecanismo. Después de todo lo que conocimos, aparecen una y otra vez maniobras dilatorias para evitar que llegue a juicio. El paso del tiempo no puede volver a convertirse en una forma de impunidad”, señaló.

Para Cattalini, la discusión excede las responsabilidades individuales y pone nuevamente bajo análisis el funcionamiento de una Justicia Federal que tiene competencia sobre delitos vinculados al narcotráfico, la corrupción y el crimen organizado.

“Cuando la Justicia no investiga, cuando una investigación duerme durante años o cuando los controles no funcionan, alguien se beneficia”, afirmó.

La legisladora concluyó: “Mientras Rosario ardía, miles de expedientes dormían en los juzgados que tenían que investigar buena parte de los delitos que estaban detrás de esa violencia. No podemos mirar ese dato como una casualidad. Tenemos derecho a conocer qué ocurrió”.

El fútbol uruguayo quedó envuelto en un nuevo episodio de violencia luego de que varios hinchas de Danubio ingresaran al campo de juego y se enfrentaran con integrantes del plantel durante el partido ante Montevideo City Torque, correspondiente a la Copa AUF Uruguay. El encuentro terminó con derrota del conjunto franjeado por 2-0 y derivó en un clima de máxima tensión.

El momento más grave se produjo sobre el final del encuentro, cuando, durante el tiempo adicional, simpatizantes ingresaron al estadio Charrúa y se dirigieron directamente hacia los futbolistas. La situación pasó rápidamente de los reclamos verbales a los empujones y golpes dentro del campo de juego.

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Entre los jugadores involucrados estuvieron Facundo Balatti y Sebastián Rodríguez, quienes quedaron cara a cara con los invasores. Según las imágenes difundidas en redes sociales, Balatti intentó evitar la confrontación, aunque terminó siendo agredido.

El arquero Kevin Martínez también intervino al intentar defender a sus compañeros. El futbolista intercambió golpes con uno de los hinchas antes de ser separado por otros integrantes del plantel. La intervención policial llegó luego de que el conflicto ya se había iniciado.

La tensión en Danubio se había incrementado por la complicada campaña deportiva del equipo, que pelea por mantenerse en la categoría y ya venía atravesando un clima de malestar en las tribunas.

El episodio ocurre además en la previa de un partido de alta exigencia, ya que Danubio deberá recibir a Peñarol en Jardines. 

El equipo ahora deberá afrontar no solo la presión deportiva, sino también las consecuencias de un hecho que volvió a poner en debate la violencia en los estadios del fútbol uruguayo.

Un conflicto entre vecinos de barrio Santo Domingo, en el extremo nororeste de la ciudad de Santa Fe, terminó con dos sujetos heridos que fueron detenidos por la policía.

El episodio tuvo lugar este lunes en inmediaciones de la intersección de calle Pavón y pasaje Geneyro.

Según indican las primeras versiones, dos sujetos comenzaron a discutir por motivos que se investigan y la situación se descontroló poco después, cuando uno de ellos utilizó una tumbera (arma de fuego de fabricación casera) para disparar a su oponente.

La perdigonada impactó en las piernas del otro sujeto, que le arrebató al agresor la precaria “escopeta” hecha con caños y con ella empezó a golpear al tirador en la cabeza.

Ambas personas fueron detenidas poco después por la policía y trasladadas al Hospital José María Cullen, donde fueron asistidas de diferentes lesiones.

Un joven de 20 años terminó internado luego de ser atacado con un arma blanca durante un partido de fútbol 5 disputado en la zona norte de Rosario.

El episodio ocurrió durante la noche del jueves en inmediaciones de Superí y Pizzurno, en el barrio La Esperanza. Según informó la Policía, la víctima, identificada como Ignacio C., sufrió lesiones en el abdomen y en la cabeza.

Tras la agresión, el joven fue trasladado inicialmente al Hospital Alberdi, donde los médicos evaluaron su estado y resolvieron posteriormente derivarlo a un centro de mayor complejidad.

