La Cámara Federal de Casación Penal rechazó un planteo impulsado por la defensa de Alberto Fernández en la causa iniciada por Fabiola Yáñez por presunta violencia de género. La decisión cerró una nueva instancia de revisión y dejó firmes las resoluciones previas que habían descartado pedidos de nulidad formulados por el ex presidente.

El fallo fue dictado por la Sala II del máximo tribunal penal, integrada por los jueces Guillermo J. Yacobucci y Alejandro W. Slokar. Ambos magistrados declararon inadmisible el recurso de queja presentado por la defensa, al entender que no cumplía con el estándar necesario para habilitar la intervención de Casación.

De esa manera, el expediente seguirá su curso sin cambios sobre lo ya resuelto en instancias anteriores. La resolución representa un nuevo revés judicial para Fernández dentro de una causa que se mantiene abierta y en la que la defensa venía intentando invalidar distintas actuaciones.

Según se desprende del fallo, los jueces consideraron que la presentación de la defensa no expuso una crítica concreta y razonada contra los fundamentos de las decisiones anteriores. Ese punto fue central para declarar inadmisible la queja y rechazar su tratamiento.

Casación entendió que el recurso no logró cuestionar de manera sólida los argumentos que ya habían sido utilizados para rechazar los planteos de nulidad. Por eso, el tribunal resolvió no abrir una nueva revisión sobre ese tramo del expediente.

La decisión no entra en el fondo de la denuncia, pero sí consolida la validez de lo actuado hasta el momento. En términos procesales, deja firme el camino recorrido por la causa y limita las posibilidades inmediatas de la defensa para retrotraer actuaciones.

Antes de llegar a Casación, los planteos de nulidad ya habían sido rechazados por el juez federal Daniel Rafecas. En esa instancia, la defensa de Fernández buscó impugnar pruebas consideradas relevantes para el avance de la investigación.

Ese intento apuntaba a debilitar elementos que forman parte del expediente y que, según la estrategia del ex mandatario, debían ser excluidos. Sin embargo, el juzgado desestimó esos argumentos y convalidó la continuidad del proceso.

Ahora, con el rechazo de Casación, esa línea defensiva volvió a quedar bloqueada. La Cámara dejó firme la resolución de Rafecas y también las decisiones intermedias que ya habían ratificado la validez del trámite judicial.

En su resolución, el tribunal también remarcó que la validez de lo actuado debe leerse en sintonía con compromisos internacionales asumidos por la Argentina en materia de género. Entre ellos aparecen la CEDAW y la Convención de Belém do Pará.

La mención refuerza el marco jurídico con el que los jueces analizaron la cuestión. No se trató solo de revisar aspectos técnicos del recurso, sino también de sostener una interpretación compatible con las obligaciones que el Estado asumió frente a casos de esta naturaleza.

Ese punto le da a la resolución una dimensión más amplia dentro del expediente, porque conecta la continuidad de la investigación con estándares internacionales que exigen respuestas judiciales efectivas ante denuncias vinculadas con violencia de género.

Con esta decisión, el proceso continuará sin modificaciones sobre las medidas ya adoptadas. El rechazo de la queja no implica un cierre del caso, sino la confirmación de que la investigación podrá seguir avanzando con el andamiaje probatorio y procesal ya validado por la Justicia.

Para la defensa de Fernández, la resolución significa la clausura de una nueva vía de revisión. Para la causa, en cambio, representa una ratificación institucional de lo actuado hasta ahora en el expediente promovido por Yáñez.

La novedad judicial se inscribe así en una etapa en la que el expediente sigue sumando definiciones procesales, con una señal clara de Casación: las nulidades planteadas por el ex presidente no encontraron respaldo en el máximo tribunal penal.

Desde la Secretaría de Desarrollo Humano y Salud, el Gobierno municipal de Rafaela trabaja en el fortalecimiento de las políticas de cuidado y acompañamiento destinadas a mujeres que atraviesan situaciones de violencia de género, mediante la Oficina Municipal de Violencia de Género.

Este espacio está orientado tanto a quienes necesitan asistencia directa como a personas que detecten situaciones de vulnerabilidad en su entorno. Allí se brinda escucha, orientación, contención y asesoramiento, en un marco de cercanía, respeto y confidencialidad.

La oficina cuenta con un equipo interdisciplinario que trabaja de manera integral, ofreciendo acompañamiento legal y psicológico según cada caso, con el objetivo de garantizar una atención adecuada y personalizada.

Además, la ciudad dispone de distintos puntos de atención para facilitar el acceso. Entre ellos se encuentra el Punto Violeta ubicado en bulevar Lehmann y Romitelli, y la sede en la Municipalidad de Rafaela (Moreno 8, primer piso), ambos con atención de lunes a viernes de 7:30 a 13:00.

Para consultas o acompañamiento, las personas pueden comunicarse a los teléfonos 3492-641288 o 502000 interno 197.

En situaciones de urgencia, están disponibles la Guardia Social (3492-302763), que funciona de lunes a viernes de 13:00 a 7:00 y durante los fines de semana las 24 horas, además de la línea gratuita 105 (GUR/Ojos en Alerta) y el 911 como canal de emergencia.

Desde el municipio remarcaron la importancia de recurrir a estos espacios ante cualquier situación. Señalaron que tanto quienes atraviesen violencia como quienes conozcan un caso pueden acercarse para recibir acompañamiento.

