El gobierno provincial diseña un plan de "desendeudamiento" para trabajadores públicos pero también estudia ampliarlo al sector privado. Así lo confirmó este lunes la vocera oficial, Virginia Coudannes.

La posibilidad de asistir a agentes estatales mediante líneas crediticias con condiciones más favorables había sido esbozada por el ministro de Economía, Pablo Olivares, a principios de marzo. Fue tras aludir a la situación salarial del personal policial y después de revelar que "entre el 40 y 50%" de los empleados públicos tienen buena parte de sus ingresos afectados por los denominados "códigos de descuento". A través de ellos se canaliza el cobro de préstamos o la financiación obtenida con tasas altas y condiciones propias del mercado.

Olivares anunció, entonces, que la provincia de manera conjunta con el Banco Santa Fe (opera como agente financiero), trabajaban en una línea de crédito "con plazos razonables, dos meses de gracia y tasas bajas" para poder sanear al situación salarial de los agentes. En rigor, se trataría de una refinanciación de las deudas contraídas.

Este lunes, Coudannes confirmó en conferencia de prensa, que el gobierno estudia extender tales beneficios también a empleados del sector privado.

"El viernes estuvimos hablando de esto – confirmó-. Es un tema muy importante para nuestro gobierno. Es un esfuerzo más que hacemos y para todos los vecinos que se levantan y la pelean a diario. La ampliación a trabajadores del sector privado es una alternativa que se está analizando y que será motivo de anuncio en los próximos días. La intención es oxigenar a los trabajadores y al sector productivo", planteó.

En otro orden y consultada sobre la eventual reelección de Maximiliano Pullaro, Coudannes dijo que por ahora, el mandatario está "plenamente abocado" a la gestión.

"El gobernador está ocupado en la gestión 24/7. Estamos con ese norte, muy centrados en la gestión – insistió-, sobre todo en el tema seguridad y haciendo mucho territorio". Indagada sobre si tienen previstas conversaciones con las demás fuerzas políticas para definir la fecha de elecciones de 2027, sostuvo que "de los calendarios se hablará, porque el tiempo pasa, pero será en su debido momento".

La funcionaria ratificó, en otro orden, el retorno progresivo y escalonado de las actividades a la escuela N° 40 de San Cristóbal. Y se refirió al planteo de la Fiscal General, María Cecilia Vranicich, de comenzar a debatir la conveniencia de prohibir el uso de redes sociales en menores de 16 años.

"Para nosotros es un tema que atender y transitar, con preocupación pero también con acción - sostuvo-. Ella (por Vranicich) habló en el marco del informe de gestión que brindó antes los senadores provinciales. Entendemos que ésa es una discusión que tienen que dar otros poderes del estado; tiene que darse la discusión en la Legislatura. El debate es legislativo", sentenció.

Finalmente, comentó que se registró un número récord de inscriptos interesados en participar de la próxima subasta de bienes secuestrados al delito. "Hay más de cinco mil anotados para un remate que incluye hasta una avioneta. El miércoles se exhibirán los bienes en Rosario con la presencia del gobernador y se procederá, luego, a la subasta", concluyó.

Durante la mañana de este lunes se llevó a cabo una ceremonia en la explanada de la Jefatura de la Unidad Regional XIII, en la ciudad de San Cristóbal, donde se concretó la entrega de nuevas camionetas policiales 0 kilómetro destinadas a reforzar el trabajo operativo en el departamento. La incorporación de los móviles se realizó gracias a la gestión del Ministerio de Justicia y Seguridad de la provincia de Santa Fe.

El acto fue encabezado por el Jefe de Policía, director general de Policía Lic. Luis Maldonado, quien recibió las unidades de manos de la secretaria de Gestión Institucional, Lic. María Virginia Coudannes. Los nuevos vehículos pasaron a integrar el parque automotor de la Unidad Regional XIII, con el objetivo de fortalecer los patrullajes preventivos y las tareas de identificación de personas, en línea con las disposiciones de la superioridad policial.

De la actividad participaron también el presidente provisional de la Cámara de Senadores y senador provincial por el departamento San Cristóbal, Felipe Michlig; el diputado provincial Marcelo González; y el intendente municipal de San Cristóbal, Marcelo Andreychuk, junto a autoridades provinciales, ministeriales, regionales y locales. Estuvieron presentes además el jefe de la Unidad Regional XIII, director de Policía Lic. Alejandro Tognolo; la subjefa de la repartición, directora de Policía Prof. Marcela Fernández; oficiales superiores, jefes de las planas mayor y mayor especial, personal policial e invitados especiales.