De acuerdo con el relato que la propia víctima brindó mientras permanecía consciente, todo comenzó a partir de una discusión con integrantes del equipo contrario.

En ese contexto, uno de los rivales habría sacado un arma blanca y lo atacó. El joven ingresó al Hospital Alberdi poco después de las 20:30.

La primera evaluación médica determinó que presentaba una herida penetrante y extensa en el cuero cabelludo, además de lesiones similares en la región toracoabdominal.

A raíz de las características de las heridas, personal del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (SIES) trasladó al paciente alrededor de las 22:00 al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (Heca).

Allí quedó bajo atención médica y se solicitaron nuevos estudios para determinar con mayor precisión el alcance de las lesiones.

Mientras tanto, el operativo policial realizado en la zona no derivó en detenciones.

Las actuaciones quedaron radicadas en la Comisaría 30ª y fueron puestas a disposición de la Justicia, que deberá avanzar en la identificación del presunto agresor y reconstruir las circunstancias del ataque.

La violencia volvió a golpear a Haití con un ataque registrado en la comuna de Kenscoff, ubicada cerca de Puerto Príncipe. El episodio dejó al menos 40 personas muertas, según informaron medios locales.

Durante la madrugada, integrantes de la coalición armada Viv Ansanm se desplegaron en la zona y atacaron e incendiaron decenas de viviendas, de acuerdo con los reportes difundidos por medios locales.

Los grupos armados llevaron adelante la ofensiva en distintos sectores de Kenscoff. Las viviendas fueron blanco de ataques e incendios durante el operativo.

El episodio se suma a la situación de violencia que atraviesa el país caribeño y que tiene a las bandas armadas como uno de sus principales actores.

Tras conocerse lo ocurrido, el Gobierno de Haití expresó su pesar y manifestó su solidaridad con las familias afectadas.

En un comunicado, las autoridades reafirmaron su postura frente a la violencia y señalaron: “El Gobierno está de pie. No se retira, no transige, no retrocede. Kenscoff no será abandonada. Haití no será entregada a los bandidos. La República vencerá”, según consignó Xinhua.

Haití atraviesa una prolongada crisis de seguridad. Tras el asesinato del presidente Jovenel Moïse en 2021, el país experimentó un vacío de poder que estuvo acompañado por el crecimiento de las bandas armadas.

Los grupos que forman parte de la coalición Viv Ansanm protagonizaron el ataque registrado en Kenscoff, según los medios locales.

El nuevo episodio de violencia podría afectar el calendario electoral previsto para Haití. Las elecciones presidenciales y legislativas están programadas para el 13 de diciembre de 2026, aunque este episodio podría generar un retraso. La situación de seguridad se mantiene así como uno de los factores que podrían incidir en el desarrollo del proceso electoral.

Con la exposición de los fiscales de Reconquista y Venado Tuerto este lunes, el Ministerio Público de la Acusación concluyó su "rendición de cuentas" correspondiente a lo actuado en 2025.

Uno de los aspectos distintivos que tuvo cada informe en esta ocasión fue haber revelado por primera vez el número de suicidios registrados en el citado período. La decisión fue de la Fiscal General, María Cecilia Vranicich, y estuvo motivada en la gravedad de la problemática que emerge de manera casi generalizada en toda la provincia.

Ya había advertido la funcionaria que teniendo en cuenta el número de muertes violentas registradas en todo el territorio santafesino durante el año pasado, el de personas que habían decidido quitarse la vida duplicaba al de quienes la habían perdido como consecuencia de un crimen.

Del total de muertes violentas en toda la provincia el año pasado, el 46,5% fueron por suicidio en tanto que el 21,8% fueron por homicidios dolosos.

Cuando el análisis se focaliza en cada una de las fiscalías regionales se observa que el fenómeno se mantiene como constante en La Capital y sus alrededores (FR1), en Rosario (FR2) y en Castellanos (FR5). Las fiscalías con sede en Venado Tuerto (FR3) y Reconquista (FR4) presentan aspectos particulares.