Desde la Secretaría de Desarrollo Humano y Salud, el Gobierno municipal de Rafaela continúa fortaleciendo las políticas de cuidado y acompañamiento a mujeres que atraviesan situaciones de violencia de género, a través de la Oficina Municipal de Violencia de Género.

Este espacio está destinado tanto a quienes necesiten ayuda como a aquellas personas que conozcan a alguien en situación de vulnerabilidad. Allí se brinda escucha, orientación, contención y asesoramiento, en un marco de cercanía, respeto y confidencialidad.

La oficina cuenta con un equipo interdisciplinario que trabaja de manera integral, ofreciendo acompañamiento legal y psicológico acorde a cada situación, con el objetivo de garantizar una atención adecuada y personalizada.

Además, la ciudad dispone de distintos puntos de atención para facilitar el acceso. Entre ellos, el Punto Violeta ubicado en Bv. Lehmann y Romitelli, que funciona de lunes a viernes de 7:30 a 13:00, y la sede en la Municipalidad de Rafaela (Moreno 8, 1° piso), en el mismo horario.

Para consultas o acompañamiento, las personas pueden comunicarse al teléfono 3492-641288 o al 502000 interno 197.

En casos de urgencia, se encuentran disponibles la Guardia Social (3492-302763), con atención de lunes a viernes de 13:00 a 7:00 y fines de semana las 24 horas, la línea gratuita 105 (GUR/Ojos en Alerta) y el 911 como línea de emergencia.

Desde el municipio remarcaron la importancia de acercarse ante cualquier situación: “Si vos o alguien que conocés necesita ayuda, no dudes en acercarte. Estamos para acompañarte”.

Estas acciones forman parte de una política pública sostenida que busca promover una ciudad más justa, con redes de contención activas y accesibles para todas las mujeres.

La problemática no es exclusiva de Argentina. En Europa, grandes instituciones y ligas también avanzaron en protocolos y sanciones.

En Inglaterra, la Premier League y clubes como el Manchester United quedaron en el centro de la escena tras el caso de Mason Greenwood en 2022. El jugador fue apartado inmediatamente del plantel tras una denuncia por violencia de género, en una decisión que marcó un precedente institucional fuerte.

En España, clubes como el FC Barcelona y el Real Madrid cuentan con áreas de integridad y compliance que incluyen procedimientos ante denuncias de violencia o abuso.

Además, organismos como la FIFA y la UEFA impulsaron en los últimos años programas de protección y políticas de “tolerancia cero” frente a conductas violentas o discriminatorias.

En los últimos años, la implementación de protocolos de género en instituciones deportivas dejó de ser un tema exclusivo de grandes estructuras para comenzar a formar parte del debate en ligas regionales.

En ese contexto, la Liga Rafaelina de Fútbol dio un primer paso formal en 2023 al establecer su propio protocolo de actuación ante situaciones de violencia, discriminación o acoso.

La medida se enmarca en una tendencia más amplia dentro del deporte argentino, impulsada por políticas públicas, capacitaciones obligatorias y una mayor visibilización de las problemáticas de género en distintos ámbitos sociales.

En paralelo, Atlético de Rafaela también cuenta desde ese mismo año con un protocolo interno. La institución avanzó en la creación de herramientas destinadas a prevenir, detectar y abordar situaciones de violencia o desigualdad dentro de su estructura deportiva y social.

Link:  el protocolo de Atlético de Rafaela

Más allá de estos casos puntuales, no hay información pública confirmada sobre la existencia de protocolos formales en la mayoría de los clubes que integran la Liga Rafaelina. Esto marca una brecha importante en materia de prevención y abordaje institucional de conflictos vinculados a cuestiones de género.

Si bien en algunos casos hay acciones aisladas —como charlas o adhesiones a campañas—, todavía no se observa una implementación generalizada de normativas internas que establezcan criterios claros de actuación.

El avance en políticas de género dentro del deporte amateur y profesional a nivel regional aparece como un desafío a mediano plazo. La experiencia de la Liga y de Atlético puede funcionar como punto de partida para que otras instituciones adopten herramientas similares, visibilizando la problemática existente.

Más allá de los fallos judiciales, los protocolos permiten a los clubes actuar rápidamente en el plano institucional, fijando límites claros y enviando un mensaje a la sociedad. El desafío, tanto en Argentina como en el mundo, sigue siendo lograr una implementación real y efectiva en todas las instituciones deportivas.

En un deporte como el fútbol, con enorme impacto social, avanzar en estas herramientas implica no solo resolver conflictos, sino transformar la “cultura del fútbol” hacia espacios más seguros, inclusivos y responsables.

La existencia y activación del Protocolo de Género es necesaria en un club deportivo o institución social para prevenir, detectar y sancionar situaciones de violencia, acoso o discriminación basada en el género, la orientación sexual, la identidad o la expresión de género de las personas.

Crear espacios seguros y libres de violencia: El objetivo primordial es garantizar que los clubes sean entornos seguros para todas las personas (socios, deportistas, trabajadores), libres de acosos, hostigamiento y discriminación.

Respuesta rápida y efectiva: Ante casos de violencia, el protocolo permite canalizar denuncias, establece procedimientos concretos y ágiles, evitando la revictimización y brindando acompañamiento y contención a la persona afectada.

