A partir del 15 de abril, comenzará a aplicarse en Rafaela la normativa que prohíbe la actividad de los llamados “trapitos” o lavacoches en el microcentro. Así lo explicó el concejal oficialista Juan Scavino, quien defendió la medida, remarcó que responde a una decisión política del Ejecutivo local y aseguró que habrá un despliegue articulado para garantizar su cumplimiento.

“La verdad es que soy optimista. El intendente siempre tuvo claro que había que ordenar el microcentro fundamentalmente, y la ciudad en general”, señaló.

Según explicó, ya el año pasado se había intentado avanzar en ese sentido, aunque entonces faltaban herramientas normativas y consenso institucional. “Con el tema lavacoches hubo una iniciativa el año pasado, pero no había un marco legal ni la consistencia de todas las partes que sí hay ahora”, sostuvo.

Scavino detalló que la medida ya tiene respaldo formal desde febrero, a través de un decreto firmado por el intendente, que fijó un plazo de 60 días para informar la disposición antes de su aplicación efectiva.

“El dato es que desde el 15 de febrero hay un decreto, que tiene valor de norma, no es una ordenanza, pero sí un decreto del intendente, donde se prohíbe y se restringe la actividad del lavacoche a partir del 15 de abril”, explicó.

Consultado sobre ese plazo de espera, agregó: “¿Por qué sesenta días? Porque hubo un proceso de información que se produjo”.

En esa etapa, según indicó, no solo se comunicó la nueva disposición, sino también el modo en que se controlará su cumplimiento.

Uno de los puntos que subrayó el edil es que la normativa no apunta únicamente a quienes ofrezcan el servicio, sino también a quienes decidan contratarlos dentro de la zona restringida.

“Si quieren lavar el auto con un lavacoches en la zona ZEC, va a venir un inspector, de los muchos que van a estar circulando junto con la Policía y junto con la GUR, y les va a decir: esta multa la van a tener que pagar”, afirmó.

En esa línea, remarcó: “Van a ser infraccionados también quienes hagan lavar el auto”.

Para Scavino, esa decisión busca proteger a quienes muchas veces accedían al servicio por presión o temor. “El punto es darle al vecino una herramienta para decir: no te lo puedo dar porque, si no, me sancionan”, explicó.

El concejal aseguró que el esquema de aplicación de la norma contará con respaldo operativo en la calle para evitar conflictos y garantizar que la restricción se cumpla con rapidez.

“Vos me decís: sí, pero igual me da miedo. Va a estar la Policía”, afirmó.

Y añadió: “Hay un compromiso para que esto, en definitiva, sea controlado rápidamente. Por eso va a estar la Policía, va a estar Protección Vial y Comunitaria, va a estar la GUR ”.

Scavino sostuvo que, durante los 60 días previos a la entrada en vigencia de la norma, hubo distintas posturas en torno al tema, aunque aseguró que la mayoría de las personas abordadas por el Municipio reclamó una solución.

“Yo me imaginé que en estos sesenta días iba a aparecer un equilibrio entre aquellos que seguían reclamando orden y que desaparezcan los trapitos a cualquier precio, y otros que entendían que era una problemática social”, expresó.

Sin embargo, aseguró que la demanda más extendida fue otra. “Sinceramente, el grueso de la gente que fue abordada por el personal municipal en estos sesenta días quería orden, quería el acomodamiento de la ZEC por infinidad de motivos”, afirmó.

Entre esos motivos, enumeró: “Había situaciones de consumo, situaciones violentas, enfrentamientos entre los propios lavacoches y una reducción notable en la facturación de los comercios”.

También señaló que hubo un trabajo específico con los usuarios y comerciantes del sistema de estacionamiento controlado. “Hubo mucha concientización al comerciante y al usuario de la ZEC, que ya paga para estar tranquilo. Ahí también hay una coherencia que se busca”, indicó.

Más allá del aspecto vinculado al control del espacio público, Scavino explicó que desde el Estado local también se avanzó en un relevamiento de las personas que realizaban esta actividad, con el objetivo de distinguir situaciones y diseñar respuestas diferentes.

“En el trabajo articulado del Estado también se abordó a los lavacoches. Se sabía que había algo más de ochenta, se sabía su nivel de escolaridad, si eran titulares o no de un inmueble, si tenían hijos y demás”, señaló.