En el caso de la FR1 (comprende La Capital, Garay, Las Colonias, San Jerónimo, San Justo y San Martin) , de 264 muertes violentas producidas en 2025, 126 fueron por suicidio, 77 por siniestros viales y 61 por homicidios. Los suicidios duplican en cantidad a las muertes por homicidios dolosos.

En cuanto a la FR2 (comprende Belgrano, Caseros, Constitución, Iriondo, Rosario y San Lorenzo), durante el año pasado se registraron 126 homicidios; 128 muertes por siniestros viales y 221 por suicidios. La ecuación se mantiene. Con estas cifras, Rosario y sus alrededores concentra el 49% de los suicidios registrados en toda la provincia a lo largo de 2025.

En lo que respecta a Castellanos y los demás departamentos que integran la FR5 (San Cristóbal y 9 de Julio), del total de muertes violentas, el número de suicidios prácticamente triplica al de homicidios, pero es la siniestralidad vial la principal causa de muertes violentas. En 2025 murieron 46 personas por accidentes de tránsito, 43 por suicidios y 15 por homicidios dolosos.

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En la Fiscalía Nro. 3 con sede en Venado Tuerto, también es la siniestralidad vial la principal causa de muertes violentas. Por esa razón, en 2025, se produjeron 33 decesos, en tanto que por suicidios hubo 20 fallecimientos.

Como dato saliente, en la mencionada jurisdicción no se registraron homicidios a lo largo del año evaluado. El área comprende a los departamentos General López, Caseros y Constitución.

Finalmente, la Fiscalía Nro. 4 con sede en Reconquista aparece con cifras abrumadoras que refrendan la gravedad de la problemática en materia de salud mental.

En esta región no sólo que el suicidio está en el podio como principal causa de muertes violentas en 2025, sino que el número cuadriplica al de las muertes generadas por homicidios dolosos. Los asesinatos fueron 9, mientras que los suicidios 38, y las víctimas fatales por accidentes viales, 22.

Esta Fiscalía Regional comprende los departamentos General Obligado, San Javier y Vera. Del total de suicidios, 23 se produjeron en Reconquista, 8 en Las Toscas y 7 en la ciudad de Vera.

El juez Nicolás Falkenberg dispuso la prisión preventiva de un hombre identificado por las iniciales SRSZ, quien es investigado por haber abusado de una trabajadora sexual y amenazarla con un arma de fuego en la localidad de Esperanza, departamento Las Colonias.

Según informó el fiscal Alejandro Benítez, los hechos ocurrieron durante los primeros minutos del sábado 2 de mayo. El imputado condujo un Volkswagen Polo en el que también viajaba un hombre de su entorno con retraso mental madurativo.

“Al llegar a la esquina de Amado Aufranc y la ruta provincial 6, el imputado frenó cerca de dos trabajadoras sexuales que estaban en la vía pública. Tras conversar con él, ambas subieron al vehículo”, detalló Benítez. El fiscal agregó que el conductor las llevó a un descampado en la zona norte de la ciudad, donde les entregó dinero a una de las víctimas y, de inmediato, empujó a esa mujer contra el capot, apoyándole un arma de fuego en la espalda y agrediéndola sexualmente.

Además, la otra víctima fue obligada por el imputado a realizar una práctica sexual con el hombre que lo acompañaba, según la acusación del Ministerio Público de la Acusación (MPA).

Benítez señaló que, aunque las víctimas intentaron alejarse por miedo a sufrir daños mayores, el imputado las persiguió y exigió la devolución del dinero entregado previamente.

El imputado fue acusado de:

El caso continúa bajo investigación y la prisión preventiva busca garantizar la seguridad de las víctimas y el normal desarrollo de la causa.

Una grave denuncia por presuntos episodios de violencia y abuso en una categoría infantil de Rosario Central sacudió en las últimas horas al fútbol argentino y encendió las alarmas dentro de la institución rosarina. El caso involucra a jugadores de la categoría 2013, por lo que el club decidió activar su protocolo de actuación, suspender momentáneamente las actividades del grupo y avanzar con reuniones internas para esclarecer lo ocurrido.