Además, habilitan sanciones internas, incluso antes de que exista una resolución judicial

Otro caso relevante fue el de Alexis Zárate, exfutbolista de Independiente, condenado por abuso sexual con acceso carnal contra una joven en un hecho ocurrido en 2014. La sentencia fue dictada en 2017 y quedó firme en 2020, cuando la Suprema Corte bonaerense rechazó el último recurso de la defensa.

El caso marcó un antecedente fuerte en el fútbol argentino porque expuso, años antes de la masificación de los protocolos de género, la necesidad de que los clubes contaran con herramientas internas para actuar ante denuncias graves, acompañar a las víctimas y tomar medidas institucionales más allá de los tiempos judiciales.

El propio Club Atlético Vélez Sarsfield protagonizó algunos de los casos más resonantes.

En 2020, tras una denuncia por abuso en una fiesta privada, el club activó su protocolo y separó a Thiago Almada y Miguel Brizuela del plantel.

En 2024, una periodista denunció a cuatro jugadores por un presunto abuso en Tucumán. Vélez volvió a aplicar su protocolo, suspendió a los futbolistas y luego rescindió sus contratos, independientemente del fallo judicial posterior, que generó polémica.

También impactó el caso de Sebastián Villa en Boca Juniors, con una doble denuncia, que evidenció la falta de criterios unificados en aquel momento.

El deporte argentino, y especialmente el fútbol, no ha quedado al margen de una problemática global: la violencia de género y los abusos dentro de ámbitos históricamente masculinizados. 

En los últimos años, denuncias que involucraron a futbolistas, entrenadores y dirigentes expusieron la necesidad de contar con herramientas concretas para prevenir, intervenir y acompañar a las víctimas.

En ese marco, los protocolos de género comenzaron a consolidarse como una respuesta institucional clave, en línea con lo que ya ocurre en otras ligas y grandes clubes del mundo.

El primer antecedente formal en el país se dio en 2018, cuando el Club Atlético Vélez Sarsfield creó un área específica de violencia de género y desarrolló su protocolo de actuación.

Desde 2020, impulsados por el contexto social y casos mediáticos, instituciones como San Lorenzo, Rosario Central, Racing Club y Newell's Old Boys avanzaron en la implementación de herramientas similares.

Para 2022, cerca del 19% de los clubes contaba con protocolos activos, mientras que otro 23% estaba en proceso de desarrollo.

Hoy en 2026  aproximadamente el 60% de los clubes en Argentina carecen de un protocolo específico de actuación ante situaciones de violencia de género: 9 de cada 10 clubes sostienen "no tener problemas" de violencia de género, lo que influye en la baja prioridad para sancionar estas normativas.

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El marco legal que ampara y fundamenta los protocolos de género en los clubes en Argentina se compone de tratados internacionales, leyes nacionales y normativas provinciales específicas que obligan o recomiendan la creación de estos instrumentos para garantizar espacios libres de violencia. 

Ley 26.485 (Ley de Protección Integral): Es la piedra angular. Su objetivo es prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en todos los ámbitos donde desarrollen sus relaciones interpersonales, incluyendo los clubes deportivos.

Ley 27.499 (Ley Micaela): Establece la capacitación obligatoria en género. Si bien originalmente es para los tres poderes del Estado, ha sido adaptada y extendida mediante leyes provinciales y ordenanzas municipales para que sea obligatoria en clubes y entidades deportivas.

Ley 26.743 (Identidad de Género): Garantiza que todas las personas sean tratadas de acuerdo con su identidad de género autopercibida, lo cual debe verse reflejado en la normativa interna del club para evitar la discriminación.

Ley 20.655 (Ley del Deporte): Existen proyectos y actualizaciones para incorporar explícitamente el deber de las asociaciones civiles de dictar un protocolo institucional de prevención e intervención ante situaciones de violencia.

A nivel del marco internacional, vale destacar la CEDAW, que es la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, que tiene jerarquía constitucional en Argentina.

Del mismo modo, es relevante el Convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo, sobre la eliminación de la violencia y el acoso en el mundo del trabajo, aplicable a los empleados y trabajadores de los clubes.

A estas normativas se suman las leyes sobre el tema que tiene cada una de las provincias y jurisdicciones, que incorporan la perspectiva de género y obligan a las instituciones a garantizar entornos libres de violencia.

Personal de la Comisaría 2ª de Ceres intervino en una vivienda de barrio Cooperativa luego de recibir un alerta por un posible episodio de violencia de género.

Al llegar al lugar, los uniformados se entrevistaron con una mujer de 41 años, quien relató que había mantenido una discusión con su pareja, un hombre de 40 años, y que durante el conflicto éste intentó agredirla físicamente e impedirle retirarse del domicilio.

Según se informó, al advertir la presencia policial, el hombre —que se encontraba en un evidente estado de alteración— comenzó a agredir verbalmente a los efectivos e intentó atacar físicamente a uno de ellos.

Frente a esa situación, el sujeto fue aprehendido de inmediato por los delitos de atentado y resistencia a la autoridad y trasladado a la dependencia policial.

Una vez informada la Fiscalía en turno, se dispuso la formación de las actuaciones correspondientes y que el hombre recupere la libertad tras cumplimentarse los trámites de rigor.