La incorporación de estas camionetas se enmarca en el plan de reequipamiento que el Gobierno de la provincia de Santa Fe inició en 2024 y que continúa desarrollándose de manera progresiva durante 2026. Según se destacó, los nuevos móviles permitirán incrementar la presencia policial y reforzar los patrullajes en las distintas ciudades y localidades que integran la jurisdicción del departamento San Cristóbal. 

Luego del brutal femicidio ocurrido en Esperanza —donde una mujer fue asesinada y su agresor murió poco después en un accidente de tránsito—, el Ministerio de Justicia y Seguridad de Santa Fe volvió a poner el foco en la atención a las víctimas y en el funcionamiento integral de los distintos canales de denuncia.

En ese marco, la secretaria de Gestión Institucional, Virginia Coudannes, junto al coordinador del Centro de Asistencia Judicial (CAJ), Marcelo Suárez, brindaron un balance sobre el trabajo articulado entre el 911, los Centros Territoriales de Denuncias y los equipos especializados que intervienen en casos de violencia de género y conflictos intrafamiliares.

Suárez explicó que los Centros de Asistencia Judicial cumplen un rol clave en la etapa posterior a la denuncia, acompañando a las víctimas durante todo el proceso judicial.

“Trabajamos integralmente con psicólogos, trabajadores sociales y abogados. Somos la única institución en la provincia que puede llevar adelante querellas en nombre de las víctimas”, señaló.

Según el funcionario, entre enero y octubre de 2025 se llevaron adelante 25 querellas en Santa Fe.

“Es un trabajo complejo, diario, que se extiende en el tiempo. No es una atención de uno o dos minutos: se prepara a la víctima para el juicio, se le explica el proceso y cuáles son sus derechos”, agregó.

Los equipos del CAJ actúan desde el inicio para garantizar que las víctimas puedan declarar y avanzar en el proceso sin sufrir nuevos episodios de angustia.

“Lo primero es contener, explicar y acompañar”, indicó Suárez. Esto incluye preparación emocional, asesoramiento técnico-jurídico y seguimiento continuo en cada instancia judicial.

Recordó además la vigencia de la Ley de Víctimas, que otorga herramientas concretas a quienes padecen delitos y les permite reclamar, participar del proceso y recibir asistencia gratuita.

Consultados sobre el impacto social y cultural en torno a las denuncias por violencia intrafamiliar, los funcionarios reconocieron que aún persisten temores.

“Los miedos para denunciar siempre existen. Desde los Centros tratamos de romper esa barrera”, destacó Suárez.

Coudannes reforzó que la provincia trabaja para que cada persona que enfrente situaciones de riesgo sepa que existe un espacio gratuito y confiable al cual acudir:

“Lo importante es que la gente sepa que tiene un lugar donde asesorarse y donde vamos a acompañarla en todas las instancias.”

La reciente tragedia ocurrida en Esperanza volvió a exponer la fragilidad en torno a las situaciones de violencia extrema.

La mujer asesinada había mantenido una relación con el agresor, quien murió instantes después en un siniestro vial mientras huía.

Desde el Ministerio sostienen que el fortalecimiento del 911 y el trabajo territorial de los CAJ son herramientas que buscan anticiparse a estas escaladas violentas.

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Virginia Coudannes, en entrevista con este medio, detalló que desde fines de junio los vecinos de Rafaela pueden realizar denuncias a través del 911, una herramienta que busca facilitar el acceso a la justicia. “Es una herramienta más accesible, más cercana para los vecinos y vecinas de la provincia de Santa Fe”, explicó.

La funcionaria señaló que el 911 continúa siendo el canal principal ante emergencias, pero ahora también permite radicar denuncias telefónicas. “El 911 es el corazón del sistema de seguridad. Ante una emergencia seguimos llamando, pero por otro lado abrimos otra puerta, la de las denuncias”, destacó.

Coudannes subrayó que este nuevo servicio no está a cargo de los operadores habituales del 911, sino de profesionales especializados. “Estas denuncias están tomadas por abogados con los que tenemos un convenio mediante los colegios de abogados para que las reciban”, indicó.