En ese contexto, el presidente de Rosario Central, Gonzalo Belloso, habló ante socios de la institución y brindó detalles sobre cómo tomó conocimiento el club de la situación. Además, remarcó que la prioridad será el bienestar de los menores involucrados y anticipó que se tomarán las medidas que correspondan una vez finalizada la investigación interna.

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Belloso explicó que el club recibió la primera comunicación formal el 21 de abril, a través de un correo electrónico vinculado a la mesa coordinadora de la institución.

“Voy a informarles el tema de la denuncia, que el día 21 nos llegó un mail, a un mail que tenemos de la mesa coordinadora, al 112. Estuvimos ayer todo el día intentando saber qué era y hoy nos llegó. Es una denuncia de violencia y abuso, así estaba denominada, en una categoría 2013 de Rosario Central”, detalló el presidente canalla.

Según indicó, a partir de esa información comenzaron a reconstruir distintos episodios que habrían ocurrido dentro del ámbito de la categoría infantil, especialmente en espacios de convivencia como el vestuario y también en intercambios entre los propios chicos.

“Algunos episodios que pasaron en el vestuario; se ve que no tuvimos la posibilidad de darnos cuenta antes de lo que estaba pasando: algunas bromas pesadas, algunas faltas de respeto entre compañeros, que se trasladaron a sus padres, que no tuvimos la posibilidad de que los padres nos manifestaran que estaban viendo eso”, sostuvo.

El dirigente también mencionó el rol de los grupos de mensajería entre los menores: “La posibilidad que tienen hoy los chicos de tener un grupo de WhatsApp; nos enteramos de que se agredían permanentemente”, agregó.

Tras tomar conocimiento de la denuncia, Rosario Central comenzó a reunir información y convocó a distintos actores vinculados a la categoría. El club citó a coordinadores, entrenadores y padres para avanzar en el marco del protocolo institucional.

Belloso explicó que durante la jornada escucharon a los padres y que el proceso continuará durante el fin de semana con los propios chicos involucrados.

“Hoy escuchamos a los padres; nos vamos a tomar todo el fin de semana para escuchar a los chicos, para ver qué es lo que pasa. Lo más importante para nosotros son ellos”, expresó.

Además, el presidente remarcó que la institución quedó a disposición de las autoridades correspondientes: “Después vamos a explorar, vamos a investigar, nos pusimos a disposición, por supuesto, de la Justicia, pero queremos ir profundamente para saber qué pasa y tomar las medidas que correspondan”.

De acuerdo con la información difundida, por el momento no habría una denuncia radicada en Fiscalía. El caso se estaría tramitando a través de la Secretaría de Niñez de la Provincia de Santa Fe, debido a que involucra a menores de edad. La institución también tomó contacto con el Defensor de Niños, Niñas y Adolescentes de la provincia, para coordinar las acciones necesarias.

COMUNICADO 📝 https://t.co/xBsFn17Chq pic.twitter.com/vlD8XMDfQ7

En su exposición, Belloso insistió en que el eje de la respuesta institucional será proteger a los menores y garantizar un ámbito seguro dentro del club.

“Acá el bien mayor es que los chicos estén bien. Si hay algunos chicos que están haciendo cosas que no corresponden a la edad o no corresponden a la institución en la que están, serán sancionados o no, o trataremos de rescatarlos y darles una nueva oportunidad y de insertarlos, reinsertarlos y tratarlos con el amor que corresponde tratar a estos chicos”, sostuvo.

El presidente dejó abierta la posibilidad de aplicar sanciones, acompañamiento o incluso decisiones más drásticas, dependiendo del resultado de la investigación. En ese sentido, aclaró que la institución no evitará medidas difíciles si la situación lo requiere.

“No vamos a tener ningún miedo de tomar las decisiones que haya que tomar, así sean las que sean. Que los chicos sigan, que tengamos que poner gente en los vestuarios para acompañar ese momento, que es un nuevo momento para ellos, o que los chicos tengan que dejar la institución”, afirmó.