El Gobierno de la Provincia de Santa Fe presentó este martes los datos actualizados sobre hechos violentos contra mujeres por razones de género correspondientes al período 2024-2025. El informe muestra que durante 2025 se registraron 30 muertes violentas de mujeres en el territorio provincial, la cifra más baja de los últimos catorce años.

El trabajo fue elaborado de manera conjunta por el Observatorio de Seguridad Pública del Ministerio de Justicia y Seguridad, la Secretaría de Mujeres, Género y Diversidad del Ministerio de Igualdad y Desarrollo Humano y el Ministerio Público de la Acusación (MPA).

Un fenómeno que comienza a visibilizarse

Durante la presentación en la ciudad de Santa Fe, el ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni, explicó que la reducción de los niveles generales de violencia permitió observar con mayor claridad la dimensión específica de la violencia de género.

Según indicó, desde el inicio de la gestión del gobernador Maximiliano Pullaro se adoptaron políticas orientadas a reducir los hechos de violencia armada en la provincia. “Esa disminución en los indicadores de homicidios y lesiones con armas de fuego también permitió evidenciar con mayor precisión la problemática de la violencia de género dentro del conjunto de hechos violentos”, señaló el funcionario.

Por su parte, la ministra de Igualdad y Desarrollo Humano, Victoria Tejeda, consideró que los datos reflejan una tendencia alentadora, aunque remarcó que el desafío sigue siendo fortalecer la prevención y la atención a las víctimas.La funcionaria destacó que actualmente funciona una guardia permanente las 24 horas durante todo el año, que articula las incidencias recibidas a través de las líneas 911 y 144, además del trabajo coordinado con gobiernos locales y organizaciones sociales. Ese esquema, sostuvo, permite obtener información inmediata y activar los dispositivos de intervención adecuados en cada caso.

En la misma línea, la secretaria de Mujeres, Género y Diversidad, Andrea Travaini, subrayó que el informe no solo constituye un registro estadístico sino también una herramienta de gestión. “Nos permite orientar mejor las decisiones públicas, reforzar los dispositivos territoriales y profundizar la articulación entre instituciones para sostener una política pública que acompañe y proteja a las mujeres de la provincia”, afirmó.

Perfil de las víctimas y características de los hechos

La fiscal de la Coordinación de Fiscales para la Gestión Estratégica y Persecución Penal por Objetivos Priorizados de la Fiscalía General del MPA, Carla Cerliani, detalló que durante 2025 se registraron 30 muertes violentas de mujeres en Santa Fe. De ese total, 18 tuvieron motivaciones vinculadas a razones de género: 16 fueron femicidios y dos transfemicidios.El informe también muestra una concentración territorial de los casos. El 60 % de los hechos ocurrió en el departamento Rosario y el 40 % en el departamento La Capital.

Las víctimas, en su mayoría, tenían entre 20 y 40 años. En cuanto a los medios utilizados, las armas de fuego continúan siendo el recurso más frecuente, por encima de armas blancas o agresiones físicas.Cerliani explicó además que, en la mayoría de los casos, existía algún tipo de vínculo entre la víctima y el agresor, y que los hechos se produjeron principalmente en domicilios particulares. “La gran mayoría de los femicidios presentan una relación previa entre víctima y victimario”, indicó.

Menor violencia general, menor violencia contra mujeres

La fiscal también señaló que, en comparación con años anteriores, los períodos 2024 y 2025 muestran una reducción en la cantidad de muertes violentas de mujeres. Según explicó, existe una relación directa entre los niveles generales de violencia social y el impacto que estos contextos tienen sobre mujeres y niñas.

En años de mayor violencia criminal en la provincia -especialmente vinculados a la criminalidad organizada- algunas mujeres resultaron víctimas en hechos ocurridos en espacios públicos y sin vínculo previo con los agresores. En esos casos, explicó la fiscal, las motivaciones de género coexistían con dinámicas propias del delito organizado.

El análisis comparativo permitió observar que en aquellos períodos predominaban hechos cometidos fuera del ámbito doméstico, con autores no identificados o sin relación directa con las víctimas. Cerliani subrayó finalmente que la producción y difusión de estos datos resulta clave para mejorar las estrategias de investigación y persecución penal. De la presentación también participó la secretaria de Gestión Institucional del Ministerio de Justicia y Seguridad, Virginia Coudannes.

Un violento incidente se desató durante la noche de este domingo en las calles del barrio Barranquitas Oeste de la ciudad de Santa Fe, muy cerca del ingreso a la capital provincial por la autopista que conecta con Rosario.

El episodio se registró precisamente en donde la calle Perú intercepta el terraplén y hasta allí -por solicitud de la Central de Emergencias 911- llegó un patrullero del Comando Radioeléctrico.

Cuando arribaron a la escena, los uniformados se toparon con un tumulto en el que había varias personas involucradas.

No obstante, hicieron foco en un joven que tenía un arma de fuego en cada mano.

Este sujeto fue rápidamente reducido y esposado.

Lo mismo ocurrió instantes más tarde con otra muchacha que portaba un machete.

Él tiene 23 años y ella 25. Ambos terminaron en una celda de la Comisaría 3a, acusados de amenazas calificadas, lesiones leves dolosas y abuso de arma de fuego en contexto de violencia de género.

