En una causa que conmovió a la pequeña comunidad de San Jerónimo Sud, la Justicia condenó a un hombre por la difusión de material pornográfico manipulado digitalmente con los rostros de mujeres del pueblo. El imputado, identificado como Luciano Larrabeitía (51), dueño de una verdulería local, admitió su responsabilidad, pidió perdón ante las víctimas y deberá afrontar una multa y el pago de una indemnización colectiva.

El escándalo estalló en 2023, cuando más de veinte mujeres de este pueblo de poco menos de 3.000 habitantes comenzaron a detectar en redes sociales y chats la circulación de videos y fotos en los que sus rostros habían sido montados sobre contenidos explícitos. La conmoción comunitaria fue inmediata: en un ámbito donde casi todos se conocen, el daño psicológico y social fue profundo, señalaron varias denunciantes.

La investigación judicial se orientó hacia la hipótesis de que se trataba de material editado y distribuido a través de un grupo de mensajería. Los equipos periciales y la Fiscalía remontaron los rastros hasta dar con antecedentes vinculados al imputado: en 2015 ya había sido señalado por la circulación de pornografía infantil desde una dirección IP asociada a su domicilio, según consignó el fiscal que impulsó la pesquisa.

Un allanamiento al local y a la vivienda de Larrabeitía permitió secuestrar varios dispositivos —teléfonos, pendrives, una notebook, CDs y una cámara— donde los peritos localizaron archivos “en crudo” que habrían sido la base para las ediciones con inteligencia artificial y montaje sobre rostros de vecinas.

En la audiencia celebrada este miércoles en los Tribunales de San Lorenzo, la jueza Griselda Strologo afirmó que la conducta se encuadra en delitos vinculados a la afectación de las víctimas por la generación de “imágenes irreales” y aplicó la sanción máxima prevista en el marco de la figura por la que fue juzgado: una multa de $20.000 y la obligación de abonar $800.000 en concepto de reparación para las querellantes.

En su pronunciamiento, la magistrada destacó la importancia del mecanismo de audiencia en la provincia: “Esto es importante porque equipara derechos. Las propias víctimas pueden escuchar y no sólo ser escuchadas por el tribunal y acceder a la Justicia”, dijo, y subrayó el valor de que el imputado pueda “internalizar la condena y la conducta que tuvo”.

Al momento de enfrentar a las mujeres afectadas, Larrabeitía pidió perdón: “Les pido disculpas aunque sea tarde y no sirva de nada ahora. No pude darme cuenta entonces del daño que estaba causando. Puedo darme cuenta hoy, después de mucho tiempo de tratamiento psicológico y psiquiátrico, de la gravedad de los hechos. Les pido disculpas a las que están presentes, a las que no y a los que se vieron afectados por lo que pasó. Por supuesto que es algo que nunca más voy a volver a hacer y me avergüenzo de haberlo hecho”, afirmó.

Algunas de las víctimas hicieron uso de la palabra en la audiencia y relataron el dolor, la humillación y las consecuencias sociales que provocó la difusión del material en un pueblo pequeño: el señalamiento público, el estigma, la desconfianza y el impacto sobre familias enteras. Varios testimonios señalaron además que parte del material utilizaba imágenes antiguas, incluso de cuando algunas mujeres eran menores, hecho que agravó la gravedad de la situación.

La Red Federal de psicólogas y psicoanalistas, que en casos similares suele acompañar a las denunciantes, había alertado sobre la naturalización de prácticas de violencia digital en ámbitos académicos y comunitarios y sobre la necesidad de traer estos hechos al fuero penal.

La condena se inscribe en un contexto de creciente atención sobre los delitos digitales que utilizan herramientas de inteligencia artificial para crear “deepfakes” y material sexual falso. Para la jueza Strologo, permitir que el condenado escuche el impacto directo en sus víctimas forma parte de un proceso reparatorio y pedagógico: “Es importante que pueda escuchar de propia mano el dolor y los traumas que les causó a las propias víctimas”, concluyó.

Con la sentencia, las afectadas obtienen una reparación económica y, según se indicó, la posibilidad de continuar con medidas de acompañamiento psicológico y acciones civiles adicionales si así lo decidieran. En tanto, la causa dejó en evidencia la necesidad de fortalecer mecanismos locales de prevención, denuncia y asistencia frente a la violencia digital en comunidades pequeñas.

La causa judicial contra Lucas Acosta, arquero de Sarmiento de Junín, dio un paso decisivo . Tras casi un año de investigación, la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°32, a cargo de Leonel Gómez Barbella, solicitó la elevación a juicio oral y público por amenazas coactivas reiteradas y la difusión no consentida de un video íntimo de su expareja.

Los hechos investigados ocurrieron en julio de 2024, cuando la víctima encontró un mensaje intimidante en su vehículo:

“Hija de puta, si no dejás a tu novio, subo el video”.

La denuncia presentada al día siguiente derivó en nuevas amenazas directas por parte del jugador, incluyendo frases como “te voy a matar”, según consta en el expediente judicial.

El mensaje decía: “Hija de puta, si no dejás a tu novio subo el video”. Horas después, el temor se volvió realidad: un video íntimo suyo junto a Acosta fue difundido sin su consentimiento a través de una aplicación de mensajería, según pudo reconstruir el fiscal a partir de capturas de pantalla y testimonios.