La preocupación por los recientes episodios de amenazas, desafíos virales e incidentes en establecimientos educativos de Santa Fe volvió a instalar una discusión profunda sobre el presente adolescente, pero también sobre la capacidad del mundo adulto para comprender, acompañar y prevenir estas conductas antes de que escalen a situaciones de riesgo.

En diálogo con el programa Santa Fe Policiales, que conducen Danilo Chiapello y Verónica Ensinas por CyD Litoral, el médico psiquiatra Franco García Cervera (MP 6682) propuso cambiar el enfoque del debate: dejar de mirar únicamente a los jóvenes y comenzar a interpelar el rol de padres, docentes y referentes en un contexto atravesado por la hiperconectividad.

El especialista remarcó que no se trata de una “psicosis colectiva” ni de hechos aislados vinculados solamente a trastornos mentales, sino de conductas que se aprenden, se imitan y se validan en determinados entornos, donde las redes sociales funcionan como amplificadores de mensajes, desafíos y formas de violencia que luego encuentran eco en la vida cotidiana.

“Los adolescentes no necesariamente no hablan; muchas veces hablan en un lenguaje que nosotros, como adultos, no estamos entendiendo”, sostuvo García Cervera, al advertir que detrás de muchas conductas disruptivas hay una necesidad de ser vistos, escuchados o reconocidos dentro de un entorno que no siempre logra ofrecer espacios reales de contención.

Para el profesional, uno de los errores más frecuentes es reducir el vínculo con los adolescentes a una pregunta automática sobre cómo les fue en la escuela, sin construir un espacio genuino de escucha. La clave, explicó, está en generar ámbitos donde puedan expresar malestar, frustraciones o miedos antes de que esos sentimientos se transformen en acciones violentas.

En ese sentido, insistió en que cuando el adulto no está presente de manera efectiva, otro lugar ocupa ese vacío: grupos virtuales, comunidades digitales, consumos problemáticos de contenido o incluso pares que validan discursos agresivos como forma de pertenencia. Allí, la violencia puede convertirse en un lenguaje aceptado e incluso incentivado.

El psiquiatra también puso el foco en el desconocimiento que muchos padres tienen sobre el universo digital que habitan sus hijos. “Somos, en gran parte, analfabetos digitales respecto de lo que consumen los adolescentes”, advirtió, al señalar que muchas familias desconocen códigos, plataformas, dinámicas y formas de interacción que hoy moldean conductas.

En esa línea, alertó sobre una respuesta habitual que suele fracasar: la prohibición sin diálogo. Para García Cervera, quitar el celular o restringir el acceso a redes sin una conversación previa no resuelve el problema de fondo y, por el contrario, puede profundizar la distancia entre adultos y jóvenes.

“Lo que se prohíbe sin conversación no desaparece; simplemente encuentra mejores formas de ocultarse”, explicó, al remarcar que la clave no está en la imposición, sino en abrir canales de comunicación donde el adolescente pueda hablar de lo que ve, siente y consume en el entorno digital.

Consultado sobre las llamadas “banderas rojas”, el especialista enumeró algunas conductas que requieren atención inmediata por parte de familias y escuelas. Entre ellas mencionó el retraimiento social, los cambios bruscos y persistentes de humor, el aislamiento progresivo y la fijación casi exclusiva con contenidos violentos o discursos agresivos.

También advirtió sobre la naturalización de la violencia como forma de entretenimiento o reconocimiento social. Según explicó, la exposición constante a videos, amenazas virales, desafíos y relatos extremos puede generar una pérdida de la noción de riesgo, especialmente en adolescentes que todavía están construyendo herramientas psíquicas para procesar esos estímulos.

“Cuando el consumo de violencia deja de ser curiosidad y se vuelve monotemático, hay que mirar qué está pasando”, sostuvo. Para el profesional, estos signos no deben minimizarse ni explicarse de forma simplista a partir de una sola causa, como bullying, problemas familiares o salud mental, porque el fenómeno es mucho más complejo.