Las víctimas son dos mujeres, una de 38 años y otra de 19. Según pudo saberse, el joven aprehendido habría efectuado disparos contra ellas, mientas que la muchacha les habría dado machetazos.

Los uniformados incautaron las armas: una pistola marca Bersa modelo Thunder calibre .22 (con siete municiones en el cargador y una en la recámara), un revólver marca Pasper calibre: .22 con 8 cartuchos intactos en el tambor, un machete y un trozo de hierro corto-punzante.

Las actuaciones fueron remitidas al Ministerio Público de la Acusación (MPA).

El Litoral

Efectivos de la Policía de Santa Fe intervinieron en un caso de violencia de género ocurrido en zona sur de la ciudad de Rosario. Lo hicieron a través de la utilización de pistola Taser, arma de baja letalidad que incorporó el Gobierno Provincial para casos que requieran el uso gradual de la fuerza. Fue en la noche del viernes pasado, cuando agentes del Comando Radioeléctrico de la Unidad Regional II aprehendieron a un hombre de 32 años que los amenazaba con arrojarles una viga de construcción.

El hecho se produjo el pasado viernes alrededor de las 23.30 en un domicilio de Lavalle al 4100. La víctima convocó a la Policía y manifestó que su pareja se encontraba en estado de agresividad, exhibiendo un cuchillo tipo carnicero por la ventana del inmueble. Desde la Central 911 solicitaron un operador de pistola Taser para ejercer un uso gradual de la fuerza y reducir al agresor.

Habiendo ingresado a la planta alta de la vivienda, agentes policiales se encontraron con el hombre de 32 años, que esgrimía una pesada viga entre sus brazos, por lo que un suboficial decidió realizar el despliegue con arma de baja letalidad, para inmovilizar al agresor y colocarle las esposas de seguridad. 

Personal policial procedió al secuestro de un cuchillo tipo carnicero y una viga de hormigón de 80 centímetros de largo. El agresor, identificado como Brian M. de 32 años, fue trasladado en calidad de aprehendido a seccional 21ª de la URII.

La Dirección General de la Policía de Investigaciones (PDI) informó que en las últimas horas fue detenido un hombre de 35 años, identificado con las iniciales M. G. U., en el marco de una causa por lesiones leves dolosas calificadas en contexto de violencia de género.

El procedimiento fue llevado adelante por personal de la Agencia de Investigaciones sobre Trata de Personas y Violencia de Género – Región I y el Área de Investigación de Violencia de Género, Sexual y Familiar – San Justo.

La intervención se originó el lunes, luego de un aviso al 911 que solicitaba presencia policial en un domicilio de calle Enrique Rodríguez al 2300, en la ciudad de San Justo.

Al arribar al lugar, los efectivos entrevistaron a una mujer de 47 años, quien manifestó haber sido agredida físicamente por su pareja. De inmediato, el presunto agresor fue aprehendido.

Por disposición de la fiscal interviniente, Dra. Natalia Giordano, el hombre fue trasladado en calidad de detenido a sede policial y quedó alojado en la Alcaidía de la Unidad Regional XVI, a disposición de la Justicia.

La causa continúa bajo investigación judicial.

 Un hombre de 45 años identificado como José Francisco Strauss fue condenado a 10 años de prisión de cumplimiento efectivo por haber cometido delitos en un contexto de violencia de género en perjuicio de una mujer que era su pareja en Rafaela (departamento Castellanos). La sentencia fue impuesta en el marco de un juicio oral que finalizó este mediodía en los tribunales rafaelinos,  en el que la fiscal que representó al MPA fue Gabriela Lema, de la Sección Violencia de Género, Familiar y Sexual (GEFAS).

Luego de conocer la sentencia del tribunal, la funcionaria del MPA manifestó su conformidad con la sentencia. “Si bien aún no conocemos los fundamentos del juez, valoramos que se haya dictado una condena, tal como lo solicitamos”, señaló Lema. El juez del debate fue Juan Gabriel Peralta.

Agresiones físicas

           La fiscal recordó que “el miércoles 28 de febrero de 2024 en las últimas horas de la tarde, el hombre condenado discutió con su pareja en una vivienda que compartían y la agredió físicamente”. Al respecto, especificó que “le propinó golpes de puño, cachetadas y puntapiés en diferentes partes del cuerpo, incluida la cabeza, lo que le causó lesiones de carácter grave”.

           La representante del MPA subrayó que “el ataque del imputado hacia la víctima continuó durante toda la noche y, en horas de la mañana del día siguiente, la abusó sexualmente”.

           “Alrededor de las 8:00, el agresor obligó a su pareja a salir de la casa y continuó vulnerando su integridad física en la vereda de la casa, hasta que intervinieron vecinos que defendieron a la mujer y lograron que cesara la situación violenta”, subrayó la fiscal.

Condena

           Strauss fue condenado a 10 años de prisión efectiva por ser el autor de los delitos de abuso sexual con acceso carnal y lesiones graves dolosas calificadas (por el vínculo y violencia de género). 

¿Cuáles son las líneas para realizar las denuncias?, A continuación te dejamos todas para hacer las denuncias correspondientes.