A partir de ese diagnóstico, dijo, se establecieron cuatro grupos. “Ahora hubo una segmentación donde se determinaron cuatro grupos”, explicó.

Sobre los dos primeros, precisó: “El primer grupo tiene una autonomía laboral consolidada, es decir, gente que efectivamente trabajaba de lavacoches, hasta te diría de forma exclusiva. Después hay un segundo grupo donde esa autonomía laboral estaba en proceso de consolidación: el lavacoche era una actividad real, pero tal vez part time o complementada con otra tarea”.

En cambio, describió a los otros dos grupos como los más complejos. “El tercero tiene niveles de vulnerabilidad en muchos aspectos, y el cuarto niveles extremos de vulnerabilidad y prácticamente una negación a la aceptación de límites y pautas de armonía social”, sostuvo.

En cuanto a las respuestas previstas, Scavino señaló que algunos casos tienen posibilidades concretas de inserción laboral, mientras que otros requieren un abordaje más asistencial y de acompañamiento.

“Tengo que decir que la Oficina de Empleo ha recibido diez o doce casos donde efectivamente se puede hablar de una empleabilidad razonable, posible”, afirmó.

Según explicó, algunos podrían acceder a un empleo con herramientas básicas de inserción. “Algunos tendrán la chance del armado de un buen currículum y alguna vinculación con el sector privado”, dijo.

Otros, en cambio, serían orientados hacia oficios concretos. “Otros recibirán el kit de jardinería, de gastronomía, de albañilería o de pintura”, detalló.

Por último, indicó que en los casos de mayor vulnerabilidad el abordaje será de contención. “El resto, fundamentalmente los grupos tres y cuatro, que son los mayoritarios, allí el Estado contiene. Allí el Estado provee herramientas para que vayan, por ejemplo, al DIAT o al centro de día”, concluyó.

Este viernes 13 de febrero, alrededor de las 10 de la mañana, en el despacho municipal, el intendente Leonardo Viotti firmó un decreto que prohíbe el lavado y cuidado de vehículos en la vía pública dentro del área delimitada como Zona de Estacionamiento Controlado en la ciudad de Rafaela.

La norma deroga el Decreto N° 48.180, que había intentado regular la actividad mediante un registro de personas, y establece directamente la prohibición de las tareas de cuidado, lavado o limpieza de automotores y motocicletas en la vía pública, ya sea de forma gratuita u onerosa.

El decreto no solo alcanza a quienes realizan la actividad, sino también a conductores y propietarios de vehículos que acepten el servicio, así como a quienes faciliten o incentiven la práctica. Se considerará como conducta que promueve la actividad la provisión de agua, elementos o productos de limpieza.

Las infracciones serán sancionadas con multas de entre 3 y 100 Unidades de Multa (U.M.) -alcanzando asi la multa máxima los 160.000 pesos aproximadamente- y el juzgamiento estará a cargo de los Juzgados de Faltas Municipales.

En los considerandos, el Ejecutivo señala que la actividad de lavado de vehículos en la vía pública generó en los últimos años numerosos reclamos de vecinos y comerciantes, además de inconvenientes en la fluidez del tránsito y situaciones que podrían encuadrarse en el Código de Faltas Provincial o incluso en el Código Penal.

También se menciona que si bien para algunas personas representa una fuente de ingreso en contextos de vulnerabilidad, la normativa anterior no logró regular de manera eficiente la actividad y actualmente no existen lavacoches registrados.

El decreto destaca además episodios de actitudes agresivas hacia conductores, personal municipal y efectivos policiales, así como problemas vinculados al uso del espacio público, el agua, la seguridad y la salubridad.

La Secretaría de Gobierno y Modernización y la Secretaría de Prevención y Seguridad serán autoridad de aplicación de la medida, con intervención del Departamento de Protección Vial y Comunitaria y la Guardia Urbana Rafaelina.

Además, se coordinarán acciones con la Unidad Regional V de Policía de la Provincia de Santa Fe y se ordenó al Centro de Monitoreo Urbano realizar un relevamiento de cámaras en la zona para reforzar los controles.

En caso de que las conductas detectadas encuadren en el Código de Faltas Provincial o en el Código Penal, se deberán formular las denuncias correspondientes ante la autoridad competente.