Finalmente, García Cervera insistió en que la respuesta no puede quedar limitada al castigo o a la sanción penal. Por el contrario, sostuvo que escuelas, clubes, familias y espacios comunitarios deben recuperar su rol como lugares de referencia afectiva, escucha y contención para evitar que la violencia aparezca como única forma de hacerse visible.

El Litoral

Este jueves por la mañana, un hombre fue detenido en Rosario tras agredir brutalmente a una moza en un bar del microcentro, luego de negarse a pagar su consumo por adelantado, una medida adoptada por el local debido a antecedentes previos con el mismo cliente.

El incidente ocurrió en un bar ubicado en calle Sarmiento al 700. Según informaron desde el establecimiento, el hombre reaccionó violentamente cuando la empleada le pidió el pago anticipado, una práctica habitual del comercio ante la actitud conflictiva del cliente. En respuesta, el agresor se levantó de su mesa y le propinó una trompada en la cara, antes de retirarse con calma del lugar, caminando hacia calle Córdoba.

Las cámaras de seguridad del bar captaron el momento de la agresión, lo que permitió identificar al agresor. Como resultado del ataque, la moza sufrió una lesión en la nariz y varios golpes en la cara, quedando en estado de shock. Sus compañeras indicaron que está asustada y que realizará la denuncia. “No es la primera vez que pasamos por esto”, comentaron.

Las trabajadoras del bar señalaron que el agresor es un cliente habitual que ya había protagonizado otros incidentes dentro del local. Según relataron, en ocasiones anteriores se fue sin pagar, intentó llevarse objetos o generó disturbios. Algunas de las empleadas sospechan que el hombre podría tener algún tipo de trastorno, mientras que otras consideran que actúa con plena conciencia de sus acciones.

“Nos sentimos expuestas”, dijeron, y añadieron: “Hoy fue un golpe, pero no sabemos qué puede pasar la próxima vez”. La seguridad del bar fue insuficiente para prevenir este tipo de situaciones.

Tras la agresión, el hombre fue localizado por la policía a pocas cuadras del bar y detenido en las inmediaciones del lugar. El caso sigue siendo investigado por las autoridades para esclarecer los detalles del incidente y determinar si el detenido será imputado por el ataque.

La Justicia de Córdoba resolvió elevar a juicio la causa contra Sergio Sosa, de 37 años, acusado de haber ingresado de madrugada a la casa de su ex patrón en la localidad de Adelia María, donde habría abusado sexualmente de la esposa del hombre, luego de la hija de la familia y, además, habría secuestrado a la joven.

De acuerdo con la reconstrucción judicial, el hecho ocurrió el 4 de agosto de 2025, cuando el imputado entró a la vivienda por los techos, aprovechando que el dueño de casa no estaba en el lugar. Según la acusación, primero redujo y maniató a la mujer, para luego abusar sexualmente de ella.

Después se dirigió a la habitación de la hija del matrimonio, con quien había mantenido una relación sentimental previa, ya terminada al momento del ataque. La fiscalía sostiene que también la violó y la privó de su libertad.

Secuestro, fuga y detención

Siempre según la investigación, tras el ataque el acusado obligó a la joven a subir a una camioneta de la familia y escapó del lugar. Horas más tarde, efectivos policiales localizaron el vehículo en un camino rural de Las Acequias. Allí, un patrullero interceptó la camioneta, el agresor chocó contra un montículo de tierra e intentó seguir la fuga a pie, pero finalmente fue detenido en el campo.

El fiscal Pablo Jávega afirmó que durante la investigación se reunió un cuadro probatorio abundante y remarcó que los registros fílmicos de la vivienda fueron determinantes para sostener la acusación. También señaló que el imputado tenía un vínculo previo con la familia, ya que había trabajado para el padre de la joven y no existían conflictos laborales previos conocidos.

Las imputaciones y la pena en expectativa

Sosa llega a esta instancia acusado por delitos de extrema gravedad. Está imputado por abuso sexual con acceso carnal reiterado, privación ilegítima de la libertad, robo calificado, amenazas calificadas y secuestro coactivo agravado. Según la fiscalía, en caso de ser hallado culpable, podría recibir una condena de entre 10 y 50 años de prisión.