La Dirección General de Policía de Investigaciones (PDI) detuvo este martes en San Justo a un hombre de 24 años, identificado como C.C.M., tras ser acusado de agredir físicamente a su pareja en un caso de violencia de género. El hecho ocurrió en un domicilio de la calle Italia, donde la mujer denunció haber sido golpeada fuertemente con un palo de escoba por su pareja.

El agresor fue detenido luego de un llamado de emergencia al sistema 911, y tras la intervención del Área de Investigación de Violencia de Género, Sexual y Familiar, fue trasladado a la Alcaidía de la Unidad Regional XVI. El caso está siendo supervisado por la fiscal Natalia Giordano.

Este procedimiento resalta la rápida respuesta de las autoridades en la lucha contra la violencia de género, protegiendo a las víctimas y asegurando el cumplimiento de la ley.

Quedó en prisión preventiva un hombre imputado por haber agredido y amenazado de muerte a su expareja, mientras la retenía en un rancho en la zona del Bañado, en la ciudad de Santa Fe.

Se trata de Ángel Ariel Sánchez, de 36 años, a quien el fiscal Eric Fernández atribuyó la autoría de los delitos de “lesiones leves dolosas calificadas por la relación de pareja y por violencia de género” y “amenazas calificadas”.

La cautelar de máxima fue dispuesta por el juez penal Sergio Carraro, tras una audiencia celebrada en los tribunales de la capital provincial que expuso la vulnerabilidad de la víctima ante un agresor que actuó de manera premeditada.

El fiscal fue taxativo al señalar que la libertad del imputado representaba un peligro inminente para la mujer atacada. "Los riesgos procesales estaban latentes y la preventiva era necesaria para resguardar a la mujer que resultó víctima", aseguró Fernández tras finalizar la audiencia.

Lo ocurrido el jueves 29 de enero tuvo como escenario la zona de ranchadas a orillas del río Salado. Durante la audiencia, la fiscalía reconstruyó los hechos. Según detalló Fernández, Sánchez se presentó ante su expareja solicitándole que lo acompañara al médico, alegando estar cursando una supuesta enfermedad.

Confiando en la aparente urgencia de salud, la mujer accedió y el hombre la buscó en su motocicleta por la vivienda de una amiga de ella. Sin embargo, lo que debía ser un trayecto hacia un centro asistencial se convirtió en una pesadilla.

El investigado tomó una dirección contraria a cualquier hospital, desviándose por la avenida de Circunvalación hasta bajar en la zona del Bañado, un sector donde posee una precaria ranchada para la pesca.

A pesar de que la víctima advirtió la extraña maniobra y manifestó su sospecha, Sánchez la tranquilizó bajo la excusa de que "tenía que buscar algo" antes de seguir viaje. Una vez en el lugar, la trampa se cerró: el hombre entró primero a la vivienda y luego llamó a la mujer pidiendo ayuda, simulando que se había caído.

Al ingresar para socorrerlo, la víctima fue recibida con violencia. Él la tomó del cuello y la amedrentó con un cuchillo, pasando rápidamente de las palabras a la agresión física. Según consta en el legajo judicial, mientras la golpeaba, el sujeto le lanzaba amenazas de muerte explícitas, asegurando que primero la mataría a ella y luego se suicidaría.

La tragedia no se consumó gracias a un descuido del agresor y a la rapidez de la red de contención de la víctima. En un momento de distracción de Sánchez, la mujer logró enviar un mensaje de texto a una amiga pidiendo ayuda.

Fue esta persona quien, sin dudarlo, se comunicó con la Central de Emergencias 911, permitiendo que los agentes policiales localizaran la ranchada en el Bañado, auxiliaran a la mujer y aprehendieran al atacante en flagrancia.

Ante la contundencia de las evidencias y el relato de la víctima, el fiscal Fernández le atribuyó a Sánchez la autoría de los delitos de “lesiones leves dolosas calificadas” y “amenazas calificadas”.

En la audiencia de medidas cautelares, el juez Carraro entendió que las medidas alternativas a la prisión eran insuficientes para garantizar que el imputado no intentara finalizar su plan criminal o amedrentar a los testigos, por lo que decidió imponerle la prisión preventiva.

El Litoral

Un hombre sufrió quemaduras de primer grado luego de que una mujer —identificada como su ex pareja— lo rociara con nafta y le prendiera fuego en la ciudad de Charata, en la provincia del Chaco.

El hecho movilizó a los servicios de emergencia y dejó en evidencia un episodio de extrema violencia que ahora es investigado por la justicia chaqueña.

La víctima fue asistida inicialmente por vecinos que estaban en la zona y dieron aviso a las autoridades. Presentaba lesiones en el brazo, la mano y el rostro que requirieron atención médica urgente. Tras recibir los primeros auxilios, el hombre fue trasladado a un centro de salud para continuar con su tratamiento.

Según la reconstrucción preliminar de lo ocurrido, la agresora —una mujer de 31 años— se habría presentado en el lugar donde se encontraba su ex novio y lo atacó con un bidón de combustible, rociándolo con nafta antes de iniciar las llamas.

Al advertir la gravedad de la situación, los vecinos intervinieron para ayudar al hombre y solicitaron la presencia de una ambulancia y de la Policía.

Los primeros efectivos policiales que llegaron al lugar encontraron al hombre con quemaduras visibles. La mujer señalada como autora del ataque había huido antes de la llegada de las fuerzas de seguridad.

