La difusión de imágenes manipuladas ha vuelto a sacudir a la comunidad educativa. Los hechos recientes en San Justo, donde se utilizaron herramientas de inteligencia artificial para alterar fotos de alumnas, se suman a episodios similares registrados en otros puntos del país.

Estas tecnologías ya no solo generan dudas sobre la autoría de tareas escolares. Hoy impactan directamente en la intimidad y la dignidad de los jóvenes, planteando un desafío que trasciende lo académico.

El Estado cuenta con guías de actuación y capacitaciones en el Campus Educativo provincial. En San Justo, el Ministerio Público de la Acusación interviene en la causa, brindando acompañamiento a las víctimas y a sus familias.

La Ley Ema, sancionada este año bajo el número 14471 y promulgada el 26 de agosto de 2026, obliga a las escuelas a trabajar en la prevención, el consentimiento y la privacidad.

Sin embargo, los docentes advierten que los protocolos suelen ser reactivos. Los equipos socioeducativos llegan cuando el material ya circuló. La prevención real requiere tiempo institucional protegido y remunerado para que los educadores puedan abordar estos dilemas.

La autora del análisis, una docente con 38 años de trayectoria, enfatiza que la escuela no puede trabajar sola. La tecnología avanza rápido, pero la necesidad de límites éticos y mirada adulta sigue siendo esencial.

Es fundamental enseñar a los estudiantes que el rol del espectador es clave. Fomentar la reflexión sobre el consentimiento y evitar la viralización de contenidos violentos es una tarea conjunta entre la escuela y los hogares.