A través de sus vías oficiales, la Escuela Normal Superior Nº40 "Mariano Moreno" de la ciudad de San Cristóbal emitió un comunicado sobre el violento episodio registrado este lunes por la mañana.

La reacción se dio en horas de la tarde - noche en su cuenta de Instagram, luego del ataque llevado a cabo con un arma de fuego por un joven de 15 años que realizó una serie de disparos dentro del establecimiento educativo.

Como producto del ataque, un adolescente de 13 años perdió la vida. Otros tres resultaron heridos, uno de ellos con mayor gravedad, lo que obligó a su traslado inicial a la ciudad de Rafaela y luego al Hospital Alassia de la ciudad de Santa Fe.

“La Comunidad Educativa de la Escuela N° 40 “Mariano Moreno” acompaña con profundo pesar a las familias de los estudiantes involucrados en el hecho de violencia ocurrido en la jornada de hoy”, indica el mensaje.

“Toda la comunidad educativa se encuentra profundamente afectada por lo sucedido y reafirma su compromiso de trabajar conjuntamente para transitar este dolor, acompañando a los jóvenes en este difícil momento”, agrega el posteo de la Escuela en Instagram.

“Asimismo, se recomienda a las familias generar espacios de diálogo y acompañamiento con sus hijos, a fin de poder contener y abordar esta situación tan difícil que atraviesa hoy la ciudad de San Cristóbal”, cierra el comunicado oficial.

La Municipalidad de San Cristóbal también emitió un comunicado en redes sociales confirmando que se establece un duelo de 48 horas en la ciudad por este “momento de profundo dolor”, destacando además que la víctima era hijo de un trabajador municipal.

“Hoy, la familia Municipal está de luto, la pérdida irreparable de Ian, hijo de un trabajador municipal, nos conmueve profundamente y nos toca de lleno. Este hecho nos interpela como sociedad y nos llama a ejercer la empatía, el respeto y el acompañamiento a nuestros jóvenes”, reza el mensaje.

Desde la gestión de Marcelo Andreychuk también agregaron: “Extendemos nuestras más sinceras condolencias a sus seres queridos, a sus compañeros y a toda la comunidad educativa de la Escuela Normal Superior N° 40 “Mariano Moreno” en este momento de profundo e indescriptible dolor”.

El Litoral

La ciudad de San Cristóbal atraviesa horas de profunda conmoción tras el ataque ocurrido en la escuela Mariano Moreno, donde un alumno armado provocó la muerte de otro estudiante y dejó varios heridos. En este contexto, el intendente Marcelo Andreychuk brindó precisiones a El Litoral sobre la situación actual y el impacto institucional y social del hecho.

El jefe municipal definió la jornada como “muy complicada” y reconoció el fuerte impacto que generó el episodio. “Estamos en una situación muy difícil, con familias destrozadas. Esto nos golpea a todos”, sostuvo.

#ElCafecito ☕️ Conmoción en Santa Fe🗣️ Marcelo Andreychuk, intendente de San Cristóbal: “Nosotros pedimos ayuda por la violencia y por el consumo de drogas”📻 FM 103.1 - https://t.co/zWlfhJOCe5 pic.twitter.com/Y69PpGV8e2

Andreychuk confirmó además la asistencia directa del municipio a los allegados de las víctimas. En particular, indicó que el padre del menor fallecido —de 12 o 13 años, según precisiones preliminares— forma parte del personal municipal. “Estamos poniendo a disposición todo el equipo interdisciplinario para acompañar a las familias”, remarcó.

Respecto a la dinámica del hecho, el intendente fue cauto y señaló que aún no hay una reconstrucción definitiva. “La secuencia no está clara, todo es materia de investigación judicial”, explicó.

De acuerdo a la información preliminar, el ataque se produjo en las primeras horas de la jornada escolar. El agresor, un adolescente de 15 años, habría utilizado un arma de fuego tipo escopeta y efectuado entre cuatro y cinco disparos dentro del establecimiento. Como consecuencia, un alumno perdió la vida y otros estudiantes resultaron heridos.