Hasta el momento de redactar esta nota, su paradero se desconoce y las autoridades mantienen un operativo para localizarla.

La causa quedó bajo la órbita de la Comisaría local con la participación del Ministerio Público Fiscal de turno. Los investigadores trabajan en recopilar evidencias, testimonios y esclarecer las circunstancias que derivaron en el ataque.

En paralelo, la víctima realizó la denuncia formal para que la fiscalía avance con las medidas judiciales correspondientes.

El uso de fuego como arma de ataque es un fenómeno extremo y particularmente grave dentro de los delitos de violencia interpersonal. En distintos países y también en Argentina, se han registrado casos en los que individuos aprovechan combustibles para intentar causar daño grave o muerte a otra persona.

Uno de los casos más conocidos en el país ocurrió en Buenos Aires en 2010, cuando Wanda Taddei fue atacada por su esposo, quien la roció con alcohol y le prendió fuego; tras días de agonía, la mujer falleció como consecuencia de las quemaduras sufridas.

Este hecho marcó un punto de atención sobre la violencia de género y las formas extremas de agresión física en las relaciones de pareja.

A nivel internacional, también se han documentado episodios en los que personas son atacadas con combustibles y llama viva, con consecuencias a menudo fatales o que dejan secuelas físicas y psicológicas severas.

Por ahora, la mujer buscada por la Policía de Chaco no fue detenida. La justicia mantiene la investigación abierta para determinar las responsabilidades penales y avanzar hacia una posible imputación por lesiones agravadas u otros delitos que resulten acreditados durante la instrucción.

Tras la recepción de la denuncia, el fiscal de la causa requerirá medidas como peritajes, declaraciones de testigos y otros elementos que permitan reconstruir el episodio con precisión.

Mientras tanto, la víctima continúa recibiendo cuidados médicos por las quemaduras de primer grado. Las autoridades recomiendan a cualquier persona con información sobre el paradero de la presunta agresora que se comunique con la comisaría local para colaborar con la pesquisa.

El Litoral

Quedó en prisión preventiva un hombre de 22 años al que se investiga como autor de agresiones físicas a su pareja en San Cristóbal (departamento San Cristóbal). Además, se le endilgó haber dañado la bicicleta de la mujer.

La medida cautelar fue ordenada por la jueza de la Investigación Penal Preparatoria (IPP), Cecilia Álamo, en una audiencia que se desarrolló de manera remota en los tribunales sancristobalenses.

La fiscal Hemilce Fissore, que representó al MPA, está a cargo de la investigación y solicitó que el imputado, cuyas iniciales son ADH, transite el proceso judicial privado de su libertad. Por su parte, la jueza Álamo resolvió de manera oral en la audiencia y dispuso la prisión preventiva durante todo el proceso.

Fissore sostuvo que “el sábado 24 de enero, aproximadamente a la 6:30 de la mañana, con pleno conocimiento y voluntad respecto del alcance de sus actos, el hombre investigado agredió físicamente a su pareja y le provocó lesiones en diferentes partes del cuerpo”.

Sostuvo que “el imputado utilizó elementos contundentes para agredir a la mujer, a sabiendas de que ella está embarazada”.

La fiscal del MPA relató que “momentos antes, el imputado había dañado la bicicleta de su pareja realizándole un corte en la cubierta trasera”. Afirmó, Fissore argumentó que “el accionar del imputado es encuadrable en un evidente contexto de violencia de género”.

“La jueza consideró acreditada la materialidad de los ilícitos, al igual que la autoría por parte del hombre investigado”, afirmó la fiscal.

“Además, Álamo planteó que la pena en expectativa prevista por los hechos ilícitos investigados es de cumplimiento efectivo, por la violencia ejercida en un contexto de violencia de género y contra una mujer en situación de vulnerabilidad”.

Fissore planteó que “la magistrada también hizo hincapié en que el entorpecimiento probatorio estaba latente, y resaltó la necesidad de resguardar a la víctima”. En tal sentido, agregó que “la jueza subrayó la peligrosidad procesal y dijo que se sustenta en que no es la primera vez que el imputado agrede a la misma víctima.

Finalmente, la representante del MPA valoró que “la jueza consideró insuficientes las medidas alternativas propuestas por la Defensa para cautelar el proceso e hizo lugar a nuestro pedido de prisión preventiva”.

Al imputado se le atribuyó la autoría de los delitos de lesiones leves dolosas calificadas (por el vínculo y por mediar violencia de género) y daño.

El Litoral

Un hombre de 53 años fue detenido en la madrugada de este viernes acusado de protagonizar un grave episodio de violencia familiar, en el que atacó con un machete y una cuchilla a su pareja, una mujer de 36 años, y provocó además lesiones a su hijo de 7 años.

El procedimiento se inició a partir de un llamado a la Central de Emergencias 911, que alertó sobre una agresión con arma blanca en una vivienda de la ciudad de Rosario ubicada en la intersección de Lima y Riobamba. Al arribar al lugar, personal de la Brigada de Orden Urbano entrevistó a una vecina, quien relató que la víctima, identificada como Mariela V., había mantenido una fuerte discusión con su pareja, Ricardo B., de 53 años.

Según el testimonio recabado, durante el forcejeo el hombre utilizó un machete y una cuchilla, con los que le produjo a la mujer una herida cortante en la mano derecha. En el mismo episodio, el agresor también habría provocado escoriaciones superficiales al hijo menor de la mujer, de 7 años.