Además, explicó que los ciudadanos pueden recibir orientación y derivaciones si su caso no encuadra dentro de lo penal. “A lo mejor, requieren una articulación con otra institución, como la Defensoría. Ahí también los orientamos y los derivamos”, dijo.

Para utilizar el servicio, los vecinos deben comunicarse al 911 y solicitar realizar una denuncia. “El operador del 911 los deriva telefónicamente al centro de denuncias, donde un abogado toma el caso y realiza la entrevista”, explicó Coudannes.

El tiempo promedio para completar el trámite es de unos 28 minutos, aunque puede variar según la complejidad. “Hay denuncias más largas porque requieren más información, y otras más cortas. Pero el promedio se mantiene en ese tiempo”, señaló.

Coudannes también recordó que el sistema contempla la posibilidad de solicitar reserva de identidad en casos específicos. “Esa reserva se da en los primeros plazos de investigación sobre violencia de género, violencia intrafamiliar y comercialización de estupefacientes”, aclaró.

“La verdad es que es un sistema que funciona —concluyó—. Empezamos en Santa Fe y Rosario, y ya lo trasladamos a Rafaela, Reconquista, Avellaneda y otras localidades. Los vecinos lo están usando cada vez más”, indicó.

La ciudad de Frontera fue escenario del quinto derribo de un punto de venta de drogas en el marco de la Ley de Microtráfico, norma impulsada por el gobierno de Santa Fe. La medida se concretó este miércoles desde las 8 en calle 102 al 500, con la coordinación del Ministerio de Justicia y Seguridad, el Ministerio Público de la Acusación, la Justicia Provincial y la Policía de Santa Fe.

Virginia Coudannes, secretaria de Gestión Institucional del Ministerio de Justicia y Seguridad, participó del operativo. En los estudios de Radio Rafaela, remarcó el alcance del plan: “Sabemos que las políticas de seguridad son prioridad del gobierno de la provincia de Santa Fe, y esta es una herramienta más. Desde enero de 2024 tenemos la posibilidad de ir detrás de los delitos de comercialización de estupefacientes y de inactivar los puntos de venta”.

Coudannes explicó que las acciones forman parte de un trabajo conjunto entre el Ministerio, la Fiscalía y la Policía de Investigaciones (PDI). “Venimos con muchísimos allanamientos, con un trabajo encomiable desde el Ministerio de Justicia y Seguridad. En particular, esta Circunscripción Judicial viene muy movida, con intervenciones en Rafaela y Ceres. Es una agenda en movimiento constante que representa una parte esencial del plan de seguridad”, afirmó.

La funcionaria subrayó que la estrategia provincial combina investigación, prevención y presencia territorial. “La parte investigativa es esencial, pero no la única. También trabajamos en prevención, planificación y en cómo ordenamos la operatividad en calle, que es el núcleo más fuerte del Ministerio”, agregó.

En ese sentido, Coudannes hizo hincapié en el rol de la ciudadanía para aportar información sobre los puntos de venta. “Es muy importante el uso del 911 de manera anónima. Necesitamos esa información para poder trabajar con la Fiscalía y generar la priorización de los puntos a allanar. En junio estuvimos en Rafaela presentando esta posibilidad y los vecinos pueden pedir identidad de reserva al denunciar”, recordó.

La funcionaria provincial destacó el modelo de seguridad impulsado por la gestión Pullaro. “En estos casos, nosotros vamos a lo micro, al narcomenudeo. Claro que esto genera incomodidades y conflictos en los barrios, pero apuntamos a esos focos para generar herramientas concretas”, señaló.

Coudannes informó además sobre la evolución de los operativos en la región: “En Rafaela, tenemos más de 24 mil identificaciones de personas en lo que va del año y más de seis mil vehículos identificados. Esto demuestra la proactividad en la calle, gracias a una conducción firme, inversión en recursos, patrulleros, motos, camionetas, pistolas taser y capacitación”.

Finalmente, definió el espíritu de trabajo del gobernador Maximiliano Pullaro y la vicegobernadora Gisela Scaglia. “El modelo de proceder es con información, sin improvisación y con trabajo en territorio. El mensaje es claro: el que delinque, las paga; y a la víctima se la contiene, se la resguarda y se la protege”.