El 20 de julio presentó la denuncia ante el Centro de Atendedores de Denuncias (CAD) de la Policía de la Ciudad. Poco después, el 14 de agosto, Acosta volvió a contactarla con nuevas amenazas: “¿Así que me denunciaste? Hija de remil puta, ahora cuidate porque te mando a matar”, le dijo por teléfono, y luego reforzó el mensaje por WhatsApp: “Así que me denunciaste hdp, cuidate porque te mato”.

Ante las acusaciones, Acosta negó conocer a la víctima, afirmó que su celular había sido robado y que no usaba cuentas activas en Telegram, donde se habría difundido el contenido. Sin embargo, la Fiscalía determinó que fue el propio futbolista quien compartió el video, el número de teléfono y datos personales de la mujer a terceros.

El fiscal Gómez Barbella argumentó que la conducta del acusado configura una forma de violencia de género digital, contemplada en la Ley Olimpia —norma que incorpora a la legislación argentina la protección contra agresiones mediante tecnología—. Sostuvo que los actos tuvieron como objetivo “vulnerar la intimidad, dignidad y seguridad emocional” de la víctima.

La figura penal imputada es “amenazas coactivas reiteradas en calidad de autor”, y se espera que el juicio oral determine la responsabilidad penal de Acosta.

Hasta el momento, Sarmiento de Junín no emitió ningún nuevo comunicado tras la solicitud de elevación a juicio. El club había expresado en agosto de 2024 que “permanecería expectante y respetuoso de las decisiones de la Justicia”, cuando Acosta obtuvo la libertad condicional. La actual postura de la institución bonaerense permanece sin actualización oficial.

Sancionada en 2023, la Ley Olimpia reconoce la violencia digital como una forma de violencia de género. Incluye en su marco legal acciones como la difusión no consentida de imágenes íntimas, el acoso en redes, el espionaje digital y el robo de contraseñas. En el caso de Lucas Acosta, el fiscal utilizó esta normativa como sustento para reforzar la acusación y sentar precedente judicial.

Este viernes se desarrollará una clase de yoga gratuita en el Complejo Cultural del Viejo Mercado, con el objetivo de la promoción de la ley "Chachi" que establece normas para la prevención, investigación, sanción y reparación de las víctimas de violencia digital y mediática.

⁣

En vísperas del tratamiento del proyecto de la “Ley Chachi” en la Cámara de Diputados y que ya fue aprobado en el Senado, la rafaelina Chachi Telesco se encuentra recorriendo la provincia para concientizar sobre la violencia digital.

Recordemos que María Fernanda Telesco es una actriz rafaelina que en el año 2007 fue víctima de la violencia digital y cuya historia se convirtió en emblema de esta lucha.

LEE: Violencia Digital: ratifican la necesidad de sancionar la “Ley Chachi”

En el marco de la promoción de la ley "Chachi" que establece normas para la prevención, investigación, sanción y reparación de las víctimas de violencia digital y mediática, este viernes 6 de septiembre, Chachi llevará a cabo una clase de yoga para mujeres resilientes.

La actividad con entrada libre y gratuita, se desarrollará en la sala 4 del Complejo Cultural del Viejo Mercado, a las 18:30. Se les solicita a las participantes llevar su mat, botella con agua y toalla.

En septiembre, comenzará la vacunación contra el dengue en áreas priorizadas de Rafaela

Se hizo a través del decreto 542/2023, que lleva las firmas del presidente Alberto Fernández; el jefe de Gabinete, Agustín Rossi; y la ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad, Ayelén Mazzina.

.

El gobierno promulgó la denominada Ley Olimpia, que incorpora la violencia digital a la ley 26.485 sobre Protección Integral a las Mujeres, abordando los delitos que violen la intimidad sexual de las personas a través de medios digitales y la difusión sin consentimiento de cualquier contenido íntimo.

La Ley 27.736, conocida como Ley Olimpia por la activista Olimpia Coral Melo, que fue víctima de la difusión de imágenes íntimas y se convirtió en un ícono de la lucha contra la violencia digital en América Latina al impulsar leyes que condenen este delito, fue sancionada el pasado 10 de octubre por el Congreso de la Nación.

Durante la sesión donde se convirtió en ley, la diputada Mónica Macha –impulsora de la norma- indicó que la definición de violencia digital “es aquella que se ejerce mediante el uso de las tecnologías de la información y la comunicación y que implique la obtención, reproducción y difusión por cualquier medio de datos personales, material digital real, simulado, íntimo o de desnudez de las mujeres sin su consentimiento, discursos de odio de género, patrones estereotipados sexistas o que impliquen situaciones de acoso, amenaza, extorsión o control virtual, o acciones que atenten contra la integridad sexual o identidad digital de las mujeres a través de las TIC”.

Te puede interesar: La ANMAT prohibió la venta de 2 marcas de miel y de distintos suplementos dietarios

Además, la diputada explicó que esta ley se complementará con la llamada Ley Belén, que busca la incorporación de la violencia digital como delito en el Código Penal, de modo que se pueda sancionar a aquellas personas que difunden material íntimo sin consentimiento, los que suben el material y los que lo difunden.

Fuente: SFC