La implementación de nuevas exigencias ambientales para exportar carne y soja a la Unión Europea abrió una fuerte controversia en el sector agropecuario argentino. El conflicto gira alrededor de VISEC, una plataforma de trazabilidad que algunos frigoríficos estarían exigiendo a los productores, bajo advertencias de descuentos comerciales para quienes no estén registrados.

En el segmento Nuestro Campo de Radio Rafaela, el periodista agropecuario Sergio Alem explicó los motivos del enfrentamiento y las diferencias que surgieron entre Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) y la Sociedad Rural Argentina (SRA).

El conflicto está relacionado con el Reglamento 2023/1115 de la Unión Europea, que establece requisitos para comercializar determinados productos libres de deforestación.

La normativa comenzará a aplicarse el 30 de diciembre de 2026 para los operadores alcanzados por el plazo general, después de sucesivas postergaciones. Para ciertos operadores pequeños, el plazo se extiende hasta junio de 2027.

“La mercadería que ingrese a la Unión Europea tiene que estar libre de deforestación desde 2020 para acá”, explicó Alem.

VISEC es una herramienta que permite registrar los establecimientos productivos mediante información georreferenciada y verificar el cumplimiento de las condiciones exigidas.

Sin embargo, no es la única alternativa de trazabilidad. El periodista recordó que Santa Fe también desarrolló su propia herramienta, denominada Santa Fe Produce Sustentable.

Según explicó Alem, ante la proximidad de las nuevas exigencias europeas, los frigoríficos comenzaron a solicitar hacienda con trazabilidad ambiental para garantizar futuras exportaciones.

El problema apareció cuando algunos compradores comenzaron a condicionar sus operaciones al registro específico en VISEC.

“Los frigoríficos empezaron a decir que descontarían a quienes no estuvieran anotados en VISEC. Entonces los productores empezaron a quejarse: no me pueden imponer esto”, relató.

La reacción llevó a CRA a manifestarse contra estas condiciones comerciales, al considerar que perjudican a los ganaderos que podrían demostrar el cumplimiento ambiental mediante otras herramientas.

“El productor se sintió presionado, como si le estuvieran imponiendo que, si no es VISEC, las otras plataformas no existen”, resumió Alem.

La discusión también provocó tensiones entre las principales entidades del campo.

Alem explicó que las declaraciones de Andrés Costamagna, dirigente de la Sociedad Rural Argentina, generaron malestar dentro de CRA por sus cuestionamientos a la postura de esa institución.

Ante esta situación, el presidente de CRA, Carlos Castagnani, reclamó una rectificación pública.

Según relató el periodista, desde la Sociedad Rural, presidida por Nicolás Pino, se planteó la posibilidad de resolver las diferencias institucionalmente.

Sin embargo, CRA insistió en que las aclaraciones debían realizarse públicamente, debido a que los cuestionamientos también habían trascendido de esa manera.

Alem aclaró que cumplir con las condiciones de la Unión Europea será necesario para quienes pretendan abastecer ese mercado, pero eso no significa que toda la producción argentina deba comercializarse bajo las mismas condiciones.

“Si uno quiere participar de ese mercado, tiene que certificar que está libre de deforestación. Si no, puede venderle a otro destino, como China”, explicó.

También recordó que los frigoríficos distribuyen los distintos cortes de un mismo animal entre varios mercados internacionales, según las características de la demanda.

En ese contexto, sostuvo que pueden existir diferencias comerciales entre la hacienda destinada a Europa y la que abastece otros destinos.

El punto central del reclamo, remarcó, no es desconocer las exigencias ambientales europeas, sino evitar que una única plataforma sea impuesta como condición comercial excluyente.