Ante la situación, los efectivos policiales solicitaron la intervención del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (SIES). El personal médico asistió a la mujer en el lugar y determinó que no era necesario su traslado a un centro de salud.

En tanto, el presunto agresor fue aprehendido y trasladado a la Comisaría 32ª, donde quedó a disposición de la Justicia, mientras se avanza con las actuaciones correspondientes en el marco de una causa por violencia familiar.

Un grave episodio de violencia de género registrado en la tarde del sábado en la ciudad de Santa Fe activó un inmediato operativo del Comando Radioeléctrico, que culminó con la aprehensión de un hombre de 27 años y el secuestro de un arma blanca.

El procedimiento se inició a partir de un pedido de auxilio ingresado al sistema 911, lo que permitió una rápida llegada de los uniformados y evitó que la situación tuviera consecuencias aún más graves.

El hecho ocurrió alrededor de las 14, cuando personal del Comando Radioeléctrico, dependiente de la Comisaría 3ª de la Unidad Regional I, fue comisionado ante un llamado de emergencia que advertía sobre una situación de violencia en curso.

Al arribar al lugar, los efectivos entrevistaron a una mujer de 40 años, quien relató haber sido agredida físicamente y amenazada por el hombre que se encontraba con ella.

Según el testimonio de la víctima, el agresor la habría intimidado con un arma blanca, lo que elevó el nivel de riesgo de la situación. Ante ese cuadro, el personal policial actuó de inmediato y procedió a la aprehensión del sospechoso, un masculino de 27 años.

En el marco del procedimiento también se realizó el secuestro de un cuchillo de aproximadamente 18 centímetros de longitud, presuntamente utilizado para las amenazas.

Finalizadas las actuaciones iniciales, los intervinientes trasladaron al aprehendido a la dependencia policial correspondiente por jurisdicción. En paralelo, otro móvil policial colaboró con el traslado de la víctima para su evaluación médica.

La mujer fue examinada en Medicina Legal y, por recomendación del profesional de turno, posteriormente derivada al Hospital Iturraspe, donde recibió una atención médica más completa.

El hecho quedó a disposición de la autoridad judicial competente, bajo la calificación legal de lesiones leves y amenazas calificadas, todo ello en el marco de violencia de género. Las actuaciones continúan mientras se definen las medidas procesales a seguir.

El Litoral

Una mujer de 30 años fue encontrada asesinada durante la madrugada de este domingo en el interior de su vivienda, en la ciudad de Bernardo de Irigoyen, provincia de Misiones. La víctima presentaba un disparo de arma de fuego en el rostro y el caso fue investigado como femicidio. Tras varias horas de búsqueda, la Policía logró detener al principal sospechoso, un joven de 24 años que se encontraba prófugo.

El hallazgo ocurrió cerca de las 4 de la mañana, en una casa ubicada en el Barrio Obrero. Según informaron fuentes policiales, una mujer se presentó en la Comisaría de la Mujer para alertar que su niñera podría estar muerta y solicitó acompañamiento hasta el domicilio. Al ingresar al lugar, los efectivos constataron que Noelia Luciana Fonseca de Almeida yacía sobre la cama, sin signos vitales, con una lesión visible en el ojo izquierdo.

Ante la gravedad de la situación, intervinieron efectivos de la División Policía Científica y el médico policial de turno. El profesional determinó que la víctima presentaba una herida de arma de fuego con orificio de entrada en el glóbulo ocular izquierdo y salida incompleta en la región occipital.

De acuerdo al informe preliminar, la muerte se habría producido entre dos y cuatro horas antes del hallazgo, como consecuencia de un traumatismo craneoencefálico severo. Por disposición judicial, se ordenó la realización de la autopsia para precisar mayores detalles.

La investigación tomó un giro clave con el testimonio de la hija de la víctima, una nena de 9 años, quien fue la única testigo presencial del femicidio. La menor, en estado de shock, relató que se despertó tras escuchar el disparo, subió a la cama y vio a su madre gravemente herida.

Según contó Susana Padilla, prima de la víctima, la niña declaró que el agresor le dijo que “la mamá iba a quedar bien” y la obligó a prepararle un bolso para huir del lugar. Luego escapó, dejándola sola con el cuerpo.

Por disposición del Defensor Oficial, se adoptaron medidas de resguardo y la menor quedó provisoriamente al cuidado de un familiar directo.

La Policía de Misiones desplegó un operativo cerrojo a nivel provincial, con controles y rastrillajes intensivos. Finalmente, el presunto autor, Tomás Emerson Gómez, de 24 años, fue localizado y detenido alrededor de las 9 de la mañana del lunes.

El sospechoso fue encontrado acompañado por su jefe y, en el procedimiento, los investigadores secuestraron un arma calibre .32, cartuchos, una vaina servida y una mochila. Además, se confirmó que el acusado tenía denuncias previas por violencia.

Según el testimonio de familiares, la víctima y el acusado mantenían una relación desde hacía seis o siete meses. Los episodios de conflicto se habrían intensificado cuando el hombre consumía alcohol.

“La noche previa habían asistido a un evento y, al regresar a la casa, se produjo una discusión que terminó de la peor manera”, relató la prima de la mujer asesinada.