El decreto autoriza la implementación de una campaña de difusión y la colocación de cartelería informativa en la Zona de Estacionamiento Controlado.

Asimismo, se establece un plazo de tolerancia de 60 días desde la firma de la norma, período durante el cual deberá realizarse una campaña de concientización dirigida a la ciudadanía sobre los alcances de la nueva disposición.

En paralelo, se ordenó a las Secretarías de Desarrollo Humano y Salud y de Desarrollo Económico, Innovación y Empleo el acompañamiento y seguimiento de las personas que actualmente desarrollan estas tareas, con el objetivo de promover procesos de inserción laboral progresiva y abordaje social.

La problemática con los “lavacoches” preocupa a la ciudad de Rafaela hace años y todos los intentos por resolverlo han fracasado. Recientemente, el candidato del oficialismo anunció un relevamiento pormenorizado para conocer la situación de los lavacoches, pero nunca dio a conocer sus resultados.

“Sin información pública y confiable es difícil tomar medidas que tengan impacto. El municipio claramente no ha podido resolver este problema que genera cada vez más preocupación entre los vecinos y comerciantes de las calles céntricas”, comentó la Dra. Pato Alamo, primera candidata a concejal.

En este marco, el partido propone dejar de cobrarle a los vecinos la ZEC hasta tanto se encuentre una solución sostenible al problema de los “lavacoches”. El objetivo principal de la iniciativa es poner el foco en el bienestar de los vecinos y trabajar de manera conjunta, a diferencia de lo que proponen los demás integrantes del frente.

Como destacó Alamo, “no es cuestión de aumentar la seguridad porque se acercan las elecciones y que después vuelva todo a como estaba; nosotros queremos buscar una solución duradera, con políticas públicas que sean sostenibles en el tiempo y que pongan a los ciudadanos como principal prioridad. Creemos que ése es el diferencial que podemos ofrecer a los rafaelinos”. 

La Municipalidad de Rafaela informa que se han identificado problemas en la carga on line para la Zona de Estacionamiento Controlado (ZEC).

Aquellos usuarios del servicio que detecten alguna situación o dificultad, deben comunicarse al 502025 interno 112 (de lunes a viernes de 7:00 a 13:00), o por mail a zec@rafaela.gob.ar.

¿Cuáles son las cuadras que se incorporan y cuál es el costo por hora en el sector mencionado? Los concejales deberán votar el proyecto en la Sesión de este jueves.

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De las 141 cuadras existentes, la Zona de Estacionamiento Controlado se ampliaría 18 cuadras más. Así lo habían adelantado a este medio los funcionarios municipales, y fue confirmado por la concejal Valeria Soltermam.

Al mismo tiempo, valor de la hora sería transformado en Unidad de Cuenta Municipal que se fija desde el Concejo. Esa modificación ayudaría a que los aumentos se hagan en forma automática.

En la actualidad, la hora cuesta 30 pesos y muchas veces eso provoca que no haya recambio de vehículos en el sector. A partir de este proyecto, la mancha se extenderá desde Boulevard Roca hasta Suipacha y Ayacucho, Mitre hasta Urquiza, Belgrano hasta Salta, Dentesano, José Ingenieros hasta Mitre, Necochea desde Sargento Cabral hasta Constitución.

Esta semana, desde el Concejo plantearon una modificación en la comisión del martes. Se estableció que, hasta diciembre inclusive, la hora excepcionalmente tenga un valor de 60 pesos.

Pensando en la hora de la ZEC atada a la Unidad de Cuenta Municipal, se actualizaría en noviembre. La propuesta del Concejo es que por noviembre y diciembre la hora tenga el costo de 60 pesos, y recién a partir del año próximo la actualización estaría atada a la UCM.

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Hay que destacar que los frentistas van a ser informados de las modificaciones, particularmente quienes se van a sumar a la mancha, y van a contar con dos meses de gracia. Además, la ZEC tiene un costo diferenciado para los frentistas, incluyendo a dos vehículos por domicilio.

El objetivo principal de esta ordenanza es generar la rotación de vehículos y desalentar el uso del auto, promoviendo una ciudad cada vez más sustentable. Al mismo tiempo, la menor circulación de autos favorecería a que el tránsito sea más fluido y más seguro.

Valeria Soltermam, con toda la información, AQUÍ en RADIO RAFAELA