El cuerpo de la víctima será sometido a autopsia para avanzar en la causa, mientras que la Justicia trabaja en determinar con precisión cómo ocurrieron los hechos.

Andreychuk también adelantó que se esperaba la llegada de autoridades provinciales a la ciudad, entre ellas el gobernador, con el objetivo de coordinar acciones y evaluar la situación.

En ese marco, el intendente reflexionó sobre el trasfondo del episodio. “Hay muchas cosas que como sociedad debemos revisar. Son situaciones que, aunque se trabaje en prevención, a veces resultan impredecibles”, afirmó.

Finalmente, reiteró que el municipio continuará colaborando con la Justicia y reforzará las tareas de contención social. “Vamos a seguir acompañando a las familias y a toda la comunidad educativa en este momento tan doloroso”, concluyó.

El Litoral

Una discusión de tránsito terminó en una escena de extrema violencia en la localidad bonaerense de Castelar, donde un hombre quedó desmayado tras recibir un golpe con un fierro en la cabeza durante una pelea en plena calle. El episodio quedó registrado por un vecino y las imágenes se difundieron rápidamente en redes sociales.

El hecho ocurrió sobre la calle Juan Manuel de Rosas, a metros de la Autopista del Oeste, en el partido de Morón. Según la reconstrucción de los hechos, todo comenzó con un roce entre una camioneta Ford Ranger y un utilitario.

❗ OCURRIÓ EN CASTELAR👉 Un accidente menor entre una camioneta y un utilitario derivó en una violenta agresión que terminó con un hombre de 62 años hospitalizado y dos detenidos en el partido de Morón.🗣️ La discusión escaló en segundos: uno de los involucrados exhibió un… pic.twitter.com/e45tUgWdut

En la camioneta viajaban una pareja junto a su hijo de 20 años, mientras que en el otro vehículo iban dos empleados de una empresa de automatización de portones. Tras el incidente vial, ambos conductores se bajaron y comenzaron a discutir en medio de la calle, interrumpiendo la circulación.

De acuerdo con la secuencia relatada, en un momento el acompañante de la utilitaria agredió al joven de 20 años, un tramo que no quedó captado en el video pero que agravó el conflicto. A partir de ahí, la situación escaló con rapidez y derivó en una pelea generalizada.

Fue entonces cuando el conductor de la camioneta intentó avanzar contra los otros dos hombres y recibió un golpe lateral con un fierro. La víctima cayó desmayada al asfalto y su hijo corrió a asistirlo; durante el tiempo que dura la grabación, el hombre permanece inconsciente.

La violencia no terminó allí. Quienes presenciaban la escena persiguieron al atacante, lo rodearon entre varias personas y también lo golpearon. Tanto ese hombre como su compañero fueron detenidos luego del episodio.

La víctima fue trasladada a un centro de salud y permanece en terapia intensiva. La causa quedó a cargo del fiscal Claudio Oviedo, de la UFI N° 5 de Morón, y el agresor fue imputado por el delito de lesiones graves mientras avanza la investigación.

EL

Una violenta entradera tuvo lugar en la ciudad de Armstrong durante la madrugada del martes, cuando una familia fue sorprendida por delincuentes mientras descansaba en su vivienda. Según la información disponible, cinco personas con el rostro tapado ingresaron al domicilio y redujeron a los moradores.

Los asaltantes maniataron a un matrimonio y a su hija, manteniéndolos inmovilizados mientras revisaban la vivienda en busca de elementos de valor. Tras el ataque, los delincuentes se dieron a la fuga llevándose dinero en efectivo, teléfonos celulares y una mascota.

De acuerdo a lo denunciado, entre lo sustraído había aproximadamente 300 mil pesos en efectivo, tres teléfonos celulares, otras pertenencias personales y un perro de raza bulldog francés, que también fue robado durante el violento episodio.

El hecho se encuentra en plena etapa de investigación, con intervención del Ministerio Público de la Acusación, que trabaja para esclarecer lo sucedido e identificar a los responsables del asalto.